Alicia Díaz Pérez

Expediente 76/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 39 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
76/2018
Año
2018
Actuaciones
39
Última actuación
30/11/2021

Partes del expediente

  • Alicia Díaz Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 39.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta de noviembre de dos mil veintiuno. Cuenta con autos Vista la certificación que antecede, de la cual se desprende que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado al fallo protector, sin que lo haya hecho. En mérito de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento que le fue formulado y se procede a dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Así, tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se procede a analizar el mismo con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, con apoyo en lo sustentado por la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, publicada en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Precisión de los efectos del amparo En sentencia dictada el once de septiembre de dos mil diecinueve, por una parte se sobreseyó y por otra, se concedió la protección constitucional a ALICIA DÍAZ PÉREZ, para el efecto de que el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, con sede en ciudad de México, realizara lo siguiente: "1.- Deje insubsistente el acuerdo dictado el once de enero de dos mil dieciocho, dentro del expediente RRA 5616/17; y, 2.- Con plenitud de jurisdicción instruya a quien corresponda, para que analice y de manera fundada y motivada, exponga: a) Con cuáles de los documentos o información proporcionada por la Secretaría de Educación Pública se advierte que realizó una búsqueda exhaustiva en todas sus unidades administrativas competentes, incluyendo la Dirección General de la Nómina Educativa Federalizada; b) Asimismo, motive de cuáles de los anexos exhibidos por la responsable se advierte que proporcionó la información solicitada por la hoy quejosa; es decir, en qué parte de la documentación exhibida tendente al cumplimiento de la multicitada sentencia dictada en revisión, se informó a la hoy amparista, por parte de la autoridad obligada al cumplimiento de la sentencia sobre el pronunciamiento respecto si las personas que ocupaban las plazas de supervisión con claves presupuestales del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo en el Estado de Michoacán, contaban con un dictamen de idoneidad; c) De cuál de los anexos que afirma aportó la autoridad obligada a tal cumplimiento se desprende en su caso el nombre y datos del concurso en el que lo obtuvieron, ello del uno de enero del dos mil quince, al treinta y uno de mayo del dos mil diecisiete; y, d) Motive si en relación con José Luis Esquivel Patiño, se proporcionó toda la información antes referida; o bien exponga razonadamente si después de la búsqueda exhaustiva el resultado fue la inexistencia de la información, hipótesis en la cual, deberá motivar si el sujeto obligado al cumplimiento de la sentencia, informó o no de manera fundada y motivada la razón por la que no cuenta con la misma; asimismo especifique si dicha información se hizo o no del conocimiento de la solicitante." Inconforme con dicha resolución la autoridad responsable, interpuso recurso de revisión. Consecuentemente, por ejecutoria de diez de febrero de dos mil veinte, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, modificó del fallo recurrido, para concluir que los efectos de la protección de la Justicia Federal, deben circunscribirse a que la responsable realizara lo siguiente: "PRIMERO. Se modifica la resolución recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Alicia Díaz Pérez, respecto de los actos reclamados a la Subdirectora de Educación Especial en el Estado de Michoacán, del Coordinador Nacional del Servicio Profesional Docente, ahora Titular de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, del Director General de Promoción y de la Subdirectora de Promoción a Cargos de Dirección y Supervisión, todos de la Secretaría de Educación Pública. TERCERO. La Justicia Federal ampara y protege a Alicia Díaz Pérez, contra los actos reclamados al Secretario de Educación y al Director de Enlace Jurídico, ambos de la Secretaria de Educación en el Estado; a la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Educación Pública; a la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente; a la Subdirectora de Promociones a Cargos de Dirección y Supervisión de la Dirección General de Promoción de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente; al Subdirector de Relaciones Laborales de la Secretaría de Educación en el Estado; y, al Institución Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para los efectos precisados en