Andrea Araceli Figueroa Castro
Expediente 1552/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1552/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Andrea Araceli Figueroa Castro
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Parte quejosa realiza manifestaciones. Agréguese el escrito signado por Elva Valdivias Hernández, apoderada legal de la quejosa Irene Corona Macías, a través del cual, manifiesta que María de Jesús Carranza Coronel, acudió a las oficinas del Registro Público a realizar el pago de la inscripción del título de propiedad que nos ocupa, sin embargo se le informó que el Registro Agrario Nacional, no acudió a realizar la inscripción del citado título y que si no se encuentra éste en dicha oficina, no se puede generar el pago, por lo que no fue posible realizar el mismo. 2. Manifestaciones de la autoridad. Por otra parte, glósese el oficio suscrito por el Director del Registro Púbico de la Propiedad con sede en esta ciudad, por medio del cual informa que existe imposibilidad para remitir las constancias requeridas, toda vez que el título de propiedad 1009969, no ha sido remitido a esa oficina Registral por el Registro Agrario Nacional, a efecto de generar la boleta de pago correspondiente y así estar en posibilidad de realizar su inscripción. 3. Requerimiento. En tales condiciones, requiérase a la Delegación del Registro Agrario Nacional en Michoacán con sede en esta ciudad, para que en el plazo de tres días, realice lo siguiente: ? Remita el título de propiedad que nos ocupa, al Registro Público de Propiedad Raíz en el Estado, con sede en esta ciudad, a fin de que éste se encuentre en posibilidad de realizar su inscripción y se puedan generar las órdenes de pago para efecto de que se le entreguen a la quejosa y ésta a su vez, realice el pago sin contratiempos. ? Asimismo, remita las constancias debidamente certificadas relativas a la inscripción del título de propiedad y la notificación correspondiente a la parte quejosa. 27/10/24 14:27:17 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.7a.a1 VICTOR HUGO ALONSO CENDEJAS ? Remita copia certificada de las constancias con las que acredite haber cumplido con los puntos indicados. Esta precisión se realiza con el propósito de delimitar los alcances del fallo protector y facilitar su cumplimento lo que debe ser tomado en consideración por las autoridades obligadas de manera puntual. Apoya lo anterior la Jurisprudencia 2a. XCIV/2018 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que textualmente dice: "SENTENCIAS DE AMPARO. PARA LOGRAR SU EFICAZ CUMPLIMIENTO, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA TIENE FACULTADES PARA PRECISAR SU ALCANCE, SEÑALAR LAS AUTORIDADES VINCULADAS A CUMPLIRLAS Y LA MEDIDA EN QUE CADA UNA DE ELLAS DEBE PARTICIPAR. El artículo 17, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal, dispone que "Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones."; por su parte, los artículos 104 al 113 de la Ley de Amparo, establecen diversos procedimientos tendientes a obtener el cumplimiento eficaz de las sentencias que conceden el amparo e, inclusive, el último de estos preceptos dispone que no podrá archivarse ningún expediente sin que esté enteramente cumplida la sentencia de amparo. La interpretación congruente de tales disposiciones constituye el sustento en que se apoya toda determinación encaminada a conseguir el cumplimiento pleno de las resoluciones jurisdiccionales, máxime si lo que se pretende es ejecutar un fallo emitido por los tribunales de la Federación en un juicio de amparo, ya que éste tiene por objeto, precisamente, tutelar a los gobernados contra los actos de autoridad que infrinjan sus garantías individuales. De esto se sigue que si la causa del retardo para la ejecución de la sentencia de amparo consiste en la confusión respecto de la manera correcta en la que procede cumplimentarla, para estar en posibilidad de dar solución a la situación descrita, la Suprema Corte tiene facultades para establecer los alcances del fallo protector, determinar qué autoridades se encuentran vinculadas a cumplirlo y en qué medida, con el objeto de conseguir el eficaz y pleno cumplimiento de la sentencia de amparo." 3.1. Apercibimiento. Bajo apercibimiento ambas autoridades, que en caso de realizar acciones evasivas, tales como actuaciones inconducentes o gestiones irrelevantes para el cumplimiento de la sentencia, les será impuesta una multa de cien Unidades de Medida y Actualización equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), en términos de los artículos 237, fracción I y 258 de la Ley de Amparo; asimismo, se dará inicio al PROCEDIMIENTO DE INEJECUCIÓN establecido en el citado numeral 193 de la ley de la materia, el cual puede culminar con la separación de su cargo y su consignación ante la autoridad competente. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Víctor Hugo Alonso Cendejas
- Incidental
