Alicia Hernández Villegas y Otros.

Expediente 945/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
945/2017
Año
2017
Actuaciones
7
Última actuación
19/04/2018

Partes del expediente

  • Alicia Hernández Villegas
  • Alicia Hernández Villegas y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, diecinueve de abril de dos mil dieciocho. CUENTA CON AUTOS. Visto el contenido de la certificación con que se da cuenta, se advierte ha transcurrido para la parte quejosa que es a quien afecta el sentido del fallo, el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la interposición del recurso de revisión contra la sentencia dictada en el expediente en que se actúa, con engrose veintidós de marzo de dos mil dieciocho, en que se SOBRESEYÓ el juicio de amparo promovido por Alicia Hernandez Villegas y Nerya Mainity Rico Alba, sin que se hubiera recurrido. DECLARACIÓN DE EJECUTORIA Se declara que la aludida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones inherentes en el Libro de Gobierno. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo de la licencia académica concedida al titular de este órgano jurisdiccional, en términos del oficio CCJ/ST/1114/2018, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    Por lista notifico a la parte quejosa la siguiente resolución: V I S T O S, para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo número 945/2017-IV, promovido por Alicia Hernández Villegas y Nerya Mainity Rico Alba, contra actos que reclama del Secretario de Educación en el Estado y otras autoridades; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el nueve de octubre de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en Morelia, Michoacán, turnado a éste órgano jurisdiccional, el mismo día; Alicia Hernández Villegas y Nerya Mainity Rico Alba, acudieron a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos que reclaman del Secretario de Educación en el Estado y otras autoridades: "IV. ACTO RECLAMADO.- 1.El no cumplimiento del debido proceso dentro del procedimiento Administrativo del cual desconocemos el número expediente que tenga tramitado la responsable, en el cual no se nos ha o se nos haya oído y vencido, no permitiéndome accesar a los medios de defensa ordinarios aun y siendo parte del procedimiento, no he sido llamada al mismo. 2. La revocación del nombramiento realizado por la Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán de Ocampo." En escrito aclaratorio expuso que el acto reclamado lo hacía consistir en: a). La omisión de hacer efectivas las asignaciones y cambios de adscripción previamente realizadas en el transcurso del año, revocando sus determinaciones, sin previo procedimiento. En ese ocurso, la quejosa narró los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, correspondió conocer de dicho juicio a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, y por auto de veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, se admitió la demanda y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 37 y los diversos numerales 48 y 54, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con el acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno ipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro". De igual forma, se invoca la jurisprudencia del contenido y datos que enseguida se anotan: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil". En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados consisten en: a). La omisión de hacer efectivas las asignaciones y cambios de adscripción previamente realizadas en favor de las quejosas en el transcurso del año; y, b). La revocación de las asignaciones y cambios de adscripción otorgadas a las quejosas sin previo procedimiento. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. La subdirectora de Educación Preescolar de la Secretaría de Educación en el Estado y Enlace Jurídico de la Secretaría de Educación en el Estado, en cuanto apoderado del Secretario de Educación en el Estado, ambos en esta ciudad, al rendir su informe justificado (fojas 20 y 50, respetivamente) negaron los actos reclamados. Además, la inexistencia de los actos reclamados se corrobora con las constancias que la segunda de las responsables exhibió en apoyo a su informe con justificación, consistentes en copias fotostáticas certificadas de los siguientes documentos: a). Oficio 111/18, dirigido a Hernández Villegas Alicia, con clave presupuestal 076921E0181000163337, signado el veintinueve de enero de dos mil dieciocho, por la Subdirectora de Educación Preescolar, de la Secretaría de Educación en el Estado, por medio del cual se le hizo saber que con fecha catorce de agosto de dos mil diecisiete y hasta finalizar el ciclo escolar 2017-2018, se le adscribe al jardín de niños "Eva Sámano de López Mateos", clave 16DJN0576S zona escolar 069, con cabecera en Puruándiro, Michoacán, sector 06. b). Acta de hechos levantada el treinta de noviembre de dos mil diecisiete, en la que se hizo constar que la ahora quejosa Alicia Hernández Villegas, obtuvo el primer lugar del concurso de asignación de función como educadora encargada sin grupo, con un total de 1292 