la sentencia recurrida." Cabe señalar que en la foja veinte de la resolución emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, se determinó modificar la sentencia recurrida, señalando lo siguiente: "En ese contexto, contrariamente a lo considerado en la sentencia recurrida, respecto de las autoridades aquí inconformes, no existe el acto reclamado, pues no se les formuló petición alguna que generara la obligación de dar respuesta, en términos del artículo 8 constitucional, por lo cual, si no se declaró así en la sentencia indicada, procede se modifique para ese efecto. De conformidad con lo anterior y con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, respecto de los actos reclamados al Coordinador Nacional del Servicio Profesional Docente, ahora titular de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, al Director General de Promoción y a la Subdirectora de Promoción a Cargos de Dirección y Supervisión, todos de la Secretaría de Educación Pública." Trámites para cumplir con el fallo protector En fecha veintiséis de febrero de dos mil veinte, se tuvo por recibida la ejecutoria de amparo dictada por el citado Tribunal Colegiado, y se requirió a las autoridades responsables vinculadas a efecto de que dieran cumplimiento al fallo protector. Por oficio presentado el dos de septiembre de dos mil veinte, el Director de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, con sede en la Ciudad de México, allegó certificada de la resolución de tres de agosto de dos mil veinte (fojas 175 a 185 del legajo que vía constancias de cumplimiento exhibió la responsable), recaída al Recurso de Revisión de Acceso RRA 5616/2017, Sujeto Obligado: Secretaría de Educación Pública y de la cual, se desprende que para cumplir con la ejecutoria de amparo, se realizó lo siguiente: I. Se dejó insubsistente el acuerdo de once de enero de dos mil dieciocho dictado en el citado expediente RRA 5616/17. II. Con la plenitud de jurisdicción que le fue reservada, realizó lo siguiente: A) En relación a mencionar con cuáles de los documentos o información proporcionada por la Secretaría de Educación Pública se advierte que realizó una búsqueda exhaustiva en todas sus unidades administrativas competentes, incluyendo la Dirección General de la Nómina Educativa Federalizada; señaló que el procedimiento de búsqueda se realizó en el área en la que se ordenó la resolución plenaria de dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, esto es, en la Dirección General del Sistema de Administración de la Nómina Educativa Federalizada, lo cual se acreditó con el correo electrónico de ocho de noviembre de dos mil diecisiete, así como con el acta del Comité de Transparencia del sujeto obligado del día quince del mes y año en mención. También se señala que la Dirección General del Sistema de Administración de la Nómina Educativa Federalizada, realizó el pronunciamiento relacionado con lo ordenado por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, respecto si las personas que ocupan las plazas de supervisión con claves presupuestales del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, en el Estado de Michoacán, cuentan con un dictamen de idoneidad y en su caso, el nombre y datos del concurso en el que lo obtuvieron, ello, del uno de enero de dos mil quince, al treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, sobre lo cual, indicó que de una nueva búsqueda exhaustiva de la información, refirió que los registros que fueron identificados en el Sistema de Administración de la Nómina Educativa son reportados por los entidades federativas durante los ejercicios fiscales 2015-2017. Asimismo, señala que dichos pronunciamientos fueron notificados por el sujeto obligado a la parte recurrente, los días ocho y diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, y que, no se advertía que la parte recurrente hubiere manifestado agravio o inconformidad alguna con los documentos entregados por el sujeto obligado, ello en términos del plazo de cinco días hábiles establecido en los artículos 170 y 197 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que tuvo por plecuído su derecho y la oportunidad procesal para formularlas. B) En torno al lineamiento relativo a que se manifestara en qué parte de la documentación exhibida tendente al cumplimiento de la multicitada sentencia dictada en revisión, se informó a la hoy amparista, por parte de la autoridad obligada al cumplimiento de la sentencia sobre el pronunciamiento respecto si las personas que ocupaban las plazas de supervisión con claves presupuestales del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo en el Estado de Michoacán, contaban con un dictamen de idoneidad; luego de realizar una análisis de constancias y citar fundamentación, en ese aspecto determinó que en el marco