Ana Laura Solis Muñoz

Expediente 171/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de marzo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
171/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
11/03/2016

Partes del expediente

  • Ana Laura Solis Muñoz

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el término legal a que se refiere el párrafo primero del artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera la determinación de veinticuatro de febrero del año en curso, en que se desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 356 fracción II, del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado; hágase la anotación de estilo en el libro de gobierno. En consecuencia, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, como se advierte de la certificación que antecede, que no obran documentos originales, debe decirse que en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, el presente expediente es susceptible de destrucción; una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión.

  2. Principal

    A) Se desecha demanda. Con fundamento en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1o, 107 fracciones V, 113 y relativos de la Ley de Amparo , se desecha de plano la demanda. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Sobre el particular, se impone destacar que del artículo 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos deriva que cuando se impugnan actos dentro de un proceso, es procedente el amparo indirecto, siempre y cuando dichos actos sean de imposible reparación. Lo anterior es repetido por la Ley de Amparo, concretamente en su artículo 107 fracción V cuando establece que el amparo indirecto procede contra actos en el procedimiento, al tenor siguiente: ". cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte." Cabe precisar que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veintidós de mayo de dos mil catorce, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, estimó que en los trabajos legislativos de la reforma constitucional: a) Se destacó la demora excesiva que en algunos casos provocaba la interposición del juicio de amparo; b) Por ende, se apreció como una demanda social la necesidad de abreviar su procedimiento, eliminando a su vez la traba que significa su múltiple promoción indiscriminada, erigiéndose como un obstáculo para la pronta impartición de justicia; c) Se advirtió a título de hecho notorio que la substanciación y resolución del sumario constitucional propiciaba el alargamiento de los juicios; d) De ahí que hubo la evidente intención de concentrar en un solo juicio de amparo directo el estudio del cúmulo de violaciones procesales posibles, para que las presuntas infracciones al procedimiento se planteen mayormente en forma simultánea contra la sentencia de fondo; y e) Con ello, se analicen todas las impugnaciones relacionadas con aspectos de naturaleza puramente adjetiva. Así, consideró el más alto tribunal que al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin a juicio, deberían hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento y, en vía de consecuencia, impedir una promoción abundante de demandas de amparo que, por formularse antes del dictado de la sentencia, obstaculizaban injustificadamente la celeridad de los procedimientos jurisdiccionales. De manera que para que los actos que se reclamen en el juicio de amparo indirecto puedan ser estimados como de imposible reparación, es necesario: a) Producir una afectación material a derechos sustantivos; b) Es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; y c) Deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental. Consideraciones que, en su conjunto, se encuentran contenidas en la jurisprudencia por contradicción de criterios P./J. 37/2014 (10a.), publicada el seis de junio de dos mil catorce, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Así, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. Ahora bien, de los elementos objetivos que derivan del libelo de demanda, así como del documento y D.V.D. que adjunta, y que detentan valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles , se advierte: a) En la causa penal número 1P0615-228, del índice del Juzgado de Control Penal de Oralidad en la Tercera Región con sede en esta ciudad, las partes son ********** (procesada) y J. M. R. C. y J. E. R. C. por conducto de su representante legal, licenciada ********** en su carácter de Procuradora del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia de esta localidad (DIF), y Titular del Centro Multidisciplinario para la Atención Integral de la Violencia, (CEMAIV) -terceros interesados-. b) El día catorce de octubre de dos mil quince, fue cumplimentada una orden de aprehensión contra **********, librada por el Juez de Control Penal de Oralidad, de la Tercera Región con sede en esta ciudad, por su probable participación en la realización del hecho que la ley penal describe como homicidio calificado, previsto por los artículos 138, 140 y 153 del Código Penal para el estado de Guanajuato, cometido en perjuicio de quien en vida respondió al nombre **********. c) El quince de octubre de dos mil quince, le fue dictado a **********, auto de vinculación a proceso, por su por el