Ana Elvia Castelar Velásquez

Expediente 396/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
396/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
06/11/2018

Partes del expediente

  • Ana Elvia Castelar Velásquez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la primera certificación secretarial de cuenta, y dado que la parte quejosa no impugnó el proveído de dieciocho de octubre de dos mil dieciocho (fojas 20-21), mediante el cual se tuvo por no presentada su demanda de amparo, dentro del plazo que para tal efecto establece el artículo 98 de la Ley de Amparo en vigor; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que dicho auto queda firme para los efectos legales consiguientes. Como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Por otra parte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; asimismo, se destaca que en el presente expediente se tuvo por no presentada la demanda de amparo, que no se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados ni existen documentos ofrecidos por la parte quejosa, considerados como originales por el punto segundo, fracción XVIII, del citado Acuerdo General, esto es, que contengan un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro; como consecuencia de lo anterior, transcurridos más de cinco años a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, es susceptible de destrucción, por ubicarse en el supuesto de la fracción I del punto vigésimo primero del referido Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  2. Principal

    Visto el estado de los autos y la primera certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa, no cumplió dentro del plazo de cinco días hábiles que se le concedió para tal efecto, con el requerimiento formulado en auto de veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 11-12), por el que se le previno para que regularizara su demanda de amparo; no obstante haber sido notificada para ello, el uno y diez de este mes, como se advierte de las constancias de notificaciones que obran en autos (fojas 13 y 18). En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado auto de veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 11-12), y con fundamento en el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene POR NO PRESENTADA la demanda de amparo promovida por José Luis Gómez Chávez, en su carácter de apoderado de Ana Elvia Castelar Velásquez, contra actos del juez de lo Familiar del Distrito Judicial de Matías Romero, Oaxaca, y de otra autoridad. Hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno respectivo. Por último, hágase saber a la parte quejosa que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, de acuerdo al procedimiento de acceso a la información y tomando en cuenta lo previsto en el artículo 8, primer párrafo, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, que dice: "Si las partes ejercen en cualquier instancia seguida ante la Suprema Corte, el Consejo o los órganos jurisdiccionales el derecho que les confiere el artículo 8 de la Ley para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el respectivo órgano jurisdiccional."; por tanto, las partes pueden ejercer en cualquier instancia seguida ante la Suprema Corte, el Consejo o los órganos jurisdiccionales, el derecho que les confiere el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para oponerse a que se publiquen sus datos personales, cuando se presente solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, para que sea tomado en consideración por la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo, y en su caso, determine si tal oposición puede o no surtir efectos. En la inteligencia que, aun cuando las partes no ejerzan la oposición a que se refiere el artículo 8º para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para que se hagan públicas las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que éstas puedan contener, procurando que dicha supresión de datos no impida dar a conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional.

  3. Principal

    Visto el escrito de José Luis Gómez Chávez, en su carácter de apoderado de Ana Elvia Castelar Velásquez, por el que pretende cumplir con el requerimiento que se le hizo por auto de veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 11-12); sin embargo, de la lectura de la referida promoción no se advierte que las manifestaciones que vierte las realice bajo protesta de decir verdad, como lo exige el artículo 108, fracción V de la Ley de Amparo. No obsta para lo anteriormente considerado que al final de su escrito aclaratorio aparezca la frase "PROTESTO EN TÉRMINOS DE LEY." Se considera así, cuenta habida que esa expresión no puede ser sustituida por el requisito formal de bajo protesta de decir verdad exigido por la fracción V del artículo 108 de la Ley de Amparo, toda vez que dichas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas, pues en lo que aquí interesa la locución "bajo protesta de decir verdad", constituye un medio para obligar al quejoso a manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad, para de esta forma sujetarlo a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 261 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia .. En consecuencia, subsiste el apercibimiento formulado en proveído de veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, en sus términos, esto es, en el sentido de que, de no cumplir dentro del plazo concedido con lo requerido, de no informar lo conducente en su caso, de no exhibir las copias necesarias de su escrito aclaratorio, o de contestar con evasivas, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con lo establecido por el párrafo segundo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Se precisa, que el término para cumplir con el requerimiento se reanudará a partir de que surta efectos la notificación legal de este proveído. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis número .. Criterio jurisprudencial aplicable al caso, conforme a lo estipulado en el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo vigente, en lo que no se opongan a la misma.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo que promueve José Luis Gómez Chávez, en su carácter de apoderado de Ana Elvia Castelar Velásquez, contra actos del juez de lo Familiar del Distrito Judicial de Matías Romero, Oaxaca, y de otra autoridad; personalidad que se le reconoce por acreditarla en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo, con la copia certificada de la escritura veinticinco mil ciento cuenta y siete, libro ciento setenta y siete, de fecha diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, pasado ante la fe pública de Juan Manuel Calderón Jaimes, cónsul General de México, de la ciudad de San José, California, Estados Unidos de América, actuando en funciones de notario público, conforme a lo dispuesto en los artículos 44, fracción IV de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, y 87 de su reglamento; probanza a la que se le confiere valor probatorio pleno, en su calidad de documento público, en razón que fue expedido por un funcionario público revestido de fe pública y en el ejercicio de sus funciones en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2; fórmese y regístrese el expediente de amparo con el número que le corresponda. Ahora, a fin de proveer lo que conforme a derecho proceda respecto de su admisión o no, con fundamento en los artículos 112, 114, fracción IV en relación con el 108, fracción III y IV, 110, primer párrafo, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días, por escrito que formará parte integrante de su demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, con el número de copias suficientes, una para cada una de las autoridades señaladas como responsables; uno para el tercero interesado que menciona, y una más para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, regularice su demanda en los siguientes términos:... Lo anterior, es una carga procesal que el artículo 108, fracción III y IV, de la Ley de Amparo, imponen a la parte quejosa de designar con claridad a la autoridad o autoridades responsables, y de señalar nítidamente el acto que de cada una de las autoridades reclame, y exhibir sendas copias para correr traslado a cada una de las demás partes en el juicio, a fin de que este tribunal esté en condiciones de dirigirse a ellas para solicitarle su informe justificado. En apoyo a lo expuesto se cita la tesis aislada .... Criterios jurisprudenciales aplicables al caso, conforme a lo estipulado en el artículo SEXTO Transitorio de la Ley de Amparo, en lo que no se oponga a la misma. Se apercibe a la parte quejosa que de no cumplir con lo anterior dentro del plazo concedido, de no informar lo conducente, de contestar con evasivas o de no exhibir las copias requeridas, se tendrá por no interpuesta su demanda de amparo, de conformidad con lo establecido por el artículo 114, segundo párrafo de la Ley de Amparo. Como la parte quejosa señala los estrados de este Juzgado para recibir notificaciones, y los artículos 26, fracción III, y 29, de la Ley de Amparo, regulan las notificaciones por lista que se publican en los estrados de este Juzgado, por consiguiente, por ser esa la voluntad del quejoso y estar ajustada a derecho, como lo pide, las notificaciones que le correspondan en el presente asunto, aún las de carácter personal, hágansele mediante lista de acuerdos.

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