de atribuciones con las que cuenta la Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades, específicamente en el artículo 36, fracciones II y IV, del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, se verificó que la Secretaría de Educación Pública cumplió con la resolución, ello debido a que agotó el procedimiento de búsqueda en la Dirección General del Sistema de Administración de la Nómina Educativa Federalizada, y que en términos de los artículos 1, 3 y 130 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta indicó que no contaba o poseía en su archivos la información materia de la instrucción. De igual forma, señaló que la Secretaría de Educación Pública, de manera extraordinaria al procedimiento de ley, requirió a la autoridad educativa local de Michoacán, la información para dar atención al requerimiento informativo; empero, que como esa acción no fue ordenada por el Pleno del Organismo Garante Nacional, sino efectuada de manera proactiva por la Secretaría de Educación Pública, para hacer llegar a la parte recurrente información relacionada con su solicitud de acceso a la información, razón por la que no era posible para esa Dirección de Cumplimientos y Responsabilidades el realizar el análisis de los efectos y consecuencias de un acto que no fue ordenado por el Pleno de ese Instituto, es decir, que se trataba de documentos que durante el procedimiento no estuvieron en posesión del sujeto obligado, esto es, no se localizaron en los archivos de la Secretaría de Educación Pública, en términos de los numerales 1, 3, y 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. C) En lo que atañe a los incisos c) y d), de los lineamientos, atinentes a señalar de cuál de los anexos que afirma aportó la autoridad obligada a tal cumplimiento se desprende en su caso el nombre y datos del concurso en el que lo obtuvieron, ello del uno de enero del dos mil quince, al treinta y uno de mayo del dos mil diecisiete; y, que se motivara si en relación con José Luis Esquivel Patiño, se proporcionó toda la información antes referida; o bien exponga razonadamente si después de la búsqueda exhaustiva el resultado fue la inexistencia de la información, hipótesis en la cual, deberá motivar si el sujeto obligado al cumplimiento de la sentencia, informó o no de manera fundada y motivada la razón por la que no cuenta con la misma; asimismo especifique si dicha información se hizo o no del conocimiento de la solicitante; la autoridad responsable destacó que, en razón de que toralmente las respuesta del sujeto obligado se tradujeron en que no era competente para conocer de la información, ya que antes señaló que de una nueva búsqueda exhaustiva de la información, refirió que los registros que fueron identificados en el Sistema de Administración de la Nómina Educativa son reportados por los entidades federativas durante los ejercicios fiscales 2015-2017, la vía adecuada para en su caso llevar a cabo un análisis de los documentos enviados por la Secretaría de Educación a través de la autoridad local de Michoacán, era un nuevo recurso de revisión. Situación con la que se ordenó dar vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a sus intereses conviniera. Se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo En consecuencia, se estima que se encuentran satisfechos los extremos contemplados en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención a que en lo esencial se cumple con los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo, al haberse dejado insubsistente el acuerdo dictado el once de enero de dos mil dieciocho, dentro del expediente RRA 5616/17; y, en su lugar, con la plenitud de jurisdicción que fue reservada a la responsable, y de manera fundada y motivada, se dio respuesta a la solicitud de información formulada por la aquí quejosa, en los términos antes reseñados, con lo que se restituyó a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. En consecuencia, al no existir exceso en el cumplimiento (actuaciones que se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria) o defecto (cumplimiento parcial de lo ordenado o deficiente), con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo. Se ordena el archivo del presente juicio Con fundamento en el invocado artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de la Materia, se ordena remitir al ARCHIVO el expediente en que se actúa, en razón de que no existe diligencia pendiente por desahogar, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia de que, la remisión del juicio al archivo físico de este juzgado, se hará una vez que obren en autos las constancias de notificación relativas al presente proveído a las partes y se desprenda que ha transcurrido el término que la Ley de Amparo les otorga para impugnar éste acuerdo. Juicio susceptible de depuración En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de ese mismo mes y año; se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es susceptible de DEPURACIÓN, de conformidad con el artículo 18 fracción I, inciso b), por lo que deberá conservarse la demanda, resoluciones recurridas y la sentencia respectiva; y el acuerdo donde se acordó su archivo; haciéndose constar dicha circunstancia en la carátula del mismo. