Ana Lilia Olvera Delgado
Expediente 1009/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1009/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 28/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Ana Lilia Olvera Delgado
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de los autos se advierte que transcurrió el término legal a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera la determinación de trece de noviembre del año en curso, que desechó de plano su demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, según su artículo 2, se declara que dicho acuerdo ha causado estado para todos los efectos legales conducentes. Archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, el presente expediente es susceptible de destrucción; una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión. Por otra parte, toda vez obra un documento original que la parte quejosa allegó a su demanda de amparo, acorde con lo previsto en el párrafo tercero del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, prevéngasele para dentro del plazo de noventa días, acuda a este juzgado a recogerlo; apercibida que de no hacerlo éste podrá ser destruido junto con el expediente.
- Principal
Ratificación de firma y desahogo de prevención. Vista la comparecencia que antecede a través de la cual la quejosa *********, ratifica el escrito presentado el ocho de noviembre actual ante este órgano jurisdiccional, registrado con el número 12987. En razón de lo anterior, se tiene al parte quejosa desahogando en tiempo y forma la prevención formulada en proveído de veintiocho de octubre del año en curso. Desechamiento. Ahora, del análisis integral de la demanda, así como del escrito aclaratorio y anexos relativos, se advierte una causal de improcedencia y es menester establecer que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y como en el caso el ocurso aclaratorio y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Tal norma, impone la obligación al juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por los promoventes o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que las partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Decimotercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, tomo XX, septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". En ese sentido, del análisis que se efectúa al ocurso de cuenta y a la demanda de amparo, se desecha de plano la demanda. Se explica: De los antecedentes del acto reclamado, se advierte que en la especie se actualiza un motivo legal que torna improcedente el presente juicio constitucional; lo que se hace valer de oficio, por así disponerlo el artículo 62 de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". En el caso, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;". El referido precepto alude a uno de los principios fundamentales que rigen la procedencia del juicio de amparo, el de definitividad. Dicho principio, consistente en que por tratarse el amparo de un medio extraordinario de defensa, solo puede acudirse a él cuando previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. Para su actualización, la causal invocada requiere que: a) El acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo. b) La ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Ese recurso o medio de defensa sea factible de ejercitar dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; d) Por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y e) No se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto o cualquier otra parte de la ley. Lo anterior patentiza que el recurso que debe tener a su alcance la parte quejosa para impugnar la resolución del tribunal judicial, administrativo o del trabajo, es el que se otorga dentro del procedimiento del que proviene el acto reclamado, es decir, un recurso ordinario, por el cual se pueda revocar, nulificar o modificar la resolución impugnada; de ahí que, se reitera, el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede en contra de actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar el amparo y protección constitucional. Ahora bien, con el objeto de demostrar por qué se estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, se narran los antecedentes del acto reclamado, así como de las documentales que se allegaron al escrito de cuenta, se advierte: Que dentro del juicio oral familiar F2018/2015 del índice del Juzgado Civil de Partido Especializado en Materia Familiar, la quejosa en representación de su menor hijo de iniciales A.R.O. -parte actora en el procedimiento de origen-, y el aquí tercero interesado ********** -demandado en el citado procedimiento-, en audiencia de veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, celebraron convenio respecto de la guarda y custodia, así como de los alimentos del citado menor, dentro del que destaca la cláusula quinta, que dice: "QUINTA.