Ana María Bendimez Barradas
Expediente 157/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 157/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 07/03/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Ana María Bendimez Barradas
Actuaciones
- Principal
Visto; el estado procesal que guarda el presente asunto, así como la certificación secretarial que antecede, de los que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término a que alude el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el proveído en el que se desechó la demanda de amparo a que este juicio se refiere, sin que la parte quejosa lo hubiere hecho. En consecuencia, se declara que el referido acuerdo ha causado estado, y remítase físicamente al archivo el presente asunto.
- Principal
Notificación personal.
- Principal
"...Fórmese expediente y regístrese con el número 157/2017-I en el Libro Uno de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, y realícense las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, previamente a que este órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de emitir un pronunciamiento sobre la demanda que se intenta, se hace necesario reproducir el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo. De la lectura íntegra de la demanda, se advierte que el promovente señala como acto reclamado: ". la inconstitucional orden de desalojo con auxilio de la fuerza pública decretada en perjuicio de la suscrita quejosa, dentro de los autos del Juicio Ordinario Mercantil número ********** del índice del Juzgado **********, Ver., promovido en mi contra inicialmente por el **********, teniendo entendido que actualmente es seguido por la **********, respecto del inmueble ubicado en **********, sin que se hayan cumplido las formalidades del procedimiento lo que me ocasiona perjuicios de imposible reparación." Precisado lo anterior, del contenido íntegro de la demanda se advierte que la promovente se duele de la orden de desalojo respecto del inmueble ubicado en la ********** del índice del juzgado señalado como responsable, en el que es parte demandada pues en la sentencia emitida por ese juzgador fue absuelta de las prestaciones que le fueron reclamadas; sin embargo, inconforme con dicha resolución la contraparte interpuso recurso de apelación, en la cual se revocó la sentencia y se condenó a la aquí quejosa, y en la sección de ejecución adjudico el inmueble del cual ahora se ordena su desalojo. Expresiones las anteriores que, para el suscrito adquieren el carácter de una confesión rendida en términos de lo dispuesto por el artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo. Así, para este juzgado federal el acto que combate el impetrante del amparo, en modo alguno se trata del último acto, situación que origina la improcedencia del juicio de amparo que se intenta, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción III de la Constitución Federal y 107, fracción IV, párrafo segundo de la Ley de Amparo. En mérito de lo expuesto, el suscrito estima que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV de la Ley de Amparo Lo anterior es así, debido que los actos que reclama la quejosa no constituyen la última resolución pronunciada en la etapa de ejecución del referido procedimiento civil de ejecución, acorde a lo dispuesto por el artículo 107, fracción IV, párrafo segundo de la Ley de Amparo, que establece que cuando se trata de actos de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Así, conforme a lo dispuesto por el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo transcrito, se puede sostener como lo hizo el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que como presupuesto para la procedencia del juicio constitucional en la vía indirecta, y la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, es necesario que se reclame la última resolución emitida en dicha etapa, con la finalidad de evitar abusos del juicio de amparo, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra tales violaciones, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, y que por tal debe entenderse aquella en la que se aprueba o se reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo a lo dispuesto en el referido artículo 107 de la ley de la materia. En ese orden de ideas y toda vez que el acto reclamado por la parte quejosa, consistente en la inconstitucional orden de desalojo con auxilio de la fuerza pública dentro de los autos del juicio ordinario mercantil ********** del índice del juez que señala como responsable (el desalojo del inmueble ubicado en la calle**********), es inconcuso se trata de un acto dictado en el procedimiento de ejecución, circunstancia que, en la especie, hace patente un motivo manifiesto e indudable de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, relativo a que cuando se trate de violaciones cometidas en el periodo de ejecución, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo. Se dice lo anterior, pues se advierte que el acto reclamado, es de aquellos que se realizan con posterioridad a la resolución del procedimiento natural, y se origina dentro del procedimiento de ejecución, acto que, dicho sea de paso, se encuentra directamente encaminado a ejecutar la sentencia que resolvió el procedimiento de origen; por tanto, las actuaciones intermedias originadas dentro del periodo de ejecución, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional de forma autónoma, sino que en todo caso, pueden impugnarse una vez que se emita la última resolución en ejecución de ese fallo; entendida como aquella que lo declara cumplido, o la que decreta la imposibilidad material o jurídica para cumplirlo, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, y no contra actos aislados e intermedios como el que es fuente de reclamo en la presente instancia constitucional; aunado a que al tenor del fundamento legal mencionado, la parte quejosa puede, de considerarlo pertinente, al momento de impugnar la última resolución del procedimiento de ejecución, inconformarse en contra de todas aquellas violaciones que durante el procedimiento respectivo se hayan cometido en su perjuicio y que la hayan dejado sin defensa; razones legales por las que se insiste en la improcedencia de la presente demanda de amparo. Del mismo modo, tampoco se está frente a actos de imposible reparación, ya que el acto tildado de inconstitucional no es de aquellos que de manera directa e inmediata afecten algún derecho sustantivo en detrimento del impetrante, si no que se trata de un acto procesal cuya finalidad estriba en ejecutar el fallo, dentro de un procedimiento en el que evidentemente la quejoso intervino. Por tanto, al no estar en el supuesto de procedencia del amparo indirecto que establece el aludido numeral 107, fracción IV, segundo párrafo de la ley de la materia, lo que procede, con apoyo además, en el dispositivo 113 de la ley en cita, es DESECHAR la demanda de amparo, por su notoria e indudable improcedencia...".
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