Ana María Hernández Fuentes y Otros.

Expediente 401/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
401/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
02/03/2022

Partes del expediente

  • Ana María Hernández Fuentes y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    "Boca del Río, Veracruz, dos de marzo de dos mil veintidós. Agréguese el oficio de la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, informa dicho Juzgado aceptó la competencia declinada por este órgano de control constitucional y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por 1. ********** y otros. Radicó el juicio de amparo 168/2022 de su estadística. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), archívese este expediente como asunto concluido. Notifíquese..."

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, nueve de junio de dos mil veintiuno. Agréguese el escrito signado electrónicamente por la quejosa **********. En atención a su contenido, se provee: Si bien en auto de veinticinco de mayo pasado, se tuvo como autorizada únicamente para oír y recibir notificaciones por los motivos ahí expuestos, lo cierto es que, a la fecha, de la certificación secretarial de cuenta, se aprecia cuenta con cédula profesional capturada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Por tanto, téngasele como autorizada en términos del artículo 12 de la ley de la materia. Sin que obste, además, sea una de los peticionarios de amparo. En relación con su solicitud que se realicen notificaciones por vía electrónica a través del usuario martha.gonzalez.h, estese a lo acordado en el citado proveído de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, en el que se dijo lo conducente. Notifíquese.

  3. Principal

    "...Boca del Río, Veracruz, veinticinco de mayo de dos mil veintiuno. Fórmese expediente con la demanda de amparo -signada electrónicamente- promovida por: 1. **********, 2. **********, 3. **********, 4. **********, 5. **********, 6. **********, 7. **********, 8. **********, y 9. **********, Contra actos del 1. Congreso de la Unión, con residencia en la Ciudad de México, y otras autoridades. Regístrese con el número 401/2021-I que le correspondió. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro Uno de Juzgado relativo al índice de juicios de amparo. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE. REPRESENTANTE COMÚN. Atendiendo lo solicitado por la parte quejosa, con fundamento en el numeral 13 de la Ley de Amparo, se designa como representante común de los quejosos a 9. **********. INCOMPETENCIA Los actos que reclaman los solicitantes del amparo son: a). Del H. Congreso de la Unión, se reclama la discusión y aprobación del Decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día dieciséis de abril de dos mil veintiuno. b) Del C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se reclama la promulgación y la orden de publicación del Decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día dieciséis de abril de dos mil veintiuno. c) De la C. Secretaria de Gobernación, se reclama el refrendo y la publicación del Decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día dieciséis de abril de dos mil veintiuno. d) Del Instituto Federal de Telecomunicaciones, se reclama todos los inminentes actos de aplicación o ejecución de las disposiciones contenidas en el decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, señalando de manera enunciativa más no limitativa, la Integración del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil en adelante PANAUT; los requerimientos que gire a las empresas concesionarias de telefonía móvil con el objetivo de ordenar el requerimiento de datos personales, incluyendo biométricos a los suscritos; la integración de nuestros datos personales, incluyendo biométricos, en el PANAUT; la cancelación de las líneas telefónicas móviles por la no incorporación de nuestros datos personales, incluyendo biométricos, en el PANAUT, o la negativa para otorgarnos una o varias líneas telefónicas móviles nuevas por la misma causa. e) La empresa de telefonía celular AT&T Comunicaciones Digitales, S. de R.L. de C.V., se reclama todos los inminentes actos de aplicación o ejecución de las disposiciones contenidas en el decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día dieciséis de abril de dos mil veintiuno, señalando de manera enunciativa más no limitativa, la solicitud de nuestros datos personales, incluyendo biométricos para ser integrados en el PANAUT; la cancelación de nuestras líneas telefónicas móviles por la no incorporación de nuestros datos personales, incluyendo biométricos, en el PANAUT, o la negativa para otorgarnos una o varias líneas telefónicas móviles nuevas por la misma causa. f) La empresa de telefonía celular Telcel o Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V., se reclama todos los inminentes actos de aplicación o ejecución de las disposiciones contenidas en el decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día dieciséis de abril de dos mil veintiuno, señalando de manera enunciativa más no limitativa, la solicitud de nuestros datos personales, incluyendo biométricos para ser integrados en el PANAUT; la cancelación de nuestras líneas telefónicas móviles por la no incorporación de nuestros datos personales, incluyendo biométricos, en el PANAUT, o la negativa para otorgarnos una o varias líneas telefónicas móviles nuevas por la misma causa. Así las cosas, con fundamento en la facultad derivada del artículo 48 de la Ley de Amparo y luego de examinar en su integridad el escrito de demanda, se considera este órgano jurisdiccional CARECE DE COMPETENCIA LEGAL para conocer del presente asunto. De los criterios para la fijación de competencia, cobra relevancia