- Las partes convienen que en lo correspondiente al concepto de gastos escolares acuerdan lo siguiente: **********, cubrirá en razón del 100 cien por ciento el pago de colegiaturas y el pago de todas las clases extracurriculares que curse o vaya a cursar su menor hijo.- **********, cubrirá en razón del 100 cien por ciento el pago de libros, inscripciones, reinscripciones, uniformes y material escolar de su menor hijo." Que el tercero interesado promovió incidente de ejecución de convenio, al cual no se le dio trámite como incidente, pero al resolverse en diecinueve de septiembre del año en curso, la responsable no tomó en cuenta lo manifestado por las partes y pretende hacer la ejecución de un convenio sin seguir las formalidades del procedimiento. En contra del anterior proveído la quejosa interpone recurso de apelación, el que no se admite a trámite, por lo que el veinticinco de septiembre de la presente anualidad, impugna esa determinación mediante el recurso de denegada apelación -el cual hasta la fecha de presentación de la demanda se encontraba pendiente de resolución-. Que no obstante ello, por acuerdo de siete de octubre de dos mil diecinueve (el cual se tiene a la vista pues se adjuntó copia certificada del mismo al escrito aclaratorio) el juez responsable requirió a la hoy quejosa ******** para entre otras cosas: En el término de tres días, cubriera la cantidad de ***** pesos a *****, por concepto de gastos erogados con motivo del cambio de escuela de su menor hijo. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se dictaría auto de ejecución. Para que permitiera las convivencias de su menor hijo con su padre. Con apercibimiento de multa, así como de que se procedería a autorizar al actuario para que verificara las convivencias, dando las bases con ello a decretar un cambio de custodia. De manera inmediata presentara al menor en la institución educativa denominada Instituto Andersen de esta ciudad. Apercibiéndola de que no hacerlo se haría acreedora a una multa de quince unidades de medida y actualización vigente en el Estado. Ante la falta de cumplimiento al requerimiento relativo a la presentación del menor en la institución educativa en comento, mediante acuerdo de once de octubre de la presente anualidad, se hace efectivo el apercibimiento de multa contenido en el diverso proveído de siete de octubre pasado, y se le conmina nuevamente para que dentro del término de tres días justifique que el niño está acudiendo a dicha institución a recibir su educación básica. Y se le apercibe que de ser omisa en presentar al menor en la escuela referida, se daría vista al ministerio público para que iniciara la carpeta de investigación por desacato a un mandato de autoridad. Finalmente, por acuerdo de veintiuno de octubre del año en curso, se despacha ejecución en contra de la aquí quejosa, ordenando requerirla en el domicilio ubicado en calle Camino a Jofre, número 201, casa 16, letra A, Fraccionamiento Floresta del sur del municipio de Celaya, para que de inmediato acredite el pago de ***** por concepto de gastos erogados con motivo del cambio de escuela de su menor hijo y de no hacerlo en el acto de la diligencia se embarguen bienes que garanticen el pago de referencia, autorizando el uso de la fuerza pública; de igual forma, ante el incumplimiento voluntario de la multa impuesta en auto de once de octubre de la presente anualidad, se hizo efectivo el apercibimiento ahí contenido y se ordenó girar oficio a la oficina recaudadora de esta ciudad, para que proceda a realizar el cobro coactivo de la mencionada multa (este es el acto reclamado). Resulta importante destacar que de las manifestaciones vertidas por la parte promovente, bajo protesta de decir verdad, hacen prueba plena en términos del artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2, se desprende que es parte formal dentro del juicio de origen, pues es la actora. Ahora bien, en virtud de que el acto reclamado emana de un juicio oral familiar, resulta pertinente destacar que, respecto a tal procedimiento, en los artículos 891 a 897 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, están previstos los medios de defensa -revocación, apelación y denegada apelación para actos desarrollados dentro de las audiencias. En cambio, para todos aquellos proveídos dictados durante el procedimiento, se regulan los medios de impugnación conforme a los artículos 232 al 262 del mismo cuerpo normativo, en los que se estipulan las reglas aplicables para la revocación, apelación y denegada apelación. En el caso que nos ocupa, la parte quejosa reclama en forma destacada: El auto dictado el veintiuno de octubre del año en curso, dentro del juicio familiar F2018/2015 del índice del Juzgado Civil especializado en Materia Familiar de este partido judicial de Celaya, Guanajuato, en el cual en esencia se despachó mandamiento de ejecución en su contra y se ordenó girar oficio a la oficina recaudadora de esta ciudad, para que proceda a realizar el cobro coactivo de la multa decretada en auto de once de octubre de la presente anualidad. En tal sentido, el acuerdo reclamado no fue emitido dentro de una audiencia en el