Ángel Fabricio Castillo Melendez
Expediente 872/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 872/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 20/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ángel Fabricio Castillo Melendez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinte de junio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio remitido por el secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite el expediente original y copia certificada de la resolución correspondiente a la sesión de uno de junio de dos mil veintitrés, por la que dicho órgano confirmó la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional en la que se sobreseyó en el presente asunto. Acúsese recibo. En virtud de lo anterior, resulta innecesario glosar a los autos el cuaderno que se formó con motivo de la remisión del expediente original al Tribunal Colegiado, por lo que se ordena destruir desde ahora el mismo, previa integración al juicio de las constancias originales que obren en éste, toda vez que el principal ya fue devuelto a este juzgado y dicho cuaderno no se considera de antecedentes al contar con los autos originales. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 20, fracción l del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 20, fracción III del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de destruirse, ya que se negó la medida cautelar solicitada. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 20 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio, así como el original del incidente de suspensión. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 19, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el escrito del quejoso Ángel Fabricio Castillo Melendrez, por propio derecho y en representación legal de las menores de iniciales N. A. C. F. y F. C. F., mediante el cual interpone recurso de revisión contra la sentencia dictada en autos; en consecuencia, con apoyo en los artículos 81 y 89 de la Ley de Amparo, córrase traslado en vía acelerada a las partes con copia del escrito de expresión de agravios. Con fundamento en el artículo 89 de la Ley de Amparo, una vez que se encuentre integrado el presente asunto, remítanse dentro de los tres días siguientes los autos originales al Tribunal Colegiado respectivo, enviándose al efecto el original y copia del escrito en mención. Por otra parte, de los sobres devueltos por Correos de México que anteceden, se advierte que los oficios 19461 y 19463, de la sentencia dictada en autos, no fueron entregados a las autoridades con sede en la Ciudad de México por estar mal dirigido el primero de ellos y el segundo por cambio de domicilio. En consecuencia, se ordena el reenvío de las referidas piezas de vueltas por vía acelerada así como del oficio 19462, ya que no obra en autos el acuse de entrega respectivo, esto, para lograr la debida integración del recurso de mérito. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 872/2022; promovido por ********************, por su propio derecho y en representación de sus menores hijos ******************** y ********************; y,****************************************RESULTANDO:****************************************Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diez de agosto de dos mil veintidós, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, ********************, por su propio derecho y en representación de sus menores hijos ******************** y ******************** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos que estimó violatorios de los artículos 1º, 4º, 5º, 14, 16, 128 y 129 de la Constitución, mismos que reclamó del Director General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de la Guardia Nacional y de otras autoridades. ****************************************Segundo. Admisión de la demanda. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda a este Juzgado de Distrito, en donde en proveído de doce de agosto de dos mil veintidós, la admitió; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete y seguido el juicio por todos sus trámites legales tuvo verificativo la audiencia constitucional por lo que ahora se procede a dictar sentencia, al tenor de los siguientes:********************CONSIDERANDOS:****************************************Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, de acuerdo con los artículos 103, fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que los actos reclamados tienen ejecución, donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción.****************************************Segundo. Precisión del acto reclamado. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia.****************************************La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber:******************** ********************a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y,****************************************b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda.****************************************Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, en observancia obligatoria, sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la novena época, registro 192097, de rubro siguiente: ****************************************"DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.****************************************Asimismo, el criterio P. VI/2004, sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, registro 181810, de rubro y texto siguientes: ****************************************"ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto."****************************************En ese contexto, de conformidad con el precepto citado y atendiendo además a los criterios señalados con antelación, el acto reclamado al Comandante de la Guardia Nacional, al Director General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de la Guardia Nacional, al Titular de la Unidad de Apoyo al Comandante de la Guardia Nacional, denominada Dirección de Servicios Especiales, con residencia en la ciudad de México, y al Titular de la Estación La Piedad, de la Guardia Nacional, consiste en:****************************************El oficio ******************** de veintidós de julio de dos mil veintidós, mediante el cual se ordenó el cambio de adscripción del quejoso a la Unidad de Apoyo al Comandante de la Guardia Nacional denominada, Dirección General de Servicios Especiales y su ejecución mediante oficio ********************, de veinticinco de julio de dos mil veintidós, mediante el cual se le hace del conocimiento lo anterior y se le instruye para que se presente el primero de agosto de la anualidad que transcurre, en las instalaciones de la citada Dirección en Chinampac de Juárez, Demarcación Territorial de Iztapalapa, debidamente uniformado para continuar prestando sus servicios, conforme al grado que ostenta.