Morelia, Michoacán, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Estado de autos. De una revisión de las constancias de autos, se advierte que mediante ejecutoria dictada el quince de diciembre de dos mil veintidós, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, al resolver el amparo en revisión 67/2022, determinó revocar la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional el trece de octubre de dos mil veintiuno, que determinó sobreseer en el juicio, para ordenar reponer el procedimiento, en términos del artículo 93, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo, para el efecto de que de manera oficiosa este juzgado ordenara el desahogo de la prueba pericial en materia de agrimensura, respecto de la parcela ejidal del quejoso Gilberto Prieto Ayala, número 93 Z-1 P3/3, del ejido de San Diego Amécuaro, municipio de Panindícuaro, Michoacán, con una superficie de 1-02-38.200 una hectárea, dos áreas, treinta y ocho punto doscientos centiáreas, en la que se emitiera opinión sobre la identidad de la referida parcela ejidal, para que se pueda conocer si los actos reclamados a las autoridades responsables causan afectación o no a los derechos agrarios del quejoso sobre su parcela ejidal. En ese sentido, y previa la designación correspondiente, el perito C.A.J.M. en materia de topografía, emitió su dictamen; sin embargo, de su análisis se advierte que su desahogo versó sobre los puntos a), b) y c), correspondientes a la diversa prueba de inspección judicial con asistencia de testigos que ofreció la parte quejosa, concluyendo lo siguiente: "EN LA BASE DE LAS "CONSIDERACIONES TÉCNICAS" QUE AQUÍ SE PRESENTAN Y QUE NO ES OTRA COSA QUE EL ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN EN AUTOS Y TRABAJOS EFECTUADOS, DICTAMINO QUE LOS DATOS TÉCNICOS QUE SE TIENE DEL POLÍGONO DE LA PARCELA 93 Z-1 P3/3, DEL EJIDO DE SAN DIEGO AMÉCUARO, MUNICIPIO DE PANINDÍCUARO, MICHOACÁN, REFERENTES A SU GEOMETRÍA, SON MEDIDAS SEGÚN TÍTULO DE PROPIEDAD, EN EL MUNICIPIO DE PANINDICUARO, ESTADO DE MICHOACÁN, SUFICIENTES PARA PODER ASEVERAR CON CERTEZA TÉCNICA LA POSICIÓN DE LAS LÍNEAS DE COLINDANCIA Y QUE EL LEVANTAMIENTO Y PLANO QUE MEJOR SUSTENTO TÉCNICO - JURÍDICO QUE TIENE, ES EL REALIZADO POR EL SUSCRITO. CON LO ANTES EXPUESTO ESPERO DADO CABAL CUMPLIMIENTO AL CARGO CONFERIDO COMO PERITO NOMBRADO POR ESTE HONORABLE JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO DE MICHOACÁN, YA QUE ESTE DICTAMEN LO REALICE CONFORME A MI LEAL SABER Y ENTENDER, SIN DOLO NI MALA FE, EMPLEANDO LOS CONOCIMIENTOS Y TÉCNICAS PROPIOS DE MI PROFESIÓN." En ese contexto, se tiene que dicho dictamen no cumple con lo ordenado en la ejecutoria de reposición, si se considera que aquélla ordenó desahogar la prueba pericial en materia de agrimensura, para que a través de ella se emitiera opinión sobre la identidad de la referida parcela ejidal, para que se pueda conocer si los actos reclamados a las autoridades responsables causan afectación o no a los derechos agrarios del quejoso sobre su parcela ejidal. Sin embargo, además de que el dictamen fue desahogado con base en los puntos correspondientes a la diversa prueba de inspección judicial con asistencia de testigos que ofreció la parte quejosa, también se tiene que la conclusión a la que arriba, no resuelve sobre si existe identidad de la parcela ejidal que defiende el quejoso, con los actos reclamados consistentes en el haber vertido o vaciado grava al lado oeste de su parcela ejidal, número 93 Z-1 P3/3, del ejido de San Diego Amécuaro, municipio de Panindícuaro, Michoacán, en una fracción de aproximadamente siete o seis metros de ancho por setenta y siete metros de largo; y, el pretender seguir vertiéndola o vaciándola; actos de molestia ejercidos -dijo- en la fracción de su parcela ejidal; afectándole con ello, la posesión que ejerce sobre dicha superficie ejidal que alega es de su propiedad; y, pretender privarlo de ella. Dicho de otra manera, y analizada la ejecutoria en su integridad, lo que en el caso debe concluir el perito oficial designado es si la grava vertida o vaciada al lado oeste de su parcela ejidal, número 93 Z-1 P3/3, del ejido de San Diego Amécuaro, municipio de Panindícuaro, Michoacán, en una fracción de aproximadamente siete o seis metros de ancho por setenta y siete metros de largo, misma y sobre la cual el quejoso aduce ejercer actos de posesión y propiedad; lo anterior, para que se pueda conocer si los actos reclamados a las autoridades responsables causan afectación o no a los derechos agrarios del quejoso sobre su parcela ejidal. Se requiere dictamen. En consecuencia, con fundamento en el artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, hágasele del conocimiento al referido especialista que cuenta con el término de diez días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, para que emita su dictamen en materia de topografía y agrimensura, conforme a los lineamientos antes precisados. Diferimiento. Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional se difiere, y en su lugar, se fijan las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL OCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO. Notifíquese personalmente al perito oficial en comento y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Frenette Aronny Rodríguez García.
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