procedimiento oral de origen, como se aprecia de la relación de antecedentes que se realizó. Por tanto, resultan aplicables las reglas contenidas en los artículos 232 al 262 del Código de Procedimiento Civiles para el Estado de Guanajuato. En ese sentido, respecto del auto reclamado, se afirma que el presente juicio de amparo es improcedente, en virtud que la parte quejosa, no agotó el medio ordinario previsto por la ley aplicable, en atención a lo establecido en los numerales ya referidos. En efecto, al ser parte en el juicio de origen, estaba obligada a interponer el medio ordinario de defensa que establece el Código de Procedimientos Civiles para el estado de Guanajuato, esto es, el recurso de revocación, previsto en el numeral 232, previamente a acudir a esta instancia constitucional. En este orden de ideas, resulta inconcuso que el acto que se tilda de inconstitucional por la parte quejosa, deben ser impugnado mediante el recurso de revocación previsto en el artículo 232 del Código de Procedimientos Civiles para el estado de Guanajuato, el cual tiene por objeto, entre otros, que el tribunal revoque o modifique el auto dictado, en los puntos relativos a los agravios expresados, en otras palabras, la quejosa está obligada a agotar el aludido recurso previo a promover el presente juicio constitucional, en observancia al principio de definitividad, ya que a través de ese medio de defensa, la autoridad respectiva podría estar en aptitud de revocar el auto reclamado, y al no hacerlo, el presente juicio de amparo se torna improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo; en tanto que no se advierte que la parte quejosa esté en alguno de los supuestos de excepción que el mismo prevé. Se afirma ello, pues el acto reclamado no importa peligro de privación de la vida, ni ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, tampoco alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco consiste en un acto que afecte la libertad personal de la parte quejosa. De igual forma, se destaca que la solicitante del amparo, no es persona extraña al procedimiento, dado que tiene el carácter de parte actora en el juicio de origen; en virtud de lo anterior, está sujeta a las reglas que rigen esa relación procesal, estando en posibilidad de defenderse a través de los medios ordinarios de impugnación que marca la ley que rige el acto y, por tanto, obligada a cumplir con los principios rectores del juicio de amparo, entre ellos, el de definitividad. Esto, porque al intervenir como parte en un procedimiento jurisdiccional se adquiere la obligación, en defensa de su propio interés, de vigilar su debida prosecución, justamente, a fin de estar en posibilidad de impugnar oportunamente, haciendo uso de los medios legales ordinarios de defensa, aquellos actos u omisiones que le perjudiquen, pues de no hacerlo, incumple con el referido principio de definitividad, exigido para la ejercitabilidad de la acción de amparo. De ahí que no nos encontremos ante un caso de excepción, en el que no sea obligatorio agotar los recursos ordinarios previos a la promoción del amparo, por lo que la procedencia del juicio constitucional está condicionada al cumplimiento del principio de definitividad, de acuerdo con el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. El criterio que aquí se acoge, es acorde a lo resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, dentro del amparo en revisión 138/2018, en el que sostuvo la procedencia de los recursos previstos en los artículos 232 al 262 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato en contra de todos aquellos proveídos dictados en un juicio oral familiar, fuera de las audiencias. En esas condiciones y puesto que el amparo es un juicio extraordinario al que solamente puede acudirse cuando previamente se hayan agotado los recursos o medios de impugnación previstos por la ley ordinaria y que sean idóneos para confirmar, revocar o modificar los actos que vayan a reclamarse, y al no haberlo hecho así la quejosa, se actualiza la causal de improcedencia en estudio en relación con el acto reclamado, lo que constituye una causa manifiesta e indudable de improcedencia, por lo que se desecha de plano la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 113 del propio ordenamiento legal. Apoya al anterior razonamiento, la jurisprudencia XVII.2.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, localizable en la página 648, del tomo IX, enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por si mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio". No pasa inadvertido que en el presente caso esté involucrado un menor de edad; sin embargo, a consideración de este juzgador no se da alguna excepción. pues no se advierte un riesgo para el menor en caso de ejecutarse la determinación impugnada, como para alejarlo de la situación de vulnerabilidad en que pueda encontrarse; de ahí que no sea aplicable el criterio contenido en la jurisprudencia de rubro: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO."
