Alfredo Hernandez España
Expediente 716/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 21 actuaciones registradas, la última del 14 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 716/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 14/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Alfredo Hernandez España
- Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
Visto el estado de autos y en atención a que transcurrió el término legal a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes recurrieran la sentencia dictada en el presente asunto, que sobreseyó en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, según su artículo 2do., se declara que dicha resolución ha causado estado para todos los efectos legales conducentes. Archivo y clasificación del expediente. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21, incisos a) y c) del citado acuerdo general, el presente expediente y el cuaderno principal del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que se negó la suspensión provisional y definitiva y se dictó resolución en la que únicamente sobreseyó en el juicio. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado. Devolución de documentos. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable juez Único Civil de Partido y de Oralidad Familiar, residente en Juventino Rosas, Guanajuato, un disco versátil digital que allegó a su informe de ley, toda vez que resulta innecesaria su retención.
- Principal
A sus autos para que obren como corresponde, los oficios signados por el juez Único de Partido y de Oralidad Familiar, de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, mediante los cuales, en su orden, acusa recibo del comunicado por el que se le notificó la sentencia dictada en el presente asunto y remite el testimonio de la sentencia emitida en el procedimiento de origen.
- Principal
V I S T O S, para resolver los autos que integran el juicio de amparo número 716/2020, promovido por ***, por sí y en representación de su menor hijo de iniciales JAHG; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito presentado el catorce de diciembre de dos mil veinte en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad, ***, por sí y en representación de su menor hijo de iniciales JAHG solicitó el amparo y protección de la justicia federal en contra de actos, que estimó violatorios de los artículos 1, 14, 16 y 20 de la Constitución Federal. SEGUNDO. Por cuestión de turno, correspondió conocer de la demanda a este Juzgado Octavo de Distrito. En proveído de diecisiete siguiente se admitió, dio intervención legal al fiscal de la adscripción, mandó emplazar a la autoridad responsable y a la tercera interesada, ***(llamada según constancias acordadas el veintiocho de enero pasado); asimismo, se designó representante especial para el menor de edad (apersonada según acuerdo de veintitrés de diciembre de dos mil veinte) y fijó fecha para la audiencia constitucional, la cual se efectuó al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Celaya, es legalmente competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo previsto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal . La competencia territorial se surte, pues los actos reclamados se hacen consistir en los acuerdos tomados en una audiencia sobre cambio de custodia y medidas de convivencias con el menor, eventualmente tendrá ejecución en Juventino Rosas, Guanajuato, en la que ejerce jurisdicción este Tribunal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De acuerdo al análisis integral de la demanda, así como de las constancias de este juicio, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", se precisa como actos reclamados, dentro del juicio oral familiar *** sobre divorcio necesario, pensión alimenticia provisional, definitiva y otras prestaciones, entre el quejoso y la tercera interesada; del índice del Juzgado Único Civil y de Oralidad Familiar, con sede en Juventino Rosas, Guanajuato. Al respecto, se precisa que, aunque los actos emanan del mismo proceso, atañen a dos tópicos diversos, a saber: 1) guarda y custodia de la menor; y 2) régimen de convivencias. Así, se señalan como actos: El acuerdo emitido, por escrito, el cuatro de diciembre de dos mil veinte, en el que el juzgador niega acordar de conformidad la petición del quejoso, en el sentido de que se inspeccione el lugar donde vive el menor de edad y que se decrete el cambio de guarda y custodia provisional, en favor del quejoso. Los diversos acuerdos tomados en audiencia de siete de diciembre de dos mil veinte. En ellos: a) decretó una medida de suspensión de convivencias familiares; y b) Se declaró desierto el desahogo de una probanza ofertada por el quejoso en el incidente de cambio de guarda y custodia que ahí promovió. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. El juez Único Civil y de Oralidad Familiar, residente en Juventino Rosas, Guanajuato, aceptó la existencia de los actos que se le reclaman, lo que se corrobora con las constancias que adjuntó. CUARTO. Antecedentes. De la copia certificada impresa de diversas constancias que integran el juicio oral familiar ***, así como de la electrónica contenida en el DVD remitido por el juzgado responsable, a las que se confiere valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se desprende: La tercera interesada, ***, demandó en la vía oral ordinaria al aquí quejoso, la acción de divorcio incausado, pago de pensión alimenticia provisional y definitiva en favor del menor hijo de ambos, entre otras prestaciones. La demanda fue radicada el diecisiete de agosto de dos mil veinte. Una vez emplazado el demandado, contestó la demanda y reconvino sobre la pérdida de la patria potestad, guarda y custodia, tanto provisional como definitiva del menor. El treinta y uno de agosto de dos mil veinte se verificó una audiencia en donde se otorgó la custodia provisional del hijo menor de edad, a la aquí tercera interesada. En escrito presentado el tres de diciembre de dos mil veinte, el quejoso solicitó medidas de protección en favor del menor, consistentes en "inspección judicial del lugar del depósito del menor JAHG, para que se constaten las condiciones en las que vive, su lugar de habitación (.) con la finalidad de constatar el abandono de los cuidados parentales. Hecho lo anterior, se decrete de manera urgente el cambio de guarda y custodia provisional a favor del padre." A su petición recayó el acuerdo de cuatro de diciembre de dos mil veinte que, en lo que interesa, dice: "En cuanto a la medida que solicita de carácter positivo, que se inspeccione el lugar donde vive el menor de edad (.) no ha lugar