Ana Lilia Olvera Delgado
Expediente 1008/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1008/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 08/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Ana Lilia Olvera Delgado
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y toda vez que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del auto de veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, por el cual se desechó de plano la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo 1/2009, de veintiocho de septiembre del mismo año, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, del citado acuerdo, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de esta fecha en que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión. Finalmente, acorde con lo previsto en el punto décimo primero, último párrafo, del citado Acuerdo General Conjunto, prevéngase a la quejosa para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, acuda a este juzgado a recoger el documento que en original anexó a su escrito de demanda; apercibida que de no hacerlo, este podrá ser depurado del sumario y destruido en su momento.
- Principal
Recepción y registro de la demanda. Visto el escrito de demanda de amparo presentado por ******, en contra de actos de la jueza de Partido Civil Especializada en Materia Familiar de esta ciudad. Fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), bajo el registro 1008/2019-I. Desechamiento. Debe de precisarse que, previamente a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es menester establecer que en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, debe analizarse si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. El referido ordinal establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano En relación con la interpretación que debe darse a los conceptos manifiesto e indudable a que se contrae el citado numeral, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se actualiza, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que, en su caso, a esta se anexen; en tanto que lo indudable se traduce que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Luego, con lo expresado, cobra aplicación, la tesis de jurisprudencia: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos manifiesto, significa claro, evidente y el indudable, a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad. De igual forma es aplicable la tesis de jurisprudencia de rubro y texto siguientes: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En el caso, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6º de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Federal, que prevén: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.] Lo anterior es así, en razón de que en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6° de la Ley de Amparo, se encuentra previsto el principio de instancia de parte agraviada que consiste en que el juicio de amparo únicamente podrá promoverse por la persona física o jurídico colectiva a quien afecte la norma general o el acto reclamado; es decir, quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el mismo trasgrede los derechos reconocidos por la constitución y con ello, se le afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Lo anteriormente referido es premisa indispensable para instar el juicio de amparo, ya que sin la promoción del gobernado no es dable que se dé inicio a dicho procedimiento constitucional, ni que se restablezca el orden constitucional afectado, ni se deje inválido el acto de autoridad trasgresor de los derechos fundamentales de la parte quejosa. En el presente caso, quien pretende acudir a la presente instancia constitucional es *********. Sin embargo, no es posible acceder a la pretensión de quien promueve, porque la demanda carece de su firma autógrafa, por lo que se incumple con lo dispuesto por los artículos 6° y 108 de la Ley de Amparo, por ser una formalidad esencial que denota la voluntad de quien pretende dar noticia de un hecho supuestamente violatorio de derechos de la persona. Ello, porque la firma entraña la manifestación de voluntad, esto es, es una formalidad indispensable para accionar al órgano jurisdiccional, así como para determinar la autenticidad de la propia demanda. Lo que en realidad genera que un documento sin firma carezca de la expresión de voluntad pertinente. Por lo que si el juicio de amparo se sigue siempre por quien causa agravio el acto tildado de inconstitucional, pero con la manifestación de su voluntad para activar la maquinaria jurisdiccional, y en el caso no se cuenta, la demanda de amparo resulta notoriamente improcedente, por lo que conforme con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 6 de la citada ley, procede desecharla de plano. Sirve de apoyo a lo anterior, por las consideraciones que ahí expone la tesis emitida por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de la Novena Época, con número de registro 171799, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVI, agosto de 2007, página 1613, que señala lo siguiente: DEMANDA DE AMPARO. DEBE TENERSE POR NO INTERPUESTA CUANDO EL ESCRITO RELATIVO NO SE ENCUENTRE FIRMADO POR EL QUE APARECE COMO PROMOVENTE, SIN TENER QUE PREVENIRLO PARA QUE LA FIRME. El artículo 4o. de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías puede promoverse sólo por la parte a quien perjudique el acto reclamado, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña, en los casos en que la ley lo permita expresamente. En esos términos, si el escrito de demanda no contiene la firma de la persona que aparece como promovente, debe considerarse que la acción constitucional no se ha ejercitado, pues la firma es el conjunto de signos manuscritos a través de los cuales las personas expresan su voluntad de realizar determinado acto en forma escrita y con ella se acredita la autoría del documento, siendo indispensable para dar validez a cualquier actuación escrita. Por consiguiente, la ausencia de firma en el escrito de demanda equivale a la falta de voluntad para promover el juicio de amparo y, entonces, no debe, incluso, prevenirse al señalado como promovente para que estampe su firma, pues, además, ésta no entraña uno de los requisitos de forma a que se refiere el artículo 116 de la legislación de la materia, que pueda regularizarse en términos del diverso 146, sino un presupuesto de existencia del ejercicio de la acción, cuya ausencia no conduce siquiera a desechar por improcedente la demanda, pues no puede desecharse lo que no existe, sino a tenerla por no interpuesta ante la falta de expresión de la voluntad del que aparece como promovente. De igual forma, es aplicable a lo anterior por las consideraciones que expone, la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, de la Décima Época, con número de registro 2009142, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 18, mayo de 2015, tomo III, página 2154, de rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN LOS BUZONES JUDICIALES DE LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO DE PLANO SI CARECE DE FIRMA AUTÓGRAFA [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 32/2011 (10a.)]. En el caso específico del depósito de documentos en los Buzones Judiciales de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, para la recepción de asuntos nuevos y promociones de término que no tengan el carácter de urgentes en horario nocturno, es inconcuso que, al operar fuera del horario de oficina, no obra intervención alguna por el personal adscrito para poder revisar y denegar las promociones que no cumplan con los requisitos de ley, o bien, para asentar esta circunstancia en el acuse o razón correspondiente, conforme al Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el 17 de mayo de 2011 en el Diario Oficial de la Federación. Por esta razón, la obligación de verificar que los asuntos y promociones depositados estén debidamente firmados, integrados y dirigidos a los Tribunales de Circuito o Juzgados de Distrito a los que presta servicio la Oficina de Correspondencia Común de que se trate, recae en los usuarios de dichos buzones. En consecuencia, si el Juez de Distrito que recibe la demanda de amparo presentada en los Buzones Judiciales advierte que carece de firma autógrafa, requisito sine qua non que manifiesta la voluntad de quien suscribe el documento y que no es susceptible de ser sobrentendida ni inferirse a través de la búsqueda o deducción de la presentación de la demanda, debe desecharla de plano, por existir una causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, en esta hipótesis es inaplicable la jurisprudencia 2a./J. 32/2011 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro IV, Tomo 4, enero de 2012, página 3632, de rubro: PROMOCIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL OFICIAL DE PARTES DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL NO ASIENTA QUE LAS RECIBIÓ SIN FIRMA AUTÓGRAFA EN LA RAZÓN O ACUSE CORRESPONDIENTE, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DE QUE SE PRESENTARON EN ORIGINAL Y CON LA REFERIDA SIGNATURA. De ahí que en el particular, al no haber sido firmada la demanda de amparo por la promovente, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia que deviene de relacionar el artículo 107 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los diversos numerales 6 y 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo planteada. Domicilio y autorizados. Únicamente para que la quejosa tenga conocimiento de esta determinación, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado *****; y como autorizados para ello a las personas que refiere, sin que se les tenga en amplios términos por no estar firmada la demanda de amparo por la promovente. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Se faculta al actuario de la adscripción para que de ser necesario proceda a llevar las notificaciones del presente auto y de los subsecuentes en días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria la ley de la materia. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.
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