Ana Maria Imelda Herrera Luna

Expediente 659/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 26 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
659/2019
Año
2019
Actuaciones
26
Última actuación
26/12/2019

Partes del expediente

  • Ana Maria Imelda Herrera Luna
  • Jose Francisco Chacon Gonzalez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    (publicación citatorio) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LAS PARTES QUEJOSA Y TERCERO INTERESADA Arturo Zerón Palacio EL PROVEÍDO DE 24 DE diciembre DE 2019, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos, para que surta los efectos legales procedentes, el escrito signado por Rolando Raúl Guarneros Maldonado, autorizado de la tercera interesada María Carrasco Sandoval en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; y, visto su contenido, téngasele solicitando copia certificada de diversas constancias y formulando manifestaciones respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, las cuales serán tomadas en consideración si se encuentran encaminadas a desahogar la vista otorgada por auto de once de diciembre del actual. Por otro lado, vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de once de diciembre pasado, se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, desahogando dicha vista únicamente la parte quejosa y tercera interesada María Carrasco Sandoval, por conducto de Rolando Raúl Guarneros Maldonado, autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. En consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable encargada del cumplimiento del fallo protector con los elementos que obran en autos y tomando en cuenta lo manifestado por las partes. ° Antecedentes. Mediante sentencia dictada el veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, se concedió el amparo a la quejosa Ana María Imelda Herrera Luna, contra la resolución dictada el diecisiete de junio de dos mil diecinueve, dentro de la averiguación previa 46/2010/ANTIC/DGSP/UIHCST-I del índice de la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción del Sistema Tradicional, Primera Mesa Investigadora de la Fiscalía General del Estado de Puebla; para los efectos precisados en el propio fallo protector. Por acuerdo de trece de septiembre del año en curso, se tuvo al tercero interesado José Francisco Chacón González interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. En proveído de veintiuno de noviembre del presente año, este órgano jurisdiccional tuvo por recibido el testimonio de la ejecutoria emitida el treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, en el toca de revisión 236/2019, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, quien confirmó la sentencia recurrida. Asimismo, en dicho acuerdo, se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción del Sistema Tradicional, Primera Mesa Investigadora de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Por oficios UIHCST-I/1812+/2019 y UIHCST-I/1817/2019, la autoridad responsable informó el cumplimiento dado a la sentencia de amparo; y mediante acuerdo de once de diciembre del año en curso, se ordenó dar vista a las partes en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, para que manifestaran lo que estimaran conducente sobre tal cumplimiento. ° Estudio de los actos emitidos en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En ese sentido, debe decirse que el suscrito advierte que la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción del Sistema Tradicional, Primera Mesa Investigadora de la Fiscalía General del Estado de Puebla cumplió cabalmente con las consideraciones apuntadas en la ejecutoria de amparo. Se explica. Mediante acuerdo de veinticinco de noviembre del presente año, dictado por la autoridad responsable, en autos de la averiguación previa 46/2010/ANTIC/UIHCST-I de su índice, dejó insubsistente la determinación de diecisiete de junio de dos mil diecinueve, en donde determinó el no ejercicio de la acción penal -acto reclamado-; y, Con la libertad de decisión -que le fue otorgada- y en atención a las consideraciones