Ana Lilia Olvera Delgado
Expediente 955/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 955/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 06/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Ana Lilia Olvera Delgado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto dictado el veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, en el que este Tribunal desechó la demanda de amparo promovido por *********, por sí y en representación de su menor hijo de iniciales A.R.O., no fue recurrido dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara firme dicho proveído. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido, no se tramitó incidente de suspensión y no existen documentos originales.
- Principal
Agréguese la comparecencia de **********, por el cual ratifica el contenido y firma de su escrito registrado con el número 12078, en cumplimiento con lo ordenado en auto de dieciocho de los actuales; por tanto, se tiene por desahogado dicho requerimiento, así como la prevención formulada el quince del mes en curso. ? Recepción de escrito de demanda. Vista la demanda de amparo presentada por **********, por propio derecho y en representación de su menor hijo de iniciales ********** en contra de actos del juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar de Celaya, Guanajuato. ? Desechamiento. De acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano. Conviene indicar que acorde con el principio de impartición de justicia pronta y expedita no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, ello para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Tal norma, impone la obligación al juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que, en su caso, se acompañen. En el caso, el suscrito considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1°, fracción I y 5, fracción I, todos de la Ley de Amparo, que estatuyen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I.- Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. Como se puede advertir de la transcripción de tales artículos, para que el juicio constitucional sea procedente, es necesario que se enderece contra actos de autoridad, o bien, de particulares en los casos señalados por la propia ley, pues por su naturaleza jurídica las garantías constitucionales constituyen en la generalidad de los casos, limitaciones al poder público, ya que los actos que ejecuten y molesten en su persona, domicilio, papeles o familia a otros particulares, encuentran sus sanciones en las disposiciones del derecho común. En ese orden, la concepción del acto reclamado es un tema medular dentro del análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo, pues constituye un requisito indispensable para la procedencia de este medio de control constitucional, tal como lo disponen los artículos 103 de la Carta Magna y 1o. de la Ley de Amparo, preceptos en los que constantemente aparece el término de "actos u omisiones de autoridad Así, dentro del campo del juicio de amparo, el acto reclamado, en general, consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implique una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituya un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu) imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. De la definición que antecede, se desprende que el acto debe de ser un hecho voluntario, no debido al azar, rasgo distintivo entre aquél y un acontecimiento cualquiera, cuya realización esté encaminada a la obtención de un fin, es decir, a la causación de la afectación o lesión a cualquier derecho o interés jurídico del gobernado, ocasionándole un agravio que puede provenir, indistintamente, de una ley o de un acto stricto sensu, de índole decisoria, ejecutiva u omisiva que le otorgue la naturaleza de autoritario al ser coercitivo, unilateral e imperativo, formas o maneras como se realiza la mencionada afectación. De ahí que, como ya se dejó de manifiesto en párrafos precedentes, es el quejoso quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo, individual y colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la Ley de la materia, y con ello se producirá una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por su parte, la autoridad responsable es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas, en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Como puede advertirse, los anteriores conceptos implican la idea de que el acto reclamado, por regla general, debe existir al momento de la presentación de la demanda de amparo, pues solo en ese caso se estaría frente a la creación, modificación o extinción de una situación jurídica concreta, susceptible de generar una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso, cuyo remedio se persigue mediante el juicio de amparo. Por ello, tratándose de actos futuros, probables o remotos, respecto de los cuales no existe una certeza clara y fundada de su realización (actos inciertos), no producen ningún efecto de derecho, y contra ellos no procede el juicio de amparo. En apoyo a lo anterior se invoca la tesis XX.308 K, de texto y rubro siguientes: ACTOS FUTUROS DE REALIZACIÓN INCIERTA. NO PROCEDE EL JUICO DE AMPARO CONTRA LOS. Contra actos futuros de realización incierta no procede el juicio de garantías Ahora bien, el acto reclamado en esta instancia constitucional lo constituye: el acuerdo de siete de octubre de dos mil diecinueve (el cual se tiene a la vista pues fue remitido por la autoridad responsable en copia certificada), del cual se desprende que el juez acordó lo siguiente: -Requirió a la hoy quejosa Ana Lilia Olvera Delgado para que en el término de tres días, cubra la cantidad de catorce mil ochocientos sesenta y siete pesos a Arturo Rodríguez Mendoza, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se dictaría auto de ejecución. -Requirió a la hoy quejosa, para que permitiera las convivencias de su menor hijo, apercibiéndola de que de impedir las mismas se le impondría una multa de quince unidades de medida y actualización y se procedería a autorizar al actuario para que verifique las convivencias. -Requirió a la