Ana Laura del Valle Toledo

Expediente 180/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
180/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
20/06/2019

Partes del expediente

  • Ana Laura del Valle Toledo

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la primera certificación secretarial de cuenta, y dado que la parte quejosa no impugnó el proveído de veintidós de mayo de dos mil diecinueve (fojas 21-22), mediante el cual se tuvo por no presentada su demanda de amparo, dentro del plazo que para tal efecto establece el artículo 98 de la Ley de Amparo en vigor; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que dicho auto queda firme para los efectos legales consiguientes. Como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Por otra parte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; asimismo, se destaca que en el presente expediente se tuvo por no presentada la demanda de amparo, que no se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados ni existen documentos ofrecidos por la parte quejosa, considerados como originales por el punto segundo, fracción XVIII, del citado Acuerdo General, esto es, que contengan un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro; como consecuencia de lo anterior, transcurridos más de cinco años a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, es susceptible de destrucción, por ubicarse en el supuesto de la fracción I del punto vigésimo primero del referido Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  2. Principal

    Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que la quejosa Ana Laura del Valle Toledo, no cumplió con el requerimiento que se le hizo mediante proveído de treinta de abril de dos mil diecinueve (fojas 6-7), en el que se le requirió para que dentro del plazo de cinco días, regularizara su demanda de amparo en los siguientes términos: 1. Indique si señala como acto reclamado la falta de administración de justicia en los plazos y términos que fijan las leyes de manera pronta, completa e imparcial debido a la omisión de la responsable de pronunciarse respecto del recurso de revocación interpuesto por la aquí quejosa contra el auto de veinte de septiembre de dos mil dieciocho, dictado en el expediente familiar 262/2015, por el Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Tehuantepec, Oaxaca. 2. Indique el estado en que se encuentra el referido expediente familiar 262/2015. Asimismo, se le apercibió que de no cumplir con lo requerido dentro del plazo concedido, de no informar lo conducente, de contestar con evasivas o de no exhibir las copias requeridas, se tendría por no interpuesta su demanda de amparo. Lo anterior es así, pues si bien mediante escrito presentado el diez de mayo de esta anualidad, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, recibido en este Juzgado el trece siguiente (fojas 9 y 10), el autorizado legal de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, pretendió dar cumplimiento al requerimiento que se le realizó a la quejosa, sin embargo, por auto de catorce de mayo del año en curso (fojas 12 y 13), se le dijo que no había lugar a tenerlo cumpliendo con el requerimiento que se le formuló en proveído de treinta de abril de dos mil diecinueve (fojas 6-7), habida cuenta que la manifestación "bajo protesta de decir verdad" constituye un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizarse por quien promovió la demanda de amparo. Motivo por el cual, se le requirió para que dentro del plazo inicial de cinco días concedido, mismo que se interrumpió con la presentación de su escrito aclaratorio, cumpliera en sus términos con el requerimiento que se le había realizado en el mencionado proveído de treinta de abril de esta anualidad. De igual forma, se le apercibió que de no cumplir con lo requerido dentro del plazo inicial concedido, se tendría por no presentada su demanda de amparo. En tales condiciones como la parte quejosa no cumplió con dicho requerimiento dentro del plazo concedido, con fundamento en el párrafo segundo del artículo 114, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo promovida por Ana Laura del Valle Toledo, contra actos del Juez de lo Civil con residencia en Tehuantepec, Oaxaca, y de otras autoridades; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Por otro lado, glósese a los autos únicamente para que obre como corresponda el escrito de la quejosa Ana Laura del Valle Toledo, por el que pretende cumplir con el requerimiento formulado en proveído de treinta de abril de dos mil diecinueve (fojas 6-7), en virtud que en párrafos que anteceden se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por la citada quejosa, al fenecer el término concedido en el citado auto de treinta de abril de dos mil diecinueve. En otro aspecto, hágase saber a la parte quejosa que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, de acuerdo al procedimiento de acceso a la información y tomando en cuenta lo previsto en el artículo 8, primer párrafo, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, que dice: "Si las partes ejercen en cualquier instancia seguida ante la Suprema Corte, el Consejo o los órganos jurisdiccionales el derecho que les confiere el artículo 8 de la Ley para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el respectivo órgano jurisdiccional."; por tanto, las partes pueden ejercer en cualquier instancia seguida ante la Suprema Corte, el Consejo o los órganos jurisdiccionales, el derecho que les confiere el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para oponerse a que se publiquen sus datos personales, cuando se presente solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, para que sea tomado en consideración por la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo, y en su caso, determine si tal oposición puede o no surtir efectos. En la inteligencia que, aun cuando las partes no ejerzan la oposición a que se refiere el artículo 8º para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para que se hagan públicas las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que éstas puedan contener, procurando que dicha supresión de datos no impida dar a conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional.

