Ana Caren Maldonado Lascares

Expediente 230/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
230/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
01/08/2017

Partes del expediente

  • Ana Caren Maldonado Lascares

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el contenido de la certificación de cuenta, y el estado de autos, en atención a que la quejosa ANA CAREN MALDONADO LASCARES, no interpuso recurso de revisión en contra del proveído de trece de julio del año en curso, en el cual se sobreseyó fuera de audiencia este juicio de garantías; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes; en consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno; gírese oficio a la autoridad responsable, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la materia, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; asimismo, se destaca que en el presente expediente no existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el punto segundo, fracción XVIII, del citado Acuerdo General, esto es, que contengan un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro; como consecuencia de lo anterior, transcurridos más de cinco años a partir de la fecha de que se dicta este acuerdo, es susceptible de destrucción. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo

  2. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que mediante proveído de dieciséis de este propio mes de junio (foja 44), notificado el diecinueve siguiente (fojas 46 y 47) se concedió a las partes quejosa y tercera interesada, el plazo de ocho días para que manifiesten lo que a sus intereses convenga respecto a la vista que se les dio con el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje con residencia en Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca; cuyo plazo transcurre del veintiuno al treinta de este propio mes y año; en consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECINUEVE DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE, para que tenga verificativo.

  3. Principal

    Agréguese el escrito de ROBERTO ARAMBURO VÁZQUEZ con el carácter de administrador general único de la persona moral "ASESORES CONTABLES DE VILLAHERMOSA", SOCIEDAD CIVIL, CASA MAZATLÁN; personalidad que acredita con la copia certificada del Instrumento Notarial número trece mil novecientos once (13911), tomo treinta y siete (37), folios del cuarenta y siete mil setecientos cuatro (47704) al cuarenta y siete mil setecientos seis (47706), del quince de septiembre de dos mil once, por el Notario Público número treinta y siete (37) en el Estado y del Patrimonio Inmueble Federal, licenciado Jorge Antonio López Mier con residencia en la ciudad de Salina Cruz, Oaxaca; mediante el cual se apersona al presente juicio; en su atención, con fundamento en el artículo 5º fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se le tiene apersonándose al presente juicio como tercero interesado. Asimismo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a FRANCISCO ROBERTO TORRES GUZMÁN; toda vez que tiene registrada su cédula profesional que lo acredita como licenciado en derecho, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, y únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos a VÍCTOR HUGO SOLIS PAULO toda vez que no se encuentra registrado en el Módulo de Cédulas Profesionales de la Red Internet de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, y como consecuencia, no acredita ser licenciado en derecho, tal como lo exige el artículo 12 de la Ley de Amparo; de igual manera a ERICK CELEDONIO TOLEDO LUCERO y CELINA NIEVA IBAÑEZ, por así solicitarlo expresamente. Por otra parte, en cuanto a su solicitud de que se le devuelva la copia certificada del instrumento notarial número trece mil novecientos once (13911), con el cual acredita su personalidad; con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, no ha lugar a realizar la devolución que solicita, puesto que con la copia certificada que exhibió está acreditando su personalidad y en su caso, como el presente asunto está en trámite, puede ser objetada por la parte quejosa.

