Alicia Flores Gutiérrez
Expediente 90/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 19 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 90/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 14/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Alicia Flores Gutiérrez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Morelia, Michoacán, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. CUENTA CON AUTOS. Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha fenecido el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada por este Juzgado el cuatro de octubre de dos mil veintitrés, en el que se sobreseyó el presente asunto, promovido por ********************por tanto, se acuerda lo siguiente. Consecuentemente, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Hágase la devolución a la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Ciudad Hidalgo, Michoacán, las constancias que adjuntaron como sustento de sus informes justificados consistente en copia certificada del juicio ejecutivo mercantil 685/2022 en dos tomos; para los efectos legales a que haya lugar. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Ahora, de la revisión de los autos, específicamente la segunda parte de la certificación que obra al rubro de este auto, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO En consideración a lo anterior, y a que de la certificación que antecede se advierte que en la caja de seguridad de este juzgado no obra documento de valor relacionado con el mismo, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, se estima que el presente amparo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, en razón de que el mismo se SOBRESEYÓ, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el precepto citado en segundo término, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el mismo. Sin que haya lugar a realizar pronunciamiento respecto a los cuadernos incidentales, toda vez que no se formaron los mismos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza.- Doy fe.
- Principal
V I S T O S para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo número ********************, promovido por ********************, contra actos del Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ciudad Hidalgo, Michoacán, y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito depositado el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en Morelia, Michoacán, remitido al día siguiente, por razón de turno, a este Juzgado Tercero de Distrito, ******************** compareció a solicitar el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ciudad Hidalgo, Michoacán, y otra autoridad; en los términos siguientes: "a). La sentencia definitiva dictada dentro del Juicio ejecutivo mercantil número 685/2022, sobre pago de pesos seguido ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Morelia, Michoacán, por el Licenciado JOSÉ LUIS GARCÍA SALAS, endosatario en procuración del señor SALVADOR JIMÉNEZ ALCÁNTAR frente al suscrito hoy quejoso, y la tercero con interés señora ALICIA FLORES GUTIÉRREZ y en la cual entre otras cosas se nos condena a los suscrito al pago de las prestaciones demandadas por el actor, hoy señalado como tercero con interés, sin ser oídos y vencidos en juicio y sin que se nos haya dado la oportunidad de aportar pruebas en nuestro favor, ya que en ningún momento fuimos notificados el requerimiento que se ordenó realizar para que señaláramos domicilio en Ciudad Hidalgo, Michoacán para recibir notificaciones de manera personal, por lo que este acto de autoridad resulta violatorio de nuestras garantías individuales de legalidad y seguridad jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, al violar mi garantía de audiencia. b). Así como también reclamo de esta autoridad todas y cada una de las actuaciones subsecuentes al auto de fecha 7 siete de septiembre del presente año visible a fojas 32 treinta y dos del juicio de referencia, mediante el cual se ordena requerirnos para señalar domicilio dentro de la Ciudad Hidalgo, Michoacán, que es el lugar en donde tiene su domicilio el juzgado actuando, con el apercibimiento que de no realizarlo, las mismas le correrán por medio de publicación de listas. Tal requerimiento no cumple con los requisitos formales de legalidad por lo que resulta inválido, al ser violatorio de nuestras garantías de legalidad y seguridad jurídica que consagran a favor de todo gobernado los artículos 14 y 16 Constitucionales y como consecuencia también las actuaciones realizadas dentro de dicho juicio, posteriores a tal actuación nula, ya que el requerimiento realizado para señalar domicilio nunca fue notificado ni se nos concedió término para cumplir con tal requerimiento. DEL. C. ACTUARIO DEL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE HIDALGO, MICHOACÁN, RECLAMO: a). La falta de notificación del requerimiento que se ordena realizar para los efectos de señalar domicilio dentro de la ciudad en donde tiene su domicilio el Juzgado Primero Civil de Ciudad, en virtud de que el domicilio señalado para recibir notificaciones lo habíamos realizado en el mismo domicilio en donde se practicó el emplazamiento, que lo es el ubicado en el número 46 cuarenta y seis de la calle de Privada de Matamoros de Irimbo, Michoacán.". En ese ocurso, la promovente narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como vulnerados en su perjuicio, los derechos humanos contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Radicación y prevención. Mediante auto de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional de amparo radicó el asunto bajo el progresivo 90/2023, y determinó prevenir a la accionante para que aclarara diversas inconsistencias de su libelo. Dicho requerimiento lo solventó oportunamente en los términos de su escrito de tres de febrero del actual, en el que destacadamente señaló lo siguiente: "1. El nombre correcto del quejoso lo es ALICIA FLORES GUTIÉRREZ. 2. El acto reclamado lo hago consistir en la falta de notificación del requerimiento de fecha 7 siete de septiembre del año 2022 dos mil veintidós, mediante el cual se ordenó requerirme para que señalara domicilio dentro de la ciudad en donde tiene su domicilio la autoridad responsable, esto es en Ciudad Hidalgo, Michoacán, en virtud de que el abogado que me asesoró señaló como domicilio para recibir notificaciones en la ciudad de Irimbo, Michoacán. Y como consecuencia de lo anterior, debe declararse nulo todo lo actuado dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil número 685/2022, incluso la sentencia dictada dentro del mismo. En virtud de habérseme privado del derecho de audiencia para tener conocimiento de las etapas del juicio y así poder ofrecer pruebas, intervenir en ellas, presentar alegatos y oír sentencia. 3. Como quedó precisado dentro del número romano V, manifesté que me di cuenta de la falta de notificación ordenada mediante auto de fecha 7 siete de diciembre de 2022, una vez que obtuvimos copias certificadas del expediente ejecutivo mercantil número 685/2022, del cual emana el acto reclamado; y esto fue el día 4 cuatro de enero del presente año.". TERCERO. Desechamiento. Así, en proveído de siete de junio de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional desechó la demanda promovida, al estimar actualizada de manera manifiesta e indudable, la hipótesis de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, toda vez que la acción resulta extemporánea. CUARTO. Queja. Inconforme, la promovente interpuso recurso de queja, cuyo conocimiento correspondió, por razón de turno, al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Decimo Primer Circuito, en el expediente R.Q.C. 48/2023, resuelto el veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, en el sentido ser fundado. Ello, porque contra la apreciación de este Juzgado Federal, en este momento procesal no puede establecerse tal conclusión, puesto que es necesario realizar un análisis exhaustivo para determinar si existió o no un conocimiento directo, exacto y completo de los actos reclamados; en consecuencia, se revocó el acuerdo impugnado. QUINTO. Admisión y trámite del juicio. En proveído de nueve de junio del actual, este Juzgado Federal admitió a trámite la demanda, requirió a las autoridades señaladas como responsables sus informes con justificación y otorgó intervención al Agente del Ministerio Público Federal adscrito. Por auto de dieciocho de julio de dos mil veintitrés, se reconoció el carácter de tercero interesado en este juicio a Salvador Jiménez Alcántar, a través de su endosatario en procuración, en términos de lo que dispone el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo; por lo que se ordenó y realizó su emplazamiento para todos los efectos legales conducentes. Finalmente, el dos de octubre de dos mil veintitrés, tuvo lugar la audiencia constitucional