establecidas en la determinación de veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, dictada por el Director General Jurídico Consultivo y de Asuntos Legislativos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, la autoridad responsable emitió la resolución de tres de diciembre del presente año, en autos de la referida averiguación previa y en la que realizó lo siguiente: -Determinó el ejercicio de la acción penal persecutoria en contra de María Carrasco Sandoval, en su carácter de Jueza Cuarto de lo Familiar de la ciudad de Puebla, y Arturo Zerón Palacio, en su carácter de Secretario encargado de los expedientes nones del Juzgado Cuarto de lo Familiar de la ciudad de Puebla, como probables responsables de la comisión del delito de Delitos Cometidos en la Administración de Justicia y en otros Ramos del Poder Público, previsto en el artículo 421 fracciones VI, VII, IX y XI, en relación con los diversos 11, 12, 13, 21, fracción I, y sancionado en el numeral 423, todos del Código Penal el Estado de Puebla, en agravio de la aquí quejosa Ana María Imelda Herrera Luna; -Ordenó consignar la indagatoria 46/2010/ANTIC/DGSP/UIHCST-I, para el esclarecimiento de los hechos; y, -Solicitó a la jueza de la causa, entre otros aspectos, el libramiento de la correspondiente orden de aprehensión en contra de los inculpados de referencia y, previo juicio, los condenara al pago de la reparación del daño en favor de la víctima. En diversa postura, mediante escrito presentado el diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, turnado al siguiente día a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, la quejosa Ana María Imelda Herrera Luna manifestó que la autoridad responsable incumplió con los términos de la sentencia de dictada en el presente asunto. Lo anterior, en virtud de que -a su consideración de la parte quejosa- la autoridad responsable únicamente podía ejercer acción penal persecutoria por los delitos previstos en el artículo 421, fracciones VI, VII, y XI, del Código Penal del Estado de Puebla, debiendo exceptuar o excluir la fracción IX, en atención a que fue derogada mediante decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, y tomando en cuenta que en el fallo protector se destacaron diversos cambios normativos a los referidos preceptos. Al respecto, se estima infundada dicha alegación, ya que en los efectos de la concesión de amparo se precisó que la autoridad responsable tenía libertad de jurisdicción para tomar o no en consideración las reformas a las fracciones VI, IX y XI, del artículo 421 del Código Penal del Estado de Puebla, en el supuesto de que estimara procedente determinar el ejercicio de la acción penal, por lo que la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción del Sistema Tradicional, Primera Mesa Investigadora de la Fiscalía General del Estado de Puebla, desde su perspectiva, consideró conveniente no tomar en cuenta las reformas correspondientes, por lo que no infringió lo establecido en la sentencia de amparo. Por otro lado, respecto a las manifestaciones hechas valer por la tercera interesada María Carrasco Sandoval, por conducto de su representante, dígasele que se esté a lo narrado en párrafos precedentes. ° Opinión jurisdiccional. Atento a lo expuesto, es inconcuso que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que, con fundamento en el antepenúltimo párrafo, del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo. Finalmente, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la ley de la materia, según su artículo 2, expídase a su costa copia certificada de las constancias que indica, únicamente por conducto de las personas autorizadas en proveído de primero de agosto de dos mil diecinueve, previa identificación y firma que se otorgue en autos; en el entendido de que dicho trámite sólo podrán realizarlo en el horario correspondiente de nueve a doce horas en días hábiles, ya que así lo permiten las labores del juzgado; lo anterior, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, en atención de que el nombrar autorizados no forma parte de sus facultades..."