  4. Principal

    Por recibida la demanda de amparo que promueve ANA CAREN MALDONADO LASCARES, contra actos del Auxiliar del Área de Dictaminación de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje con residencia en Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca y otra autoridad; fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo indirecto 230/2017. Ahora, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 113, en relación con el 5, fracción II, y 61, fracción XXIII, de la Ley Amparo, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo, respecto de los actos reclamados al Auxiliar del Área de Dictaminación de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje con residencia en Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca. En efecto, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia del juicio que prevé el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 1, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, así como 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 1º, fracción I, de la propia ley de la materia, toda vez que no le reviste el carácter de autoridad responsable al Auxiliar del Área de Dictaminación de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje con residencia en Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, y por ende, el acto de autoridad que se le reclama, para efectos del juicio de amparo, tal y como se expondrá a continuación. En efecto, los artículos 61, fracción XXIII y 5, fracción II, de la Ley de Amparo disponen: El primero de los numerales transcritos, instituye la improcedencia del juicio de amparo en los demás casos en que la misma resulte de alguna disposición de la ley, es decir, no establece una causa concreta de improcedencia, sino que, señala en forma genérica, la que opera cuando resulte de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos del propio artículo 61 de la Ley de la materia; por lo cual, para la aplicación de la citada fracción, debe relacionársele con otro precepto legal que determine la improcedencia del juicio en un caso concreto. De igual manera, la fracción I del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: Ahora, en la fracción I del artículo 103 constitucional, se establece la facultad de los tribunales federales para conocer y resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de la autoridad, que transgredan los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección, por la Constitución, así como los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por su parte, el artículo 1º de la Ley de Amparo, fracción I, estatuye que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos y las garantías otorgadas para su protección en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los Tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En efecto, el juicio de amparo constituye un medio de control extraordinario, que se inicia mediante la acción de una persona física, jurídico colectiva, e incluso oficial, por sí o en representación de persona diversa, contra leyes o actos de autoridad, ante la posible transgresión de sus derechos fundamentales, estatuidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o Tratados Internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano, del cual, por razón de competencia, conoce un órgano jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación, que tiene como objeto la calificación de la constitucionalidad de tales actos o leyes, con la finalidad de la restitución en el goce de sus derechos fundamentales, atendiendo para su procedencia a los artículos 103 y 107 de la norma suprema, así como los principios rectores del procedimiento del amparo, establecidos en la propia ley de la materia. En consecuencia, al actualizarse en la especie la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la presente demanda de amparo, únicamente por cuanto hace a los actos reclamados al Auxiliar del Área de Dictaminación de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje con residencia en Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, por ser manifiesta y notoria la causa de improcedencia señalada. Por otra parte, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107 fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal, 1, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 110, 112, 115 y 117, de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por ANA CAREN MALDONADO LASCARES, contra actos de los Miembros de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca; háganse las anotaciones en el libro de gobierno; sin que haya lugar a tramitar incidente de suspensión por no haber sido solicitado. Pídase a la autoridad señalada como responsable su informe justificado, el que deberá rendir sin falta dentro de los quince días siguientes al en que reciban el oficio en el que se pide dicho informe. Se señalan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, la intervención que legalmente le corresponde; lo anterior con fundamento en el artículo 5, fracción IV, de la citada ley. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley invocada, se requiere a la autoridad responsable para que al rendir su informe justificado: a). Acompañe las constancias que guardan relación con el acto reclamado, siendo necesarias para la resolución del presente asunto; b). Que las copias que anexe sean íntegras y legibles y, c). Queda obligada a comunicar el cambio de situación jurídica del indiciado (aquí quejoso), o, en su caso, si han ocurrido causas notorias de sobreseimiento del juicio. Con el apercibimiento que de 1) no rendir su informe, de no acompañar las constancias relativas, o 2) no comunicar la existencia de alguna causa de sobreseimiento; se le impondrá multa por cantidades comprendidas, en su orden, en el primer caso, entre cien y mil Unidades de Medida y Actualización vigente, y en el segundo, de treinta a trescientas Unidades de Medida y Actualización vigente, lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral segundo transitorio del Decreto por el que se declaran Reformadas y Adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente su artículo 26, en materia de desindexación del salario mínimo vigente a partir del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en concordancia con lo determinado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación de veintiocho de enero siguiente, en relación con la resolución de uno de diciembre de dos mil dieciséis, del Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que fija los salarios mínimos general y profesionales vigentes a partir del uno de enero de dos mil diecisiete, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis. Por otro lado, infórmese a la responsable que en caso de exhibir documentación o Información con el carácter de reservada o confidencial, deberá enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado con la leyenda correspondiente "información reservada'', o "información confidencial", como parte de las medidas necesarias que les corresponde tomar para asegurar su custodia y conservación, en términos de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, expresando las razones que lo justifiquen, y formulando, de ser el caso, adicionalmente a la versión original, la versión pública de las