Andrés Bermudez Rosales

Expediente 1276/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1276/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
24/11/2023

Partes del expediente

  • Andrés Bermudez Rosales

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Causa ejecutoria. De la certificación de cuenta se desprende que, a la fecha, transcurrió el plazo legal de que disponían las partes, a fin de recurrir la sentencia definitiva dictada en el presente, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que lo hubieren hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. 1.1 Se requiere cumplimiento. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 258 de Ley de Amparo, solicítese a la autoridad responsable, para que dentro del plazo de tres días, computados legalmente, cumplan con la sentencia de amparo, cuyos efectos se constriñen a lo siguiente: En el plazo de tres días, siguientes a la fecha en que la presente resolución cause ejecutoria, emita respuesta a la solicitud 162300005328, la que deberán ser notificadas personalmente a la quejosa, en el domicilio que aparece en el acuse de recibo de solicitud de trámite. 1.2 Apercibimiento. Apercibida de que, en caso de realizar acciones evasivas, tales como actuaciones inconducentes o gestiones irrelevantes para el cumplimiento de la sentencia, les será impuesta una multa de manera individual de cien Unidades de Medida y Actualización equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), en términos de los artículos 237, fracción I, y 259, de la Ley de Amparo; asimismo, se dará inicio al PROCEDIMIENTO DE INEJECUCIÓN establecido en el numeral 193 de la Ley de la materia, el cual puede culminar con la separación de su cargo y su consignación ante la autoridad competente. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Miguel Ángel Ramírez Argüello.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. 1. Autoridad informa. Agréguese el oficio signado por el Titular del Juzgado Segundo del Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán de Ocampo con sede en esta ciudad, mediante el cual remite el acuerdo de veintiséis de octubre de dos mil veintitrés, por el que hace del conocimiento que aún no obran las constancias de notificación correspondientes al auto de cinco de octubre del presente año, en el que se requiere a la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, para que ocurra ante ese Tribunal a efecto de informar y acreditar la recaudación y cobro de todas y cada una de las multas impuestas a las autoridades demandadas en el juicio administrativo de origen, Presidente Municipal, Director de Seguridad Pública y Síndica Municipal, todas del Ayuntamiento de Carácuaro, Michoacán; por otra parte, se advierte que de nueva cuenta requiere a la secretaría en cuestión a efecto de cumplir con lo antes estipulado, por lo que hasta en tanto se cuente con información comunicará lo conducente. Asimismo, de dicho proveído, se desprende que aún no obran las constancias de notificación por correo certificado correspondiente al auto de doce de octubre del año en que se actúa, en el cual requiere a las autoridades demandadas para que den cumplimiento a la sentencia emitida en el juicio de origen. 2. Nuevo requerimiento. Por lo anterior, requiérase nuevamente a la responsable para que en el término de tres días contados a partir de la notificación del presente proveído, realice lo siguiente: -Remita en copia certificada la respuesta que recayó al requerimiento formulado a la Secretaría de Finanzas y Administración en el Estado de Michoacán, en acuerdo de cinco de octubre del año en curso. -Remita copia certificada de las constancias de notificación por correo certificado correspondiente al auto de veintiocho de agosto actual, mediante el cual requirió al Presidente Municipal, Director de Seguridad Pública Michoacán y Síndica Municipal, todos del Ayuntamiento de Carácuaro, Michoacán, para que informaran y acreditaran el cumplimiento que les requirió la autoridad oficiante. -Proveer lo conducente, con relación al cumplimiento de la sentencia dictada en el procedimiento administrativo JA-1091/2019-II, de su estadística, esto es, le dé la continuidad a todos y cada uno de los comunicados que giró a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, derivados de sus acuerdos de veinticuatro de mayo, ocho de julio, veintiséis de agosto, cinco de octubre y cuatro de diciembre de dos mil veintidós, a través de los cuales le ordenó hacer efectivas diversas multas impuestas al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Carácuaro y al Director de Seguridad Pública del citado Ayuntamiento. -Deberán actuar con celeridad que amerita el impulso de oficio, que implica que las autoridades deben dirigir e impulsar el procedimiento y ordenar la realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las determinaciones firmes. Lo cual, deberán acreditar haber actuado conforme las facultades previstas en la fracción IV, del artículo 290 del Código de Justicia Administrativa del Estado. Esta precisión se realiza con el propósito de delimitar los alcances del fallo protector y facilitar su cumplimento lo que debe ser tomado en consideración por las autoridades obligadas de manera puntual. Apoya lo anterior la Jurisprudencia 2a. XCIV/2018 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que textualmente dice: "SENTENCIAS DE AMPARO. PARA LOGRAR SU EFICAZ CUMPLIMIENTO, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA TIENE FACULTADES PARA PRECISAR SU ALCANCE, SEÑALAR LAS AUTORIDADES VINCULADAS A CUMPLIRLAS Y LA MEDIDA EN QUE CADA UNA DE ELLAS DEBE PARTICIPAR. El artículo 17, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal, dispone que "Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones."; por su parte, los artículos 104 al 113 de la Ley de Amparo, establecen diversos procedimientos tendientes a obtener el cumplimiento eficaz de las sentencias que conceden el amparo e, inclusive, el último de estos preceptos dispone que no podrá archivarse ningún expediente sin que esté enteramente cumplida la sentencia de amparo. La interpretación congruente de tales disposiciones constituye el sustento en que se apoya toda determinación encaminada a conseguir el cumplimiento pleno de las resoluciones jurisdiccionales, máxime si lo que se pretende es ejecutar un fallo emitido por los tribunales de la Federación en un juicio de amparo, ya que éste tiene por objeto, precisamente, tutelar a los gobernados contra los actos de autoridad que infrinjan sus garantías individuales. De esto se sigue que si la causa del retardo para la ejecución de la sentencia de amparo consiste en la confusión respecto de la manera correcta en la que procede cumplimentarla, para estar en posibilidad de dar solución a la situación descrita, la Suprema Corte tiene facultades para establecer los alcances del fallo protector, determinar qué autoridades se encuentran vinculadas a cumplirlo y en qué medida, con el objeto de conseguir el eficaz y pleno cumplimiento de la sentencia de amparo." 2.1. Apercibimiento. Apercibida dicha autoridad que, de no cumplir, le será impuesta una multa de cien unidades de medida y actualización, equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), en términos de los artículos 237, fracción I y 258 de la Ley de Amparo; asimismo, se dará inicio al PROCEDIMIENTO DE INEJECUCIÓN establecido en el citado numeral 193 de la ley de la materia, el cual puede culminar con la separación de su cargo y su consignación. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Víctor Hugo Alonso Cendejas.