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos, para que surta los efectos legales procedentes, el escrito signado por Rolando Raúl Guarneros Maldonado, autorizado de la tercera interesada María Carrasco Sandoval en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; y, visto su contenido, téngasele solicitando copia certificada de diversas constancias y formulando manifestaciones respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, las cuales serán tomadas en consideración si se encuentran encaminadas a desahogar la vista otorgada por auto de once de diciembre del actual. Por otro lado, vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de once de diciembre pasado, se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, desahogando dicha vista únicamente la parte quejosa y tercera interesada María Carrasco Sandoval, por conducto de Rolando Raúl Guarneros Maldonado, autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. En consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable encargada del cumplimiento del fallo protector con los elementos que obran en autos y tomando en cuenta lo manifestado por las partes. ° Antecedentes. Mediante sentencia dictada el veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, se concedió el amparo a la quejosa Ana María Imelda Herrera Luna, contra la resolución dictada el diecisiete de junio de dos mil diecinueve, dentro de la averiguación previa 46/2010/ANTIC/DGSP/UIHCST-I del índice de la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción del Sistema Tradicional, Primera Mesa Investigadora de la Fiscalía General del Estado de Puebla; para los efectos precisados en el propio fallo protector. Por acuerdo de trece de septiembre del año en curso, se tuvo al tercero interesado José Francisco Chacón González interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. En proveído de veintiuno de noviembre del presente año, este órgano jurisdiccional tuvo por recibido el testimonio de la ejecutoria emitida el treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, en el toca de revisión 236/2019, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, quien confirmó la sentencia recurrida. Asimismo, en dicho acuerdo, se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción del Sistema Tradicional, Primera Mesa Investigadora de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Por oficios UIHCST-I/1812+/2019 y UIHCST-I/1817/2019, la autoridad responsable informó el cumplimiento dado a la sentencia de amparo; y mediante acuerdo de once de diciembre del año en curso, se ordenó dar vista a las partes en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, para que manifestaran lo que estimaran conducente sobre tal cumplimiento. ° Estudio de los actos emitidos en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En ese sentido, debe decirse que el suscrito advierte que la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción del Sistema Tradicional, Primera Mesa Investigadora de la Fiscalía General del Estado de Puebla cumplió cabalmente con las consideraciones apuntadas en la ejecutoria de amparo. Se explica. Mediante acuerdo de veinticinco de noviembre del presente año, dictado por la autoridad responsable, en autos de la averiguación previa 46/2010/ANTIC/UIHCST-I de su índice, dejó insubsistente la determinación de diecisiete de junio de dos mil diecinueve, en donde determinó el no ejercicio de la acción penal -acto reclamado-; y, Con la libertad de decisión -que le fue otorgada- y en atención a las consideraciones establecidas en la determinación de veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, dictada por el Director General Jurídico Consultivo y de Asuntos Legislativos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, la autoridad responsable emitió la resolución de tres de diciembre del presente año, en autos de la referida averiguación previa y en la que realizó lo siguiente: -Determinó el ejercicio de la acción penal persecutoria en contra de María Carrasco Sandoval, en su carácter de Jueza Cuarto de lo Familiar de la ciudad de Puebla, y Arturo Zerón Palacio, en su carácter de Secretario encargado de los expedientes nones del Juzgado Cuarto de lo Familiar de la ciudad de Puebla, como probables responsables de la comisión del delito de Delitos Cometidos en la Administración de Justicia y en otros Ramos del Poder Público, previsto en el artículo 421 fracciones VI, VII, IX y XI, en relación con los diversos 11, 12, 13, 21, fracción I, y sancionado en el numeral 423, todos del Código Penal el Estado de Puebla, en agravio de la aquí quejosa Ana María Imelda Herrera Luna; -Ordenó consignar la indagatoria 46/2010/ANTIC/DGSP/UIHCST-I, para el esclarecimiento de los hechos; y, -Solicitó a la jueza de la causa, entre otros aspectos, el libramiento de la correspondiente orden de aprehensión en contra de los inculpados de referencia y, previo juicio, los condenara al pago de la reparación del daño en favor de la víctima. En diversa postura, mediante escrito presentado el diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, turnado al siguiente día a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, la quejosa Ana María Imelda Herrera Luna manifestó que la autoridad responsable incumplió con los términos de la sentencia de dictada en el presente asunto. Lo anterior, en virtud de que -a su consideración de la parte quejosa- la autoridad responsable únicamente podía ejercer acción penal persecutoria por los delitos previstos en el artículo 421, fracciones VI, VII, y XI, del Código Penal del Estado de Puebla, debiendo exceptuar o excluir la fracción IX, en atención a que fue derogada mediante decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, y tomando en cuenta que en el fallo protector se destacaron diversos cambios normativos a los referidos preceptos. Al respecto, se estima infundada dicha alegación, ya que en los efectos de la concesión de amparo se precisó que la autoridad responsable tenía libertad de jurisdicción para tomar o no en consideración las reformas a las fracciones VI, IX y XI, del artículo 421 del Código Penal del Estado de Puebla, en el supuesto de que estimara procedente determinar el ejercicio de la acción penal, por lo que la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción del Sistema Tradicional, Primera Mesa Investigadora de la Fiscalía General del Estado de Puebla, desde su perspectiva, consideró conveniente no tomar en cuenta las reformas correspondientes, por lo que no infringió lo establecido en la sentencia de amparo. Por otro lado, respecto a las manifestaciones hechas valer por la tercera interesada María Carrasco Sandoval, por conducto de su representante, dígasele que se esté a lo narrado en párrafos precedentes. ° Opinión jurisdiccional. Atento a lo expuesto, es inconcuso que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que, con fundamento en el antepenúltimo párrafo, del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo. Finalmente, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la ley de la materia, según su artículo 2, expídase a su costa copia certificada de las constancias que indica, únicamente por conducto de las personas autorizadas en proveído de primero de agosto de dos mil diecinueve, previa identificación y firma que se otorgue en autos; en el entendido de que dicho trámite sólo podrán realizarlo en el horario correspondiente de nueve a doce horas en días hábiles, ya que así lo permiten las labores del juzgado; lo anterior, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, en atención de que el nombrar autorizados no forma parte de sus facultades.