puntos. c). Toma de posesión levantada el cuatro de noviembre de dos mil quince, con la asistencia de la ahora quejosa Nerya Mainity Rico Alba y Ma. Luisa Hernández Soto, en la que se hizo constar que con esa fecha la ahora quejosa tomó posesión de su función como asesor técnico pedagógico en la supervisión 069 con clave16FZP069K, de la localidad de Puruándiro; y, d). Oficios 75 y 69, de cuatro de noviembre de dos mil quince, signados por Ma. Luisa Hernández Soto, en los que se asentó que se adscribió en forma limitada a partir del cuatro de noviembre de dos mil quince, a la ahora quejosa Nerya Mainity Rico Alba, con clave presupuestal 12090501000982391 a la supervisión escolar de la zona 69, con clave 16FZP0069K, con domicilio en la calle Leona Vicario número 46 del fraccionamiento el Ángel, de la localidad de Puruándiro, Michoacán, en sustitución de Edna Yarelia Corona Sánchez. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al numeral 2º párrafo segundo de la Ley de Amparo, al tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Quinta Época: Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 1919. Mayoría de siete votos. Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once votos. Nota: En los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación correspondientes a los Tomos de Quinta Época, así como en los Apéndices 1954, 1965 y 1975, la tesis aparece publicada con el rubro: ´DOCUMENTOS PUBLICOS´". Las anteriores constancias, evidencian que la aquí quejosa Alicia Hernández Villegas, continúa desempeñándose como educadora encargada en el jardín de niños "Eva Sámano de López Mateos", clave 16DJN0576S zona escolar 069, con cabecera en Puruándiro, Michoacán, sector 06, mientras que Nerya Mainity Rico Alba, con clave presupuestal 12090501000982391, desde el cuatro de noviembre de dos mil quince, labora en la supervisión escolar de la zona 69, con clave 16FZP0069K, con domicilio en la calle Leona Vicario número 46 del fraccionamiento el Ángel, de la localidad de Puruándiro, Michoacán, en sustitución de Edna Yarelia Corona Sánchez. En esos términos, las documentales anteriores evidencian que tal como lo precisa en su demanda de amparo la ahora quejosa Alicia Hernández Villegas, continua desempeñando sus funciones en el mismo lugar. Por otra parte, si bien es cierto que la quejosa Nerya Mainity Rico Alba, expuso en su demanda de amparo que se desempeñaba como educadora auxiliar en el jardín de niños "Horacio Quiroga", con clave 16DJN1380N, de la población de la Quemada, municipio de Puruándiro, Michoacán, es el caso que no acreditó dicha circunstancia, puesto que fue omisa en ofrecer medio de prueba al respecto, y por el contrario, la responsable acreditó que dicha quejosa labora en la supervisión escolar de la zona 69, con clave 16FZP0069K, con domicilio en la calle Leona Vicario número 46 del fraccionamiento el Ángel, de la localidad de Puruándiro, Michoacán. Ahora, no obsta para concluir en los términos anotados que la quejosa hayan acompañado a su escrito de demanda copia fotostática simple del acuerdo tomado en reunión sindical efectuada el viernes seis de octubre de dos mil diecisiete, en la que se precisa que quedará sin efectos los cambios internos de la zona escolar 069 efectuados desde el mes de febrero a esa fecha; sin embargo, es el caso que dicha documental fue exhibida en copia fotostática simple, y por tal motivo carece de valor jurídico, además de que, como ya se indicó, las autoridades responsables acreditaron plenamente que las quejosas continúan con sus labores. En esos términos, es dable afirmar que las quejosas fueron omisas en acreditar que a la fecha de presentación de su demanda, hayan sido removidas de los cargos que ocupaban, y menos aun que ello haya sido dentro de un procedimiento administrativo sin previa audiencia; máxime que Nerya Mainity Rico Alba, no acreditó que tenía el cargo que refiere en su escrito de demanda de amparo. De ahí que, válidamente puede colegirse que no existen los actos reclamados. En ese orden de ideas, ante la inexistencia de los actos reclamados a las anotadas autoridades responsables, y dada la falta de pruebas por parte de las quejosas que demostrara lo contrario, resulta procedente con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, sobreseer en el presente juicio de amparo por cuanto a las autoridades aquí precisadas. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis del contenido y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 196080 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Junio de 1998 Materia(s): Común, Administrativa Tesis: 1a. XXIV/98 Página: 53 "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos. Amparo en revisión 1241/97. Super Car Puebla, S.A. de C.V. 25 de marzo de 1998. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Joel Carranco Zúñiga. También es aplicable al caso, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: Época: Sexta Época Registro: 1002350 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento Materia(s): Común Tesis: 284 Página: 305 "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 698/58.-Oranimatla, S.A.