Ana Luisa Rodríguez Valladares

Expediente 188/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 14 actuaciones registradas, la última del 24 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
188/2020
Año
2020
Actuaciones
14
Última actuación
24/09/2021

Partes del expediente

  • ANA LUISA RODRÍGUEZ VALLADARES y Otros.
  • Ana Luisa Rodríguez Valladares

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos lo de cuenta. Con el registro 7398, el autorizado de la parte quejosa desahoga la vista concedida en acuerdo de nueve de septiembre de dos mil veintiuno y realiza manifestaciones sobre el cumplimiento informado por la responsable respecto de la ejecutoria de amparo emitida por la Superioridad. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO. Consecuentemente, se determina que con el actuar de la responsable, en los términos antes apuntados, con fundamento en los artículos 77, fracción I, y 196 de Ley de Amparo, el fallo protector ha quedado cumplido. Hágase la anotación de rigor en el libro de gobierno respectivo. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Archívese el presente asunto como concluido. DOCUMENTOS. En este orden, no existe razón para que continúen a disposición de esta autoridad los documentos exhibidos por la parte impetrante. Se ordena la devolución. Requiérasele a fin que comparezca a recibirlos. Se le concede un plazo de noventa días hábiles, con el apercibimiento que de no recogerlos correrán la suerte del expediente. En el entendido que, como se estableció en proveído de treinta de abril del año en curso, se deberá atender al sistema de citas previsto en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte. Por cuanto al escrito registrado con el folio 7399, téngase señalado: - Como lugar para recibir notificaciones únicamente el despacho jurídico Corporativo MORCARR & ASOCIADOS ubicado en Juan Enríquez número novecientos setenta y nueve (979), entre 20 de Noviembre y Carmen Serdán, colonia Flores Magón, Veracruz, Veracruz. Las subsecuentes deberán realizarse en dicha dirección. No así las restante, ya que la ley no autoriza proceder en esos términos. - Se tiene el correo electrónico y números telefónicos ahí referidos como medios de comunicación no procesal. - En cuanto a la designación de autorizados, no ha lugar acordar favorable la pretensión del promovente. Lo anterior, en razón que si bien está facultado ampliamente en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, dicho precepto dispone quedará facultado para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un tercero. De ahí que es improcedente su solicitud. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    "...Boca del Río, Veracruz, nueve de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio con que el representante y apoderado legal del Instituto Mexicano del Seguro Social en nombre y representación del 3. Director del Hospital General de Zona Unidad Medicina Familiar Número 36, residente en Ciudad Cardel, Veracruz, informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida en el presente sumario y remite las constancias. En ese sentido, con fundamento en lo previsto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, con copia del oficio que se provee y sus anexos, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, a efecto de que manifieste lo que a su interés convenga. Apercibida que de no desahogarla, este órgano jurisdiccional, tomando en consideración los elementos que obren en el expediente, así como los datos aportados sobre el cumplimiento resolverá si estas cumplieron o no el fallo protector o si lo hicieron en exceso o defecto. Notifíquese personalmente...".

  3. Principal

    "Boca del Río, Veracruz, veinticinco de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte la responsable 3. Director del Hospital General de Zona Unidad Medicina Familiar Número 36, residente en Ciudad Cardel, Veracruz -contra cuyo acto se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal- no ha dado cumplimiento al fallo protector dictado en este juicio de amparo, dentro del término concedido según requerimiento de doce de agosto de la presente anualidad, a pesar de estar debidamente notificada. En consecuencia, con apoyo en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, requiérasele para que en el término de tres días, cumpla con el fallo protectriz emitido por la Alzada, esto es, asegurarse que a la quejosa se le continuará otorgando tratamiento y medicinas. Emita el oficio en el que ordene en lo sucesivo se otorgue sin excusa ni pretexto el servicio de salud a la hoy recurrente, hasta la conclusión (alta) de la patología diagnosticada. Incluyendo toda aquella consulta y tratamiento posterior que requiera o llegara a necesitar relacionada con la dolencia que motivó el origen de este juicio constitucional. Pues el presente asunto se ocupó del derecho humano a la salud que el Estado está obligado a garantizar (derecho social) ejercido por la quejosa. Precisión que se realiza en aplicación del artículo 193 de la Ley de Amparo para alcanzar el objetivo de protección de la justicia que imprimió el Tribunal Colegiado de Circuito a su ejecutoria amparadora. Obiter dictum. Como se ha dejado asentado, el reclamo en el juicio constitucional en que se actúa versa sobre el derecho a la salud, el cual está tutelado en el artículo 4 de la Carta Magna, en su cuarto párrafo. De acuerdo al padecimiento que sufre la disidente requiere un seguimiento pleno, hasta en tanto sea dada de alta definitivamente. Lo que conlleva cualquier atención posterior que surgiera respecto a su estado de salud relacionado con dicho padecimiento. Razón para la que se ha concedido el amparo y protección de la Justicia Federal a la hoy impetrante. Notifíquese..."