aquel relativo a la materia, pues existe un conjunto de reglas para la distribución de las competencias tratándose de Juzgados de Distrito especializados por diversas materias, previstos en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como diversos criterios de jurisprudencia y Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En efecto, mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de junio de dos mil trece, se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica. El artículo transitorio Décimo Segundo del Decreto en cita, establece lo siguiente: El Consejo de la Judicatura Federal deberá establecer Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, en un plazo no mayor a sesenta días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. El Consejo de la Judicatura Federal emitirá acuerdos de carácter general en los que se preverán la forma de asignación de los asuntos y la rotación de jueces y magistrados especializados que conocerán de los mismos, así como las medidas pertinentes para garantizar la independencia, objetividad e imparcialidad de los juzgados y tribunales a que se refiere el párrafo anterior. De lo anterior, así como de los artículos en cita, se advierte que el Consejo de la Judicatura Federal debía establecer Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito Especializados en Materia de Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones. Con base en tales obligaciones legales, en sesión de siete de agosto de dos mil trece, el Consejo de la Judicatura Federal aprobó el "ACUERDO General 22/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, y su transformación como Juzgados Primero y Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal, y jurisdicción territorial en toda la República. A la conclusión de funciones de los Tribunales Colegiados Segundo y Tercero de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región y su transformación como Primer y Segundo Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y jurisdicción territorial en toda la República. Así como su domicilio, fecha de inicio de funcionamiento y a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Órganos Jurisdiccionales indicados. Y al cambio de denominación de la oficina de correspondencia común del Centro Auxiliar de la Primera Región" el cual, en su considerando CUARTO y artículos SEGUNDO y SEXTO, determinó lo siguiente: CUARTO. Mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de junio de dos mil trece, se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de telecomunicaciones. El artículo transitorio Décimo Segundo del Decreto en mención indica que el Consejo de la Judicatura Federal deberá establecer tribunales colegiados de circuito y juzgados de distrito especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, en un plazo no mayor a sesenta días naturales contados a partir de la entrada en vigor de la reforma de mérito término que vence el diez de agosto del presente año. En cumplimiento a la norma constitucional, el Consejo de la Judicatura Federal en uso de sus facultades legales, mediante los acuerdos generales respectivos establecerá la creación de los nuevos órganos judiciales en materia administrativa especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, incorporando como elementos derivados de la norma suprema: La forma de asignación de los asuntos. La rotación de jueces y magistrados especializados que conocerán de los mismos. Así como las medidas pertinentes para garantizar la independencia, objetividad e imparcialidad de los juzgados y tribunales;" ARTÍCULO SEGUNDO. A partir del diez de agosto de dos mil trece el Juzgado Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, se transforma e inicia funciones como Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal, y Jurisdicción en toda la República, con la plantilla autorizada para ese órgano jurisdiccional. En esa misma fecha, el Juzgado Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, se transforma e inicia funciones como Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal, y Jurisdicción en toda la República, con la plantilla autorizada para ese órgano jurisdiccional. ARTÍCULO SEXTO. Los órganos judiciales que inician funciones tendrán jurisdicción territorial en toda la República y las atribuciones previstas en los artículos 37, fracciones I, inciso b), II, III, IV, V, VI, VII, VIII, y IX, 38 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y, serán especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. En relación con la competencia de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en la Ciudad de México y jurisdicción territorial en toda la República, es conveniente precisar que en la contradicción de tesis 5/2014 el Pleno de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, precisó los elementos que deben tomarse en consideración para determinar la competencia de esos juzgados especializados... Las reglas de competencia determinan que en el Juzgado o Tribunal Especializado se radiquen asuntos de una misma especie atendiendo a la naturaleza del reclamo y de la autoridad responsable lo que permite que los juzgadores que los integran tengan un mayor conocimiento sobre la materia correspondiente; y, en consecuencia, puedan resolver mejor y con mayor prontitud los asuntos que son sometidos a su conocimiento, a efecto de cumplir con el derecho fundamental de justicia pronta, completa e imparcial reconocido constitucionalmente. Conforme a este marco normativo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido diversos criterios relacionados con actos que pueden ser reclamados ante dichos órganos judiciales; por ejemplo, en la contradicción de tesis 348/2017, la Segunda Sala del Máximo Tribunal, determinó: (.) Al efecto, debe tenerse en cuenta que, al resolver la diversa contradicción de tesis 49/2015, esta Segunda Sala determinó que corresponde a los Juzgados de Distrito y a los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones conocer de los juicios de amparo y los recursos respectivos cuando el asunto de que se trata entraña el análisis de aspectos técnicos de la regulación de las materias de su especialidad, con independencia de la naturaleza del derecho que se aduce violado; tal como se advierte de la jurisprudencia 2a./J. 119/2015 (10a.), que se lee bajo el rubro: "ÓRGANOS JURISDICCIONALES EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LOS JUICIOS DE AMPARO O SUS RECURSOS CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA DECISIÓN ADOPTADA RESPECTO DE UNA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN."(2) Para arribar a tal conclusión, se precisó que, de acuerdo con la diversa jurisprudencia 2a./J. 24/2009,(3) la competencia por materia de los órganos jurisdiccionales especializados debe determinarse atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, la cual se puede establecer mediante el análisis de las prestaciones reclamadas, los hechos narrados, las pruebas aportadas, la invocación de preceptos legales en que se apoye la demanda y, en todo caso, prescindir del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule a las partes. Asimismo, se estableció que el derecho administrativo constituye el género relativo a la regulación del conjunto de normas jurídicas relacionadas con la organización, funcionamiento y atribuciones de la administración pública, en sus relaciones con los particulares y con otros organismos o instituciones de la administración; materia que, al ser sumamente amplia, requirió la creación de subespecialidades, como los son el derecho ambiental, propiedad intelectual, competencia económica, radiodifusión, telecomunicaciones, entre otras, respecto de las cuales se requieren conocimientos técnicos del juzgador para efecto de dilucidar la controversia. En ese contexto, se tomó en consideración que el objeto fundamental de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, acaecida en el mes de junio de dos mil trece, estriba en reglamentar el derecho económico regulatorio y dentro de éste el derecho de las telecomunicaciones, dejándose su aplicación a cargo de órganos autónomos, cuyas resoluciones sólo son impugnables vía juicio de amparo indirecto, destacándose la necesidad de que el conocimiento de esos asuntos corresponda a órganos jurisdiccionales especializados en la materia, con el objeto de evitar criterios contradictorios que complican la aplicación de la ley y generan incertidumbre jurídica, lo que también "permitirá que los juzgadores que resuelvan estas impugnaciones puedan especializarse para conocer los aspectos técnicos de la regulación en materia de competencia, telecomunicaciones y radiodifusión que, de suyo, reviste una alta complejidad." Así, se sostuvo que las razones que motivaron la creación de los referidos órganos jurisdiccionales, son: a) Aplicación efectiva de la materia de competencia económica y telecomunicaciones para lograr su mejor regulación y cumplir con sus objetivos. b) Agilidad en la resolución de los medios de impugnación. c) Evitar el abuso del sistema de justicia para frenar la regulación que busca reducir las prácticas monopólicas anticompetitivas. d) Evitar que prevalezca el interés particular sobre el social. e) Decisiones congruentes, así como evitar criterios contradictorios que compliquen la aplicación de la ley y generen incertidumbre jurídica. f) Crear órganos que conozcan de aspectos técnicos de alta complejidad. (.) Asimismo, en la contradicción de tesis 3/2018, dicha Sala concluyó: (.) En ese orden de ideas, en cuanto a la especialización en competencia económica, esta Suprema Corte de la Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 84/2016 (10a.), que derivó de los conflictos competenciales 1/2014, 84/2014, 265/2015, 9/2016 y 27/2016 dispuso que en atención a la reforma constitucional del once de junio de dos mil trece, es posible establecer que la competencia por materia en favor de los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, se surte en aquellos casos en que se debe dirimir una controversia en la que está involucrado el proceso de competencia y libre concurrencia, conforme el contenido del numeral 28 constitucional. Apuntó que se entiende por la primera la rivalidad que se genera entre empresas que contienden en un mercado para vender sus bienes o servicios y, por la segunda, el libre acceso de consumidores y productores en un mercado en condiciones de igualdad. La jurisprudencia en comento es visible en la Décima Época, «Gaceta del» Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Tomo II, agosto de 2016, materia común, página 1092, de rubro: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES. SON COMPETENTES PARA CONOCER, ENTRE OTROS SUPUESTOS, DE LOS ACTOS RECLAMADOS A LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA O AL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES. Por ende, los conflictos derivados de esta subespecialización de la materia administrativa deben ser analizados, estudiados y dirimidos por Jueces especializados en tal materia, en atención a la complejidad de los aspectos técnicos que ella implica, para dar consistencia y homogeneidad a los casos que se encuentren bajo la estipulación respectiva y así evitar criterios distintos y contradictorios. En ese sentido, en atención a la finalidad con la que se crearon dichos órganos especializados, para la resolución de esta contradicción de tesis se requiere determinar centralmente, la naturaleza de los actos reclamados, es decir, esclarecer si el análisis de la normatividad de tránsito mediante la que se regula el acceso y operación de las empresas de redes de transporte (ERT'S) al mercado de servicios de esa naturaleza, requiere conocimientos técnicos especializados en materia de competencia económica; al implicar en forma directa temas de libre concurrencia y competencia.