****************************************La omisión de sustanciar y notificar el procedimiento administrativo previsto en la Ley de la Guardia Nacional por el que se determinó la sanción administrativa consistente en el Cambio de Unidad y/o Dependencia a que se refiere el artículo 63 de la Ley de la Guardia Nacional.****************************************Sin que deba tenerse como acto destacado, el que hizo consistir en la omisión de motivar las circunstancias o condiciones que justifiquen las necesidades del servicio, que condujeron al cambio de adscripción; toda vez que ello, más que un acto, constituyen violaciones de fondo contenidas en los oficios reclamados, en los que se ordenó dicho cambio.****************************************Tercero. Inexistencia del acto reclamado. No son ciertos los actos reclamados que se hicieron consistir en la omisión de sustanciar y notificar el procedimiento administrativo previsto en la Ley de la Guardia Nacional por el que se determinó la sanción administrativa consistente en el Cambio de Unidad y/o Dependencia a que se refiere el artículo 63 de la Ley de la Guardia Nacional; toda vez que del informe emitido por el Comandante de la Guardia Nacional, el Director General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de la Guardia Nacional y el Titular de la Unidad de Apoyo al Comandante de la Guardia Nacional, denominada Dirección de Servicios Especiales, deriva que, el cambio de adscripción del quejoso, no es consecuencia de algún procedimiento administrativo previsto en el artículo 63 de la Guardia Nacional.****************************************No obstante lo anterior, el promovente del amparo no aportó probanza alguna tendente a desvirtuar la negativa de las autoridades responsables de referencia, aun cuando se le dio la vista respectiva con los informes justificados, por lo que se tienen por inexistentes los actos que se le atribuyen.****************************************Es aplicable a lo anterior, la tesis VI.2o.A.4 K emitida por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la página 903 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, Materia Común, Novena Época, registro 187728, de rubro y texto: ****************************************"PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo."****************************************Por consiguiente, ante la inexistencia del acto reclamado a las autoridades señaladas en este considerando, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo.****************************************Resulta aplicable la jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 181, del Semanario Judicial de la Federación, Volumen XLIII, Primera Parte, Materia Común Sexta Época, registro 804176, que establece:****************************************"INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". ****************************************Cuarto. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Comandante de la Guardia Nacional, al Director General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de la Guardia Nacional, al Titular de la Unidad de Apoyo al Comandante de la Guardia Nacional, denominada Dirección de Servicios Especiales, con residencia en la ciudad de México, y al Titular de la Estación La Piedad, de la Guardia Nacional, consistes en:****************************************El oficio ******************** de veintidós de julio de dos mil veintidós, mediante el cual se ordenó el cambio de adscripción del quejoso, a la Unidad de Apoyo al Comandante de la Guardia Nacional denominada, Dirección General de Servicios Especiales y su ejecución mediante oficio ********************, de veinticinco de julio de dos mil veintidós, por el que se le hace del conocimiento lo anterior y se le instruye para que se presente el primero de agosto de la anualidad que transcurre, en las instalaciones de la citada Dirección en Chinampac de Juárez, Demarcación Territorial de Iztapalapa, debidamente uniformado para continuar prestando sus servicios, conforme al grado que ostenta, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado.****************************************Certeza que se corrobora con las documentales que exhibió la primera de las autoridades responsable, entre las que se encuentra, copia certificada de los oficios ******************** de veintidós de julio de dos mil veintidós y ********************, de veinticinco del citado mes y año.****************************************Probanzas que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°, y que permiten tener por acreditado el acto reclamado.****************************************Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, registro 917812, que dice:****************************************"INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto."****************************************En ese sentido, se tienen por ciertos los actos reclamados en esta instancia constitucional.****************************************Quinto. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, por ser preferente su estudio, se analiza en primer lugar la improcedencia del juicio, ya que de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, dicha cuestión debe atenderse antes de abordar el fondo del asunto, pues de actualizarse alguna hipótesis del diverso precepto 61 del mismo ordenamiento, deberá sobreseerse en el juicio constitucional sin juzgar la legalidad de los actos reclamados y mucho menos atender a los conceptos de violación.****************************************Al respecto, este juzgador advierte, de oficio, que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado que se hizo consistir en el oficio ******************** de veintidós de julio de dos mil veintidós, por el que se ordenó el cambio de adscripción del quejoso a la Unidad de Apoyo al Comandante de la Guardia Nacional denominada, Dirección General de Servicios Especiales y su ejecución mediante oficio ********************, de veinticinco de julio de dos mil veintidós, mediante el cual se le hace del conocimiento lo anterior y se le instruye para que se presente el primero de agosto de la anualidad que transcurre, en las instalaciones de la citada Dirección en Chinampac de Juárez, Demarcación Territorial de Iztapalapa, debidamente uniformado para continuar prestando sus servicios, conforme al grado que ostenta; en virtud de que no le depara afectación alguna al peticionario de amparo.****************************************La causa de improcedencia invocada establece lo siguiente:********************"61. El juicio de amparo es improcedente:********************[.]********************XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia".****************************************El artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en su primera hipótesis, establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la Ley de Amparo.