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el invocado artículo 18 del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. Original del incidente de suspensión Con motivo de la suspensión de los actos reclamados se formaron cuadernos incidentales, de los que se aprecia que se negó la medida cautelar solicitada (tanto la provisional como la definitiva), de conformidad con lo que señala el artículo 21, inciso c), del capítulo octavo del aludido acuerdo, se estima que el mismo es susceptible de DESTRUIRSE, una vez transcurridos más de tres años a partir de esta fecha, previa la generación por duplicado de los documentos a que alude el punto vigésimo cuarto del acuerdo. Duplicado del incidente de suspensión Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, procédase a su desincorporación y destrucción una vez que transcurran los seis meses a que se refiere el artículo 20 del acuerdo en consulta. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la licenciada Rigoberto Chávez Villa, Secretario que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    POR MEDIO DE LISTA, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO QUE EN LO CONDUCENTE REFIERE: Morelia, Michoacán, treinta de noviembre de dos mil veintiuno. Cuenta con autos Vista la certificación que antecede, de la cual se desprende que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado al fallo protector, sin que lo haya hecho. En mérito de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento que le fue formulado y se procede a dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Así, tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se procede a analizar el mismo con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, con apoyo en lo sustentado por la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, publicada en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Precisión de los efectos del amparoEn sentencia dictada el once de septiembre de dos mil diecinueve, por una parte se sobreseyó y por otra, se concedió la protección constitucional a ALICIA DÍAZ PÉREZ, para el efecto de que el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, con sede en ciudad de México, realizara lo siguiente:"1.- Deje insubsistente el acuerdo dictado el once de enero de dos mil dieciocho, dentro del expediente RRA 5616/17; y,2.- Con plenitud de jurisdicción instruya a quien corresponda, para que analice y de manera fundada y motivada, exponga: a) Con cuáles de los documentos o información proporcionada por la Secretaría de Educación Pública se advierte que realizó una búsqueda exhaustiva en todas sus unidades administrativas competentes, incluyendo la Dirección General de la Nómina Educativa Federalizada; b) Asimismo, motive de cuáles de los anexos exhibidos por la responsable se advierte que proporcionó la información solicitada por la hoy quejosa; es decir, en qué parte de la documentación exhibida tendente al cumplimiento de la multicitada sentencia dictada en revisión, se informó a la hoy amparista, por parte de la autoridad obligada al cumplimiento de la sentencia sobre el pronunciamiento respecto si las personas que ocupaban las plazas de supervisión con claves presupuestales del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo en el Estado de Michoacán, contaban con un dictamen de idoneidad; c) De cuál de los anexos que afirma aportó la autoridad obligada a tal cumplimiento se desprende en su caso el nombre y datos del concurso en el que lo obtuvieron, ello del uno de enero del dos mil quince, al treinta y uno de mayo del dos mil diecisiete; y, d) Motive si en relación con José Luis Esquivel Patiño, se proporcionó toda la información antes referida; o bien exponga razonadamente si después de la búsqueda exhaustiva el resultado fue la inexistencia de la información, hipótesis en la cual, deberá motivar si el sujeto obligado al cumplimiento de la sentencia, informó o no de manera fundada y motivada la razón por la que no cuenta con la misma; asimismo especifique si dicha información se hizo o no del conocimiento de la solicitante." Inconforme con dicha resolución la autoridad responsable, interpuso recurso de revisión. Consecuentemente, por ejecutoria de diez de febrero de dos mil veinte, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, modificó del fallo recurrido, para concluir que los efectos de