Ana Laura Nolasco Valdivieso y Otros.

Expediente 427/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
427/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
24/10/2019

Partes del expediente

  • Ana Laura Nolasco Valdivieso y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado de los autos y dado que la parte quejosa no impugnó el proveído de siete de octubre de dos mil diecinueve (fojas 11 a 14), mediante el cual se desechó de plano su demanda de amparo, dentro del plazo que para tal efecto establece el artículo 98 de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto queda firme para los efectos legales consiguientes. Como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con fundamento en los artículos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Por otra parte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; asimismo, se destaca que en el presente expediente se desechó de plano la demanda de amparo, que no se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados ni existen documentos ofrecidos por la parte quejosa, considerados como originales por el punto segundo, fracción XVIII, del citado Acuerdo General, esto es, que contengan un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro; como consecuencia de lo anterior, transcurridos más de cinco años a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, es susceptible de destrucción, por ubicarse en el supuesto de la fracción I del punto vigésimo primero del referido Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Conforme al punto Décimo, fracción 1, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  2. Principal

    Por recibida la demanda de amparo que promueven Ana Laura Nolasco Valdivieso y Josefina López Morales, y anexos; fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo indirecto 427/2019. Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: ... De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado consiste en el "resultado" del acuerdo de diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, dictado en la audiencia de desahogo de pruebas para la confesión de hechos ofrecidos por la parte actora, y a cargo de la directora de la Empresa María Guadalupe Miranda Arriola, en donde la Junta, no hace valer la objeción que se pronunció por la parte actora del juicio, afectando con ello la legalidad y debido proceso, porque al conceder el exhorto a la absolvente, esto causa dilación en el juicio afectando con ello al debido proceso, reclamándose también la incorrecta aplicación de los artículos 788, 789, 791 y 793, inclusive el 48 en su penúltimo párrafo de la Ley Federal del Trabajo; lo anterior, en el expediente laboral 197/2018, del índice de la Junta responsable. Al respecto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V y 172, fracción III, todos de la Ley de Amparo, que disponen:... Del artículo 107, fracción V, transcrito con antelación, se advierte claramente que la Ley de Amparo no contempla la procedencia del juicio de amparo respecto de violaciones procesales predominantes o en grado superior, o exorbitantes, sino que, de manera específica, acota esa procedencia contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación; entendiéndose por ellos, únicamente los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Ahora, el hecho de que la autoridad responsable haya ordenado el desahogo de la prueba confesional por exhorto, ante la inasistencia de una de las absolventes, desoyendo la objeción hecha valer por la parte actora aquí quejosa, es un acto que produce efectos intraprocesales, el cual es reparable si se obtiene laudo favorable, en el que se cumplan las pretensiones de la parte actora aquí quejosa. Resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 6/94, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Núm. 76, Abril de 1994, página 13, registro 205484, de rubro y texto:... Entonces, "el resultado" del acuerdo de diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, dictado por la autoridad responsable en el juicio laboral 197/2018, en cuanto a ordenar el desahogo de la prueba confesional a cargo de María Guadalupe Miranda Arriola, mediante exhorto, violando -en dicho de la quejosa- diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo, constituye una violación intraprocesal que puede ser subsanada en sentencia de obtener laudo favorable,, que además no lesiona derechos sustantivos de las promoventes de la acción constitucional, y que tales violaciones al procedimiento son reclamables en amparo directo. Aunado a lo anterior, con el desahogo de la prueba confesional por exhorto, no se advierte una abierta dilación o una paralización total del juicio laboral, que haga procedente este juicio de amparo, por contravenir el artículo 17 constitucional. En tales condiciones con apoyo en los artículos 61, fracción XXIII; 107, fracción V, en sentido contrario, 172, fracción III y 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo por ser notoria y manifiesta su improcedencia. Por otra parte, atendiendo a lo establecido en el artículo 3°, párrafos quinto y séptimo de la Ley de Amparo, y cumpliendo con el Acuerdo General Conjunto 1/2015, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, específicamente a lo previsto en sus artículos 90 y 92, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones, para su debida integración. En el entendido que se instruye al Secretario (a) de Juzgado, al oficial administrativo, al actuario judicial y demás encargados de la digitalización de constancias, que llevan el trámite de este expediente, a supervisar y realizar la captura electrónica de los acuerdos y las resoluciones emitidas en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, documentos, diligencias y notificaciones que obren en el mismo. Cabe destacar que, no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 92, del acuerdo mencionado, el cual es del tenor siguiente: ... Lo anterior, a fin de que tanto el expediente impreso como el electrónico coincidan y, una vez concluido el asunto, se realice la certificación correspondiente. En otro aspecto, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se desprende que de una revisión efectuada al contenido de la promoción de cuenta y su anexo, no se advierte algún documento que aparentemente deba ser clasificado como confidencial o sobre el cual se deba tener un tratamiento especial; en consecuencia, se hace del conocimiento de la parte promovente, que en caso de considerar lo contrario tiene expedito su derecho para hacerlo saber expresamente a este órgano de control constitucional, a fin de que tome las medidas de resguardo correspondiente. Se tiene como domicilio para recibir notificaciones de la parte quejosa, el que señala en su escrito de demanda, y por autorizados para ese fin a las personas que mencionan. Finalmente, hágase saber a las partes que la resoluciones públicas que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, de acuerdo al procedimiento de acceso a la información y tomando en cuenta lo previsto en el artículo 8, primer párrafo, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, que dice: "Si las partes ejercen en cualquier instancia seguida ante la Suprema Corte, el Consejo o los órganos jurisdiccionales el derecho que les confiere el artículo 8 de la Ley para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren, en el expediente respectivo, la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el respectivo órgano jurisdiccional."; por tanto, las partes pueden ejercer en cualquier instancia seguida ante la Suprema Corte, el Consejo o los órganos jurisdiccionales, el derecho que les confiere el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para oponerse a que se publiquen sus datos personales, cuando se presente solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, para que sea tomado en consideración por la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo, y en su caso, determine si tal oposición puede o no surtir efectos. En la inteligencia que, aun cuando las partes no ejerzan la oposición a que se refiere el artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para que se hagan públicas las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que éstas puedan contener, procurando que dicha supresión de datos no impida dar a conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. El criterio jurisprudencial invocado, es aplicable en tanto no se opone a la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, como lo establece el artículo sexto transitorio de aquélla que dispone: ...

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