-15 de noviembre de 1960.-Mayoría de quince votos.-Ponente: Gilberto Valenzuela. Amparo en revisión 1275/55.-Rodolfo Luna y coags.-3 de enero de 1961.-Unanimidad de diecisiete votos.-Ponente: Ángel González de la Vega. Amparo en revisión 4689/57.-Adolfo Aguilar Borja y coags.-3 de enero de 1961.-Unanimidad de diecisiete votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 6131/57.-Antonio Macías Caballero y coags.-3 de enero de 1961.-Unanimidad de diecisiete votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 2850/59.-Inmobiliaria Málaga, S.A.-22 de marzo de 1961.-Unanimidad de quince votos.-Ponente: Franco Carreño. Apéndice 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 236, Pleno, tesis 284". En consecuencia, dado que la negativa informada por las responsables no fue desvirtuada por las quejosas, ni demostrado en el cuaderno de amparo, con evidencia alguna la existencia de la omisión y acto reclamado antes indicado, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que literalmente establece: "ARTÍCULO 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y". Al decretarse el sobreseimiento en el presente asunto, este juzgador se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo. Resulta aplicable la jurisprudencia número 509, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: Época: Séptima Época Registro: 394465 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 509 Página: 335 "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Séptima Epoca: Amparo en revisión 588/62. Gregorio Escobar y coags. 2 de julio de 1962. Cinco votos. Amparo en revisión 1543/69. Angelina Meza Esquerra. 22 de enero de 1970. Cinco votos. Amparo en revisión 4444/69. Enrique Villegas Montes y coags. 4 de febrero de 1970. Unanimidad de cuatro votos. Amparo en revisión 1391/70. Carmen Gibsón de Cobera. 24 de septiembre de 1970. Cinco votos. Amparo en revisión 6171/69. Poblado Comunal de San Rafael Ixtapaluca, Mpio. de Tlahuapan, Puebla. 30 de septiembre de 1970. Unanimidad de cuatro votos". Los criterios que anteceden se invocan aun y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido del mismo, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de las mismas; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en Vigor. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 76, 77, 78, 215 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo interpuesto por Alicia Hernández Villegas y Nerya Mainity Rico Alba, en contra de las autoridades y por los actos precisados en los considerandos segundo, tercero y cuarto, con base a las razones expuestas en los dos considerandos tercero y quinto de la presente resolución. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, secretaria que autoriza y da fe, hasta hoy veintidós de marzo de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del juzgado.- Doy fe.

  3. Principal

    V I S T O S, para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo número 945/2017-IV, promovido por Alicia Hernández Villegas y Nerya Mainity Rico Alba, contra actos que reclama del Secretario de Educación en el Estado y otras autoridades; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el nueve de octubre de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en Morelia, Michoacán, turnado a éste órgano jurisdiccional, el mismo día; Alicia Hernández Villegas y Nerya Mainity Rico Alba, acudieron a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos que reclaman del Secretario de Educación en el Estado y otras autoridades: "IV. ACTO RECLAMADO.- 1.El no cumplimiento del debido proceso dentro del procedimiento Administrativo del cual desconocemos el número expediente que tenga tramitado la responsable, en el cual no se nos ha o se nos haya oído y vencido, no permitiéndome accesar a los medios de defensa ordinarios aun y siendo parte del procedimiento, no he sido llamada al mismo. 2. La revocación del nombramiento realizado por la Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán de Ocampo." En escrito aclaratorio expuso que el acto reclamado lo hacía consistir en: a). La omisión de hacer efectivas las asignaciones y cambios de adscripción previamente realizadas en el transcurso del año, revocando sus determinaciones, sin previo procedimiento. En ese ocurso, la quejosa narró los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, correspondió conocer de dicho juicio a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, y por auto de veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, se admitió la demanda y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 37 y los diversos numerales 48 y 54, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con el acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno ipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro". De igual forma, se invoca la jurisprudencia del contenido y datos que enseguida se anotan: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil". En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados consisten en: a). La omisión de hacer efectivas las asignaciones y cambios de adscripción previamente realizadas en favor de las quejosas en el transcurso del año; y, b). La revocación de las asignaciones y cambios de adscripción otorgadas a las quejosas sin previo procedimiento. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. La subdirectora de Educación Preescolar de la Secretaría de Educación en el Estado y Enlace Jurídico de la Secretaría de Educación en el Estado, en cuanto apoderado del Secretario de Educación en el Estado, ambos en esta ciudad, al rendir su informe justificado (fojas 20 y 50, respetivamente) negaron los actos reclamados. Además, la inexistencia de los actos reclamados se corrobora con las constancias que la segunda de las responsables exhibió en apoyo a su informe con justificación, consistentes en copias fotostáticas certificadas de los siguientes documentos: a). Oficio 111/18, dirigido a Hernández Villegas Alicia, con clave presupuestal 076921E0181000163337, signado el veintinueve de enero de dos mil dieciocho, por la Subdirectora de Educación Preescolar, de la Secretaría de Educación en el Estado, por medio del cual se le hizo saber que con fecha catorce de agosto de dos mil diecisiete y hasta finalizar el ciclo escolar 2017-2018, se le adscribe al jardín de niños "Eva Sámano de López Mateos", clave 16DJN0576S zona escolar 069, con cabecera en Puruándiro, Michoacán, sector 06. b). Acta de hechos levantada el treinta de noviembre de dos mil diecisiete, en la que se hizo constar que la ahora quejosa Alicia Hernández Villegas, obtuvo el primer lugar del concurso de asignación de función como educadora encargada sin grupo, con un total de 1292 puntos. c). Toma de posesión levantada el cuatro de noviembre de dos mil quince, con la asistencia de la ahora quejosa Nerya Mainity Rico Alba y Ma. Luisa Hernández Soto, en la que se hizo constar que con esa fecha la ahora quejosa tomó posesión de su función como asesor técnico pedagógico en la supervisión 069 con clave16FZP069K, de la localidad de Puruándiro; y, d). Oficios 75 y 69, de cuatro de noviembre de dos mil quince, signados por Ma. Luisa Hernández Soto, en los que se asentó que se adscribió en forma limitada a partir del cuatro de noviembre de dos mil quince, a la ahora quejosa Nerya Mainity Rico Alba, con clave presupuestal 12090501000982391 a la supervisión escolar de la zona 69, con clave 16FZP0069K, con domicilio en la calle Leona Vicario número 46 del fraccionamiento el Ángel, de la localidad de Puruándiro, Michoacán, en sustitución de Edna Yarelia Corona Sánchez. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al numeral 2º párrafo segundo de la Ley de Amparo, al tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Quinta Época: Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 1919. Mayoría de siete votos. Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once votos. Nota: En los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación correspondientes a los Tomos de Quinta Época, así como en los Apéndices 1954, 1965 y 1975, la tesis aparece publicada con el rubro: ´DOCUMENTOS PUBLICOS´". Las anteriores constancias, evidencian que la aquí quejosa Alicia Hernández Villegas, continúa desempeñándose como educadora encargada en el jardín de niños "Eva Sámano de López Mateos", clave 16DJN0576S zona escolar 069, con cabecera en Puruándiro, Michoacán, sector 06, mientras que Nerya Mainity Rico Alba, con clave presupuestal 12090501000982391, desde el cuatro de noviembre de dos mil quince, labora en la supervisión escolar de la zona 69, con clave 16FZP0069K, con domicilio en la calle Leona Vicario número 46 del fraccionamiento el Ángel, de la localidad de Puruándiro, Michoacán, en sustitución de Edna Yarelia Corona Sánchez. En esos términos, las documentales anteriores evidencian que tal como lo precisa en su demanda de amparo la ahora quejosa Alicia Hernández Villegas, continua desempeñando sus funciones en el mismo lugar. Por otra parte, si bien es cierto que la quejosa Nerya Mainity Rico Alba, expuso en su demanda de amparo que se desempeñaba como educadora auxiliar en el jardín de niños "Horacio Quiroga", con clave 16DJN1380N, de la población de la Quemada, municipio de Puruándiro, Michoacán, es el caso que no acreditó dicha circunstancia, puesto que fue omisa en ofrecer medio de prueba al respecto, y por el contrario, la responsable acreditó que dicha quejosa labora en la supervisión escolar de la zona 69, con clave 16FZP0069K, con domicilio en la calle Leona Vicario número 46 del fraccionamiento el Ángel, de la localidad de Puruándiro, Michoacán. Ahora, no obsta para concluir en los términos anotados que la quejosa hayan acompañado a su escrito de demanda copia fotostática simple del acuerdo tomado en reunión sindical efectuada el viernes seis de octubre de dos mil diecisiete, en la que se precisa que quedará sin efectos los cambios internos de la zona escolar 069 efectuados desde el mes de febrero a esa fecha; sin embargo, es el caso que dicha documental fue exhibida en copia fotostática simple, y por tal motivo carece de valor jurídico, además de que, como ya se indicó, las autoridades responsables acreditaron plenamente que las quejosas continúan con sus labores. En esos