la protección de la Justicia Federal, deben circunscribirse a que la responsable realizara lo siguiente: "PRIMERO. Se modifica la resolución recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Alicia Díaz Pérez, respecto de los actos reclamados a la Subdirectora de Educación Especial en el Estado de Michoacán, del Coordinador Nacional del Servicio Profesional Docente, ahora Titular de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, del Director General de Promoción y de la Subdirectora de Promoción a Cargos de Dirección y Supervisión, todos de la Secretaría de Educación Pública. TERCERO. La Justicia Federal ampara y protege a Alicia Díaz Pérez, contra los actos reclamados al Secretario de Educación y al Director de Enlace Jurídico, ambos de la Secretaria de Educación en el Estado; a la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Educación Pública; a la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente; a la Subdirectora de Promociones a Cargos de Dirección y Supervisión de la Dirección General de Promoción de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente; al Subdirector de Relaciones Laborales de la Secretaría de Educación en el Estado; y, al Institución Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para los efectos precisados en la sentencia recurrida." Cabe señalar que en la foja veinte de la resolución emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, se determinó modificar la sentencia recurrida, señalando lo siguiente: "En ese contexto, contrariamente a lo considerado en la sentencia recurrida, respecto de las autoridades aquí inconformes, no existe el acto reclamado, pues no se les formuló petición alguna que generara la obligación de dar respuesta, en términos del artículo 8 constitucional, por lo cual, si no se declaró así en la sentencia indicada, procede se modifique para ese efecto. De conformidad con lo anterior y con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, respecto de los actos reclamados al Coordinador Nacional del Servicio Profesional Docente, ahora titular de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, al Director General de Promoción y a la Subdirectora de Promoción a Cargos de Dirección y Supervisión, todos de la Secretaría de Educación Pública." Trámites para cumplir con el fallo protectorEn fecha veintiséis de febrero de dos mil veinte, se tuvo por recibida la ejecutoria de amparo dictada por el citado Tribunal Colegiado, y se requirió a las autoridades responsables vinculadas a efecto de que dieran cumplimiento al fallo protector.Por oficio presentado el dos de septiembre de dos mil veinte, el Director de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, con sede en la Ciudad de México, allegó certificada de la resolución de tres de agosto de dos mil veinte (fojas 175 a 185 del legajo que vía constancias de cumplimiento exhibió la responsable), recaída al Recurso de Revisión de Acceso RRA 5616/2017, Sujeto Obligado: Secretaría de Educación Pública y de la cual, se desprende que para cumplir con la ejecutoria de amparo, se realizó lo siguiente:I. Se dejó insubsistente el acuerdo de once de enero de dos mil dieciocho dictado en el citado expediente RRA 5616/17.II. Con la plenitud de jurisdicción que le fue reservada, realizó lo siguiente:A) En relación a mencionar con cuáles de los documentos o información proporcionada por la Secretaría de Educación Pública se advierte que realizó una búsqueda exhaustiva en todas sus unidades administrativas competentes, incluyendo la Dirección General de la Nómina Educativa Federalizada; señaló que el procedimiento de búsqueda se realizó en el área en la que se ordenó la resolución plenaria de dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, esto es, en la Dirección General del Sistema de Administración de la Nómina Educativa Federalizada, lo cual se acreditó con el correo electrónico de ocho de noviembre de dos mil diecisiete, así como con el acta del Comité de Transparencia del sujeto obligado del día quince del mes y año en mención.También se señala que la Dirección General del Sistema de Administración de la Nómina Educativa Federalizada, realizó el pronunciamiento relacionado con lo ordenado por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, respecto si las personas que ocupan las plazas de supervisión con claves presupuestales del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, en el Estado de Michoacán, cuentan con un dictamen de idoneidad y en su caso, el nombre y datos del concurso en el que lo obtuvieron, ello, del uno de enero de dos mil quince, al treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, sobre lo cual, indicó que de una nueva búsqueda exhaustiva de la información, refirió que los registros que fueron identificados en el Sistema de Administración