- Principal
Visto el escrito presentado aparentemente por **********, con el cual pretende dar cumplimiento a la prevención formulada en auto de veintiocho de octubre del año en curso, se advierte a simple vista que existe discrepancia entre la firma que obra al calce del escrito inicial de demanda y la que se encuentra plasmada en el ocurso de cuenta. En ese orden, se insertan las siguientes imágenes para mayor claridad: Firma de la demanda de amparo. Firma del escrito de desahogo de prevención. Por tanto, requiérase a la quejosa para que en el término de tres días, acuda a este órgano jurisdiccional a ratificar, y reconocer el contenido y firma del escrito con el cual cumple la prevención; apercibida que de no desahogar el requerimiento formulado, se tendrá por no presentado. En apoyo de la anterior determinación cabe citar la jurisprudencia de la Tercera Sala número 258, Octava Época, visible en la página 174 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Tomo VI, materia común, con número de registro 394214, del rubro siguiente: FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA Haciéndole saber que este operador jurisdiccional tiene la facultad de, aún con la ratificación, ordenar el desahogo de una prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopía, para verificar la autenticidad de la firma de los ocursos de mérito, tal como se sustenta en la jurisprudencia 2a./J. 59/2017 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: PERICIAL EN MATERIA DE CALIGRAFÍA Y GRAFOSCOPIA. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA ORDENAR OFICIOSAMENTE SU PRÁCTICA Y DESAHOGO, A FIN DE VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA QUE CALZA LA DEMANDA DE AMPARO, RECONOCIDA POR QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE EN ELLA, ÚNICAMENTE CUANDO ADVIERTA QUE LA FIRMA RATIFICADA Y LAS PLASMADAS DURANTE LA DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN SON NOTORIAMENTE DIFERENTES En el entendido de que conforme a lo dispuesto en los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo, este juzgado dará vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la ley de la materia, a fin de que la representación social investigue de inmediato. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 13/2017 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 45, agosto de 2017, tomo I, página 5, de rubro: VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA.
- Principal
Por recibida la demanda de amparo signada por **********, contra actos del juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar en Celaya, Guanajuato, por violación a los artículos 1o., párrafo tercero, 5, 14, 16 y 109, fracción III, constitucionales. Fórmese cuaderno de amparo físico y digital, con el registro número 1009/2019-II. b) Prevención Para estar en aptitud de acordar sobre la admisión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 108, fracciones III y V, así como 114, fracción II, de la Ley de Amparo, requiérase a la promovente, para que dentro del término de cinco días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído y bajo protesta de decir verdad, aclare y subsane la demanda de la siguiente manera: 1. Diga si es su deseo señalar como autoridad responsable al actuario adscrito al Juzgado de Partido Civil Especializado en Materia Familiar en Celaya, Guanajuato. Lo que se requiere en virtud de que en el párrafo señalado con la letra L del capítulo de antecedentes de la demanda, indicó que se presentó un actuario a su domicilio con la finalidad de cobrar un dinero; por tanto, se advierte su probable participación en la ejecución del acto reclamado. 2. Precise cuál es el contenido del auto de diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, que refiere se dictó en el expediente 2018/2015 de origen -mencionado en el punto F del capítulo de antecedentes de la demanda-, ello debido a que no especifica qué determinación se tomó en el mismo y de manera genérica señala que con ese proveído se pretende hacer la ejecución de un convenio celebrado con anterioridad, por lo que existe incertidumbre en conocer la determinación adoptada. 3. Con relación al auto de siete de octubre de dos mil diecinueve, que según su dicho -referido en el párrafo K del capítulo de antecedentes del escrito que se provee- fue dictado por la autoridad responsable en el juicio de origen, aclare: a) Cuál es el contenido de dicho proveído. b) En qué fecha y por qué medio le fue notificado tal acuerdo. c) Diga si en contra del auto de referencia interpuso medio ordinario de defensa, en caso afirmativo especifique cuál fue, ante qué autoridad lo presentó y el estado actual que guarda dicha impugnación. 