Ana Luisa Toledo Toledo
Expediente 281/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 281/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 18/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Ana Luisa Toledo Toledo
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, y dado que ANA LUISA TOLEDO TOLEDO, no impugnó el proveído de veintisiete de junio del año en curso (fojas 16-21), mediante el cual se desechó la demanda de amparo, dentro del plazo que para tal efecto establece el artículo 98, párrafo primero, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que dicho auto queda firme para los efectos legales consiguientes. Como no existen constancias pendientes de agregarse a este expediente, con fundamento en los artículos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Por otra parte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado; asimismo, se destaca que en el presente expediente se desechó la demanda de amparo, y no existen documentos ofrecidos por la parte quejosa, considerados como originales por el punto Segundo, fracción XVIII, del referido Acuerdo General Conjuntos 1/2009, esto es, que contengan un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro; por consiguiente, transcurridos más de cinco años a partir de la fecha de que se dicta este acuerdo, es destruible, por encuadrar en el supuesto previsto en el artículo vigésimo primero, fracción I, del Capítulo V, del citado Acuerdo General 1/2009. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ANA LUISA TOLEDO TOLEDO, contra actos de la Juez Primero de lo Familiar, de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca y de otra autoridad; fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo indirecto 281/2019. En el caso, resulta oportuno analizar la procedencia del juicio de amparo, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda de amparo. Asimismo, de conformidad con el artículo 113 de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situaciones que en el caso a estudio acontecen. Apoya la anterior consideración la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4 publicada en la página 890, tomo VII, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica:... Así, en el presente asunto, los actos reclamados, a cada una las autoridades responsables, se hicieron consistir en: "IV. ACTO RECLAMADO. De la ordenadora, Juez Primero de lo Familiar de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, reclamo el Acuerdo en donde ordena se me emplace a juicio de Divorcio lncausado en domicilio distinto al que habito o radico. Y de la Autoridad Ejecutora el Cabal cumplimiento de dicha orden de emplazamiento el cual fue realizado por el actuario PEDRO MENDEZ GUZMAN, en el que se (sic) SUPUESTAMENTE ME EMPLAZA A JUICIO DENTRO DEL EXPEDIENTE 385/2018 de DIVORCIO INCAUSADO en un domicilio en el cual no vivo ni radico". En la especie, se advierte que se actualiza, la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: ... Dicho precepto prevé el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, que consiste en la carga procesal de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la legislación reguladora del acto reclamado, que pueden conducir a su modificación, revocación o nulidad. En efecto, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo; de tal suerte que existiendo medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la parte quejosa, el amparo es improcedente. En ese sentido, los artículos 71, 73, 74 y 75 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca, textualmente establecen:... De los numerales transcritos se advierte, que dentro de los juicios del orden familiar, mismos que se rigen por la ley civil aplicable, se prevé la existencia del incidente de nulidad, el cual procede contra las actuaciones por falta o defecto del emplazamiento. Por tanto, de conformidad con los preceptos transcritos, es evidente que en contra de la diligencia de emplazamiento y notificaciones practicadas en controversias del orden familiar, así como en los acuerdos dictados dentro del procedimiento, procede el incidente de nulidad, llevando como consecuencia que dichas notificaciones y actuaciones, sean susceptibles de ser confirmadas, modificadas o revocadas, a través ese medio de impugnación. En el caso, del contexto integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama el acuerdo dictado por el Juez Primero de lo Familiar, con residencia en Juchitán, Oaxaca, en el expediente 385/2018, de divorcio incausado, en el que ordenó la diligencia de emplazamiento, llevada a cabo el doce de junio del año en curso, en un domicilio distinto al que habita. Lo que pone de manifiesto, que contra la citada diligencia de emplazamiento procede el incidente de nulidad, previsto por el artículo 75 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado de Oaxaca, de conformidad con el artículo 404, del propio ordenamiento, a través del cual puede ser confirmada, modificada o revocada la actuación que por esta vía constitucional se reclama. Por tanto, previamente a que la quejosa acudiera a esta instancia constitucional a combatir los actos que reclama, debió interponer el aludido incidente de nulidad, que prevé el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca, lo cual evidencia la improcedencia del presente juicio de amparo. Con la precisión de que, en el caso, no se está en el caso de excepción que prevé el artículo 61, fracción XVIII, inciso c) de la Ley de Amparo, esto es, que se ostente tercero extraño al juicio, ya que, contrario a ello, la quejosa manifestó, en su escrito de demanda, bajo protesta de decir verdad, que sus familiares le informaron que el doce de junio de dos mil diecinueve se presentaron a su domicilio ubicado en Ciudad lxtepec, un licenciado quien dijo ser Actuario del Juzgado Familiar de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, quien tenía una orden de emplazamiento para la quejosa, informándole su familiar que ya no vivía en ese domicilio, si no en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, no obstante lo anterior, el citado actuario dejó unos papeles doblados en la ventana de la casa de su familiar, quien para no meterse en líos legales no los ha tomado para no involucrarse. Además, del propio escrito de demanda se advierte que es conocedor de la fecha de diligencia de emplazamiento, el número de expediente, el tipo de juicio, así como la autoridad que emitió el acto reclamado. Confesión a la que se concede pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y con la que queda evidenciado que la aquí quejosa es demandada en el juicio familiar de origen; de ahí que aunque no ha comparecido a aquél, tiene conocimiento del juicio que se tramita en su contra, en el cual no se ha dictado sentencia, dada la temporalidad de la diligencia de emplazamiento, llevada a cabo el doce de este propio mes y año; por ello, está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley que estime pertinentes. Consecuentemente, al encontrarse acreditada la causa de improcedencia anteriormente analizada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, prevista en el artículo se desecha, de plano, por notoriamente improcedente, la demanda de amparo. Por otra parte, no resulta inadvertido que la causa de improcedencia en la que se funda el presente desechamiento, podría ser estudiada en la audiencia constitucional que resolviera el juicio de amparo; sin embargo, se estima que tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia, que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la misma conclusión ahora formulada. Como lo solicita la peticionaria del amparo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala 9 en su escrito de demanda; asimismo, se tiene por autorizado con todas las facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, en relación a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, al licenciado JUVENTINO OROZCO MORENO, no obstante que no se encuentra registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, ya que fue proporcionado el número de su cédula profesional 9790936, y se realizó la búsqueda respectiva en el Registro Nacional de Profesiones, encontrándose debidamente registrada. Finalmente, hágase saber a las partes que la sentencia ejecutoria y demás resoluciones públicas que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, de acuerdo al procedimiento de acceso a la información y tomando en cuenta lo previsto en el artículo 8, primer párrafo, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, que dice: "Si las partes ejercen en cualquier instancia seguida ante la Suprema Corte, el Consejo o los órganos jurisdiccionales el derecho que les confiere el artículo 8 de la Ley para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el respectivo órgano jurisdiccional.", por tanto, las partes pueden ejercer en cualquier instancia seguida ante la Suprema Corte, el Consejo o los órganos jurisdiccionales, el derecho que les confiere el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para oponerse a que se publiquen sus datos personales, cuando se presente solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, para que sea tomado en consideración por la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo, y en su caso, determine si tal oposición puede o no surtir efectos. En la inteligencia que, aun cuando las partes no ejerzan la oposición a que se refiere el artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para que se hagan públicas las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que éstas puedan contener, procurando que dicha supresión de datos no impida dar a conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional.
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