de la Nómina Educativa son reportados por los entidades federativas durante los ejercicios fiscales 2015-2017.Asimismo, señala que dichos pronunciamientos fueron notificados por el sujeto obligado a la parte recurrente, los días ocho y diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, y que, no se advertía que la parte recurrente hubiere manifestado agravio o inconformidad alguna con los documentos entregados por el sujeto obligado, ello en términos del plazo de cinco días hábiles establecido en los artículos 170 y 197 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que tuvo por plecuído su derecho y la oportunidad procesal para formularlas.B) En torno al lineamiento relativo a que se manifestara en qué parte de la documentación exhibida tendente al cumplimiento de la multicitada sentencia dictada en revisión, se informó a la hoy amparista, por parte de la autoridad obligada al cumplimiento de la sentencia sobre el pronunciamiento respecto si las personas que ocupaban las plazas de supervisión con claves presupuestales del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo en el Estado de Michoacán, contaban con un dictamen de idoneidad; luego de realizar una análisis de constancias y citar fundamentación, en ese aspecto determinó que en el marco de atribuciones con las que cuenta la Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades, específicamente en el artículo 36, fracciones II y IV, del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, se verificó que la Secretaría de Educación Pública cumplió con la resolución, ello debido a que agotó el procedimiento de búsqueda en la Dirección General del Sistema de Administración de la Nómina Educativa Federalizada, y que en términos de los artículos 1, 3 y 130 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta indicó que no contaba o poseía en su archivos la información materia de la instrucción.De igual forma, señaló que la Secretaría de Educación Pública, de manera extraordinaria al procedimiento de ley, requirió a la autoridad educativa local de Michoacán, la información para dar atención al requerimiento informativo; empero, que como esa acción no fue ordenada por el Pleno del Organismo Garante Nacional, sino efectuada de manera proactiva por la Secretaría de Educación Pública, para hacer llegar a la parte recurrente información relacionada con su solicitud de acceso a la información, razón por la que no era posible para esa Dirección de Cumplimientos y Responsabilidades el realizar el análisis de los efectos y consecuencias de un acto que no fue ordenado por el Pleno de ese Instituto, es decir, que se trataba de documentos que durante el procedimiento no estuvieron en posesión del sujeto obligado, esto es, no se localizaron en los archivos de la Secretaría de Educación Pública, en términos de los numerales 1, 3, y 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. C) En lo que atañe a los incisos c) y d), de los lineamientos, atinentes a señalar de cuál de los anexos que afirma aportó la autoridad obligada a tal cumplimiento se desprende en su caso el nombre y datos del concurso en el que lo obtuvieron, ello del uno de enero del dos mil quince, al treinta y uno de mayo del dos mil diecisiete; y, que se motivara si en relación con José Luis Esquivel Patiño, se proporcionó toda la información antes referida; o bien exponga razonadamente si después de la búsqueda exhaustiva el resultado fue la inexistencia de la información, hipótesis en la cual, deberá motivar si el sujeto obligado al cumplimiento de la sentencia, informó o no de manera fundada y motivada la razón por la que no cuenta con la misma; asimismo especifique si dicha información se hizo o no del conocimiento de la solicitante; la autoridad responsable destacó que, en razón de que toralmente las respuesta del sujeto obligado se tradujeron en que no era competente para conocer de la información, ya que antes señaló que de una nueva búsqueda exhaustiva de la información, refirió que los registros que fueron identificados en el Sistema de Administración de la Nómina Educativa son reportados por los entidades federativas durante los ejercicios fiscales 2015-2017, la vía adecuada para en su caso llevar a cabo un análisis de los documentos enviados por la Secretaría de Educación a través de la autoridad local de Michoacán, era un nuevo recurso de revisión. Situación con la que se ordenó dar vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a sus intereses conviniera. Se tiene por cumplida la ejecutoria de amparoEn consecuencia, se estima que se encuentran satisfechos los extremos contemplados en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención a que en lo esencial se cumple con los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo, al haberse dejado insubsistente