Alicia Fernández Mariscal

Expediente 640/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
640/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
21/06/2019

Partes del expediente

  • Alicia Fernández Mariscal

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiuno de junio de dos mil diecinueve. HA CAUSADO ESTADO EL DESECHAMIENTO DE DEMANDA. Visto el estado procesal de autos, así como la certificación que antecede, de los que se obtiene que a la fecha ha fenecido el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa Alicia Fernández Mariscal, haya interpuesto recurso de queja contra el auto de cinco de junio del año en curso, por el que SE DESECHÓ DE PLANO la demanda de amparo; en consecuencia, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. SE ORDENA EL ARCHIVO DEL ASUNTO. Tomando en consideración que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar en este cuaderno, formado con motivo de haberse desechado la demanda de amparo, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En consideración a lo anterior, y toda vez que de la certificación de cuenta, se advierte que dentro de los presentes autos no obra glosado documento original alguno, ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, relacionado con este asunto; aunado a que el presente cuaderno de desechada no se considera de relevancia documental, con fundamento en el acuerdo general conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cual entró en vigor el veintiséis de noviembre de dos mil nueve; se estima encuadra en la hipótesis contenida en la fracción I, punto vigésimo primero, del capítulo quinto del aludido acuerdo, por lo que ES SUSCEPTIBLE DESTRUIRSE, una vez transcurridos más de cinco años a partir de esta fecha, previa la generación por duplicado de los documentos a que alude el punto vigésimo cuarto del acuerdo. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Por otra parte, hágase devolución de las constancias que obran en un tomo de pruebas por separado que el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, adjuntó como sustento de su informe justificado, solicitándole acuse de recibo del mismo. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, cinco de junio de dos mil diecinueve. SE RECIBE OFICIO Y DEMANDA POR INCOMPETENCIA. Se tiene por recibido el oficio de cuenta número 2372 signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, que contiene inserto el acuerdo de treinta y uno de mayo del año en curso, escrito original de la demanda de amparo promovida por Alicia Fernández Mariscal, por conducto de quien se ostenta como su apoderado legal, contra el auto de nueve de mayo de dos mil diecinueve, dentro del juicio ordinario civil número 353/2019, dictado por el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora de Hidalgo, Michoacán; de igual manera, se acompaña el informe justificado rendido por la referida autoridad, así como un tomo de pruebas. Ahora, como del oficio de cuenta se desprende que la autoridad oficiante, declaró carecer de competencia legal, para conocer de la demanda de amparo planteada por Alicia Fernández Mariscal, por conducto de quien se ostenta como su apoderado legal, contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora de Hidalgo, Michoacán, se provee: ESTE JUZGADO SE AVOCA AL CONOCIMIENTO. Con apoyo en los artículos 38 y 107 de la Ley de Amparo, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, se avoca al conocimiento del asunto; acúsese el recibo del estilo correspondiente. AUTO DE RADICACIÓN. Fórmese expediente con la demanda de amparo promovida por Alicia Fernández Mariscal, por conducto de quien se ostenta como su apoderado legal, contra el acto reclamado al Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora de Hidalgo, Michoacán. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado. ANÁLISIS SOBRE LA PROCEDENCIA O NO DEL JUICIO DE AMPARO. De una interpretación sistemática de los artículos antes transcritos, se obtiene que el juicio de amparo resulta improcedente, entre otras cuestiones, cuando se promueve contra actos intraprocesales cuyos efectos no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Del análisis integral de la demanda, en observancia a lo dispuesto por los artículos antes transcritos, se considera que la misma resulta improcedente por cuanto a que en relación al acto reclamado consistente en el auto de nueve de mayo del año en curso, dictado en el juicio ordinario civil 353/2019, mediante la cual negó admitir el recurso de apelación que interpuso la promovente en contra del auto de dos de mayo de dos mil diecinueve, que a su vez negó la admisión de las pruebas testimoniales e inspección judicial en el incidente de nulidad de actuaciones por defecto en el emplazamiento, se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, aplicado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, como se expone a continuación. Para evidenciar la actualización de la causal antes invocada, es importante resaltar que, como se ha establecido en diversos criterios jurisprudenciales, el trámite de un incidente es equiparable a un juicio común, autónomo con sus características procesales como