Ana Marcela Cornelio Ferrer
Expediente 947/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 947/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 08/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Ana Marcela Cornelio Ferrer
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, ocho de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se declara que el auto que desechó la demanda de amparo ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Archívese como asunto concluido. Hágase la anotación de rigor en el libro de gobierno respectivo y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. No existe razón para que continúen a disposición de esta autoridad los documentos exhibidos por la parte quejosa con el escrito de demanda. Se ordena la devolución. Requiérasele comparezca a recibirlos. Se le concede un plazo de noventa días hábiles, con el apercibimiento que, de no recogerlos, correrán la suerte del expediente. En el entendido que para tales efectos se deberá atender al sistema de citas previsto en el artículo 258 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas Disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Fórmese expediente con la demanda de amparo indirecto promovida por ***, contra actos del 1. Subdirector de Substanciación de Responsabilidades Administrativas del Órgano de Control Interno del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Veracruz, Veracruz y otra autoridad. Regístrese con el número 947/2022-VII que le correspondió. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar el escrito de demanda. De encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. De la lectura integral de la demanda se advierte la impetrante reclama esencialmente: La resolución administrativa de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, dictada en el expediente ***, en la que se determinó la existencia de responsabilidad administrativa, a cargo de *** y diversa persona, por lo que se impuso una sanción administrativa prevista en el artículo 75, fracción III de la Ley General de Responsabilidad Administrativas consistente en la destitución de su empleo como Oficial Operativo de la Dirección de Tránsito y Vialidad del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Veracruz. Así como su ejecución. La cual anexa a su escrito de demanda. De la que refiere tuvo conocimiento el dieciocho de octubre del presente año. Es improcedente el juicio de amparo en términos de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XX, de la ley de la materia cuando: 1. Exista un medio de defensa o juicio en virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto reclamado. 2. Que la ley que establece ese medio de defensa o juicio brinde la posibilidad de suspender la ejecución del acto reclamado con los mismos alcances que prevé la Ley de Amparo. 3. Que esa ley no exija mayores requisitos que la ley de la materia para la suspensión definitiva. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo consiste en la carga del impetrante de amparo de agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la legislación reguladora del acto reclamado, que pueden conducir a la revocación, modificación o anulación de este. Ahora, el artículo 280, fracción IX, del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, establece: "Artículo 280. Procede el Juicio Contencioso en contra de: (.) IX. Actas circunstanciadas que decidan la remoción de los miembros de las Instituciones de Seguridad Pública en el Estado; (.)" Por su parte, el precepto 5, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa establece, entre otras cuestiones, que el Tribunal es competente para dirimir las controversias entre la administración pública estatal o municipal y los particulares, así como entre los Organismos Autónomos y los particulares. Imponer las sanciones a los servidores públicos estatales o municipales por las responsabilidades administrativas que la Ley General de Responsabilidades Administrativas determine como graves. Asimismo, conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos, conforme a la fracción XVI, las señaladas en el citado ordenamiento jurídico y otras leyes como competencia del Tribunal (el Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, entre otros). En el penúltimo párrafo del numeral 5 en comento prevé que, para los efectos del primer párrafo de ese artículo, por resoluciones se considerarán definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea optativa o cuando violen garantías judiciales. Conforme a lo anterior, lo aquí reclamado (acto administrativo) se ubica en la hipótesis del artículo 280, fracción IX del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz. Medio de defensa a través del cual puede ser modificado, revocado o nulificado. Motivo por el cual la parte quejosa debió impugnarlo a través del juicio contencioso a fin de satisfacer el principio de definitividad que rige al amparo. A su vez, de conformidad con los arábigos 305, 305 bis y 306 del citado código administrativo del Estado -reformados en términos de la publicación en la Gaceta Oficial del Estado el diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete-, para la suspensión de la ejecución del acto administrativo no se exigen mayores requisitos que los previstos en la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Asimismo, el citado código local establece que la suspensión podrá concederse con efectos restitutorios siempre que proceda el otorgamiento de la medida cautelar genérica, cuando se trate de actos que afecten a particulares de escasos recursos, o bien, cuando a criterio de la Sala sea necesario otorgarle estos efectos con el objeto de conservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables. Por ende, no se actualiza la excepción al principio de definitividad previsto en la fracción XX del artículo 61 de la ley de la materia. En virtud de lo anterior, al no haber interpuesto la parte promovente el juicio contencioso administrativo previamente a la formulación del presente juicio constitucional y ser factible la suspensión de los efectos de los actos reclamados ante la potestad común sin mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo, el juicio de amparo deviene improcedente. Sin dejar de mencionar en el acto reclamado se mencionó en sus resolutivos la posibilidad de acudir a un diverso recurso (revocación). Previsto en el artículo 210 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Situación que es incluso optativa para la agraviada. Pero que no implica que si decide no agotarlo, tampoco deba hacerlo respecto al juicio contencioso ya citado. Mismo que debe ser interpuesto y resuelto para estar en aptitud de promover, si persistiera la situación de agravio, el juicio constitucional. Todo esto basado en el principio de definitividad. En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda origen de este asunto, al encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. DOMICILIO. De acuerdo con el artículo 27 de la ley reglamentaria, téngase como domicilio para recibir notificaciones de la parte quejosa, el que indica. AUTORIZADOS. Con base en la certificación de cuenta, se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de la materia a *** y ***. Y en términos restringidos a los pasantes en derecho que menciona en su escrito de demanda. (...). Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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