citado antijurídico, y previa la concesión del amparo por esta potestad dentro del progresivo 964/2015, el Juez del Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral de la Tercera Región en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, en fecha cuatro de febrero del año en curso, emitió un nuevo auto de vinculación a proceso de forma oral y escrita, imponiendo como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa, y decretando el plazo de cierre de investigación complementaria. d) El diecinueve de febrero de dos mi dieciseises, se desahogó una audiencia de solicitud de prueba anticipada, promovida por el ministerio Público, con la intención de desahogar el testimonio de **********; en la que el Juez de Control ahora autoridad responsable, determinó improcedente dicha petición, aduciendo de manera toral que el solo avance de investigación no era suficiente, que se requerí en todo caso el dato de prueba documental, consistente en las constancias de carpeta de investigación número 9212/2016, pero lo importante y esencial era que la manifestación del órgano de prueba (testigo) estuviera contenida en la misma carpeta y no en otra diversa. d) El veintidós de febrero de dos mil dieciséis se desahogó una audiencia sobre una segunda solicitud de prueba anticipada, promovida por el Ministerio Público, con la intención de desahogar el testimonio del señor **********, en esa ocasión el Juez determinó que el informe de avance de investigación y las copias autógrafas de denuncia formulada por **********, en la carpeta de investigación número 9212/2016, eran suficiente evidencia para admitir como acreditada fundadamente el temor a la perdida del órgano de prueba (testigo), así como acreditada la manifestación del señor ********** de temer por su vida y porque pretendía ausentarse del país por la misma causa; y fijó las diez horas del veintitrés de febrero del año en curso, para el verificativo de la citada probanza. En esta condición, el acto reclamado lo constituye, precisamente, la solicitud de prueba anticipada, promovida por el Ministerio Público, con la intención de desahogar el testimonio del señor **********, en esa ocasión el Juez determinó que el informe de avance de investigación y las copias autógrafas de denuncia formulada por **********, en la carpeta de investigación número 9212/2016, eran suficiente evidencia para admitir como acreditada fundadamente el temor a la perdida del órgano de prueba (testigo); determinación que, desde luego, no puede estimarse como de imposible reparación. De ahí que la violación de que se trata, por regla general, es reclamable en términos de lo dispuesto en los artículos 171 y 174 del cuerpo de leyes en cita , por no ser un acto que traiga aparejada una ejecución de imposible reparación, ya que sólo afecta derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales que podrán ser reparados si se obtiene sentencia favorable. Cierto, el desahogo de dicha testimonial, sólo ocasiona una afectación a sus derechos adjetivos o procesales, pero con ello no se afecta de manera irremediable algún derecho fundamental contenido en los derechos humanos, haciendo tan sólo nacer la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia en la medida en que dicha probanza influya o sea tomada en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses de la parte quejosa. Lo anterior, porque que existe la posibilidad de que la afectación a sus derechos humanos desaparezca si los agraviados obtienen sentencia favorable a sus intereses en el contradictorio génesis de los actos reclamados; y, en caso contrario, gozan de los medios de defensa que la ley establece para controvertir ésta y las posibles violaciones cometidas en el procedimiento que los hayan dejado sin defensa. Razón por la cual es necesario esperar hasta el dictado de la sentencia para poder combatirlo mediante los recursos ordinarios y/o extraordinarios que el sistema jurídico nacional prevé a favor del peticionario, siempre que, como ya se dijo, haya afectado sus defensas trascendiendo al resultado del fallo. En la especie, el hecho de haber desahogado la audiencia sobre la solicitud de prueba anticipada por parte del Ministerio Público en la que se ordenó el verificativo de una probanza de forma previa a la audiencia de juicio, no debe ser considerado como un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, en virtud de que no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho humano sustantivo, sino en el mejor de los casos, la eventual violación de prerrogativas adjetivas que ocasionan únicamente efectos formales o intraprocesales. En otras palabras, los efectos de la audiencia tildada de inconstitucional, se actualizan hasta el dictado del fallo definitivo toda vez que hasta ese momento se podrá apreciar si con motivo de tal decisión jurisdiccional se vulneraron las defensas del peticionario y, con ese motivo, se incurrió en una violación procesal que trascendió al resultado de la sentencia, por lo que se estima que ese tipo de resoluciones no tienen una ejecución de imposible reparación . En adición a lo así expuesto, debe decirse que si bien el desahogo de la audiencia de solicitud de prueba anticipada con la intención de desahogar el testimonio del señor **********, puede