(.) Asimismo, concretamente en el texto de la jurisprudencia, se determinó que para definir la competencia material de un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, no es determinante el carácter formal de la autoridad responsable, ya que dicho presupuesto procesal puede actualizarse cuando los actos reclamados dimanen de autoridades distintas a las creadas con motivo de la reforma constitucional publicada en el citado medio de difusión oficial, el once de junio de dos mil trece, siempre que, de la objetiva constatación de la naturaleza del acto, pueda colegirse que guarda relación con los temas propios de esa subespecialización, prescindiendo en todo momento de apreciaciones subjetivas planteadas por el quejoso en su demanda, pues de lo contrario, se corre el riesgo de que el justiciable participe en la delimitación de la competencia del Juzgado de Distrito, lo que representaría un perjuicio patente al principio de seguridad jurídica. De ahí que dicha competencia debe determinarse atendiendo primordialmente al análisis objetivo de la naturaleza del acto reclamado. Asimismo, es aplicable por su contenido la jurisprudencia 2a./J. 84/2016 (10a.), con registro 2012188 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 33, agosto de dos mil dieciséis, tomo II, materia común, página 1092, del siguiente rubro y texto: TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES. SON COMPETENTES PARA CONOCER, ENTRE OTROS SUPUESTOS, DE LOS ACTOS RECLAMADOS A LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA O AL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES. Para fijar la competencia por materia en el juicio de amparo debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. En ese sentido, además de lo sostenido en la tesis 2a./J. 119/2015 (10a.),* cuando se impugnen, entre otros supuestos, actos emitidos por la Comisión Federal de Competencia Económica o por el Instituto Federal de Telecomunicaciones relativos al uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, a las redes y a la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, a la libre competencia y concurrencia, a los actos relativos a la prevención, investigación y combate de monopolios y prácticas monopólicas, concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, la competencia se surte en favor del Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones; y cuando se reclame una resolución derivada de actos realizados por una autoridad administrativa, y tanto la naturaleza de la autoridad responsable como la del acto reclamado son administrativas, corresponde conocer del asunto a un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa sin que sea el Especializado. De lo anterior, se concluye que tratándose de los actos vinculados con los temas comprendidos en la demanda de amparo, se actualiza la competencia material de los Juzgados de Distrito especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. Destacándose que en el caso no se controvierten actos concretos de aplicación, sino disposiciones legales específicas de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Y lo que considera su aplicación inminente. Por tales razones y atendiendo a que el hecho de que en el juzgado especializado se radiquen asuntos de una misma rama del derecho, permite, como ya se dijo, que el juzgador tenga un mayor conocimiento sobre la materia correspondiente y, en consecuencia, pueda resolver mejor y con más prontitud los asuntos que son sometidos a su conocimiento, a efecto de cumplir con los derechos a una justicia pronta, completa e imparcial establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se estima que como se anticipó, la competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, corresponde a la competencia de un Juez de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en la Ciudad de México. Apoya la anterior determinación, la jurisprudencia XXXIII.CRT. J/4 A (10a.), sustentada por el Pleno de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, consultable en la página 1746, Libro 16, marzo de 2015, Tomo II, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO PRIMORDIALMENTE AL ANÁLISIS OBJETIVO DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO. De la intelección de los artículos 28, vigésimo párrafo, fracción VII, 107, fracción IV, y 94, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 37 de la Ley de Amparo, en relación con los puntos sexto y octavo del Acuerdo General 22/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2013, se obtiene que, para definir la competencia material de un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, no es determinante el carácter formal de la autoridad responsable, ya que dicho presupuesto procesal puede actualizarse cuando los actos reclamados dimanen de autoridades distintas a las creadas con motivo de la reforma constitucional publicada en el citado medio de difusión oficial, el 11 de junio de 2013, siempre que, de la objetiva constatación de la naturaleza del acto, pueda colegirse que guarda relación con los temas propios de esa subespecialización, prescindiendo en todo momento de apreciaciones subjetivas planteadas por el quejoso en su demanda, pues de lo contrario, se corre el riesgo de que el justiciable participe en la delimitación de la competencia del Juzgado de Distrito, lo que representaría un perjuicio patente al principio de