dentro de este expediente, la cual se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán es legalmente competente por territorio, materia y grado para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1o., fracción I, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, y el diverso 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Toda vez que se impugna un acto emitido por una autoridad materialmente jurisdiccional del orden civil, cuya ejecución se concreta dentro de la circunscripción en la que este órgano federal, con competencia mixta, tiene jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la precisión de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, con apoyo además en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". De igual forma, se invoca la jurisprudencia 40/2000 del contenido y datos que enseguida se anotan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". En ese tenor, del análisis integral de la demanda de amparo, su escrito aclaratorio y demás constancias allegadas a este sumario, se advierte que los actos reclamados son los siguientes: La falta de notificación personal del requerimiento efectuado en el auto de siete de septiembre de dos ml veintidós, dictado en el juicio ejecutivo mercantil número 685/2022 sobre pago de pesos, promovido José Luis García Salas, en cuanto endosatario en procuración de Salvador Jiménez Alcantar, en contra de ********************, como deudora principal, y J. Miguel Esquivel Ruiz o L. Miguel Esquivel Ruiz o Miguel Esquivel Ruiz, como aval; y, en vía de consecuencia, La sentencia de once de noviembre de dos mil veintidós, que resolvió en definitiva dicho controvertido, así como su notificación; y, Todos los actos de ejecución relacionados con el inmueble embargado en autos. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Contra la apreciación del representante social adscrito en su pedimento, son ciertos los actos reclamados, pues así lo manifestaron las autoridades responsables en sus informes relativos. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". Además, la certeza de que se habla se corrobora con las constancias certificadas relativas juicio ejecutivo mercantil número 685/2022 del índice del juzgado responsable, en donde particularmente se observa el auto de siete de septiembre de dos ml veintidós, la sentencia de once de noviembre de dos mil veintidós, y su procedimiento de ejecución. Documentales públicas que se valoran en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, al haber sido autenticadas por un funcionario judicial que con arreglo a la ley goza de fe pública. CUARTO. Antecedentes. A fin de contextualizar el asunto se destacan las siguientes actuaciones que obran en el natural de origen: 1. El veintiocho de junio de dos mil veintidós, José Luis García Salas, en cuanto endosatario en procuración de Salvador Jiménez Alcantar, promovió demanda en la vía ejecutiva mercantil sobre pago de pesos y otras prestaciones, en contra de ********************, como deudora principal, y J. Miguel Esquivel Ruiz o L. Miguel Esquivel Ruiz o Miguel Esquivel Ruiz, como aval. 2. De ese ocurso correspondió conocer, por razón de turno, al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Ciudad Hidalgo, Michoacán, el que mediante auto de veintinueve de junio de dos mil veintidós, lo admitió bajo el expediente número 685/2022, por lo que con efectos de mandamiento en forma, ordenó al actuario adscrito se constituyera en el domicilio de los demandados y los requiriera del pronto y efectivo pago de las cantidades reclamadas. 3. El dieciocho de agosto de dos mil veintidós, tuvo lugar aquella encomienda, en la que, previo cercioramiento, el fedatario judicial fue atendido por ********************, quien se identificó con documento oficial y reconoció el adeudo, pero señaló no poder pagar la cantidad solicitada ni designar bienes para embargo. Luego, el ministro ejecutor concedió el uso de la voz al asociado, quien, ante la negativa de acceso al domicilio, solicitó el uso de la fuerza pública y rompimiento de cerraduras para dar cumplimiento a la diligencia. No obstante, en ese acto se emplazó a la citada demandada, corriéndole traslado con la copia de la demanda y sus anexos, firmando para constancia. 4. El veintidós de agosto de dos mil veintidós, tuvo lugar la diligencia de requerimiento de pago y embargo, por lo que hace al demandado J. Miguel Esquivel Ruiz o L. Miguel Esquivel Ruiz o Miguel Esquivel Ruiz, quien tampoco cubrió las cantidades reclamadas, pero sí señaló para su embargo el inmueble consistente en la casa ubicada en la calle Hidalgo número 54 del municipio de Irimbo, Michoacán. En tales circunstancias, se emplazó al citado reo para que compareciera a dar contestación a su demanda, corriéndole traslado con copia de ésta y sus anexos, firmando para constancia. 5. Mediante escrito de treinta de agosto de dos mil veintidós, los codemadados acudieron a allanarse a la demanda promovida en su contra y señalaron como domicilio para oír y recibir notificaciones personales, el ubicado en calle Privada Matamoros número 46, colonia Centro, del municipio de Irimbo, Michoacán. 6. A lo anterior recayó el auto de dos de septiembre de dos mil veintidós, en el que previo a acordar lo conducente, se requirió a los demandados para que comparecieran a ratificar su contenido. Además, en dicho proveído se les tuvo señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones personales en Privada Matamoros número 46, colonia Centro, de Ciudad Hidalgo (sic), Michoacán, autorizando para recibirlas a las personas indicadas. 7. El siete de septiembre de dos mil veintidós, se dio cuenta con el estado de autos y se requirió a los demandados para que señalaran domicilio en la localidad, bajo el apercibimiento que de no hacerlo las mismas les correrán por lista, toda vez que el que se les tuvo señalado con antelación, en realidad pertenece a otra demarcación municipal. 8. El diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, ******************** compareció ante la Secretaría del Juzgado a ratificar su escrito relativo. 9. Así, el veintiuno de agosto de dos mil veintidós, se tuvo contestada la demanda únicamente por lo que hace a la codemandada inmediatamente citada, puesto que J. Miguel Esquivel Ruiz o L. Miguel Esquivel Ruiz o Miguel Esquivel Ruiz no compareció a ratificar su escrito; por ello se ordenó dar vista a la contraria para que manifestara lo propio. 10. Seguido el juicio por todas sus etapas, el once de noviembre de dos mil veintidós, se dictó sentencia que declaró procedente la acción cambiaria directa ejercida, por lo que condenó a los demandados a realizar el pago de las cantidades reclamadas y, en su caso, hacer trance y remate del bien embargado en autos. Ante la falta de domicilio para recibir notificaciones personales, dicho fallo se notificó a los demandados por medio de lista publicada el catorce del mes y año indicados. 11. Atento a lo solicitado por la parte actora, el diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, se declaró ejecutoriada la sentencia y se mandó requerir a los demandados para su cumplimiento voluntario. 12. Mediante escrito de seis de diciembre de dos mil veintidós, J. Miguel Esquivel Ruiz o L. Miguel Esquivel Ruiz o Miguel Esquivel Ruiz compareció a solicitar copias certificadas del natural, lo que así se le autorizó en proveído de siete siguiente. 13. Ante el incumplimiento de la condena, el veinte de enero de dos mil veintitrés, se mandó poner los autos en estado de ejecución, consecuentemente, se mandó valuar el bien embargado en autos y se requirió a las partes para que exhibieran su propio avalúo. 14. Así, el veinte de febrero de dos mil veintitrés, se señaló fecha y hora para la audiencia de remate en su primera almoneda. Hasta aquí los antecedentes. QUINTO. Causales de improcedencia. Se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, en términos de lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. De inicio, debe puntualizarse que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 379/2011, estableció que una persona no puede ocurrir al amparo ostentándose persona extraña al juicio, cuando tenga conocimiento -por cualquier medio- de la existencia de un procedimiento que estime, le pueda causar perjuicio, pues está en aptitud de acudir ante la autoridad jurisdiccional (utilizando los instrumentos procesales pertinentes) para defender sus intereses. En dicho criterio se retoma el diverso sustentado por la otrora Tercera Sala del Alto Tribunal en la jurisprudencia número 18/924, en la cual se determinó que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 114, fracciones IV y V de la Ley de Amparo (criterio aplicable por redacción similar al del 107, fracciones V y VI de la vigente), el juicio de amparo indirecto respecto de actos dentro del juicio sólo procede en dos casos de excepción, a saber: a. Cuando se trata de actos cuya ejecución sea de imposible reparación, que resultan ser aquellos que no podrán revisarse en una actuación posterior. b. Cuando se afecte a personas extrañas al juicio. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Jurisprudencia P./J. 39/2001, de rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY." estableció el concepto de "persona extraña" a que se refiere la fracción V del artículo 114 de la Ley de Amparo abrogada (actualmente regulada en el artículo 107, fracción VI) para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos ejecutados dentro o fuera de juicio que la afecten, así como la parte material en el proceso (demandado) que se equipara a esa figura. Así, puede advertirse en estricto sentido, que un extraño a juicio es aquella persona física o moral distinta de los contendientes porque no figura en el procedimiento como parte en sentido formal o material, pero que sufre un perjuicio dentro de él o en ejecución de la resolución que ahí se dicte, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas. Asimismo, existe otra figura que jurisprudencialmente ha sido equiparada a la persona extraña, es quien formando parte de la controversia (demandado) no se apersonó al juicio porque no conoció de su existencia porque -debiendo serlo- no fue emplazado o fue citado en forma distinta a la prevista por la ley (tercero extraño por equiparación). Ahora, cuando la persona que se dice extraña a juicio ha comparecido a éste (entendiéndose que no necesariamente a través del emplazamiento, sino que se haya integrado por cualquier medio a esa relación jurídico procesal) y, por tanto, sabedora del proceso que le afecta, es razón suficiente para desvirtuar su carácter de persona extraña al juicio en términos del precepto citado. Para perder el carácter de tercero extraño a juicio basta que el quejoso tenga conocimiento completo y exacto del juicio que le depara perjuicio para estar en condiciones de los instrumentos procesales correspondientes en defensa de sus intereses, aunque no es necesario que acuda a un procedimiento, sino que haya estado en posibilidad de hacerlo. Apoya lo expuesto la tesis de jurisprudencia 1a./J. 67/2013 (10a.), titulada: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92)." Conforme a lo anterior, debe destacarse que la quejosa en este juicio de amparo no se coloca en la figura del tercero extraño antes expuesta, primordialmente, porque no reclama el emplazamiento que se le haya efectuado en autos. Sino que, por el contrario, acudió directamente a contestar la demanda (allanándose) y con posterioridad al acuerdo de siete de septiembre de dos ml veintidós, a ratificar tal allanamiento, incluso, como parte formal y material en el juicio de origen, acude a esta instancia en contra del auto de siete de septiembre de dos mil veintidós, que se dictó en dicho controvertido a fin de requerirla para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en Ciudad Hidalgo, Michoacán. Consecuentemente, se reitera su carácter procesal en el juicio instaurado en su contra, en el que compareció a dar contestación a la demanda y ratificó personalmente su contenido ante la Secretaría del Juzgado responsable. De ahí que dicha incorporación al proceso tiene consecuencias directas en su persona, puesto que a partir de dicho momento estuvo en posibilidad de deducir sus derechos litigiosos, así como los procesales que surgieran durante dicha secuela. Precisado lo anterior, se estima que tal y como se había determinado en el auto inicial, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo, al haberse presentado la demanda fuera del término legal concedido para accionar. Los preceptos en mención establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". De conformidad con los preceptos trascritos, el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueve el juicio de amparo dentro del término de quince días hábiles, contados desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de los actos que se impugnen vía amparo; al en que haya tenido conocimiento del mismo o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Del penúltimo de los numerales reseñados se desprende que el juicio de amparo debe instarse dentro del término de quince días hábiles, lapso que se contabilizará: a). A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que se reclame; b). A partir del día siguiente al en que el impetrante haya tenido conocimiento de la resolución o acuerdo que reclama, o de sus actos de ejecución; ó, c). A partir del día siguiente al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Destaca que el legislador hizo especial énfasis en tres formas para computar el plazo de quince días hábiles dentro del cual ha de presentarse la demanda de amparo para tenerla por oportunamente presentada, todas ellas con características propias y excluyentes entre sí. De la primera, debe apuntarse la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable en virtud de la cual, en fecha precisa, hace saber al agraviado el acto reclamado; como característica adicional, las notificaciones practicadas se estiman legales y, por ende, válidas para efectos del cómputo de los quince días hábiles para la promoción del juicio de garantías, mientras tanto no se declare su nulidad en la vía correspondiente. Al respecto ilustra el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "NOTIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. SURTE EFECTOS CONFORME A LAS REGLAS IMPUESTAS POR LA LEY DE LA MATERIA, CON INDEPENDENCIA DE QUE ESA FECHA SEA CONSIDERADA COMO INHÁBIL POR LAS NORMAS QUE RIGEN EL JUICIO DE AMPARO. No obstante que los artículos 23 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establecen los días que serán considerados como inhábiles respecto del cómputo de los términos en el procedimiento del juicio de amparo; ello no puede hacerse extensivo a las actuaciones procesales propias del acto reclamado como son aquellas en las que se determine el momento en que deberán surtir efectos las notificaciones, puesto que en sentido estricto, no corresponden al procedimiento de amparo. En consecuencia, con independencia de que el día en que surta efectos la notificación del acto reclamado se considere inhábil para los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, el plazo de los quince días a que hace mención el artículo 21 de la Ley de Amparo se iniciará precisamente al día siguiente al en que surta efectos conforme a la ley del acto la resolución o acuerdo reclamado.". La segunda forma para computar el plazo de quince días hábiles, importa un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable -distinto a la notificación-, de una autoridad diversa, o incluso del propio quejoso, que conlleve a la certeza de que éste último "tuvo conocimiento" en determinada fecha de los actos reclamados; mas tal conocimiento debe producir la convicción de que el peticionario de garantías conoció en forma directa, plena y completa el acto reclamado, es decir, de manera integral, según lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis que dice: "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TÉRMINO PARA INTERPONER EL AMPARO. El conocimiento del acto reclamado por el quejoso y que sirve de base para el cómputo del término para la interposición del juicio de garantías, debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones.". Por último, en la tercera forma contenida en el artículo 18 de la Ley de Amparo, al establecer que el plazo de quince días hábiles para la promoción de la demanda de amparo se contará desde el día siguiente ".al en que se hubiera ostentado sabedor de los mismos", implica una expresión exclusiva de la quejosa a través de la cual se manifiesta que sabe del acto reclamado; conducta que puede estimarse entraña una confesión expresa por parte de la afectada porque se supone que la fecha en que se ostenta sabedora del acto reclamado con respecto a la presentación de la demanda le perjudica. Así, cuando la parte quejosa se manifiesta sabedora en determinada fecha de los actos reclamados, no es necesario que, además, se exija que conoció en forma plena, directa y completa el acto reclamado, toda vez que ello se encuentra inmerso al ostentarse sabedora del mismo. De tal manera que basta con que, con pleno conocimiento de lo que expresa, se ostente sabedora del acto reclamado en determinada fecha, sin que medie coacción ni violencia de tal hecho y que éste le perjudique, para que el juzgador de amparo contabilice el término de la presentación de la demanda a partir de la fecha en que la quejosa se hizo sabedora del acto reclamado. Ello tal como lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia que enseguida se reproduce: "DEMANDA DE AMPARO. TÉMINO PARA INTERPONERLA (ARTÍCULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). ES INAPLICABLE SI EL QUEJOSO CONOCIÓ POR VIA TELEFÓNICA LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO DEL QUE DERIVAN LOS ACTOS RECLAMADOS. El último párrafo del artículo 22 de la Ley de Amparo señala que "no se tendrán por ausentes, para los efectos de este artículo..." a quienes "...en cualquiera forma se hubiesen manifestado sabedores del procedimiento que haya motivado el acto reclamado." La expresión "en cualquiera forma" autoriza a considerar como apto para este fin a cualquier medio de comunicación del que se haya servido el agraviado para tener noticia del procedimiento seguido en su contra, si a través de ese medio el quejoso conoce los datos necesarios que le permitan, por sí o por conducto de un mandatario, comparecer ante el Juez del proceso y ejercer con plenitud la defensa de sus derechos en el juicio respectivo.". Precisadas las características esenciales de las tres hipótesis previstas en el artículo 18 de la Ley de Amparo, debe señalarse que las mismas no guardan un orden de preferencia; sino que la intención del legislador fue la de establecer que el plazo para la promoción del juicio de garantías comenzara a computarse a partir del día siguiente al en que se verificara cualquiera de los tres supuestos establecidos en el invocado numeral. En la especie, conforme a los antecedentes expuestos se presta atención en que los demandados fueron debidamente emplazados al juicio, por lo que mediante auto de dos de septiembre de dos mil veintidós, fueron requeridos para comparecieran a ratificar su escrito de contestación de demanda y los tuvo señalando domicilio para recibir notificaciones personales en la localidad. Posteriormente, el siete siguiente se requirió a dicha parte procesal para que señalara domicilio en la ciudad residencia del juzgado, toda vez que el designado correspondía a otra demarcación municipal. Luego, el diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, ******************** compareció a ratificar el contenido de su escrito de contestación de demanda, para los efectos legales conducentes. Así, por auto de veintiuno de agosto de dos mil veintidós, se tuvo a la citada demandada efectuando su contestación de demanda, por lo que se ordenó dar vista a la parte contraria. Como se observa, ******************** fue debidamente incorporada al proceso a través de su emplazamiento personal a juicio y compareció oportunamente a dar contestación a su demanda, lo que generó consecuencias jurídico-procesales en su persona. Bajo esta tesitura, no puede ostentarse desconocedora del auto de dos de septiembre de dos mil veintidós, que erróneamente la tuvo designando un domicilio para oír y recibir notificaciones fuera de la localidad, puesto que dicha persona pudo imponerse plenamente de su contenido y, tanto es así, que atendió oportunamente el requerimiento de que compareciera personalmente al juzgado a ratificar su escrito de contestación. Por mayoría de razón, tampoco puede aducir el desconocimiento del diverso auto de siete de septiembre de dos mil veintidós, que mandó requerirla para oír y recibir notificaciones personales en la localidad, pues se reitera, ya se encontraba debidamente incorporada a la relación procesal. Máxime si se toma en cuenta que dicho proveído se emitió con anterioridad a la ratificación del escrito de contestación de demanda, por lo Flores Gutiérrez estuvo en aptitud de imponerse plenamente del expediente de origen -incluido el reclamado en este juicio- sin que obre alguna prueba de que se haya obstaculizado el acceso a éste. Así, aun cuando en su demanda de amparo y escrito de cumplimiento de prevención la quejosa insiste en que se percató de los actos reclamados hasta el siete de diciembre de dos mil veintidós, en que compareció ante el juzgado de origen a consultar su expediente, dándose cuenta de que el asunto se encontraba en estado de ejecución; tal apreciación no es suficiente para desvirtuar el carácter procesal que le corresponde en el juicio de origen. En tales condiciones, si la quejosa pretende controvertir en esta instancia constitucional la omisión de notificarle personalmente el requerimiento contenido en el auto de siete de septiembre de dos mil veintidós, tomando en cuenta que éste se efectuó por medio de lista publicada en esa misma data, entonces, debe estimarse que, al menos, a partir del diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, en que compareció a ratificar su escrito de contestación de demanda, estuvo en condiciones de ejercer su acción de amparo. Es decir, la peticionaria de amparo tuvo conocimiento pleno y fehaciente del acto reclamado en la fecha en que, con posterioridad al auto de siete de septiembre de dos mil veintidós, ratificó el escrito indicado, como una consecuencia jurídico-procesal inherente a su persona. De ahí que si la demanda se presentó hasta el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, según el sello de recepción del Buzón Judicial, es inconcuso que la acción se ejerció en forma extemporánea. Finalmente, se precisa que lo antes razonado no pugna con la resolución del recurso de queja 48/2023, que en su momento la parte quejosa interpuso en contra del desechamiento de la demanda de amparo que efectuó este Juzgado de Distrito. Ello es así porque, para el dictado del presente fallo, se tomaron en cuenta las constancias allegadas por la autoridad responsable, de las cuales se advierte el carácter procesal de la aquí quejosa, su contestación de demanda y su comparecencia ante el juzgado de origen, de modo que no puede ostentarse conocedora de los actos reclamados en la fecha que sugiere, bajo el argumento de que hasta entonces pudo imponerse de los autos. En este orden, además, se estima actualizada la causal de improcedencia contenida en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, puesto que la parte demandada, aquí quejosa, no agotó el principio de defintividad. En efecto, el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa, en el cual impera el principio de definitividad; esto quiere decir que, por regla general, sólo puede accederse a dicha instancia una vez agotados los medios ordinarios de impugnación, esto es, aquellos que puedan tener por efecto modificar, revocar o anular el acto a reclamarse y que deriven precisamente de la ley que rija al acto de autoridad. Por esta razón, en términos de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional será improcedente cuando se reclaman resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, salvo los supuestos de excepción que expresamente ahí se contemplan. Luego, la parte demandada, aquí quejosa, tenía a su disposición el incidente de nulidad a que se refiere el artículo 1349 del Código de Comercio, a fin de impugnar la notificación del auto de auto de siete de septiembre de dos ml veintidós. Puesto que, se insiste, su carácter procesal le permitía hacer uso de los medios de defensa previstos en la ley aplicable. De ahí que también se actualice la causal de inejercitabilidad invocada. Por lo antes expuesto, con fundamento en la fracciones XIV y XVIII del artículo 61, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo respecto de la omisión atribuida a la Actuaria responsable ejecutora. En tales condiciones, toda vez que el sobreseimiento decretado constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado, no procede el análisis de los conceptos de violación, pues esto impide el examen de constitucionalidad del acto reclamado. Tiene aplicación al caso, la tesis de jurisprudencia V.2o. J/15, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, que dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. La resolución en que se decreta el sobreseimiento en el juicio, constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado. Así, no causa agravio la sentencia que no se ocupa de examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que tal cuestión constituye el problema de fondo planteado.". Los criterios que anteceden se invocan aun cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido del mismo, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de las mismas; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en Vigor. No resta más que indicar que no se hará especial referencia a los alegatos formulados por el tercero interesado, en virtud de que no forman parte de la litis constitucional. Ello en términos de la tesis 26/2018 consultable en la página 5, Libro 60, Tomo I, noviembre de 2018, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, intitulada: "ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI BIEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN ESTUDIARLOS, NO NECESARIAMENTE DEBEN PLASMAR ALGUNA CONSIDERACIÓN AL RESPECTO EN LA SENTENCIA.". Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 75, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, en contra del acto y la autoridad que quedó precisada por los motivos expuestos en el último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza, hasta hoy cuatro de octubre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores de este Juzgado.- Doy fe.LFSL