originar que la sentencia le sea adversa, también lo es que ello no significa que tal acto sea de imposible reparación desde el momento en que está contemplada como una de las violaciones previstas en el artículo 172 de la Ley de Amparo, razón por la cual, -se reitera-, dicha violación debe hacerse valer, en su caso, a través de los medios de defensa que se intente contra la sentencia que decida en definitiva el fondo del contradictorio de origen . Asimismo, conforme a lo sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia intitulada "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA." , existen dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto: la primera, consiste en que éste procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación; la segunda, consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia y, la regla específica, estriba en que el juicio de amparo podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el juicio respectivo, con la posibilidad de reclamar en las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento. En el caso, la regla que nos interesa es la primera, es decir, aquella que reconoce la procedencia del juicio constitucional contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, por medio de derechos fundamentales, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones. Sobre el particular, este tribunal comparte el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, en la tesis: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. PROCEDIMIENTO JUDICIAL. Los actos irreparables revisten la característica de que la afectación que produzcan dentro del procedimiento judicial trascienda a los derechos fundamentales tutelados por las garantías individuales del quejoso y no que solamente tengan una consecuencia simplemente procesal, para de ahí determinar la ejecución de imposible reparación a que se refiere la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo. Luego, no basta que un determinado proveído y la posible violación que en él se cometa en juicio ya no sean materia de la sentencia que en dicho procedimiento se dicte, sino que es necesario, además, que tal cuestión afecte inmediata y directamente los derechos fundamentales protegidos por las garantías individuales que la ley suprema tutela en favor del quejoso, para que sea susceptible de impugnación mediante el juicio de amparo indirecto; por tanto, mientras los actos dictados en el procedimiento judicial no produzcan una afectación tal, sino que sólo entrañen una nueva posibilidad de hacerlo al resolverse la controversia (en la medida en que influyen para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado) se estará en presencia de una afectación a derechos adjetivos, que sólo producen por regla general, efectos de carácter formal o intraprocesal. " Máxime cuando la causal de improcedencia cuya actualización se destaca, no pugna con el principio pro homine que establece el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni con el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José de Costa Rica, ya que si bien las normas protectoras de los derechos humanos deben interpretarse conforme a la Constitución y a los tratados internacionales, y que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes; verdad es que ello no implica que el juicio de amparo sea procedente contra todo acto de autoridad, sino solamente contra de aquellos que afecten a los derechos sustantivos fundamentales. Cobra vigencia sobre el particular, en lo conducente, la tesis I.2o.C.1 K (10a.) emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1771, Libro XX, mayo de 2013, Tomo 3, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto: "DERECHOS HUMANOS. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, EN RELACIÓN CON EL 114, FRACCIÓN IV, INTERPRETADO A CONTRARIO SENSU DE LA LEY DE AMPARO, NO PUGNA CON EL PRINCIPIO PRO HOMINE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NI CON LO ESTABLECIDO POR EL DIVERSO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE ESA MATERIA." De ahí que en el particular, al reclamarse actos dictados dentro de un procedimiento que no son de imposible reparación, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia que deviene de relacionar el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo y conforme lo dispuesto en el ordinal 113 de la Ley de la materia, se desecha de plano la demanda. B) Transparencia. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y los artículos 8 y 18, fracción II, de la propia ley, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, al momento de allegarlos al juicio, en la inteligencia que de no hacerlo se publicara dicha sentencia íntegramente, con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, de igual forma siguiendo el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgado de Distrito, este acuerdo se publicará con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. C). Domicilio y autorizados. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en ***, en esta ciudad; asimismo, se le tiene autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados **********, por tratarse de un asunto de naturaleza penal.

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