  3. Principal

    PUBLICACIÓN DE CITATORIO: SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE TERCERA INTERESADA MARÍA CARRASCO SANDOVAL, EL AUTO DE VEINTICUATRO DE DICIEMBRE DEL ACTUAL, QUE DICE: "San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos, para que surta los efectos legales procedentes, el escrito signado por Rolando Raúl Guarneros Maldonado, autorizado de la tercera interesada María Carrasco Sandoval en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; y, visto su contenido, téngasele solicitando copia certificada de diversas constancias y formulando manifestaciones respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, las cuales serán tomadas en consideración si se encuentran encaminadas a desahogar la vista otorgada por auto de once de diciembre del actual. Por otro lado, vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de once de diciembre pasado, se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, desahogando dicha vista únicamente la parte quejosa y tercera interesada María Carrasco Sandoval, por conducto de Rolando Raúl Guarneros Maldonado, autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. En consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable encargada del cumplimiento del fallo protector con los elementos que obran en autos y tomando en cuenta lo manifestado por las partes. ° Antecedentes. Mediante sentencia dictada el veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, se concedió el amparo a la quejosa Ana María Imelda Herrera Luna, contra la resolución dictada el diecisiete de junio de dos mil diecinueve, dentro de la averiguación previa 46/2010/ANTIC/DGSP/UIHCST-I del índice de la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción del Sistema Tradicional, Primera Mesa Investigadora de la Fiscalía General del Estado de Puebla; para los efectos precisados en el propio fallo protector. Por acuerdo de trece de septiembre del año en curso, se tuvo al tercero interesado José Francisco Chacón González interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. En proveído de veintiuno de noviembre del presente año, este órgano jurisdiccional tuvo por recibido el testimonio de la ejecutoria emitida el treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, en el toca de revisión 236/2019, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, quien confirmó la sentencia recurrida. Asimismo, en dicho acuerdo, se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción del Sistema Tradicional, Primera Mesa Investigadora de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Por oficios UIHCST-I/1812+/2019 y UIHCST-I/1817/2019, la autoridad responsable informó el cumplimiento dado a la sentencia de amparo; y mediante acuerdo de once de diciembre del año en curso, se ordenó dar vista a las partes en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, para que manifestaran lo que estimaran conducente sobre tal cumplimiento. ° Estudio de los actos emitidos en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En ese sentido, debe decirse que el suscrito advierte que la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción del Sistema Tradicional, Primera Mesa Investigadora de la Fiscalía General del Estado de Puebla cumplió cabalmente con las consideraciones apuntadas en la ejecutoria de amparo. Se explica. Mediante acuerdo de veinticinco de noviembre del presente año, dictado por la autoridad responsable, en autos de la averiguación previa 46/2010/ANTIC/UIHCST-I de su índice, dejó insubsistente la determinación de diecisiete de junio de dos mil diecinueve, en donde determinó el no ejercicio de la acción penal -acto reclamado-; y, Con la libertad de decisión -que le fue otorgada- y en atención a las consideraciones establecidas en la determinación de veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, dictada por el Director General Jurídico Consultivo y de Asuntos Legislativos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, la autoridad responsable emitió la resolución de tres de diciembre del presente año, en autos de la referida averiguación previa y en la que realizó lo siguiente: -Determinó el ejercicio