- Principal
POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, LA SIGUIENTE RESOLUCION: V I S T O S para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo número ********************, promovido por ********************, contra actos del Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ciudad Hidalgo, Michoacán, y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito depositado el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en Morelia, Michoacán, remitido al día siguiente, por razón de turno, a este Juzgado Tercero de Distrito, ******************** compareció a solicitar el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ciudad Hidalgo, Michoacán, y otra autoridad; en los términos siguientes: "a). La sentencia definitiva dictada dentro del Juicio ejecutivo mercantil número 685/2022, sobre pago de pesos seguido ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Morelia, Michoacán, por el Licenciado JOSÉ LUIS GARCÍA SALAS, endosatario en procuración del señor SALVADOR JIMÉNEZ ALCÁNTAR frente al suscrito hoy quejoso, y la tercero con interés señora ALICIA FLORES GUTIÉRREZ y en la cual entre otras cosas se nos condena a los suscrito al pago de las prestaciones demandadas por el actor, hoy señalado como tercero con interés, sin ser oídos y vencidos en juicio y sin que se nos haya dado la oportunidad de aportar pruebas en nuestro favor, ya que en ningún momento fuimos notificados el requerimiento que se ordenó realizar para que señaláramos domicilio en Ciudad Hidalgo, Michoacán para recibir notificaciones de manera personal, por lo que este acto de autoridad resulta violatorio de nuestras garantías individuales de legalidad y seguridad jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, al violar mi garantía de audiencia. b). Así como también reclamo de esta autoridad todas y cada una de las actuaciones subsecuentes al auto de fecha 7 siete de septiembre del presente año visible a fojas 32 treinta y dos del juicio de referencia, mediante el cual se ordena requerirnos para señalar domicilio dentro de la Ciudad Hidalgo, Michoacán, que es el lugar en donde tiene su domicilio el juzgado actuando, con el apercibimiento que de no realizarlo, las mismas le correrán por medio de publicación de listas. Tal requerimiento no cumple con los requisitos formales de legalidad por lo que resulta inválido, al ser violatorio de nuestras garantías de legalidad y seguridad jurídica que consagran a favor de todo gobernado los artículos 14 y 16 Constitucionales y como consecuencia también las actuaciones realizadas dentro de dicho juicio, posteriores a tal actuación nula, ya que el requerimiento realizado para señalar domicilio nunca fue notificado ni se nos concedió término para cumplir con tal requerimiento. DEL. C. ACTUARIO DEL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE HIDALGO, MICHOACÁN, RECLAMO: a). La falta de notificación del requerimiento que se ordena realizar para los efectos de señalar domicilio dentro de la ciudad en donde tiene su domicilio el Juzgado Primero Civil de Ciudad, en virtud de que el domicilio señalado para recibir notificaciones lo habíamos realizado en el mismo domicilio en donde se practicó el emplazamiento, que lo es el ubicado en el número 46 cuarenta y seis de la calle de Privada de Matamoros de Irimbo, Michoacán.". En ese ocurso, la promovente narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como vulnerados en su perjuicio, los derechos humanos contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Radicación y prevención. Mediante auto de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional de amparo radicó el asunto bajo el progresivo 90/2023, y determinó prevenir a la accionante para que aclarara diversas inconsistencias de su libelo. Dicho requerimiento lo solventó oportunamente en los términos de su escrito de tres de febrero del actual, en el que destacadamente señaló lo siguiente: "1. El nombre correcto del quejoso lo es ALICIA FLORES GUTIÉRREZ. 2. El acto reclamado lo hago consistir en la falta de notificación del requerimiento de fecha 7 siete de septiembre del año 2022 dos mil veintidós, mediante el cual se ordenó requerirme para que señalara domicilio dentro de la ciudad en donde tiene su domicilio la autoridad responsable, esto es en Ciudad Hidalgo, Michoacán, en virtud de que el abogado que me asesoró señaló como domicilio para recibir notificaciones en la ciudad de Irimbo, Michoacán. Y como consecuencia de lo anterior, debe declararse nulo todo lo actuado dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil número 685/2022, incluso la sentencia dictada dentro del mismo. En virtud de habérseme privado del derecho de audiencia para tener conocimiento de las etapas del juicio y así poder ofrecer pruebas, intervenir en ellas, presentar alegatos y oír sentencia. 3. Como quedó precisado dentro del número romano V, manifesté que me di cuenta de la falta de notificación ordenada mediante auto de fecha 7 siete de diciembre de 2022, una vez que obtuvimos copias certificadas del expediente ejecutivo mercantil número 685/2022, del cual emana el acto reclamado; y esto fue el día 4 cuatro de enero del presente año.". TERCERO. Desechamiento. Así, en proveído de siete de junio de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional desechó la demanda promovida, al estimar actualizada de manera manifiesta e indudable, la hipótesis de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, toda vez que la acción resulta extemporánea. CUARTO. Queja. Inconforme, la promovente interpuso recurso de queja, cuyo conocimiento correspondió, por razón de turno, al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Decimo Primer Circuito, en el expediente R.Q.C. 48/2023, resuelto el veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, en el sentido ser fundado. Ello, porque contra la apreciación de este Juzgado Federal, en este momento procesal no puede establecerse tal conclusión, puesto que es necesario realizar un análisis exhaustivo para determinar si existió o no un conocimiento directo, exacto y completo de los actos reclamados; en consecuencia, se revocó el acuerdo impugnado. QUINTO. Admisión y trámite del juicio. En proveído de nueve de junio del actual, este Juzgado Federal admitió a trámite la demanda, requirió a las autoridades señaladas como responsables sus informes con justificación y otorgó intervención al Agente del Ministerio Público Federal adscrito. Por auto de dieciocho de julio de dos mil veintitrés, se reconoció el carácter de tercero interesado en este juicio a Salvador Jiménez Alcántar, a través de su endosatario en procuración, en términos de lo que dispone el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo; por lo que se ordenó y realizó su emplazamiento para todos los efectos legales conducentes. Finalmente, el dos de octubre de dos mil veintitrés, tuvo lugar la audiencia constitucional dentro de este expediente, la cual se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán es legalmente competente por territorio, materia y grado para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1o., fracción I, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, y el diverso 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Toda vez que se impugna un acto emitido por una autoridad materialmente jurisdiccional del orden civil, cuya ejecución se concreta dentro de la circunscripción en la que este órgano federal, con competencia mixta, tiene jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la precisión de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, con apoyo además en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". De igual forma, se invoca la jurisprudencia 40/2000 del contenido y datos que enseguida se anotan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". En ese tenor, del análisis integral de la demanda de amparo, su escrito aclaratorio y demás constancias allegadas a este sumario, se advierte que los actos reclamados son los siguientes: La falta de notificación personal del requerimiento efectuado en el auto de siete de septiembre de dos ml veintidós, dictado en el juicio ejecutivo mercantil número 685/2022 sobre pago de pesos, promovido José Luis García Salas, en cuanto endosatario en procuración de Salvador Jiménez Alcantar, en contra de ********************, como deudora principal, y J. Miguel Esquivel Ruiz o L. Miguel Esquivel Ruiz o Miguel Esquivel Ruiz, como aval; y, en vía de consecuencia, La sentencia de once de noviembre de dos mil veintidós, que resolvió en definitiva dicho controvertido, así como su notificación; y, Todos los actos de ejecución relacionados con el inmueble embargado en autos. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Contra la apreciación del representante social adscrito en su pedimento, son ciertos los actos reclamados, pues así lo manifestaron las autoridades responsables en sus informes relativos. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". Además, la certeza de que se habla se corrobora con las constancias certificadas relativas juicio ejecutivo mercantil número 685/2022 del índice del juzgado responsable, en donde particularmente se observa el auto de siete de septiembre de dos ml veintidós, la sentencia de once de noviembre de dos mil veintidós, y su procedimiento de ejecución. Documentales públicas que se valoran en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, al haber sido autenticadas por un funcionario judicial que con arreglo a la ley goza de fe pública. CUARTO. Antecedentes. A fin de contextualizar el asunto se destacan las siguientes actuaciones que obran en el natural de origen: 1. El veintiocho de junio de dos mil veintidós, José Luis García Salas, en cuanto endosatario en procuración de Salvador Jiménez Alcantar, promovió demanda en la vía ejecutiva mercantil sobre pago de pesos y otras prestaciones, en contra de ********************, como deudora principal, y J. Miguel Esquivel Ruiz o L. Miguel Esquivel Ruiz o Miguel Esquivel Ruiz, como aval. 2. De ese ocurso correspondió conocer, por razón de turno, al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Ciudad Hidalgo, Michoacán, el que mediante auto de veintinueve de junio de dos mil veintidós, lo admitió bajo el expediente número 685/2022, por lo que con efectos de mandamiento en forma, ordenó al actuario adscrito se constituyera en el domicilio de los demandados y los requiriera del pronto y efectivo pago de las cantidades reclamadas. 3. El dieciocho de agosto de dos mil veintidós, tuvo lugar aquella encomienda, en la que, previo cercioramiento, el fedatario judicial fue atendido por ********************, quien se identificó con documento oficial y reconoció el adeudo, pero señaló no poder pagar la cantidad solicitada ni designar bienes para embargo. Luego, el ministro ejecutor concedió el uso de la voz al asociado, quien, ante la negativa de acceso al domicilio, solicitó el uso de la fuerza pública y rompimiento de cerraduras para dar cumplimiento a la diligencia. No obstante, en ese acto se emplazó a la citada demandada, corriéndole traslado con la copia de la demanda y sus anexos, firmando para constancia. 4. El veintidós de agosto de dos mil veintidós, tuvo lugar la diligencia de requerimiento de pago y embargo, por lo que hace al demandado J. Miguel Esquivel Ruiz o L. Miguel Esquivel Ruiz o Miguel Esquivel Ruiz, quien tampoco cubrió las cantidades reclamadas, pero sí señaló para su embargo el inmueble consistente en la casa ubicada en la calle Hidalgo número 54 del municipio de Irimbo, Michoacán. En tales circunstancias, se emplazó al citado reo para que compareciera a dar contestación a su demanda, corriéndole traslado con copia de ésta y sus anexos, firmando para constancia. 5. Mediante escrito de treinta de agosto de dos mil veintidós, los codemadados acudieron a allanarse a la demanda promovida en su contra y señalaron como domicilio para oír y recibir notificaciones personales, el ubicado en calle Privada Matamoros número 46, colonia Centro, del municipio de Irimbo, Michoacán. 6. A lo anterior recayó el auto de dos de septiembre de dos mil veintidós, en el que previo a acordar lo conducente, se requirió a los demandados para que comparecieran a ratificar su contenido. Además, en dicho proveído se les tuvo señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones personales en Privada Matamoros número 46, colonia Centro, de Ciudad Hidalgo (sic), Michoacán, autorizando para recibirlas a las personas indicadas. 7. El siete de septiembre de dos mil veintidós, se dio cuenta con el estado de autos y se requirió a los demandados para que señalaran domicilio en la localidad, bajo el apercibimiento que de no hacerlo las mismas les correrán por lista, toda vez que el que se les tuvo señalado con antelación, en realidad pertenece a otra demarcación municipal. 8. El diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, ******************** compareció ante la Secretaría del Juzgado a ratificar su escrito relativo. 9. Así, el veintiuno de agosto de dos mil veintidós, se tuvo contestada la demanda únicamente por lo que hace a la codemandada inmediatamente citada, puesto que J. Miguel Esquivel Ruiz o L. Miguel Esquivel Ruiz o Miguel Esquivel Ruiz no compareció a ratificar su escrito; por ello se ordenó dar vista a la contraria para que manifestara lo propio. 10. Seguido el juicio por todas sus etapas, el once de noviembre de dos mil veintidós, se dictó sentencia que declaró procedente la acción cambiaria directa ejercida, por lo que condenó a los demandados a realizar el pago de las cantidades reclamadas y, en su caso, hacer trance y remate del bien embargado en autos. Ante la falta de domicilio para recibir notificaciones personales, dicho fallo se notificó a los demandados por medio de lista publicada el catorce del mes y año indicados. 11. Atento a lo solicitado por la parte actora, el diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, se declaró ejecutoriada la sentencia y se mandó requerir a los demandados para su cumplimiento voluntario. 12. Mediante escrito de seis de diciembre de dos mil veintidós, J. Miguel Esquivel Ruiz o L. Miguel Esquivel Ruiz o Miguel Esquivel Ruiz compareció a solicitar copias certificadas del natural, lo que así se le autorizó en proveído de siete siguiente. 13. Ante el incumplimiento de la condena, el veinte de enero de dos mil veintitrés, se mandó poner los autos en estado de ejecución, consecuentemente, se mandó valuar el bien embargado en autos y se requirió a las partes para que exhibieran su propio avalúo. 14. Así, el veinte de febrero de dos mil veintitrés, se señaló fecha y hora para la audiencia de remate en su primera almoneda. Hasta aquí los antecedentes. QUINTO. Causales de improcedencia. Se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, en términos de lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. De inicio, debe puntualizarse que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 379/2011, estableció que una persona no puede ocurrir al amparo ostentándose persona extraña al juicio, cuando tenga conocimiento -por cualquier medio- de la existencia de un procedimiento que estime, le pueda causar perjuicio, pues está en aptitud de acudir ante la autoridad jurisdiccional (utilizando los instrumentos procesales pertinentes) para defender sus intereses. En dicho criterio se retoma el diverso sustentado por la otrora Tercera Sala del Alto Tribunal en la jurisprudencia número 18/924, en la cual se determinó que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 114, fracciones IV y V de la Ley de Amparo (criterio aplicable por redacción similar al del 107, fracciones V y VI de la vigente), el juicio de amparo indirecto respecto de actos dentro del juicio sólo procede en dos casos de excepción, a saber: a. Cuando se trata de actos cuya ejecución sea de imposible reparación, que resultan ser aquellos que no podrán revisarse en una actuación posterior. b. Cuando se afecte a personas extrañas al juicio. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Jurisprudencia P./J. 39/2001, de rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY." estableció el concepto de "persona extraña" a que se refiere la fracción V del artículo 114 de la Ley de Amparo abrogada (actualmente regulada en el artículo 107, fracción VI) para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos ejecutados dentro o fuera de juicio que la afecten, así como la parte material en el proceso (demandado) que se equipara a esa figura. Así, puede advertirse en estricto sentido, que un extraño a juicio es aquella persona física o moral distinta de los contendientes porque no figura en el procedimiento como parte en sentido formal o material, pero que sufre un perjuicio dentro de él o en ejecución de la resolución que ahí se dicte, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas. Asimismo, existe otra figura que jurisprudencialmente ha sido equiparada a la persona extraña, es quien formando parte de la controversia (demandado) no se apersonó al juicio porque no conoció de su existencia porque -debiendo serlo- no fue emplazado o fue citado en forma distinta a la prevista por la ley (tercero extraño por equiparación). Ahora, cuando la persona que se dice extraña a juicio ha comparecido a éste (entendiéndose que no necesariamente a través del emplazamiento, sino que se haya