****************************************Dentro de los postulados básicos del juicio de amparo se encuentra el principio de iniciativa o instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6° de la Ley de Amparo.****************************************En relación con lo expuesto, es oportuno poner de manifiesto que en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal se establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o interés legítimo, como puede verse en la transcripción siguiente:****************************************"107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:****************************************I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico".****************************************En relación con dicho numeral, deben citarse, además, los diversos 5°, fracción I, y 6° de la Ley de Amparo, que respectivamente establecen:****************************************"5. Son partes en el juicio de amparo: ********************I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.********************El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo".****************************************"6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5 de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta ley".****************************************De los preceptos transcritos se desprende que en el juicio de amparo constituye un requisito indispensable que el gobernado resienta directamente una afectación en su esfera jurídica.****************************************Conforme a los artículos 107, fracción I, de la Constitución, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es un medio de control constitucional para proteger los derechos humanos reconocidos de los gobernados y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución, y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, de los gobernados contra los actos de las autoridades, que se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, es decir, aquélla a quien perjudique una ley, un tratado internacional, un reglamento o cualquier otro acto que se reclame, y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa (interés jurídico) o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo).****************************************Entonces, de acuerdo con la reforma se amplía el campo de posibilidades para acudir al juicio de amparo porque podrá acudir a solicitar la protección de la Justicia Federal quien alegue tener un interés legítimo o jurídico, que son instituciones diferentes, como se explicará enseguida.****************************************La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a. XVIII/2013 (10a.) definió que el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una persona o colectividad, identificada e identificable y supone que la parte quejosa pertenece a ella. Lo anterior se aprecia del siguiente criterio:****************************************"INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO. La redacción de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, dispone qué debe entenderse por parte agraviada para efectos del juicio de amparo, y señala que tendrá tal carácter quien al acudir a este medio de control cumpla con las siguientes condiciones: 1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4) tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Ahora, para explicar el alcance del concepto "interés legítimo individual o colectivo", ante todo, debe señalarse que tanto el jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza como puede ser, por ejemplo, uno meramente económico. Por otra parte, debe entenderse que al referirse el precepto constitucional a la afectación de un derecho, hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales necesariamente se requiere que cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico. Sentado lo anterior, el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella."****************************************Por otra parte, la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal, al respecto, estableció que el interés legítimo permite a las personas combatir actos que estiman lesivos de sus derechos humanos, sin la necesidad de ser titulares de un derecho subjetivo, por lo que el interés legítimo se actualizará, en la mayoría de los casos, cuando existan actos de autoridad, cuyo contenido normativo no es dirigido directamente a afectar los derechos de los quejosos, sino que, por sus efectos jurídicos irradiados colateralmente, ocasiona un perjuicio o priva de un beneficio en la esfera jurídica del ciudadano, justamente por la especial situación que tiene en el ordenamiento jurídico. Lo cual se podría considerar como un agravio personal e indirecto, en oposición al agravio personal y directo exigido por el interés jurídico.****************************************Esto es, el interés legítimo puede definirse como aquél interés personal (individual o colectivo), cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que pueda traducirse, si llegara a concederse el amparo, en un beneficio jurídico a favor del quejoso. ****************************************Además, la sala referida aseveró que ese interés debe estar garantizado por un derecho objetivo, sin que dé lugar a un derecho subjetivo; por lo que debe haber una afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, que puede ser de tipo económico, profesional, de salud pública, o de cualquier otra índole. Dicha Sala al respecto emitió el siguiente criterio:****************************************"INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".([TA]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 1; Pág. 822.).****************************************En virtud de lo anterior, debe precisarse que el interés legítimo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de determinados actos y que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico.****************************************Por otra parte, el interés jurídico, en cambio, sí precisa la afectación a un derecho subjetivo, como lo definió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1ª/J.168/2007, que señala:****************************************"INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXVII, Materia Común, enero de 2008, página 225).****************************************De acuerdo con el criterio anterior, debe decirse que el interés jurídico para acreditarse en el juicio de amparo, debe derivar de un perjuicio directo sobre sus intereses jurídicos con motivo de un acto de autoridad, esto es, del criterio transcrito se advierte lo siguiente:****************************************a) Que el acto reclamado cause un perjuicio, o sea, que lesione los intereses jurídicos de una persona o su patrimonio; ****************************************b) Que las afectaciones deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio; ****************************************c) Que debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; y,******************** ********************d) Que los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente tutelados.