demanda, contestación, etapa probatoria y de alegatos, y como consecuencia, al igual que en un juicio, dentro de un incidente no puede promoverse el amparo en contra de cualquier resolución, sino únicamente contra aquellas que la propia ley de la materia y criterios jurisprudenciales establecen. También cabe destacar que, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediata y directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o gobernado que tutela nuestra constitución federal, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio del que dimanan, es decir, que aún y cuando obtenga sentencia favorable, será imposible restituirle el derecho quebrantado, por ejemplo cuando se trata de una privación de la libertad o de un bien, que el tiempo del que se le privó no será posible restituirle. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna de los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, es decir, violaciones meramente formales respecto a derechos que surgen y se generan durante el trámite del juicio o al procedimiento, de tal forma que antes de éste el gobernado no los tenía y si fueran violados, la sentencia podría tener como efecto la restitución de los mismos. En ese sentido, una vez analizada tanto la demanda generadora del presente expediente, como los preceptos legales invocados, se arriba a la conclusión de que la citada causa de improcedencia se actualiza respecto del acto reclamado consistente en el auto de nueve de mayo del año en curso, dictado en el juicio ordinario civil 353/2019, mediante la cual negó admitir el recurso de apelación que interpuso la promovente en contra del auto de dos de mayo de dos mil diecinueve, que a su vez negó la admisión de las pruebas testimonial e inspección judicial en el incidente de nulidad de actuaciones por defecto en el emplazamiento, dado que no es un acto de aquellos que tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, virtud a que no producen a la parte aquí quejosa, una afectación directa e inmediata a alguno de sus derechos sustantivos (derechos fundamentales de los gobernados tutelados por la constitución federal), sino únicamente producen efectos formales dentro del procedimiento, que en todo caso, podrían tener como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva, los cuales se destruirán si la parte ahora amparista obtuviera resolución favorable en el juicio ordinario civil 353/2019, con lo que desaparecerían fácticamente las violaciones que se le hubieren generado con la determinación que se pretende reclamar. Máxime, que el artículo 107, fracción V, de la Ley de la materia, prevé que por regla general el amparo sólo podrá promoverse contra actos verificados dentro de juicio cuando sus efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos, como ya se dijo los que afecten materialmente derechos sustantivos; lo cual, en el caso no acontece, pues se insiste que el acto que se reclama lo es el auto de nueve de mayo del año en curso, dictado en el juicio ordinario civil 353/2019, del índice del juzgado de primera instancia, mediante la cual negó admitir el recurso de apelación que interpuso la promovente en contra del auto de dos de mayo de dos mil diecinueve, este último emitido en la etapa probatoria del incidente de nulidad de actuaciones por defecto en el emplazamiento, de manera que la violación que ahora se reclama, puede verse reparada al momento de dictarse sentencia en el incidente de nulidad de actuaciones, promovido dentro del referido juicio ordinario civil, y en caso de no ser así, alegarse como violación procesal en el amparo directo que llegare a promover contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio ordinario civil de origen. En consecuencia, es manifiesta la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, como se expone a continuación. ("...") ....Los criterios invocados en este acuerdo se citan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de que tratan; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. Por lo anteriormente considerado y con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, POR SU NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por el apoderado de Alicia Fernández Mariscal, por conducto de quien se ostenta como su apoderado legal, contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora de Hidalgo, Michoacán. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa autorizando a Francisco y Flavio, ambos de apellidos Anaya Olvera, con la plenitud de facultades a que se refiere el artículo 12, de la Ley de Amparo, toda vez que después de haber realizado una búsqueda en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se constató que existen registros de las cédulas profesionales que acreditan que dichas personas se encuentra facultadas para ejercer la profesión de licenciados en derecho, y respecto de las demás personas que refiere sin que cuenten con dicha facultad, al no existir registro alguno, lo anterior para los efectos legales conducentes. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve a las quince horas en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia.

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