integrado por cualquier medio a esa relación jurídico procesal) y, por tanto, sabedora del proceso que le afecta, es razón suficiente para desvirtuar su carácter de persona extraña al juicio en términos del precepto citado. Para perder el carácter de tercero extraño a juicio basta que el quejoso tenga conocimiento completo y exacto del juicio que le depara perjuicio para estar en condiciones de los instrumentos procesales correspondientes en defensa de sus intereses, aunque no es necesario que acuda a un procedimiento, sino que haya estado en posibilidad de hacerlo. Apoya lo expuesto la tesis de jurisprudencia 1a./J. 67/2013 (10a.), titulada: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92)." Conforme a lo anterior, debe destacarse que la quejosa en este juicio de amparo no se coloca en la figura del tercero extraño antes expuesta, primordialmente, porque no reclama el emplazamiento que se le haya efectuado en autos. Sino que, por el contrario, acudió directamente a contestar la demanda (allanándose) y con posterioridad al acuerdo de siete de septiembre de dos ml veintidós, a ratificar tal allanamiento, incluso, como parte formal y material en el juicio de origen, acude a esta instancia en contra del auto de siete de septiembre de dos mil veintidós, que se dictó en dicho controvertido a fin de requerirla para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en Ciudad Hidalgo, Michoacán. Consecuentemente, se reitera su carácter procesal en el juicio instaurado en su contra, en el que compareció a dar contestación a la demanda y ratificó personalmente su contenido ante la Secretaría del Juzgado responsable. De ahí que dicha incorporación al proceso tiene consecuencias directas en su persona, puesto que a partir de dicho momento estuvo en posibilidad de deducir sus derechos litigiosos, así como los procesales que surgieran durante dicha secuela. Precisado lo anterior, se estima que tal y como se había determinado en el auto inicial, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo, al haberse presentado la demanda fuera del término legal concedido para accionar. Los preceptos en mención establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". De conformidad con los preceptos trascritos, el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueve el juicio de amparo dentro del término de quince días hábiles, contados desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de los actos que se impugnen vía amparo; al en que haya tenido conocimiento del mismo o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Del penúltimo de los numerales reseñados se desprende que el juicio de amparo debe instarse dentro del término de quince días hábiles, lapso que se contabilizará: a). A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que se reclame; b). A partir del día siguiente al en que el impetrante haya tenido conocimiento de la resolución o acuerdo que reclama, o de sus actos de ejecución; ó, c). A partir del día siguiente al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Destaca que el legislador hizo especial énfasis en tres formas para computar el plazo de quince días hábiles dentro del cual ha de presentarse la demanda de amparo para tenerla por oportunamente presentada, todas ellas con características propias y excluyentes entre sí. De la primera, debe apuntarse la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable en virtud de la cual, en fecha precisa, hace saber al agraviado el acto reclamado; como característica adicional, las notificaciones practicadas se estiman legales y, por ende, válidas para efectos del cómputo de los quince días hábiles para la promoción del juicio de garantías, mientras tanto no se declare su nulidad en la vía correspondiente. Al respecto ilustra el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "NOTIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. SURTE EFECTOS CONFORME A LAS REGLAS IMPUESTAS POR LA LEY DE LA MATERIA, CON INDEPENDENCIA DE QUE ESA FECHA SEA CONSIDERADA COMO INHÁBIL POR LAS NORMAS QUE RIGEN EL JUICIO DE AMPARO. No obstante que los artículos 23 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establecen los días que serán considerados como inhábiles respecto del cómputo de los términos en el procedimiento del juicio de amparo; ello no puede hacerse extensivo a las actuaciones procesales propias del acto reclamado como son aquellas en las que se determine el momento en que deberán surtir efectos las notificaciones, puesto que en sentido estricto, no corresponden al procedimiento de amparo. En consecuencia, con independencia de que el día en que surta efectos la notificación del acto reclamado se considere inhábil para los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, el plazo de los quince días a que hace mención el artículo 21 de la Ley de Amparo se iniciará precisamente al día siguiente al en que surta efectos conforme a la ley del acto la resolución o acuerdo reclamado.". La segunda forma para computar el plazo de quince días hábiles, importa un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable -distinto a la notificación-, de una autoridad diversa, o incluso del propio quejoso, que conlleve a la certeza de que éste último "tuvo conocimiento" en determinada fecha de los actos reclamados; mas tal conocimiento debe producir la convicción de que el peticionario de garantías conoció en forma directa, plena y completa el acto reclamado, es decir, de manera integral, según lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis que dice: "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TÉRMINO PARA INTERPONER EL AMPARO. El conocimiento del acto reclamado por el quejoso y que sirve de base para el cómputo del término para la interposición del juicio de garantías, debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones.". Por último, en la tercera forma contenida en el artículo 18 de la Ley de Amparo, al establecer que el plazo de quince días hábiles para la promoción de la demanda de amparo se contará desde el día siguiente ".al en que se hubiera ostentado sabedor de los mismos", implica una expresión exclusiva de la quejosa a través de la cual se manifiesta que sabe del acto reclamado; conducta que puede estimarse entraña una confesión expresa por parte de la afectada porque se supone que la fecha en que se ostenta sabedora del acto reclamado con respecto a la presentación de la demanda le perjudica. Así, cuando la parte quejosa se manifiesta sabedora en determinada fecha de los actos reclamados, no es necesario que, además, se exija que conoció en forma plena, directa y completa el acto reclamado, toda vez que ello se encuentra inmerso al ostentarse sabedora del mismo. De tal manera que basta con que, con pleno conocimiento de lo que expresa, se ostente sabedora del acto reclamado en determinada fecha, sin que medie coacción ni violencia de tal hecho y que éste le perjudique, para que el juzgador de amparo contabilice el término de la presentación de la demanda a partir de la fecha en que la quejosa se hizo sabedora del acto reclamado. Ello tal como lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia que enseguida se reproduce: "DEMANDA DE AMPARO. TÉMINO PARA INTERPONERLA (ARTÍCULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). ES INAPLICABLE SI EL QUEJOSO CONOCIÓ POR VIA TELEFÓNICA LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO DEL QUE DERIVAN LOS ACTOS RECLAMADOS. El último párrafo del artículo 22 de la Ley de Amparo señala que "no se tendrán por ausentes, para los efectos de este artículo..." a quienes "...en cualquiera forma se hubiesen manifestado sabedores del procedimiento que haya motivado el acto reclamado." La expresión "en cualquiera forma" autoriza a considerar como apto para este fin a cualquier medio de comunicación del que se haya servido el agraviado para tener noticia del procedimiento seguido en su contra, si a través de ese medio el quejoso conoce los datos necesarios que le permitan, por sí o por conducto de un mandatario, comparecer ante el Juez del proceso y ejercer con plenitud la defensa de sus derechos en el juicio respectivo.". Precisadas las características esenciales de las tres hipótesis previstas en el artículo 18 de la Ley de Amparo, debe señalarse que las mismas no guardan un orden de preferencia; sino que la intención del legislador fue la de establecer que el plazo para la promoción del juicio de garantías comenzara a computarse a partir del día siguiente al en que se verificara cualquiera de los tres supuestos establecidos en el invocado numeral. En la especie, conforme a los antecedentes expuestos se presta atención en que los demandados fueron debidamente emplazados al juicio, por lo que mediante auto de dos de septiembre de dos mil veintidós, fueron requeridos para comparecieran a ratificar su escrito de contestación de demanda