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE DIEZ DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTITRÉS QUE EN SÍNTESIS DICE: Morelia, Michoacán, diez de octubre de dos mil veintitrés. 1. Efectos del fallo protector. De los autos se desprende que mediante sentencia de dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Gabriela Virginia Arriaga Leal, para los efectos siguientes: Emitir de inmediato el acuerdo de admisión y/o desechamiento de pruebas, en el juicio ordinario laboral 5B-1071/2022, dentro de los plazos que establece el artículo 883 de la Ley Federal de Trabajo. Misma que causó ejecutoria el siete de septiembre de este año. 2. Actos llevados a cabo en cumplimiento del fallo protector. En proveído de trece de septiembre del año en curso, se tuvo a la Presidenta de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, remitiendo en copias certificadas el acuerdo de admisión de pruebas, emitido el veintidós de agosto del presente año, dentro del juicio laboral de origen 5B-1071/2022; asimismo, del acuerdo de cinco de septiembre de este año, en el que las partes celebraron convenio en modalidad de pago, el cual fue elevado a categoría de laudo ejecutoriado; no obstante, al advertirse que el mismo carecía de las firmas de las partes, se le requirió para ese efecto. Finalmente, en auto de veintidós de septiembre anterior, se tuvo a la autoridad responsable remitiendo el convenio en cuestión, debidamente firmado por las partes actora y demandada, dentro del juicio laboral de origen. Por lo anterior se ordenó darle vista a la quejosa para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés conviniera, sin que lo haya hecho, estando debidamente notificada a través de lista el veintinueve de septiembre anterior. 3. Conclusión. En tales circunstancias, por lo anteriormente señalado, queda evidenciado que la autoridad responsable, restituyó a la solicitante del amparo en el pleno goce de su derecho fundamental violado al emitir el acuerdo de admisión de pruebas, en el juicio ordinario laboral 5B-1071/2022. Incluso, cabe mencionar que se allegó el convenio en modalidad de pago celebrado por las partes, mismo que fue elevado a la categoría de laudo ejecutoriado. En consecuencia, se declara cumplida la sentencia de amparo sin exceso o defecto, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. 4. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al área habilitada para esos efectos, se instruye a la secretaria encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en medios electrónicos. 5. Valoración. En términos del artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES CONSERVABLE. 6. Transferencia. Por otra parte, con apoyo en los artículos 17 y 26 del mencionado acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años, con apoyo de la Administración Regional del edificio sede de este órgano jurisdiccional, transfiérase al depósito documental que el área coordinadora de archivos haya designado para tal efecto. 7. Incidente de suspensión, valoración. Sin que se haga pronunciamiento al respecto, toda vez que no se dio apertura al mismo. 8. Documentos originales. En términos del artículo 19 del citado acuerdo, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. 9. Constancia. Como lo establece el capítulo décimo tercero, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula relativa a este expediente. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Frenette Aronny Rodríguez García.