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, doce de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito con que el autorizado de la parte quejosa desahoga la vista concedida en acuerdo de dos de agosto pasado y realiza manifestaciones respecto al cumplimiento informado por la responsable respecto de la ejecutoria de amparo emitida en el presente sumario. De las constancias que integran los presentes autos se advierte: Por acuerdo de dos de agosto de dos mil veintiuno, se dio vista a las partes con el oficio [con anexo] con que el representante y apoderado legal del Instituto Mexicano del Seguro Social en nombre y representación del 3. Director del Hospital General de Zona Unidad Medicina Familiar Número 36, residente en Ciudad Cardel, Veracruz, informó el cumplimiento dado a la ejecutoria amparadora. Se les apercibió para el caso de no hacer manifestación alguna, se resolvería con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados. El autorizado del quejoso expresó su inconformidad. Por tanto, se provee: El acto reclamado se hizo consistir en: - LA FALTA DE ATENCIÓN MÉDICA Y DILACIÓN GRAVE QUE PONE EN RIESGO INMINENTE Y CIERTO LA SALUD Y LA VIDA DE LA SUSCRITA, AL NO FIJARME NINGUNA CITA PARA MI (SIC) ATENDERME; A PESAR QUE TENGO EL RIESGO DE ESTAR ENFERMA POR CONTAMINACIÓN POR ENERGÍA NUCLEAR. Substanciado el juicio de amparo en que se actúa, por sentencia terminada de engrosar el trece de noviembre de dos mil veinte, este Juzgado sobreseyó en el presente juicio de amparo. Inconformes con el sentido de dicho fallo Ricardo Morales Carrasco, autorizado de la quejosa Ana Luisa Rodríguez Valladares promovió revisión y María de Lourdes Cuéllar Martínez delegada de las responsables 1. Director General y 2. Director General de Prestaciones Médicas, ambas del Instituto Mexicano del Seguro Social interpuso recurso adhesivo. Por razón de turno correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, que lo radicó con el número de toca 4/2021. Al resolver, revocó la sentencia y concedió la protección constitucional para el efecto que la autoridad responsable cumpliera lo siguiente: 1. En cumplimiento a la obligación estatal de garantizar el derecho a la salud de la quejosa, la autoridad responsable "Director del Hospital General de Zona Número 36, con sede en Cardel, Veracruz del Instituto Mexicano del Seguro Social", dentro del ámbito de sus atribuciones, proporcione a la quejosa, de manera integral y completa el tratamiento y los medicamentos necesarios para tratar la afección que dice padece. 2. En el caso de que sea necesario realizar aclaraciones respecto a la documentación de la beneficiaria, se realice sin suspenderse la atención médica y el suministro de medicamentos necesarios para preservar su salud. En proveído de seis de julio de dos mil veintiuno, se requirió a la responsable para que en el improrrogable término de tres días, contado a partir de que le fuera notificado dicho acuerdo, justificara haber acatado al fallo protector. Reiterado en acuerdo de quince de julio de esta anualidad. Mediante comunicado recibido el treinta de julio pasado, el representante y apoderado legal del Instituto Mexicano del Seguro Social en nombre y representación del 3. Director del Hospital General de Zona Unidad Medicina Familiar Número 36, residente en Ciudad Cardel, Veracruz, informó el cumplimiento dado a la sentencia amparadora. Así, por acuerdo de dos de agosto de dos mil veintiuno, se dio vista a las partes a fin de que manifestaran lo que a su interés legal conviniera. Proveído que se notificó en términos de las constancias agregadas en autos. Fenecido el plazo correspondiente, la parte quejosa hizo las manifestaciones que consideró convenientes. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO. En ese orden de ideas, impuesto de las constancias que integran el sumario constitucional en que se actúa, se advierte que el representante y apoderado legal del Instituto Mexicano del Seguro Social en nombre y representación del 3. Director del Hospital General de Zona Unidad Medicina Familiar Número 36, residente en Ciudad Cardel, Veracruz, localizó a Ana Luisa Rodríguez Valladares con NSS 6591732094 y programó citas a las especialidades que habían quedado pendientes de valorar por el cierre de servicios secundario a la pandemia COVID 19, programó consulta al servicio de medicina interna, otorrinolaringología y realizó envió a la subespecialidad de neumología, se otorgó tratamiento médico y solicitó estudios de laboratorio complementarios para seguimiento por su patología. Sin embargo, la autoridad responsable no acompaña al oficio de cuenta comunicación alguna en la que se advierta de manera fehaciente en lo sucesivo se otorgue sin excusa ni pretexto el servicio de salud a la hoy quejosa y le entreguen medicamentos -de manera puntual y periódica- hasta la conclusión (alta) del padecimiento diagnosticado en comento. Incluyendo toda consulta y tratamiento posterior que requiera o llegara a necesitar relacionada con el padecimiento que motivó el origen de este juicio constitucional. Por su parte, el autorizado de la quejosa refiere la atención médica efectivamente ha sido limitada, aunado al hecho que el padecimiento de la quejosa requiere atención médica periódica. Sin que exista constancia en la que la responsable garantice dicho servicio será de forma interrumpida y cumpliendo los protocolos correspondientes con base en el diagnóstico realizado. Así, es dable concluir que la autoridad responsable no ha justificado acatar en sus términos la sentencia amparadora en que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a Ana Luisa Rodríguez Valladares. En virtud de lo anterior, al no estar cumplido el fallo protector en sus términos, se requiere al 3. Director del Hospital General de Zona Unidad Medicina Familiar Número 36, residente en Ciudad Cardel, Veracruz, para que en el término de tres días, contado a partir de que sea notificado de este acuerdo cumpla a cabalidad la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, esto es, a fin de asegurar a la quejosa se continuará otorgando tratamiento y medicinas, emita el oficio en el que ordene en lo sucesivo se otorgue sin excusa ni pretexto el servicio de salud a la hoy recurrente, hasta la conclusión (alta) de la patología diagnosticada en comento. Incluyendo toda aquella consulta y tratamiento posterior que requiera o llegara a necesitar relacionada con la dolencia que motivó el origen de este juicio constitucional. Pues el presente asunto se ocupó del derecho humano a la salud que el Estado está obligado a garantizar (derecho social) ejercido por la quejosa. Precisión que se realiza en aplicación del artículo 193 de la Ley de Amparo para alcanzar el objetivo de protección de la justicia que imprimió el Tribunal Colegiado de Circuito a su ejecutoria amparadora. En el entendido que de no hacerlo dentro del plazo concedido, se le impondrá multa de cien días de salario mínimo general y remitirá el presente expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y consignación ante la autoridad competente. Obiter dictum. Como se ha dejado asentado, el reclamo en el juicio constitucional en que se actúa versa sobre el derecho a la salud, el cual está tutelado en el artículo 4 de la Carta Magna, en su cuarto párrafo. De acuerdo al padecimiento que sufre la disidente requiere un seguimiento pleno, hasta en tanto sea dada de alta definitivamente. Lo que conlleva cualquier atención posterior que surgiera respecto a su estado de salud relacionado con dicho padecimiento. Razón para la que se ha concedido el amparo y protección de la Justicia Federal a la hoy impetrante. Resulta importante hacer notar a la autoridad responsable (3) que de no acatar este mandato puede incurrir en la conducta que establece los artículos 199, 267, fracciones I y II, así como el 269 de la Ley reglamentaria. Lo que se trae a colación, debido a que la autoridad no debe perder de vista que en caso de negar el acceso a la salud, que el Estado está obligado a otorgar a la hoy quejosa, podrá ser sujeta a las multas que procedan y remitidos los autos al Tribunal Colegiado de Circuito. Lo cual se le notificara y, en su caso, a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo, en términos de lo establecido en el numeral 193 de la Ley de Amparo. Incluso ser sujeta responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados por no cumplir, eludir el cumplimiento de la sentencia de amparo o repetir el acto reclamado, como lo prevén los preceptos 267 y 269 del mismo cuerpo de leyes. Lo que puede concluir en la aplicación de la sanción penal de cinco a diez años de prisión. Notifíquese.

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