el acuerdo dictado el once de enero de dos mil dieciocho, dentro del expediente RRA 5616/17; y, en su lugar, con la plenitud de jurisdicción que fue reservada a la responsable, y de manera fundada y motivada, se dio respuesta a la solicitud de información formulada por la aquí quejosa, en los términos antes reseñados, con lo que se restituyó a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. En consecuencia, al no existir exceso en el cumplimiento (actuaciones que se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria) o defecto (cumplimiento parcial de lo ordenado o deficiente), con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo. Se ordena el archivo del presente juicio Con fundamento en el invocado artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de la Materia, se ordena remitir al ARCHIVO el expediente en que se actúa, en razón de que no existe diligencia pendiente por desahogar, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia de que, la remisión del juicio al archivo físico de este juzgado, se hará una vez que obren en autos las constancias de notificación relativas al presente proveído a las partes y se desprenda que ha transcurrido el término que la Ley de Amparo les otorga para impugnar éste acuerdo. Juicio susceptible de depuración En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de ese mismo mes y año; se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es susceptible de DEPURACIÓN, de conformidad con el artículo 18 fracción I, inciso b), por lo que deberá conservarse la demanda, resoluciones recurridas y la sentencia respectiva; y el acuerdo donde se acordó su archivo; haciéndose constar dicha circunstancia en la carátula del mismo. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el invocado artículo 18 del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. Original del incidente de suspensión Con motivo de la suspensión de los actos reclamados se formaron cuadernos incidentales, de los que se aprecia que se negó la medida cautelar solicitada (tanto la provisional como la definitiva), de conformidad con lo que señala el artículo 21, inciso c), del capítulo octavo del aludido acuerdo, se estima que el mismo es susceptible de DESTRUIRSE, una vez transcurridos más de tres años a partir de esta fecha, previa la generación por duplicado de los documentos a que alude el punto vigésimo cuarto del acuerdo. Duplicado del incidente de suspensión Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, procédase a su desincorporación y destrucción una vez que transcurran los seis meses a que se refiere el artículo 20 del acuerdo en consulta. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la licenciada Rigoberto Chávez Villa, Secretario que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    MEDIANTE LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA LO SIGUIENTE: Morelia, Michoacán, veinticinco de noviembre de dos mil veinte. Cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponde, el oficio signado por el Director General de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual, desahogan el requerimiento que les fue formulado en proveído de cuatro de septiembre de este año, realizando las aclaraciones correspondientes a las constancias de cumplimiento que anteriormente se habían allegado. Vista a las partes. En consecuencia, con dicha aclaración y con las constancias allegadas con antelación, consistentes en la resolución dictada dentro del expediente RRA 5616/2017, Folio 0001100345717, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que quede debidamente notificada del presente proveído, manifieste lo que a sus intereses convenga y transcurrido dicho término con manifestación o sin ella, ténganse nuevamente los autos a la vista para dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticinco de noviembre de dos mil veinte. Cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponde, el oficio signado por el Director General de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual, desahogan el requerimiento que les fue formulado en proveído de cuatro de septiembre de este año, realizando las aclaraciones correspondientes a las constancias de cumplimiento que anteriormente se habían allegado. Vista a las partes. En consecuencia, con dicha aclaración y con las constancias allegadas con antelación, consistentes en la resolución dictada dentro del expediente RRA 5616/2017, Folio 0001100345717, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que quede debidamente notificada del presente proveído, manifieste lo que a sus intereses convenga y transcurrido dicho término con manifestación o sin ella, ténganse nuevamente los autos a la vista para dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.

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