****************************************En resumen, existe interés jurídico cuando el peticionario acredita una afectación en su persona o en sus bienes (esfera de derechos), los cuales deben ser acreditados en forma fehaciente.****************************************Por tanto, la diferencia entre el interés jurídico y el legítimo consiste en que en el primero, el quejoso debe acreditar fehacientemente que es titular del derecho subjetivo público que es violado por un acto de autoridad, en cambio, en el segundo, se pueden combatir actos que se estiman lesivos de derechos humanos, sin la necesidad de que la parte quejosa demuestre ser titular de un derecho subjetivo, por lo que el interés legítimo se actualizará, en la mayoría de los casos, cuando existan actos de autoridad, cuyo contenido normativo no es dirigido directamente a afectar los derechos de los quejosos, sino que, por sus efectos jurídicos irradiados colateralmente, ocasiona un perjuicio o priva de un beneficio en la esfera jurídica del ciudadano, justamente por la especial situación que tiene en el ordenamiento jurídico.****************************************En relación con la presente sentencia, este órgano jurisdiccional considera que el estándar de afectación aplicable al caso concreto, es el relativo al interés jurídico, toda vez que la parte quejosa debe acreditar que el acto reclamado le ocasiona un perjuicio directo en su esfera jurídica, con motivo de los servicios que presta en la Guardia Nacional como Suboficial GN.****************************************Acto reclamado por ******************** por su propio derecho. ****************************************Ahora, el en la especie como se precisó previamente, el quejoso ******************** por su propio derecho, reclama el oficio ******************** de veintidós de julio de dos mil veintidós, por el cual se ordenó su cambio de adscripción a la Unidad de Apoyo al Comandante de la Guardia Nacional denominada, Dirección General de Servicios Especiales y su ejecución mediante oficio ********************, de veinticinco de julio de dos mil veintidós, en el que se le hace del conocimiento lo anterior y se le instruye para que se presente el primero de agosto de la anualidad que transcurre, en las instalaciones de la citada Dirección en Chinampac de Juárez, Demarcación Territorial de Iztapalapa, debidamente uniformado para continuar prestando sus servicios, conforme al grado que ostenta; sin embargo, debe decirse que dicho acto no le depara afectación alguna al peticionario de amparo.****************************************Al respecto, cabe destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido jurisprudencia sobre el tema, que la orden emitida en el sentido de cambiar de adscripción, por necesidades del servicio, a un integrante del cuerpo de seguridad pública, no afecta los intereses jurídicos del agente readscrito, siempre y cuando en razón de dicha nueva adscripción, continúe desempeñando las mismas funciones y en igualdad de condiciones, atento a que no se trata de una orden de remoción o destitución, o bien, cualquier otra de separación del cargo.****************************************El criterio invocado se contiene en la jurisprudencia 2a./J. 38/2005, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, Marzo de dos mil cinco (2005), página trescientos diez (310), del tenor siguiente:****************************************"SEGURIDAD PÚBLICA. CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN. NO AFECTA EL INTERÉS JURÍDICO DEL AGENTE PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO DEL ESTADO DE MÉXICO, CUANDO SE REALIZA EN IGUALDAD DE FUNCIONES Y CONDICIONES. La orden emitida por el Director General de Seguridad Pública y Tránsito del Estado de México, en el sentido de cambiar de adscripción, por necesidades del servicio, a un integrante del cuerpo preventivo estatal de seguridad pública, conforme a las facultades que le confiere el artículo 13, fracción VII, de la Ley de Seguridad Pública Preventiva del Estado de México, no afecta los intereses jurídicos del agente readscrito, siempre y cuando, en razón de dicha nueva adscripción, continúe desempeñando las mismas funciones y en igualdad de condiciones, atento a que no se trata de una orden de remoción o destitución, o bien, cualquiera otra de separación del cargo, sin que en el caso, el agente policiaco tenga la titularidad del derecho a permanecer en la sede a que fue destinado, puesto que dicho derecho no se advierte a su favor ni en la propia Ley de Seguridad Pública Preventiva del Estado de México, ni en su reglamento".********************De igual manera, dicho criterio fue reiterado por la referida Segunda Sala al resolver la contradicción de tesis 331/2010, de donde derivó la jurisprudencia 2a./J. 16/2011, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, Febrero de dos mil once (2011), página ochocientos quince (815), de rubro y texto:****************************************"POLICÍA INVESTIGADORA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO. SUS AGENTES TIENEN INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO CONTRA LA ORDEN DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN, A MENOS DE QUE ÉSTE SE VERIFIQUE EN IGUALDAD DE FUNCIONES Y CONDICIONES.- Los artículos 13, 15, 18, 20, 21, 24, 35 y 36 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco establecen, entre otras cosas, la integración de esta Procuraduría, algunas de sus facultades, en especial la relativa a la potestad de establecer las delegaciones y las agencias del Ministerio Público que se requieran de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria y la necesidad del servicio, la facultad del Procurador General para delegar facultades, la naturaleza de personal de confianza de la Policía Investigadora, así como su subordinación a la Procuraduría General de Justicia de esa entidad y la potestad del Procurador o de los delegados que se nombren para adscribir a los agentes del Ministerio Público, a los agentes de la Policía Investigadora y demás servidores públicos a las diversas unidades administrativas de la Procuraduría, tomando en cuenta su categoría y especialidad. Del contenido de esos numerales se advierte que si bien los agentes de la Policía Investigadora no tienen el derecho a permanecer indefinidamente en su adscripción, pues los fines de la institución de la que forman parte así lo imponen, lo cual se traduce en que las necesidades del servicio obligan precisamente a su movilidad, lo cierto es que el cambio de adscripción está sujeto a reglas que la propia autoridad debe observar y cumplir; en otras palabras, aunque dichos agentes se encuentran en una relación de especial sujeción, pues su adscripción está condicionada por las necesidades del servicio, una determinación de esa naturaleza no escapa ni es ajena a la garantía de legalidad, que obliga a la autoridad que ordena el cambio de adscripción a observar el procedimiento establecido en la propia legislación aplicable para esos casos; por tanto, de esas condiciones surge el interés de tales agentes para acudir al juicio de amparo cuando estimen que la autoridad no observó las normas dispuestas para el cambio de adscripción, a menos que éste se verifique en igualdad de funciones y condiciones a las anteriores, en cuyo caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo".****************************************En esas condiciones, el cambio de adscripción del ahora quejoso del lugar en donde venía desempeñando sus funciones a uno diverso, no refleja el ejercicio de un cargo de menor jerarquía al que ocupaba, así como tampoco se advierte una disminución de las prestaciones que percibe.****************************************En ese sentido, tampoco se desprende que se haya determinado modificación alguna a las actividades que venía realizando el quejoso como Suboficial GN, pues incluso, en el oficio ******************** se señaló que ".para continuar prestando sus servicios, conforme al grado que ostenta." ni que tal cambio de área de trabajo implique un menoscabo en las prerrogativas, percepciones y derechos que le corresponden respecto de dicho puesto, además de que el quejoso no ofreció prueba alguna que demostrara esa afectación.****************************************En ese contexto, tomando en consideración los criterios adoptados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y aplicados por analogía al presente caso, este órgano jurisdiccional estima que el cambio de adscripción reclamado, no afecta el interés jurídico del quejoso, dado que no se advierte alguna modificación en cuanto a su jerarquía, nivel y derechos laborales, así como percepciones económicas, prestaciones y/o prerrogativas.****************************************Lo anterior, no obstante que en una porción de los conceptos de violación se duele, en esencia, de la falta de fundamentación y motivación, en razón de que no se precisaron sus nuevas funciones para tener la certeza si habrá o no una variación en las mismas, así como en sus percepciones que puedan afectar sus derechos adquiridos.****************************************Esto, porque en el oficio en el que se le notificó su cambio de adscripción se precisó que sería conforme al grado que ostenta, sin que se infiera determinación alguna en relación a variación en sus funciones y percepciones; razón por la que, si no lo determinó de manera expresa de esa manera, la autoridad no estaba obligada a fundarlo y motivarlo.****************************************Habida cuenta de que no existe medio de prueba que desvirtúe lo anterior, esto es, que con el cambio de adscripción que se reclama, se asigne un cargo diverso al que venía desarrollando el peticionario o bien, una reducción en el salario que percibía.****************************************Además, el quejoso no aportó elemento probatorio que justifique que su nombramiento de Suboficial GC, estableciera que el lugar en donde venía prestando sus servicios, se le haya otorgado con el carácter de vitalicio o inamovible, para que en todo caso, pudiera ser considerado como titular de ese derecho para combatir el acto reclamado, de modo tal que siendo el quejoso un elemento de la Guardia Nacional, en todo momento y por necesidades del servicio o bien como un correctivo para que la prestación del Servicio de Seguridad Pública se realice respetando las garantías individuales de los gobernados y manteniendo el orden público en beneficio de la ciudadanía, puede ser asignado a un lugar diverso para cumplir sus funciones, sin que ello implique pérdida de antigüedad, jerarquía y emolumentos.****************************************En efecto, el quejoso no acreditó que dicho cambio de adscripción tuviera como consecuencia una modificación en sus funciones y condiciones, que lo legitimara para instar este medio de control constitucional.****************************************En síntesis, el cambio de adscripción no afecta el interés jurídico del promovente ni éste acreditó que con motivo de aquél se causara un perjuicio (se alteraran sus funciones y condiciones en la institución), que hiciera procedente el presente juicio de amparo.****************************************Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada XXVII.6 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVIII, octubre de 2003, página 1030, que dice:****************************************"INTERÉS JURÍDICO, CARGA DE LA PRUEBA. CORRESPONDE AL QUEJOSO ACOMPAÑAR LOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN RELATIVOS Y NO AL JUEZ RECABARLOS DE OFICIO. Si bien en la parte in fine del artículo 78 de la Ley de Amparo, se confiere al Juez de Distrito la prerrogativa para recabar las pruebas que habiendo sido rendidas ante la autoridad responsable no obren en autos y se estimen necesarias para la resolución del asunto, lo cierto es que tal dispositivo no obliga al resolutor federal a requerir de esa autoridad los medios de convicción que justifiquen el interés jurídico del promovente del juicio de garantías; esto, por la sencilla razón de que de conformidad con el artículo 4o. y la fracción V del artículo 73, interpretada en sentido contrario, ambos de la ley de la materia, el interés jurídico es un elemento esencial para la procedencia del juicio de amparo, cuya carga probatoria corresponde al quejoso y no al Juez de garantías".****************************************También es aplicable, la tesis aislada I.7o.A.420ª, aplicada por analogía, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 2499 del tomo XXII, octubre de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyos rubro y texto son:****************************************"SEGURIDAD PÚBLICA. EL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE SUS ELEMENTOS NO LES OTORGA INTERÉS JURÍDICO PARA COMBATIRLO A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO, A MENOS QUE AQUÉL IMPLIQUE UN MENOSCABO EN SUS PERCEPCIONES. Si bien es cierto que atendiendo a la naturaleza de sus funciones, el cambio de adscripción de los elementos de seguridad pública por necesidades del servicio no les da interés jurídico para combatirlo a través del juicio de garantías, también lo es que esto no sucede así cuando, producto de ese mismo cambio de adscripción, se cause un menoscabo al salario o percepciones del interesado; ello es así porque tal disminución prestacional constituye un acto de privación de derechos susceptible de ser examinado por el órgano constitucional, principalmente cuando el alegato del quejoso consiste en no haber sido escuchado por la autoridad en forma previa a la determinación de dicho cambio de adscripción".