seguridad jurídica; de ahí que dicha competencia debe determinarse atendiendo primordialmente al análisis objetivo de la naturaleza del acto reclamado. En las anteriores circunstancias, este Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz se declara legalmente incompetente por razón de materia para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo y además en los Acuerdos Generales 3/2013 y 22/2013, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. De ahí que deban remitirse los autos originales que conforman este sumario, a la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en la Ciudad de México que brinda servicio a dichos Juzgados Especializados, de inmediato y en aras de una justicia pronta y expedita que tutela el artículo 17 constitucional. En esa medida, se solicita atentamente al juez declinado acuse recibo, precisando si acepta o no la competencia planteada, conforme al artículo 48 de la Ley de Amparo. Asimismo, con copia certificada del escrito de demanda relativo y autógrafa de este acuerdo, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. AUTORIZADOS. Atendiendo a la certificación de cuenta téngase por autorizada únicamente para oír y recibir notificaciones en términos del numeral 12 de la Ley de Amparo a **********, por no estar registrada, como se advierte de la certificación de cuenta. DOMICILIO. Se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. Conforme al artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, las notificaciones se le realizarán electrónicamente en el "Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación", bajo los términos que establece el artículo 55, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Se comunica a las partes, con fundamento en los artículos 1 a 16, 66, fracción II, 68, 71 y 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal), que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio, constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en la fracción V del artículo 110 de la ley federal citada; en la inteligencia que de existir alguna oposición en términos del artículo 117 de dicha ley y 8 del reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Tomando en consideración que no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna. En el entendido que para tales efectos se deberá atender al sistema de citas, previsto en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte. UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN. La referencia al salario mínimo como unidad de cuenta a que se haga referencia en el presente sumario, estará sujeta al Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el sentido que éste debe entenderse como Unidad de Medida y Actualización cuyo cálculo se encuentra regulado de acuerdo al procedimiento previsto en los numerales 3, 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, y su valor vigente fue establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de conformidad al numeral 23 fracción XX Bis de su Reglamento Interior, publicado el ocho de enero de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor a partir del uno de febrero siguiente. DÍAS Y HORAS HABILITADOS. Con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. JUICIO EN LÍNEA. En términos del numeral 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, al cual se puede ingresar desde la liga: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/. En el cual, conforme al diverso artículo 29 del citado Acuerdo, es necesario que, por sí o a través de sus representantes o autorizados con facultades expresas para hacerlo, soliciten mediante promoción física o electrónica desde el propio Portal, la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. En el entendido que quienes actualmente actúen en un expediente bajo el modelo tradicional, pueden en cualquier momento transitar hacer el modelo de juicio en línea. La actuación por este medio requiere la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Además, se les invita propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea (p. ej. la aplicación WhatsApp), tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. En el entendido que con la entrada en vigor del Acuerdo General 21/2020 citado, solo se atenderán las promociones de las partes que cuenten con firma autógrafa presentadas a través de las Oficialías de Partes Comunes o electrónica recibidas a través del portal respectivo del Poder Judicial de la Federación. Por cuanto al correo electrónico y número telefónico para la aplicación WhatsApp que menciona, se toma nota de los mismos únicamente para comunicaciones no procesales. AUTORIZACIÓN PARA CONSULTAR EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. La parte quejosa solicita se le permita tener acceso a la consulta del expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa, a través del "Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación", con el usuario: ***********. Al efecto se provee: a) Se faculta al personal adscrito autorizado, para que proceda a realizar las gestiones necesarias ante los órganos correspondientes del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de habilitar la autorización que se solicita, por el medio mencionado, relativa al expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa. b) En caso ser factible lo anterior, habilítese a la persona que refiere para que conforme a los lineamientos recibidos por las instancias administrativas competentes del Consejo de la Judicatura Federal, pueda acceder vía internet a este juicio de amparo. Notifíquese personalmente a los encargados del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y electrónicamente a la parte quejosa...".

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