de la acción penal persecutoria en contra de María Carrasco Sandoval, en su carácter de Jueza Cuarto de lo Familiar de la ciudad de Puebla, y Arturo Zerón Palacio, en su carácter de Secretario encargado de los expedientes nones del Juzgado Cuarto de lo Familiar de la ciudad de Puebla, como probables responsables de la comisión del delito de Delitos Cometidos en la Administración de Justicia y en otros Ramos del Poder Público, previsto en el artículo 421 fracciones VI, VII, IX y XI, en relación con los diversos 11, 12, 13, 21, fracción I, y sancionado en el numeral 423, todos del Código Penal el Estado de Puebla, en agravio de la aquí quejosa Ana María Imelda Herrera Luna; -Ordenó consignar la indagatoria 46/2010/ANTIC/DGSP/UIHCST-I, para el esclarecimiento de los hechos; y, -Solicitó a la jueza de la causa, entre otros aspectos, el libramiento de la correspondiente orden de aprehensión en contra de los inculpados de referencia y, previo juicio, los condenara al pago de la reparación del daño en favor de la víctima. En diversa postura, mediante escrito presentado el diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, turnado al siguiente día a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, la quejosa Ana María Imelda Herrera Luna manifestó que la autoridad responsable incumplió con los términos de la sentencia de dictada en el presente asunto. Lo anterior, en virtud de que -a su consideración de la parte quejosa- la autoridad responsable únicamente podía ejercer acción penal persecutoria por los delitos previstos en el artículo 421, fracciones VI, VII, y XI, del Código Penal del Estado de Puebla, debiendo exceptuar o excluir la fracción IX, en atención a que fue derogada mediante decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, y tomando en cuenta que en el fallo protector se destacaron diversos cambios normativos a los referidos preceptos. Al respecto, se estima infundada dicha alegación, ya que en los efectos de la concesión de amparo se precisó que la autoridad responsable tenía libertad de jurisdicción para tomar o no en consideración las reformas a las fracciones VI, IX y XI, del artículo 421 del Código Penal del Estado de Puebla, en el supuesto de que estimara procedente determinar el ejercicio de la acción penal, por lo que la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción del Sistema Tradicional, Primera Mesa Investigadora de la Fiscalía General del Estado de Puebla, desde su perspectiva, consideró conveniente no tomar en cuenta las reformas correspondientes, por lo que no infringió lo establecido en la sentencia de amparo. Por otro lado, respecto a las manifestaciones hechas valer por la tercera interesada María Carrasco Sandoval, por conducto de su representante, dígasele que se esté a lo narrado en párrafos precedentes. ° Opinión jurisdiccional. Atento a lo expuesto, es inconcuso que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que, con fundamento en el antepenúltimo párrafo, del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo. Finalmente, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la ley de la materia, según su artículo 2, expídase a su costa copia certificada de las constancias que indica, únicamente por conducto de las personas autorizadas en proveído de primero de agosto de dos mil diecinueve, previa identificación y firma que se otorgue en autos; en el entendido de que dicho trámite sólo podrán realizarlo en el horario correspondiente de nueve a doce horas en días hábiles, ya que así lo permiten las labores del juzgado; lo anterior, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, en atención de que el nombrar autorizados no forma parte de sus facultades."

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve. Intégrese a sus autos el escrito signado por la quejosa Ana María Imelda Herrera Luna, por medio del cual realiza diversas manifestaciones relacionadas con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable, mismas que serán consideradas al momento de pronunciarse sobre el cumplimiento de dicha sentencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo.

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