****************************************De igual forma, por su aplicación analógica al presente asunto, es de citarse el criterio aislado de rubro y texto siguientes:****************************************"POLICIAS, CAMBIO DE ADSCRIPCION DE LOS. FALTA DE INTERES JURIDICO. Tomando en cuenta lo dispuesto por los artículo 32, inciso a), 33, 35, 36 y 37 del Reglamento de la Policía Preventiva del Distrito Federal y que esta última está constituida por personal de carrera, que comprende el de línea y el de servicio, el que a su vez queda integrado por los elementos que laboran en las oficinas y demás dependencias administrativas de la policía, si no existe prueba en autos de que el quejoso sea titular de un derecho que se traduzca en la inamovilidad de las funciones que desempeña como miembro de tal policía, debe concluirse que el acto reclamado consistente en el cambio de adscripción o de funciones que venía desempeñando no afecta su interés jurídico, más aún cuando de ninguna manera se lesionen sus derechos de antigüedad, estabilidad en el empleo o aquellos de naturaleza económica que resulten de su relación laboral con las autoridades del Departamento del Distrito Federal y en todo caso el acto administrativo correspondiente se dicte con un evidente propósito de mejorar el servicio público". (Suprema Corte de Justicia de la Nación; Registro digital: 248700; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Séptima Época; Materias(s): Administrativa; Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 193-198, Sexta Parte, página 134; Tipo: Aislada).****************************************Menores ******************** y ************************************************************Por su parte, debe decirse que el acto reclamado tampoco afecta el interés jurídico de los menores de iniciales ******************** y ************************************************************En efecto, los menores acuden a la vía constitucional aduciendo una afectación al interés superior de la niñez, por el hecho de que, al cambiar a su progenitor de adscripción, se les limitaría la convivencia con su padre y familia ampliada, así como los alimentos como consecuencia de la erogación que aquél tendría que realizar para el traslado y la vida en diversa localidad.****************************************No obstante, en este caso la ausencia de interés jurídico estriba en que esos derechos que pretenden defender los menores de edad, son distintos del de su progenitor respecto de su situación laboral con motivo de su cambio de adscripción, por lo que en estos casos no hay obligación de analizar el impacto de la determinación en el interés superior de la infancia, ya que no existe disputa respecto de los derechos de niños, niñas o adolescentes. ****************************************Lo anterior, a pesar de la estrecha relación funcional que guarda el derecho de convivencia de una persona menor de edad, con las circunstancias de cómo y dónde se desempeña el trabajo de su progenitora (satisfactor material), pues lo cierto es que la controversia versa sobre la determinación administrativa de cambio de adscripción, más no sobre el alcance, subsistencia y/o modificación del aludido derecho de la infancia o del de alimentos. ****************************************Ello, convierte las manifestaciones de los menores de edad quejosos, en un interés simple, pues no es posible atender a una eventual e incierta situación de hecho que en el futuro pudiera afectar de manera indirecta a las personas menores de edad involucradas. ****************************************En resumen, la solicitud de amparo de los menores quejosos, basada en la posible afectación a sus derechos como consecuencia del cambio de adscripción de su progenitor, no le dota de interés jurídico para reclamar el oficio en el que se contiene, porque sus pretensiones las hacen depender de una situación de hecho y no como titulares de un derecho subjetivo, ya que no se encuentran controvertidos en el acto reclamado; máxime que la aplicación del principio del interés superior de la niñez no genera la constitución de un derecho a favor de aquél. ****************************************En apoyo a lo anterior, resulta aplicable por analogía, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente:****************************************"DERECHO DE ALIMENTOS (HABITACIÓN) DE LAS PERSONAS MENORES DE EDAD. ES DISTINTO DEL DERECHO DE USO QUE SUS PROGENITORES DEFIENDEN EN UN JUICIO DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE COMODATO RESPECTO DEL INMUEBLE DONDE HABITAN, POR LO QUE EN DICHO JUICIO NO PROCEDE ANALIZAR EL ASUNTO A LA LUZ DEL INTERÉS SUPERIOR DE LA INFANCIA.****************************************Hechos: El padre y la madre de dos personas menores de edad fueron demandados por la abuela de éstas en un juicio sobre terminación de contrato verbal de comodato, respecto de un inmueble que ocupaban aquéllos como casa habitación. En primera y segunda instancia se determinó la improcedencia de la acción planteada por la abuela; razón por la cual esta última promovió juicio de amparo. El Tribunal Colegiado concedió protección constitucional para que la autoridad responsable emitiera una nueva resolución, en la que valorara debidamente las pruebas desahogadas en el juicio. Los padres de las menores de edad presentaron un recurso de revisión en el que alegaron que el Tribunal Colegiado debió analizar el impacto que tendría la concesión del amparo en los derechos humanos de sus hijas quienes habitaban el domicilio y por lo tanto se podrían ver desalojadas de dicho inmueble.****************************************Criterio jurídico: El derecho de alimentos de las hijas o hijos menores de edad (que comprende la habitación), es distinto del derecho de uso que sus padres, como parte en el proceso, defienden en un juicio de terminación de contrato de comodato, por lo que en estos casos la autoridad jurisdiccional no se encuentra constreñida a realizar ningún pronunciamiento sobre el impacto de la determinación en el interés superior de la infancia, ya que no existe disputa respecto de los derechos de niños, niñas o adolescentes.