Angel Reyna Gomez
Expediente 386/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 386/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 19/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Angel Reyna Gomez
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, diecinueve de mayo de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Transfiérase el presente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.Jjona 2023. Año de Francisco Villa, El Revolucionario del Pueblo" JUZGADO SÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MORELIA. OF. 9911. Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán. Ciudad. DENTRO DE LOS AUTOS QUE INTEGRAN EL JUICIO DE AMPARO I-386/2023-Jo, CONTRA ACTOS DE USTED SE DICTÓ UN AUTO QUE A LA LETRA EXPRESA: Morelia, Michoacán, diecinueve de mayo de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Transfiérase el presente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe. LO QUE TRANSCRIBO A USTED PARA SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS LEGALES CONDUCENTES. MORELIA, MICHOACÁN, 19 DE MAYO DE 2023. ATENTAMENTE: EL SECRETARIO DEL JUZGADO SÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO. LICENCIADO JAVIER MORALES GUZMÁN. (FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE) Morelia, Michoacán, diecinueve de mayo de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Transfiérase el presente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, tres de mayo de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa las gestiones que se encuentra realizando para cumplir la ejecutoria de amparo; esto es, que dentro del expediente laboral número 4B-2310/2019, el diecisiete de abril de dos mil veintitrés, emitió un acuerdo en el cual se tuvo a la parte actora realizando manifestaciones respecto de la vista ordenada y notificada; por lo que, en consecuencia, ordenó enviar nuevo oficio dirigido al Hospital Civil "Dr. Miguel Silva"; a efecto de que se conceda cita médica programada para la valoración y auscultación de la trabajadora actora y con ello se pueda dar respuesta al interrogatorio correspondiente. Consecuentemente, dado que el cumplimiento a la ejecutoria de amparo es de orden público, el Juez de Distrito debe vigilar su efectivo acatamiento; por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la referida autoridad responsable para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir de que reciba notificación del presente auto, cumpla con la sentencia ejecutoria de referencia, sin dilaciones, con el apercibimiento que de no hacerlo se procederá de la forma siguiente: 1. Se realizará el pronunciamiento respectivo; 2. Se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización de conformidad con las hipótesis que prevén los artículo 192 y 193 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 238 y 258 del propio ordenamiento, en el entendido que de continuar con la actitud contumaz, se le podrá imponer una diversa por mayor cantidad de acuerdo a las particularidades del caso concreto; y, 3. Se remitirán los autos al tribunal colegiado que corresponda, a efecto de que determine lo que corresponda en torno al incidente de inejecución respectivo. Apoya lo anterior la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro: 2007914, de rubro siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las nueve horas con cincuenta minutos del veintisiete de abril de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 386/2023, sin la comparecencia de las partes. Enseguida el secretario da cuenta al juez con el pedimento registrado bajo el número 6413, signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitral en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, atento a su contenido se acuerda: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el informe justificado que rinde la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitral en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Asimismo, con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo actualmente en vigor, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio el secretario da cuenta a la juez con las documentales allegadas por la parte quejosa; asimismo, con la instrumental de actuaciones; presuncional legal y humana; y con las exhibidas por la autoridad responsable Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad. El juez provee: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas, admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas referidas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos el secretario hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos. El juez acuerda: Vista la cuenta precedente, se tiene por precluído el derecho de las partes para formularlos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del Juez de Distrito para dictar la resolución que conforme a derecho proceda; y RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito presentado el treinta de marzo de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, Laura Maldonado Granados compareció a solicitar el amparo y protección de la justicia federal, señalando como autoridad responsable al Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, y como acto reclamado el siguiente: ". LA OMISIÓN DEL H. TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO, DE EMITIR EL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE ORDENE NOTIFICAR LA SUSTITUCIÓN PROCESAL SOLICITADA MEDIANTE ESCRITO DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 DOS MIL VEINTIDÓS DENTRO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL CON EXPEDIENTE NÚMERO 111/2010 [.]