Andrea Arroyo Rivera

Expediente 841/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
841/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
14/11/2019

Partes del expediente

  • Andrea Arroyo Rivera
  • H. Junta Especial Número 30 de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con domicilio en Morelia, Michoacán.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, catorce de noviembre de dos mil diecinueve. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: Causa ejecutoria sentencia. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal la sentencia dictada en el presente juicio; con fundamento en el artículo 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Ahora, con base en lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, que establece los lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, expedido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, dado que se sobreseyó en el juicio, además de que no se considera de relevancia documental el presente asunto; consecuentemente el expediente principal es susceptible de DESTRUCCIÓN. Por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el presente juicio al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Víctor Hugo Alonso Cendejas, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Andrea Arroyo Rivera, por los motivos expuestos en los considerandos segundo y cuarto de este fallo. SEGUNDO. En términos de lo previsto en el considerando quinto, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. TERCERO. De conformidad con el último considerando, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, UBALDO GARCÍA ARMAS, ante la secretaria Maira Flor López Valencia, con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, diecisiete de octubre de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta se provee: Informe justificado. Agréguese a los autos, el informe justificado rendido por la autoridad que lo remite, de conformidad con lo dispuesto por en el artículo 117 de la Ley de Amparo; dése vista a las partes con este, para que se impongan de su contenido. Prueba documental. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de la Materia, téngase por admitida y desahogada, en razón a su propia y especial naturaleza, la documental que la responsable adjuntó a su informe justificado. Lo anterior, sin perjuicio de relacionarlos y recibirlos en la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Maira Flor López Valencia, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: PARTE QUEJOSA AMPLIA DEMANDA DE AMPARO. Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por José Luis Rivera López y María Isabel Arroyo Adán, apoderados jurídicos de la quejosa Andrea Arroyo Rivera, mediante el cual amplía la demanda de amparo, respecto del acto siguiente: Acto reclamado: La resolución interlocutoria pendiente de emitir de fecha tres de junio de dos mil once. SE ADMITE AMPLIACIÓN DE DEMANDA. A efecto de acordar lo que en derecho corresponda, se toma en cuenta, de inicio, que el artículo 111 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 111. Podrá ampliarse la demanda cuando: I. No hayan transcurrido los plazos para su presentación; II. Con independencia de lo previsto en la fracción anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En este caso, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de esta Ley. En el caso de la fracción II, la demanda podrá ampliarse dentro de los plazos referidos en este artículo, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional o bien presentar una nueva demanda". Además, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que la ampliación de demanda de amparo indirecto procede en los siguientes supuestos: 1. Cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, en este se motive el acto reclamado; o, 2. Cuando el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados. En cuyo caso la ampliación de demanda podrá realizarse sobre a) los actos, b) las autoridades responsables, o c) los conceptos de violación, siempre que la petición se formule dentro de los plazos que establecen los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, a partir del conocimiento de datos que sustenten la ampliación, pero antes de la celebración de la audiencia constitucional, y bajo la condición de que se encuentren vinculados con los actos inicialmente reclamados. Ahora, en el caso se colman los requisitos de procedencia de la ampliación, por lo que con fundamento en los artículos 103 y 107 constitucionales, 1, 17, 107, 111, 115 y relativos de la Ley de Amparo, se admite la ampliación de demanda. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin que haya lugar a proveer sobre el incidente de suspensión de los actos reclamados, por no haberse solicitado. MINISTERIO PÚBLICO. Acorde a lo establecido por el artículo 5, fracción IV, de la ley de la materia, dese a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que le corresponde, y déjese a su disposición copia de la ampliación de demanda. INFORME JUSTIFICADO. Requiérase a la autoridad señalada como responsable para que, en términos de lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo rinda su informe con justificación bajo los siguientes términos y condiciones: a) Dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciban el oficio de notificación relativo, y con la debida anticipación que permita su conocimiento a la parte quejosa; b) Es decir, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de audiencia constitucional; c) Oportunidad en la que deberán exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado acompañando, en su caso, copia certificada, íntegra y legible de las constancias necesarias para apoyarlo; De conformidad con lo establecido por los artículos 237 fracción I, 238, 244, 245 y 260, fracción II, de la ley de la materia, se apercibe a las autoridades responsables con la aplicación de multa por el equivalente de cien Unidades de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuyo valor fue publicado el diez de enero de dos mil diecinueve en el Diario Oficial de la Federación: I) En caso de ser omisas en proporcionar el domicilio de los terceros interesados; II) En el supuesto de que se nieguen a recibir las notificaciones derivadas del juicio; y, III) Se abstengan o sean omisas en rendir el informe con justificación o lo hagan sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional. Esta última sanción se aplicará al resolverse el fondo del asunto con independencia de presumir ciertos los actos reclamados. Asimismo, con fundamento en el artículo 262, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, comuníquese a las autoridades señaladas como responsables que si del contenido de su informe se advierte que afirmaren una falsedad o negaren la verdad; o, en su caso remitieren constancias equivocadas, podrán ser sancionadas en los términos que señala el indicado artículo. Hágase del conocimiento de las partes que cuando tengan conocimiento de la actualización de alguna causa de sobreseimiento deberán comunicarla de inmediato y, de ser posible, acompañar las constancias que lo acrediten; apercibidas que de no hacerlo, se les impondrá una multa de treinta a trescientos días de Unidades de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo. En el mismo sentido, las partes que tengan conocimiento del fallecimiento del quejoso o del tercero interesado, deberán comunicarlo en forma inmediata a este órgano jurisdiccional, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, se les impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 242 de la Ley de Amparo. AUTORIDAD INEXISTENTE. Con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a la autoridad responsable (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79, de la Ley de Amparo); en consecuencia, se apercibe a la peticionaria que si la autoridad responsable no existe con la denominación que indica en su demanda, sin mayor trámite, se le tendrá por inexistente y se suspenderá toda comunicación con ella; en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación, salvo prueba en contrario o que se corrija el señalamiento en la denominación de la autoridad responsable. Lo anterior en mérito a que corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación de su asunto, lo que guarda armonía en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita, así como al principio de celeridad procesal. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se tienen señaladas las diez horas con veinte minutos del veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, para que tenga lugar la audiencia constitucional en el local de este juzgado, conforme a lo dispuesto por el artículo 115 de la ley de la materia. Ahora bien, tomando en consideración lo expuesto supra líneas; por tanto, de manera anticipada se difiere el desahogo de la audiencia constitucional, y en su lugar se señalan las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para su verificativo. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Víctor Hugo Alonso Cendejas, secretario que autoriza y da fe.

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