********************Justificación: A pesar de la estrecha relación funcional que guarda el derecho de habitación de una persona menor de edad, respecto del satisfactor material (inmueble) que se emplea para colmar ese derecho, cuando la litis en el juicio natural versa sobre la determinación judicial de restitución de la posesión de un inmueble, mas no sobre el alcance, subsistencia y/o modificación del derecho de alimentos (habitación) de las personas menores de edad, el caso no amerita ser apreciado a la luz de su interés superior, ni con perspectiva de infancia. Lo anterior, aun tomando en consideración el alcance que jurisprudencialmente se ha dado al interés superior de la infancia y al derecho de participación de niños, niñas y adolescentes en los procedimientos en donde se ventilen sus derechos, pues no es posible atender a una eventual e incierta situación de hecho que en el futuro pudiera afectar de manera indirecta a las personas menores de edad involucradas. Lo definitivo en estos casos es que no existe una contraposición jurídica entre el derecho de propiedad y posesión que ostenta la parte actora en el juicio de origen y el derecho de alimentos (habitación) de las personas menores, pues lejos de estar vinculado directamente con el inmueble litigioso, está ligado jurídicamente al deber de proporcionar alimentos a cargo de las personas responsables de tal obligación."********************De igual manera, es orientador el criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, de contenido siguiente:****************************************"INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ. LA APLICACIÓN DE ESTE PRINCIPIO NO GENERA LA CONSTITUCIÓN DE UN DERECHO DE PROPIEDAD O POSESIÓN A FAVOR DE UN MENOR PARA PROMOVER AMPARO CONTRA LA ORDEN DE EMBARGO DE UN INMUEBLE Y SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO A JUICIO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada y, en su párrafo segundo, dispone que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte personal y directamente. En ese contexto, el menor que se ostenta como tercero extraño a un juicio en el que sus padres o uno de ellos fueron parte demandada y solicita el amparo contra la orden de embargo de un inmueble, basando la acción en una posesión de hecho por la circunstancia de que en ese lugar vive en compañía de sus padres, carece de interés jurídico para promover el juicio de amparo, porque su pretensión la hace depender de una situación de hecho y no como titular de un derecho subjetivo, como pudiera derivar de un contrato del que proceda la propiedad o posesión legítima o, en su defecto, que el inmueble formara parte de algún derecho alimentario que revelara que el infante cuenta con ese derecho subjetivo, ya que la aplicación del principio del interés superior de la niñez no genera la constitución de un derecho de propiedad o posesión a favor de aquél."****************************************En tales circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, toda vez que los oficios reclamados no afectan el interés jurídico del quejoso, de conformidad con el artículo 61, fracción XII, en relación con el artículo 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el juicio.****************************************Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. ****************************************Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 33, 35, 37, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se:****************************************R E S U E L V E:****************************************Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, por su propio derecho y en representación de sus menores hijos ******************** y ********************, contra los actos, autoridades y motivos precisados en los considerandos tercero y quinto, de esta resolución.****************************************Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. ****************************************Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y por oficio a las responsables.****************************************Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria que autoriza y da fe.
- Incidental
AUDIENCIA INCIDENTAL En Morelia, Michoacán, a las doce horas del doce de septiembre de dos mil veintidós, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia incidental correspondiente al juicio de amparo 872/2022, sin la comparecencia de las partes. Enseguida, el secretario da cuenta con el escrito registrado con el número y hace constar que el presente incidente se encuentra integrado para ser resuelto en definitiva. Abierto el periodo probatorio el secretario da cuenta con la documentales que adjuntó la parte quejosa a su escrito de demanda. Al respecto el juez acuerda: Con apoyo en el artículo 144 de la Ley de Amparo se tiene por admitida y desahogada en razón de su propia y especial naturaleza la probanza antes referidas. Abierto el periodo de alegatos, el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. En relación con lo anterior el juez acuerda: Se tiene por precluído el derecho de las partes para formular alegatos. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia y se pasan los autos a la vista del juez quien resolverá en definitiva este incidente. C O N S I D E R A C I O N E S: Primera. La parte quejosa señala como autoridades responsables y acto reclamado los siguientes: Autoridades responsables ordenadoras: a) Director General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de la Guardia Nacional; b). Comisario General G.N., Comandante De La Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio; y, Ambas con sede en la Ciudad de México. Autoridades responsables ejecutoras: c). Titular de la Unidad de apoyo al Comandante de la Guardia Nacional, denominada Dirección General de Servicios Especiales, con sede en la Ciudad de México. d). Titular de la Estación La Piedad, dependiente de la Coordinación de Batallón de Seguridad En Carreteras e Instalaciones Michoacán, con sede en la Piedad, Michoacán. Actos reclamados: "1. Lo constituye el oficio número: GN/UOEC/DGSCI/9780/2022 de fecha veinticinco de julio de dos mil veintidós, suscrito por el Director General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de la Guardia Nacional. Que tiene como antecedente el oficio número: GN/SPAyL/M.Movs./0864/2022, de fecha 22 de julio de 2022. 2.- El oficio GN/SPAyL/M.Movs./0864/2022, de fecha 22 de julio de 2022, mismo que bajo protesta de decir verdad manifiesto que el mismo no lo tengo en mí poder, por lo que desconozco quien lo suscriba. 3.- De las autoridades señaladas en los incisos a) y b) lo constituye la omisión de sustanciar y notificar el procedimiento administrativo previsto en la Ley de la Guardia Nacional por el cual se determinó la sanción administrativa consistente en Cambio de Unidad y/o Dependencia a que se refiere el artículo 63 de la Ley de la Guardia Nacional. 4.