constancias que tomaron en cuenta para emitir los actos reclamados, considerando que el artículo 30 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, dispone que cuando un documento contiene partes o secciones reservadas, se deberá entregar una versión en la que se omitan estas últimas y que en términos del artículo 40 del mismo ordenamiento, se debe dar acceso a las versiones públicas de los documentos en las que se excluyan las partes o secciones de éstos que contengan información confidencial; aunado a que las documentales respectivas deberán llevar la leyenda que precisa el citado artículo 30 del Reglamento de la propia Ley, apercibidas de que de no cumplir con lo anterior se entenderá que se está en el supuesto previsto en el último párrafo del propio artículo 30, esto es, que se trata de versiones públicas y, consecuentemente, se podrá ordenar que se glosen al expediente quedando a disposición de las partes para su consulta. En el mismo orden de ideas, hágase del conocimiento de la parte quejosa y de la parte tercero interesada (en caso de existir), así como de la totalidad de las partes que conformen este juicio de amparo, que en la eventualidad de exhibir documentales que a su criterio contengan información confidencial o que deban tener un tratamiento especial consistente en restringir la difusión de datos personales a las partes y que a su vez deban ser resguardadas en el seguro de este Juzgado de Distrito, de conformidad con lo previsto en el "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos", publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, deberán indicarlo expresamente, argumentando los motivos y fundamentos con los que sustenten su dicho, así como exhibirlas en un sobre cerrado debidamente Identificado con su contenido, a efecto de que este órgano jurisdiccional se encuentre en aptitud de otorgar el tratamiento que en derecho corresponda. En términos del artículo 64 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se previene a todas las partes para que comuniquen cuando cesen los efectos del acto reclamado o se actualicen causas notorias de sobreseimiento, asimismo, informen si en relación al acto reclamado se ha promovido diverso juicio de amparo, de ser así, indiquen el número de juicio y el Juzgado de Distrito que conoció del asunto, de incumplirlo, en términos del precepto 251 de la Ley de Amparo, se les impondrá multa de treinta a trescientas Unidades de Medida y Actualización vigente, lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral segundo transitorio del Decreto por el que se declaran Reformadas y Adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente su artículo 26, en materia de desindexación del salario mínimo vigente a partir del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en concordancia con lo determinado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación de veintiocho de enero siguiente, en relación con la resolución de uno de diciembre de dos mil dieciséis, del Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que fija los salarios mínimos general y profesionales vigentes a partir del uno de enero de dos mil diecisiete, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se tiene como tercera interesada en el presente expediente a la persona moral ASESORES CONTABLES DE VILLAHERMOSA, S.C. (CASA MAZATLÁN) O COMO EN EL FUTURO SE LE DENOMINE O QUIEN RESULTE PROPIERARIO O RESPONSABLE DE LA MISMA, quien tiene su domicilio en: calle veintidós (22) de marzo, número tres (3), zona centro, (entre telecom-telégrafos y papelería Algeis9, en la ciudad de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, quien deberá ser emplazada a juicio en dicho domicilio por conducto de su representante legal. En consecuencia, se comisiona a la Actuaria Judicial llevadora de este expediente, para que emplace a juicio por conducto de su representante legal a la persona moral ASESORES CONTABLES DE VILLAHERMOSA, S.C. (CASA MAZATLÁN) O COMO EN EL FUTURO SE LE DENOMINE O QUIEN RESULTE PROPIETARIO O RESPONSABLE DE LA MISMA, en el domicilio señalado por la parte quejosa en su escrito de demanda, el cual se ubica en: calle veintidós (22) de marzo, número tres (3), zona centro, (entre telecom-telégrafos y papelería Algeis), en la ciudad de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, haciéndole entrega de la copia simple de la demanda y copia autorizada del presente auto, a quien le hará saber la fecha de la celebración de la audiencia constitucional; asimismo, deberá requerirla para que dentro del plazo de tres días al en que esté legalmente notificado de este proveído, señale domicilio dentro del lugar de residencia de este Tribunal, para efectos de oír y recibir notificaciones, y la aperciba que en caso de no hacerlo, las subsecuentes que surjan aún las de carácter personal se le harán por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, en términos de lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo en vigor. Se tiene como domicilio de la parte peticionaria de amparo, para oír y recibir notificaciones, el que indica; y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, a GERMÁN FLORES MARQUEZ Y MARCOS LINO CADENA LOYO, toda vez que en esos términos lo solicita. Comuníquese a la parte quejosa, que de ser incorrecta la denominación de la autoridad señalada como responsable o de no existir, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo en vigor, que le impone la obligación de precisar en la demanda la autoridad o autoridades responsables, se podrá dejar de tenerlas con tal carácter y cesará toda comunicación con ellas. Lo anterior, acorde con el principio consagrado en el artículo 17 Constitucional, de que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Hágase saber a las partes que la sentencia ejecutoria y demás resoluciones públicas que se dicten en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, de acuerdo al procedimiento de acceso a la información y tomando en cuenta lo previsto en el artículo 8, primer párrafo, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, que dice: "Si las partes ejercen en cualquier instancia seguida ante la Suprema Corte, el Consejo o los órganos jurisdiccionales el derecho que les confiere el artículo 8 de la Ley para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el respectivo órgano jurisdiccional."; por tanto, las partes pueden ejercer en cualquier instancia seguida ante la Suprema Corte, el Consejo o los órganos jurisdiccionales, el derecho que les confiere el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para oponerse a que se publiquen sus datos personales, cuando se presente solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, para que sea tomado en consideración por la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo, y en su caso, determine si tal oposición puede o no surtir efectos. En la inteligencia que, aun cuando las partes no ejerzan la oposición a que se refiere el artículo 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para que se hagan públicas las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que éstas puedan contener, procurando que dicha supresión de datos no impida dar a conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional.

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