  4. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA AL PERITO EVER MANUEL GARCÍA FERREYRA EL AUTO DE SEIS DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTITRES, QUE DICE: Morelia, Michoacán, seis de octubre de dos mil veintitrés. 1. Cumple requerimiento quejoso. Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el escrito signado por el quejoso, a través del cual, en atención al requerimiento formulado el veintinueve de septiembre de la presente anualidad, con relación a la prueba pericial en materias de Grafoscopía y Documentoscopía ofertada por el tercero interesado Williams Heredia Rodríguez, exhibe siete copias de traslado de su ampliación del cuestionario relativo a la pericial en comento. En consecuencia, con fundamento en los artículos 119 y 120 de la Ley de Amparo, se admite la ampliación del cuestionario relativo a la prueba en comento; por tanto, córrase traslado a las partes con las copias de la ampliación de que se trata. 2. Perito de la parte quejosa solicita. Por otra parte, agréguese a los autos el escrito signado por José Canacasco Guiverra perito en materias de Grafoscopía y Documentoscopía designado por la parte quejosa, a través del cual solicita tener acceso a los instrumentos públicos, escrituras, protocolos y apéndices que obran en la Notaría Pública Número Dos, con ejercicio y residencia en Zihuatanejo, Guerrero, a fin de que pueda rendir su respectivo dictamen pericial. Atento a ello, solicítese a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General del Gobierno del Estado de Guerrero y al Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Guerrero, ambos con asiento en Chilpancingo, a fin de que permitan al experto José Canacasco Guiverra, la revisión de los instrumentos públicos y demás constancias necesarias que obran en la Notaría Pública en comento, así como el uso de toma de fotografías de las impresiones del sello oficialmente registrado y utilizado en abril del año dos mil catorce por el Notario Público Número Dos, con residencia en Zihuatanejo, Guerrero, debiendo informar en el plazo de tres días sobre la autorización en comento, o en su caso, el impedimento que tengan para ello. 2.1. Apercibimiento. Apercibidas que, de no hacerlo, se les impondrá a cada una, multa de doscientas Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $20,748.00 (veinte mil setecientos cuarenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional), en términos de los artículos 237, fracción I, 259 y 260 fracción II, de la Ley de Amparo. 3. Prórroga de emisión de dictamen. Ahora, en atención a la solicitud del especialista de mérito, relativo a que le sea contabilizado el término otorgado para emitir su dictamen, una vez que le sean mostrados todos los documentos sujetos a estudio; dígasele que, en caso de que fenezca el mismo y no haya sido posible emitir el mismo, solicite en su oportunidad la prórroga correspondiente. 4. Diferimiento de audiencia constitucional. Finalmente, para dar margen a que se lleve a cabo el desahogo de la prueba pericial en materia de contabilidad ofertada por la parte tercera interesada, se difiere de manera anticipada la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con veinte minutos del diez de octubre del año en curso, fijándose las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese personalmente a las partes, así como a los peritos tendentes a desahogar la prueba y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma Citlali Linda Fraga Salcedo, secretaria encargada del despacho del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, por licencia del titular, que le fue autorizada a éste en el punto quinto del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por el que se determina la lista de personas participantes que pasan a la segunda etapa, en el Segundo Concurso Interno de Oposición para la designación de Magistradas y Magistrados de Circuito conforme a la Reforma Judicial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés; dando fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.

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