términos, es dable afirmar que las quejosas fueron omisas en acreditar que a la fecha de presentación de su demanda, hayan sido removidas de los cargos que ocupaban, y menos aun que ello haya sido dentro de un procedimiento administrativo sin previa audiencia; máxime que Nerya Mainity Rico Alba, no acreditó que tenía el cargo que refiere en su escrito de demanda de amparo. De ahí que, válidamente puede colegirse que no existen los actos reclamados. En ese orden de ideas, ante la inexistencia de los actos reclamados a las anotadas autoridades responsables, y dada la falta de pruebas por parte de las quejosas que demostrara lo contrario, resulta procedente con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, sobreseer en el presente juicio de amparo por cuanto a las autoridades aquí precisadas. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis del contenido y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 196080 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Junio de 1998 Materia(s): Común, Administrativa Tesis: 1a. XXIV/98 Página: 53 "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos. Amparo en revisión 1241/97. Super Car Puebla, S.A. de C.V. 25 de marzo de 1998. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Joel Carranco Zúñiga. También es aplicable al caso, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: Época: Sexta Época Registro: 1002350 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento Materia(s): Común Tesis: 284 Página: 305 "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 698/58.-Oranimatla, S.A.-15 de noviembre de 1960.-Mayoría de quince votos.-Ponente: Gilberto Valenzuela. Amparo en revisión 1275/55.-Rodolfo Luna y coags.-3 de enero de 1961.-Unanimidad de diecisiete votos.-Ponente: Ángel González de la Vega. Amparo en revisión 4689/57.-Adolfo Aguilar Borja y coags.-3 de enero de 1961.-Unanimidad de diecisiete votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 6131/57.-Antonio Macías Caballero y coags.-3 de enero de 1961.-Unanimidad de diecisiete votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 2850/59.-Inmobiliaria Málaga, S.A.-22 de marzo de 1961.-Unanimidad de quince votos.-Ponente: Franco Carreño. Apéndice 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 236, Pleno, tesis 284". En consecuencia, dado que la negativa informada por las responsables no fue desvirtuada por las quejosas, ni demostrado en el cuaderno de amparo, con evidencia alguna la existencia de la omisión y acto reclamado antes indicado, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que literalmente establece: "ARTÍCULO 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y". Al decretarse el sobreseimiento en el presente asunto, este juzgador se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo. Resulta aplicable la jurisprudencia número 509, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: Época: Séptima Época Registro: 394465 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 509 Página: 335 "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Séptima Epoca: Amparo en revisión 588/62. Gregorio Escobar y coags. 2 de julio de 1962. Cinco votos. Amparo en revisión 1543/69. Angelina Meza Esquerra. 22 de enero de 1970. Cinco votos. Amparo en revisión 4444/69. Enrique Villegas Montes y coags. 4 de febrero de 1970. Unanimidad de cuatro votos. Amparo en revisión 1391/70. Carmen Gibsón de Cobera. 24 de septiembre de 1970. Cinco votos. Amparo en revisión 6171/69. Poblado Comunal de San Rafael Ixtapaluca, Mpio. de Tlahuapan, Puebla. 30 de septiembre de 1970. Unanimidad de cuatro votos". Los criterios que anteceden se invocan aun y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido del mismo, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de las mismas; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en Vigor. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 76, 77, 78, 215 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo interpuesto por Alicia Hernández Villegas y Nerya Mainity Rico Alba, en contra de las autoridades y por los actos precisados en los considerandos segundo, tercero y cuarto, con base a las razones expuestas en los dos considerandos tercero y quinto de la presente resolución. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, secretaria que autoriza y da fe, hasta hoy veintidós de marzo de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del juzgado.- Doy fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veinte de febrero de dos mil dieciocho. DIFERIMIENTO DE AUDIENCIA. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los se advierte que se encuentra trascurriendo el término de ocho días que establece el artículo 117, de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido del informe justificado acordado en proveído de quince de febrero de dos mil dieciocho; en tal virtud, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, la que tendrá verificativo a las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DOS DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza. Doy FeRcl

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