hoy quejosa para que presente al menor al Instituto Andersen, para que ejerza su derecho de educación, bajo el apercibimiento de que no hacerlo se hará acreedora a una multa de quince unidades de medida y actualización. De lo anterior, se desprende que en esencia, de lo que se duele la parte quejosa es de los apercibimientos de multa decretados por el juez, lo que constituye un acto futuro e incierto, contra el cual resulta improcedente el juicio de amparo intentado, en razón de que tal apercibimiento, en todo momento, va a depender de la conducta que la hoy quejosa realice en torno a los requerimientos, de manera que si cumple no se hará efectivo el apercibimiento, y si no cumple, entonces sí se hará efectivo, y al ser futuro e incierto, de ningún modo se ven trastocados sus derechos tutelados por las normas legales. Lo anterior, trae como consecuencia la improcedencia del juicio constitucional que nos ocupa por lo que a dicho acto reclamado concierne, ya que la finalidad de promover un juicio de amparo es la obtención de la protección de la justicia federal a efecto de restituir al quejoso en el goce del derecho violado, y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación (mera probabilidad), como sucede en la especie. Estimar lo contrario, generaría la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional, apoyada en expectativas y no en contra de actos concretos o de realización cierta e inminente, lo que no resulta aceptable jurídicamente. Es aplicable, el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Página 1384, Tomo XXXVI del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que es del rubro y tenor literal siguiente: AMPARO IMPROCEDENTE. El juicio de amparo es improcedente contra actos futuros que sólo deben considerarse como probables. También, la jurisprudencia PC.I.L. J/14 L (10a.) del Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que dice: MULTA. APERCIBIMIENTO DE. NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN ACTUAL, REAL Y DIRECTA, POR SER UN ACTO FUTURO E INCIERTO, QUE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El apercibimiento de multa en caso de incumplimiento a lo ordenado por una Autoridad no produce una afectación actual, real y directa al impetrante, conforme al artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, ni constituye un acto de molestia, por ser futuro e incierto, en razón de que la imposición de multa no se decreta como consecuencia inmediata del apercibimiento, sino que está condicionada a que el obligado cumpla o no con la medida, así como de que la Autoridad decida llevar a cabo lo ordenado, por lo que no es inminente, al no existir certeza de que se va a ejecutar; lo cual actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral citado, pues basta el escrito de demanda para tener conocimiento de cuál es el acto reclamado y advertir su naturaleza, por lo que, aun sustanciándose el procedimiento no sería posible arribar a una convicción diversa con los elementos que pudieran aportar las partes; lo que da lugar al desechamiento de la demanda con fundamento en el artículo 113 de la misma ley Sin que sea óbice a lo antes expuesto, la afirmación de la quejosa, en el sentido de que en el auto reclamado se sobrepasa al intentar apercibirla de quitarle la guarda y custodia. Empero, del auto reclamado no se aprecia que exista un apercibimiento en tal sentido por parte de la juez responsable, pues únicamente, se precisó lo siguiente: "y se procederá a autorizar al actuario para que verifique que se llevará a cabo las convivencias lo anterior con fundamento en el artículo 9 de la convención sobre los derechos del niño, dando lugar con ello bases decretar un cambio de custodia previo el procedimiento respectivo en términos del artículo 474-A del Código de Procedimientos Civiles. De ahí que, es evidente que no existe un apercibimiento decretado en los términos que refiere la quejosa. Además cabe señalar que no escapa a este juzgador que en auto de once de octubre de dos mil diecinueve, el juez hizo efectivos los apercibimientos decretados en el auto que se reclama en esta instancia, sin embargo, la quejosa tiene expedito su derecho para reclamar el proveído de once de octubre del año en curso, en la instancia correspondiente. Por último, cabe señalar que no pasa inadvertido que uno de los quejosos es una persona menor de edad, y que procede la suplencia de la queja, sin embargo, ello no implica que se puedan soslayar cuestiones de procedencia, ya que la suplencia de mérito opera sólo respecto de cuestiones de fondo, esto es, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio. Resulta aplicable, la jurisprudencia P./J. 7/2006 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. NO IMPLICA SOSLAYAR CUESTIONES DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS. De conformidad con el proceso legislativo que culminó con la reforma al artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de octubre de 1967, el fin inmediato de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declara inconstitucional una ley es salvaguardar y asegurar la supremacía de la Constitución. Ahora bien, una vez integrada la jurisprudencia, si fuera el caso de suplir la queja deficiente en el juicio de amparo en términos del artículo 76 Bis, fracción I, de la ley de la materia, aquélla podrá aplicarse, pero sin soslayar las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de garantías, ya que la suplencia de mérito opera sólo respecto de cuestiones de fondo, esto es, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio, pues sería absurdo pretender que por la circunstancia de que el acto reclamado se funde en una norma declarada inconstitucional tuviera que aceptarse la procedencia de todo juicio de amparo En estas condiciones al surtirse de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1, fracción I y 5, fracción I, todos de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda promovida por **********, por propio derecho y en representación de su menor hijo de iniciales ********** con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia.
