Andrea Jacqueline Godoy Espino
Expediente 50/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 50/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/02/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Andrea Jacqueline Godoy Espino
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiséis de febrero de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee. Causa estado auto. De la certificación que antecede se advierte que la quejosa no recurrió en el plazo legal el auto dictado el veintitrés de enero de dos mil dieciocho (foja 10 a 13), en que se desechó la presente demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones en los libros de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, que establece los lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, expedido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Miguel Ángel Ramírez Argüello, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintitrés de enero de dos mil dieciocho. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Agréguese el escrito de demanda que promueve Andrea Jacqueline Godoy Espino, por propio derecho, demanda que es presentada contra del Juez Octavo de lo Civil de Primera Instancia en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 50/2018. DESECHAMIENTO Vista la demanda promovida por Andrea Jacqueline Godoy Espino, se advierte que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con los diversos 107 fracción V -interpretada en sentido contrario-, y 172 fracción III, todos de la Ley de Amparo, que disponen: Artículo 61. "El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107. "El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]." Artículo 172. "En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: [.] III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; [.]." De una interpretación integral de las disposiciones antes citadas, se concluye que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen actos en un procedimiento que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos, tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese contexto, se considera que en el presente caso, el acto reclamado por la parte quejosa no constituye un acto de imposible reparación que afecte materialmente derechos sustantivos, para que como excepción pueda ser sometida a estudio constitucional, en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, en virtud de que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado, en el auto emitido el nueve de enero de dos mil dieciocho, el cual determinó no admitir el recurso de revocación, mismo que se interpuso en contra de la determinación de dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, en el que entre otras situaciones negó la admisión de la prueba confesional ofertada por la parte aquí quejosa, todo lo anterior dentro de los autos que integran el juicio ejecutivo mercantil 791/2017, tramitado ante el Juzgado Octavo de lo Civil de Primera Instancia en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, de lo que se advierte que la intención del quejoso es que el auto se revoque o modifique a efecto que se admita un medio probatorio. Conforme a lo anterior, es evidente que el acto reclamado emitido dentro del juicio natural de origen, no es de los considerados de ejecución irreparable; en tanto que no afecta materialmente algún derecho sustantivo tutelado por la Constitución y los Tratados Internacionales en los que México es parte, en favor del promovente, como serían la vida, la integridad personal, la libertad en sus manifestaciones o la propiedad; sino en todo caso, sólo produce una afectación en los denominados derechos adjetivos, que inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable. Ello es así, pues basta imponerse de la demanda de amparo, para advertir que la parte quejosa se duele de una determinación de la responsable que, como se vio, es indudable que se trata de un acto meramente intraprocesal. Lo anterior se dice, en la medida en que de trascender a su esfera jurídica el acto que se reclama, podría constituir una violación procesal susceptible de combatirse en el caso de plantear impugnación contra la resolución que se dicte en definitiva; esto es, al resolverse en definitiva el juicio ejecutivo mercantil 791/2017; pero sólo en el supuesto de que el fallo dictado en el juicio de origen sea adverso a la aquí quejosa, de manera que mientras éste no se pronuncie, se está en la posibilidad de que la resolución correspondiente sea favorable a sus intereses, en cuyo caso ningún perjuicio se causaría al promovente del amparo. En este orden de ideas, el acto impugnado en sede constitucional tiene una naturaleza eminentemente procesal, que no vulnera los derechos sustantivos de la parte quejosa para ser considerado como de imposible reparación. Tiene aplicación a lo anterior, por ilustrativa, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." De conformidad con los razonamientos antes esgrimidos, resulta manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, por lo que se desecha la presente demanda de amparo, con el objeto de que el quejoso tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la misma y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario. En esas condiciones, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 61 fracción XXIII, en relación con el 107 fracción V (aplicado en sentido contrario), todos de la Ley de Amparo; y por consecuencia, SE DESECHA la demanda de amparo, promovida por Andrea Jacqueline Godoy Espino, por propio derecho, demanda que es presentada contra del Juez Octavo de lo Civil de Primera Instancia en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. AUTORIZADOS Y DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA Téngase al promovente del juicio señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que precisa en su escrito de demanda, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 27, fracción I, de la Ley de Amparo y por autorizados con las facultades amplias que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo a Andrés Vieyra Domínguez, virtud a que del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se localizó cédula a nombre de dichos profesionistas, que lo autoriza para ejercer la profesión de licenciado en derecho. HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, se habilita al actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Miguel Ángel Ramírez Argüello, secretario que autoriza y da fe.
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