." SEGUNDO. Por auto de cuatro de abril actual se admitió a trámite la presente demanda de amparo, registrándose en el libro de gobierno con el número 386/2023, se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal; la intervención legal que le compete; se pidió el informe justificado a la autoridad responsable, se fijó fecha para la audiencia constitucional y ahora procede resolver de acuerdo a las siguientes: CONSIDERANDO: PRIMERO. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución General de la República; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que la parte quejosa reclama una omisión y la demanda fue presentada en el ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. De conformidad con lo que establece el ordinal 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se entrará al estudio de la certeza o inexistencia del acto reclamado, previa fijación del mismo. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente contenido y rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal, con el criterio mencionado y atendiendo además el contenido de las constancias que obran en autos, los actos reclamados por el quejoso son: La omisión del de emitir el acuerdo mediante el cual se ordene notificar la sustitución procesal solicitada mediante escrito de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, dentro del juicio ordinario laboral 111/2010." TERCERO. En el informe rendido por la autoridad responsable se manifestó que no es cierto el acto reclamado; sin embargo, del análisis de los autos del expediente número 111/2010, se desprende que mediante proveído de fecha trece de abril del año en curso, se tuvo dando cuenta con el escrito presentado por la quejosa Laura Maldonado Granados, en cuanto cónyuge del extinto trabajador Ángel Reyna Gómez, presentado ante la oficialía de partes con fecha veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, por el cual se tuvo admitiendo a trámite el incidente innominado de sustitución procesal, por lo que existió el acto en su momento. Lo que se robustece con las documentales referidas, las cuales adquieren valor probatorio pleno respecto de los hechos enumerados en su contenido, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2°, en razón de su naturaleza de públicas. Quinta. Causas de improcedencia. Como en la especie las partes no hacen valer ninguna causa de improcedencia, este Juzgado de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, debe de oficio estudiar si alguna de ellas se actualiza en el presente asunto. Por tanto, en la especie, este juzgador de oficio advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, la cual instituye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;(.)" La fracción invocada establece que el juicio de amparo es improcedente contra los actos que al momento de promover la demanda existían; sin embargo, que durante la substanciación del mismo, cesaron de manera total e incondicional, como si se hubiera otorgado la protección federal solicitada. En ese sentido, tenemos que la cesación de efectos se actualiza por revocación y por sustitución, la primera cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial; en tanto que la relativa a la sustitución, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Apoya a lo expuesto la jurisprudencia 2a./J. 59/99 consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Lo anterior revela que, al momento de promover la demanda de amparo -treinta de marzo de dos mil veintitrés-, existía el acto reclamado consistente en la omisión por parte de la autoridad responsable de administrar justicia dentro de los plazos y términos establecidos en la Ley Federal del Trabajo, dentro del procedimiento paraprocesal laboral 111/2010. Ahora bien, de las documentales remitidas por la autoridad responsable, se advierte que en proveído de trece de abril del año en curso, se pronunció respecto del escrito presentado en oficialía de partes de ese tribunal el veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, por la aquí quejosa Laura Maldonado Granados, en el cual promueve en carácter de cónyuge, incidente innominado de sustitución procesal sobre los derechos laborales generados por el de cujus Ángel Reyna Gómez, es decir, de manera posterior a la fecha de presentación de la demanda, por lo que el acto debe tenerse como cierto. Lo anterior, permite sostener que al momento de presentar la demanda de amparo tenía vida jurídica el acto reclamado; sin embargo, el mismo dejó de tenerla en el momento en que la autoridad responsable se pronunció respecto del escrito antes mencionado, destruyendo en forma inmediata, total, incondicional y material sus efectos, restituyendo en el pleno goce de sus derechos al quejoso como si se le hubiera concedido la protección constitucional. Por tanto, de lo anterior, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a las consideraciones aquí vertidas, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 210, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, editado en el mes de febrero de 1998, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Por las razones expresadas en la consideración cuarta de la presente resolución, se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Lura Maldonado Granados, contra los actos reclamados a la autoridad responsable referidas en el primer resultando. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, cuatro de abril de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio signado electrónicamente por la secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, mediante el cual informa que en proveído de veintinueve de marzo del presente año, tuvo por recibido el exhorto 118/2023, del índice de este juzgado y ordenó girar despacho al Juez de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en Apatzingán, Michoacán, para que en auxilio realice la encomienda requerida por este juzgado. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.ERR
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