- Asimismo, se reclama de las autoridades señaladas como responsables en los incisos a) y b), la omisión de motivar las circunstancias o condiciones que justifiquen las necesidades del servicio que condujeron al cambio de adscripción, en relación con las circunstancias personales del suscrito, así como si, en su caso, dicho cambio altera o no esencialmente sus funciones y condiciones anteriores. 5.- Finalmente, se reclama la ejecución que se dé por parte de las autoridades señaladas en los incisos c) y d) en cumplimiento a las órdenes emitidas por las autoridades responsables ordenadoras, identificadas estas bajo los incisos a) y b)." (sic). Segunda. Las autoridades responsables referidas en los párrafos precedentes al momento de rendir su informe previo manifestaron que son ciertos los actos reclamados. Ahora bien, la parte quejosa solicita la suspensión de los actos reclamados. Al respecto, el artículo 128 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado". Al encontrarse reunidos los requisitos establecidos en los artículos 125, 128, 129, y 131, de la Ley de Amparo, y dado que existe solicitud expresa de la parte quejosa, para decidir sobre la suspensión provisional de los actos reclamados, en derecho procede realizar el siguiente análisis: De acuerdo a la teoría de la apariencia del buen derecho, es factible que el juzgador de amparo realice la comprobación de la existencia del derecho humano que debe ser protegido, lo que constituye la base y el sustento para decretar una medida cautelar, cuyo objeto es mantener las cosas en el estado en que se encuentran y, cuando así lo amerite el caso, hacer una restitución provisional con el fin de mantener viva la materia del juicio en lo principal; evitando con ello que los actos reclamados se consumen de tal forma que sea imposible o improbable la restitución a la parte quejosa en el goce pleno del derecho humano que se dice violado, volviendo con ello inocuo el juicio constitucional. Por tanto, en uso de la atribución conferida al juzgador de amparo para que realice un asomo provisional a la constitucionalidad del acto -apariencia del buen derecho- y a efecto de evitar que se genere algún perjuicio en relación con la parte quejosa, se advierte que se solicita la suspensión provisional de los actos reclamados. En consecuencia, en uso de dicha atribución, a simple vista o en un asomo provisional, no se advierte que los actos reclamados resulten inconstitucionales ni en relación con sus consecuencias jurídicas, toda vez que los datos aportados en la demanda de amparo no resultan suficientes para tener por demostrada la apariencia del buen derecho, entendiéndose como la posible inconstitucionalidad del acto motivo de reclamo, pues no se cuenta con elementos que conduzcan a llegar a una conclusión objetiva sobre la estimación de que la pretensión deducida por la parte quejosa probablemente sea fundada, es decir, lo más adecuado posible al contexto fáctico y normativo en el que se origina el acto reclamado. Por tanto, con fundamento en los artículos 128, 129, 132, 136, 138 y 146 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva solicitada, ya que del análisis provisional del acto reclamado a la luz de los argumentos planteados por la parte quejosa, se puede afirmar que en este momento no se cuenta con elementos suficientes para estimar que el acto reclamado sea inconstitucional y de concederse la medida se causarían perjuicios al orden público e interés social. Ahora, no pasa desapercibido para este juzgador la jurisprudencia 2005719, de rubro siguiente: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO NO PUEDE INVOCARSE PARA NEGARLA."; sin embargo, el suscrito considera que con la presente determinación no se contraviene la referida tesis, ya que de ninguna manera se sostiene que el acto reclamado tenga el carácter de constitucional pues únicamente se estima que de momento no se acreditada la apariencia del buen derecho; y por ende, no se puede establecer la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo cual dependerá del estudio que se realice dentro del juicio de amparo principal. Apoya lo anterior por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 6/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, registro digital: 173404, de rubro y texto siguientes: "AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. ES IMPROCEDENTE OTORGAR, POR REGLA GENERAL, LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA LA ORDEN DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN. Al tener el Agente del Ministerio Público de la Federación funciones que son de interés público conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, que tienden a promover la pronta y debida procuración e impartición de justicia, en particular en materia penal, e interviene en los juicios en que la Federación es parte, por ello la sociedad está interesada en que dichas funciones las realice de la mejor manera, y toda vez que su cambio de adscripción se hará conforme a las necesidades del servicio, en términos del Reglamento del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal, se concluye que contra el cambio de adscripción previsto en el artículo 30, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, resulta improcedente, por regla general, conceder la suspensión provisional, por no satisfacerse el requisito establecido por el artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo, ya que el perjuicio del interés social y la contravención a disposiciones de orden público quedan acreditados, pues las funciones que realiza tienen como destinataria a la sociedad y, por ende, a ésta es a quien le importa que tales actividades se realicen en términos de las disposiciones aplicables, sin que en el caso se vea afectada la organización de la representación social federal para su debido funcionamiento, ni que el mencionado cambio de adscripción constituya un acto de imposible reparación, atento a que de concederse el amparo, al quejoso se le restituirá en el goce de la garantía violada a través de su reincorporación en el lugar en que se encontraba adscrito." Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Por lo expuesto en la resolución, se niega a Ángel Fabricio Castillo Melendrez, por propio derecho y en representación legal de las menores Naomi Alessandra y Fabrizzia, ambas de apellidos Castillo Flores, la suspensión definitiva solicitada en términos de la consideración segunda de la presente interlocutoria. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
Quedan 4 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,026 expedientes
- Ángel Ávila Reyes1031/2023
- Angel Boyso Soto152/2020
- Ángel Brandon Salinas Reyes300/2019
- Angel Cachu Fernandez791/2017
- Angel Contreras Cervantes681/2022
- Angel Eduardo Velazquez Cazares330/2017
- Angel Fernando Govea Dueñas23/2018
- Angel Garcia Noguez1309/2023
- Angel Gómez Tovar1158/2017
- Angel Guadalupe Gallardo Reyes1247/2019
- Angel Herrera Llanderal165/2023
- Ángel Herrera Llanderal1028/2023