y los tuvo señalando domicilio para recibir notificaciones personales en la localidad. Posteriormente, el siete siguiente se requirió a dicha parte procesal para que señalara domicilio en la ciudad residencia del juzgado, toda vez que el designado correspondía a otra demarcación municipal. Luego, el diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, ******************** compareció a ratificar el contenido de su escrito de contestación de demanda, para los efectos legales conducentes. Así, por auto de veintiuno de agosto de dos mil veintidós, se tuvo a la citada demandada efectuando su contestación de demanda, por lo que se ordenó dar vista a la parte contraria. Como se observa, ******************** fue debidamente incorporada al proceso a través de su emplazamiento personal a juicio y compareció oportunamente a dar contestación a su demanda, lo que generó consecuencias jurídico-procesales en su persona. Bajo esta tesitura, no puede ostentarse desconocedora del auto de dos de septiembre de dos mil veintidós, que erróneamente la tuvo designando un domicilio para oír y recibir notificaciones fuera de la localidad, puesto que dicha persona pudo imponerse plenamente de su contenido y, tanto es así, que atendió oportunamente el requerimiento de que compareciera personalmente al juzgado a ratificar su escrito de contestación. Por mayoría de razón, tampoco puede aducir el desconocimiento del diverso auto de siete de septiembre de dos mil veintidós, que mandó requerirla para oír y recibir notificaciones personales en la localidad, pues se reitera, ya se encontraba debidamente incorporada a la relación procesal. Máxime si se toma en cuenta que dicho proveído se emitió con anterioridad a la ratificación del escrito de contestación de demanda, por lo Flores Gutiérrez estuvo en aptitud de imponerse plenamente del expediente de origen -incluido el reclamado en este juicio- sin que obre alguna prueba de que se haya obstaculizado el acceso a éste. Así, aun cuando en su demanda de amparo y escrito de cumplimiento de prevención la quejosa insiste en que se percató de los actos reclamados hasta el siete de diciembre de dos mil veintidós, en que compareció ante el juzgado de origen a consultar su expediente, dándose cuenta de que el asunto se encontraba en estado de ejecución; tal apreciación no es suficiente para desvirtuar el carácter procesal que le corresponde en el juicio de origen. En tales condiciones, si la quejosa pretende controvertir en esta instancia constitucional la omisión de notificarle personalmente el requerimiento contenido en el auto de siete de septiembre de dos mil veintidós, tomando en cuenta que éste se efectuó por medio de lista publicada en esa misma data, entonces, debe estimarse que, al menos, a partir del diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, en que compareció a ratificar su escrito de contestación de demanda, estuvo en condiciones de ejercer su acción de amparo. Es decir, la peticionaria de amparo tuvo conocimiento pleno y fehaciente del acto reclamado en la fecha en que, con posterioridad al auto de siete de septiembre de dos mil veintidós, ratificó el escrito indicado, como una consecuencia jurídico-procesal inherente a su persona. De ahí que si la demanda se presentó hasta el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, según el sello de recepción del Buzón Judicial, es inconcuso que la acción se ejerció en forma extemporánea. Finalmente, se precisa que lo antes razonado no pugna con la resolución del recurso de queja 48/2023, que en su momento la parte quejosa interpuso en contra del desechamiento de la demanda de amparo que efectuó este Juzgado de Distrito. Ello es así porque, para el dictado del presente fallo, se tomaron en cuenta las constancias allegadas por la autoridad responsable, de las cuales se advierte el carácter procesal de la aquí quejosa, su contestación de demanda y su comparecencia ante el juzgado de origen, de modo que no puede ostentarse conocedora de los actos reclamados en la fecha que sugiere, bajo el argumento de que hasta entonces pudo imponerse de los autos. En este orden, además, se estima actualizada la causal de improcedencia contenida en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, puesto que la parte demandada, aquí quejosa, no agotó el principio de defintividad. En efecto, el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa, en el cual impera el principio de definitividad; esto quiere decir que, por regla general, sólo puede accederse a dicha instancia una vez agotados los medios ordinarios de impugnación, esto es, aquellos que puedan tener por efecto modificar, revocar o anular el acto a reclamarse y que deriven precisamente de la ley que rija al acto de autoridad. Por esta razón, en términos de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional será improcedente cuando se reclaman resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, salvo los supuestos de excepción que expresamente ahí se contemplan. Luego, la parte demandada, aquí quejosa, tenía a su disposición el incidente de nulidad a que se refiere el artículo 1349 del Código de Comercio, a fin de impugnar la notificación del auto de auto de siete de septiembre de dos ml veintidós. Puesto que, se insiste, su carácter procesal le permitía hacer uso de los medios de defensa previstos en la ley aplicable. De ahí que también se actualice la causal de inejercitabilidad invocada. Por lo antes expuesto, con fundamento en la fracciones XIV y XVIII del artículo 61, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo respecto de la omisión atribuida a la Actuaria responsable ejecutora. En tales condiciones, toda vez que el sobreseimiento decretado constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado, no procede el análisis de los conceptos de violación, pues esto impide el examen de constitucionalidad del acto reclamado. Tiene aplicación al caso, la tesis de jurisprudencia V.2o. J/15, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, que dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. La resolución en que se decreta el sobreseimiento en el juicio, constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado. Así, no causa agravio la sentencia que no se ocupa de examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que tal cuestión constituye el problema de fondo planteado.". Los criterios que anteceden se invocan aun cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido del mismo, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de las mismas; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en Vigor. No resta más que indicar que no se hará especial referencia a los alegatos formulados por el tercero interesado, en virtud de que no forman parte de la litis constitucional. Ello en términos de la tesis 26/2018 consultable en la página 5, Libro 60, Tomo I, noviembre de 2018, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, intitulada: "ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI BIEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN ESTUDIARLOS, NO NECESARIAMENTE DEBEN PLASMAR ALGUNA CONSIDERACIÓN AL RESPECTO EN LA SENTENCIA.". Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 75, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, en contra del acto y la autoridad que quedó precisada por los motivos expuestos en el último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza, hasta hoy cuatro de octubre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores de este Juzgado.- Doy fe.LFSL
- Principal
POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE TERCERO INTERESADA JOSÉ LUIS GARCÍA SALAS, EN CUANTO ENDOSATARIO EN PROCURACIÓN DE SALVADOR JIMÉNEZ ALCÁNTAR, LA SIGUIENTE RESOLUCION: V I S T O S para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo número ********************, promovido por ********************, contra actos del Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ciudad Hidalgo, Michoacán, y otra autoridad; y... Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 75, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, en contra del acto y la autoridad que quedó precisada por los motivos expuestos en el último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza, hasta hoy cuatro de octubre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores de este Juzgado.- Doy fe.LFSL
Quedan 15 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,288 expedientes
- Alicia Bastida Panduro944/2022
- Alicia Cecilia Martínez Téllez62/2023
- Alicia Díaz Pérez76/2018
- Alicia Fernández Mariscal640/2019
- Alicia Ferreyra Zamudio562/2019
- Alicia Ferreyra Zamudio247/2020
- Alicia Flores Licea706/2019
- Alicia Flores López867/2021
- Alicia Flores López1123/2019
- Alicia Flores Tilofa976/2021
- Alicia Hernández Villegas y Otros.945/2017
- Alicia Huante Mora673/2018