- Principal
Visto el escrito presentado aparentemente por ******* , con el cual pretende dar cumplimiento a la prevención formulada en auto de quince de octubre del año en curso, se advierte a simple vista que existe discrepancia entre la firma que obra al calce del escrito inicial de demanda y la que se encuentra plasmada en el ocurso de cuenta. En ese orden, se insertan las siguientes imágenes para mayor claridad: Firma de la demanda de amparo. Firma del escrito de desahogo de prevención. Por tanto, requiérase a la quejosa para que en el término de tres días, acuda a este órgano jurisdiccional a ratificar, y reconocer el contenido y firma del escrito con el cual cumple la prevención; apercibido que de no desahogar el requerimiento formulado, se tendrá por no presentado. En apoyo de la anterior determinación cabe citar la jurisprudencia de la Tercera Sala número 258, Octava Época, visible en la página 174 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Tomo VI, materia común, con número de registro 394214, del rubro siguiente: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA". Haciéndole saber que este operador jurisdiccional tiene la facultad de, aún con la ratificación, ordenar el desahogo de una prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopía, para verificar la autenticidad de la firma de los ocursos de mérito, tal como se sustenta en la jurisprudencia 2a./J. 59/2017 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PERICIAL EN MATERIA DE CALIGRAFÍA Y GRAFOSCOPIA. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA ORDENAR OFICIOSAMENTE SU PRÁCTICA Y DESAHOGO, A FIN DE VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA QUE CALZA LA DEMANDA DE AMPARO, RECONOCIDA POR QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE EN ELLA, ÚNICAMENTE CUANDO ADVIERTA QUE LA FIRMA RATIFICADA Y LAS PLASMADAS DURANTE LA DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN SON NOTORIAMENTE DIFERENTES". En el entendido de que conforme a lo dispuesto en los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo, este juzgado dará vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la ley de la materia, a fin de que la representación social investigue de inmediato. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 13/2017 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 45, agosto de 2017, tomo I, página 5, de rubro: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA".
- Principal
Agréguese el oficio signado por la jueza de Partido Civil Especializada en Materia Familiar, con residencia en Celaya, Guanajuato, por el cual desahoga el requerimiento formulado en auto de quince de los actuales y adjunta un legajo de copias certificadas; se reserva acordar lo conducente, hasta que la quejosa desahogue la prevención realizada en dicho proveído.
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,427 expedientes
- Ana Laura Solís Muñoz187/2016
- Ana Laura Solís Muñoz549/2017
- Ana Laura Solís Muñoz964/2015
- Ana Laura Solis Muñoz171/2016
- Ana Lilia Aguilar Ledezma451/2018
- Ana Lilia Aguilar Ledezma617/2015
- Ana Lilia Olvera Delgado1008/2019
- Ana Lilia Olvera Delgado1009/2019
- Ana Luisa Campos Quintana471/2016
- Ana Luisa Campos Quintana472/2016
- Ana Luisa Díaz González104/2022
- Ana Luisa González González114/2015