  3. Principal

    Por recibido el escrito del licenciado Luis Felipe Celaya Guerra, autorizado de la parte quejosa, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; en atención a su contenido, no ha lugar a tenerlo cumpliendo con el requerimiento formulado en proveído de treinta de abril de dos mil diecinueve (fojas 6-7), dado que si bien el citado promovente es autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; sin embargo, para desahogar prevenciones en las cuales deba manifestarse "bajo protesta de decir verdad", conforme lo establece el artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo, al constituir un acto de carácter personalísimo sólo puede realizarse por quien promovió la demanda de amparo. Se invoca en apoyo a lo anterior la jurisprudencia sustentada por: Consecuentemente, el requerimiento y apercibimiento decretados en el referido auto de treinta de abril de dos mil diecinueve, subsisten en sus términos, y de no cumplir con él, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Se precisa, que el término para cumplir con el requerimiento se reanudará a partir de que surta efectos la notificación legal de este proveído. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis número III.2o.A.38K, visible en la página 1323, del Tomo XXI, correspondiente al mes de Abril de 2005, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 146 DE LA RELATIVA SE INTERRUMPLE CON LA PRESENTACIÓN DEL ESCRITO CORRESPONDIENTE Y HASTA EN TANTO SURTE EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO QUE LE RECAIGA". Criterio jurisprudencial aplicable al caso, conforme a lo estipulado en el artículo SEXTO Transitorio de la Ley de Amparo vigente.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo que promueve Ana Laura del Valle Toledo, contra actos del Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Tehuantepec, Oaxaca, y de otras autoridades; fórmese y regístrese el expediente de amparo con el número que le corresponda. Ahora, a fin de proveer lo que conforme a derecho proceda respecto de su admisión o no, con fundamento en los artículos 112, 114, fracción IV, en relación con el artículo 108, fracción IV, y 110, primer párrafo, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días, por escrito que formará parte integrante de su demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, con el número de copias suficientes, una para cada una de las autoridades señaladas como responsables; uno para el tercero interesado que menciona, y una más para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, regularice su demanda en los siguientes términos: 1. Indique si señala como acto reclamado la falta de administración de justicia en los plazos y términos que fijan las leyes de manera pronta, completa e imparcial debido a la omisión de la responsable de pronunciarse respecto del recurso de revocación interpuesto por la aquí quejosa contra el auto de veinte de septiembre de dos mil dieciocho, dictado en el expediente familiar 262/2015, por el Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Tehuantepec, Oaxaca. 2. Indique el estado en que se encuentra el referido expediente familiar 262/2015. Lo anterior, es una carga procesal que el artículo 108, fracción IV, de la Ley de Amparo, impone a la parte quejosa de señalar nítidamente el acto que de cada una de las autoridades reclame, y exhibir sendas copias para correr traslado a cada una de las demás partes en el juicio, a fin de que este tribunal esté en condiciones de dirigirse a ellas para solicitarle su informe justificado. En apoyo a lo expuesto resulta aplicable la Jurisprudencia IV.3o.A. J/18 (9a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III (Diciembre de 2011), Tomo 5, visible a página 3709, Décima Época, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, que dice: "REVISIÓN EN EL AMPARO. LA OMISIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO DE REQUERIR AL QUEJOSO PARA QUE ACLARE SU DEMANDA CUANDO ÉSTA ES OSCURA E IMPRECISA AL SEÑALAR EL ACTO RECLAMADO, DA LUGAR A QUE EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CONOZCA DEL RECURSO ORDENE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA QUE SE SUBSANE LA FALTA. A fin de integrar debidamente la litis en el juicio de amparo, es menester que el quejoso señale el acto reclamado con claridad y precisión, pues sólo así podrá el juzgador fijar correctamente la litis, analizar la procedencia de/juicio y eventualmente la constitucionalidad del acto; por tanto, si la demanda de garantías es oscura e imprecisa al señalar el acto cuya inconstitucionalidad alega, el Juez de Distrito está obligado a requerir al promovente en términos del artículo 146 de la Ley de Amparo para que la aclare y, en caso de no hacerlo, el Tribunal Colegiado de Circuito que conozca de la revisión debe ordenar la reposición del procedimiento para que se formule el requerimiento de mérito, pues la correcta fijación de la litis constituye la base que posibilita la emisión de una sentencia congruente y es obligación del órgano revisor velar por que se satisfaga tal extremo." Criterio jurisprudencial aplicable al caso, conforme a lo estipulado en el artículo SEXTO Transitorio de la Ley de Amparo, en lo que no se oponga a la misma. Se apercibe a la parte quejosa que de no cumplir con lo anterior dentro del plazo concedido, de no informar lo conducente, de contestar con evasivas o de no exhibir las copias requeridas, se tendrá por no interpuesta su demanda de amparo, de conformidad con lo establecido por el artículo 114, segundo párrafo de la Ley de Amparo. Téngase por autorizado con todas las facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Luis Felipe Celaya Guerra, quien justifica estar legalmente autorizado para ejercer la profesión de abogado, dado que de la certificación de cuenta se advierte que se encuentra registrado en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos Jurisdiccionales; y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a Álvaro Cuevas Martínez, toda vez que no acredita encontrarse legalmente autorizado para ejercer la profesión de abogado o licenciado en derecho, circunstancia a la cual está obligado en la medida de que se trata de un juicio de amparo en materia civil, aunado a que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que no se encontró registro alguno a su nombre en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales, ni en los libros de registros de cédulas profesionales que se llevan en este Juzgado, así como a Belem Gil Jiménez, Karina Sánchez Guerra y Beatriz Celaya Guerra, porque en esos términos los autoriza. Como la parte quejosa señala los estrados de este Juzgado para recibir notificaciones, y los artículos 26, fracción III, y 29, de la Ley de Amparo, regulan las notificaciones por lista que se publican en los estrados de este Juzgado, por consiguiente, por ser esa la voluntad de la quejosa y estar ajustada a derecho, como lo pide, las notificaciones que le correspondan en el presente asunto, aún las de carácter personal, hágansele mediante lista de acuerdos.

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