4. Respecto al auto de veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, dictado en el expediente 2018/2015, especifique: d) En qué fecha y por qué medio le fue notificado tal acuerdo. e) Diga si en contra del auto de referencia interpuso medio ordinario de defensa, en caso afirmativo especifique cuál fue, ante qué autoridad lo presentó y el estado actual que guarda dicha impugnación. 5. Indique cuál es el contenido del convenio celebrado el veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, debiendo señalar por lo menos la cantidad a que asciende el pago de pensión alimenticia, el medio por el cual se hace el depósito y a quién de los progenitores del menor de iniciales A.R.O., le corresponde esa prestación. 6. En relación con lo anterior, manifieste quién ostenta actualmente la guarda y custodia de su hijo menor de edad. 7. Especifique cuál es la cantidad y el concepto que según su dicho -apartado L del capítulo de antecedentes de la demanda de amparo-, la autoridad responsable pretende ejecutar. Datos que se requieren por constituir los requisitos que toda demanda debe contener, en términos del artículo 108 de la Ley de Amparo. En la inteligencia que esta prevención, deberá ser desahogada por la propia quejosa, no así por las personas que autoriza en su escrito de demanda, toda vez que los hechos que le incumben son de carácter personal, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 88/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, julio de dos mil seis, pagina trescientos cuarenta y ocho, de rubro: DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN 'BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD' REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA. En el entendido de que conforme a lo dispuesto en los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo, este juzgado dará vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la ley de la materia, a fin de que la representación social investigue de inmediato. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 13/2017, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 45, agosto de 2017, tomo I, página 5, de rubro: VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. De igual forma, deberá exhibir copias suficientes del escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes, en la que establece el artículo 110 de la Ley de Amparo -una para la autoridad responsable o dos para el caso en que señale como responsable ejecutora al actuario adscrito al Juzgado del conocimiento, una para el tercero interesado, una para la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, y dos para la tramitación del incidente de suspensión-. Apercibida la parte quejosa que en caso de no cumplir con lo ordenado dentro del término indicado, se tendrá por no presentada la demanda de que se trata, en los términos del artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Relativo a lo anterior, se aplica la jurisprudencia número 36/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIII, de abril de dos mil uno, página setenta y nueve, cuyo rubro dice: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. c) Domicilio y autorizados Por otra parte, atento a que la promovente señaló para oír y recibir notificaciones el ubicado en ***; y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a **********; ello en atención a que de la certificación que antecede, se desprende que cuentan con su respectiva cédula profesional que los acredita como licenciados en derecho, inscrita en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; mientras que en términos restringidos del invocado numeral, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a **********, así como a **********, los primeros dos por no encontrarse en el mencionado supuesto, y los dos restantes debido a que no fueron proporcionados mayores datos que justifiquen que cuenten con facultad legal para ejercer la profesión de abogados, tales como su número de cédula profesional o de inscripción ante el aludido sistema de registro; sin perjuicio que de subsanar tales condiciones, se acuerde su autorización en los términos amplios a que alude dicho numeral. d) Habilitación de días y horas para notificaciones En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. e) Transparencia Finalmente, en cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.
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