atendiendo a lo que establece el artículo 35 y 36 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato, no se considera motivo para separar al infante de las personas que ejerzan la guarda y custodia, la falta de recursos o la extrema pobreza o por la necesidad de ganarse el sustento lejos del lugar de residencia. (.) Por otro lado, el artículo 474-A del Código Civil establece que para el cambio de guarda y custodia, debe llevarse a cabo con la garantía de audiencia que es acorde a lo que establece el artículo 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por ende tiene a salvo sus derechos para que inste lo que a su interés convenga, pues lo que pretende en su petición es que se realice la inspección y hecha la misma se decrete cambio de guarda y custodia del infante." Éste es el primer acto reclamado relacionado con el tópíco de guarda y custodia. En fechas cuatro y veinticinco de noviembre, así como siete de diciembre de dos mil veinte y seis de enero de dos mil veintiuno, se verificó la audiencia preliminar en todas sus etapas. Cabe destacar que todas estas fases fueron llevadas a cabo en distintas datas, pero se corresponden con las enunciadas prevista en el artículo 828 del Código de Procedimientos Civiles para el estado de Guanajuato. En lo que interesa, en la audiencia de siete de diciembre de dos mil veinte, correspondiente a la fracción IV (admisión y preparación de pruebas) ocurrieron tres acontecimientos que motivaron el presente juicio, a saber: -El mandatario del quejoso promovió incidente de cambio de guardia y custodia, el cual fue admitido (recordemos que en el primer acto reclamado, por escrito, le fue negada su petición, virtud a que si pretendía un cambio de guardia y custodia, necesitaba llevarse a cabo mediante procedimiento con garantía de audiencia). - Ofreció tres videograbaciones en las que, según su dicho, obran los hechos ocurridos los días dos y tres de diciembre con la intención de demostrar los descuidos de la progenitora respecto del menor y la incertidumbre del domicilio donde pernocta. Al efecto, el juzgador le requirió para que proporcionara los medios idóneos para revisar las videograbaciones, a fin de proveer sobre su admisión y, al no contar con ellos, se declaró desierto dicho medio de convicción. Éste es el segundo acto reclamado relacionado con el incidente de cambio de guarda y custodia. -El juzgador, al advertir que el día tres de diciembre fue jueves y los días que corresponde al padre acudir son sábados y domingos, lo que significa que "acudió al domicilio cuando no le correspondía" esto es, los sábados y domingos establecidos previamente. Por ende, lo consideró como confesión y atendió a una petición previa de la demandada, en el sentido de acordar de conformidad la "suspensión" de las convivencias, a fin de que se efectuaran mediante videollamada y ordenó la escucha del menor frente a un perito en psicología, a fin de proveer nuevamente sobre los términos de las convivencias. Éste es el tercer acto reclamado relacionado con las convivencias. El seis de enero de dos mil veintiuno se continuó con la quinta y sexta (revisión de medidas y citación para audiencia de juicio). En lo que interesa: - Se desahogaron las pruebas del incidente de cambio de guarda y custodia y se resolvió, declarándose infundada dicha incidencia. - Se hizo la revisión de la medida de suspensión de convivencias presenciales. Al efecto, el juzgador precisó que, una vez escuchado al menor, no encontró motivos ni evidencia que la forma presencial fuera benéfica para el menor, además de que la entidad se encuentra en semáforo rojo debido a la pandemia, por lo que se concluyó que las convivencias debían continuar por videoconferencia. - Citó para audiencia previa de conciliación y de juicio, ambas el dos de febrero de dos mil veintiuno, sin que obre constancia de que se haya efectuado. QUINTO. Improcedencia. El juicio de amparo es improcedente, pues se actualiza una causal respecto de los tres actos, cuyo estudio es oficioso y preferente acorde con lo que dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. Además, en la audiencia de seis de enero de dos mil veintiuno, el juzgador responsable advierte que opera un cambio de situación jurídica respecto de las conductas reclamadas, por lo que ordena hacerlo saber a este Tribunal constitucional. Al efecto, es pertinente señalar que, si bien, se actualiza la misma causal para las tres conductas, en la premisa fáctica se particularizarán para mayor claridad. PREMISA NORMATIVA Ahora bien, como se adelantó, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica." La causal consiste en que cuando el acto emane de un procedimiento judicial o administrativo seguido en forma de juicio, de surgir una situación jurídica nueva, el amparo será improcedente si de concederlo se afectará ésta y, por ello, se deben reputar consumadas irreparablemente las violaciones alegadas, por no poder afectar el nuevo estatus jurídico. Para mayor claridad, la improcedencia opera sólo en ese tipo de procedimientos, pues es razonable entender que su existencia se basa en la creación de una etapa o estadío procesal diferente, característica fundamental de un proceso que se desarrolla en diversas etapas sucesivas y que, por regla general, la validez de actos posteriores dependen de la de los anteriores, de modo que si se invalida alguno, también quedan sin efectos los que se hayan continuado sobre la base de aquél. En esa perspectiva, para la actualización de esta causal, se deben cumplir los siguientes requisitos: a) Que el acto reclamado haya motivado una situación jurídica determinada; b) Que por virtud de una resolución posterior se produzca una diversa situación jurídica que sustituya la anterior, y c) Que esta nueva resolución sea de tal naturaleza que permita la subsistencia de la nueva situación jurídica creada, aun a pesar de que fueran ciertas las violaciones cometidas en el acto que originó la situación precedente, de modo que estas deban considerarse consumadas irreparablemente en el juicio de amparo de que se trata, por no poder subsanarse sin afectar la nueva situación jurídica, esto es, sin desconocer eficacia a la resolución emitida en segundo término, que es posterior y diversa del acto reclamado. Sirve de apoyo el criterio emitido por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, de rubro y texto: "CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Así como el criterio siguiente: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. De conformidad con la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente "contra actos emanados de un procedimiento judicial, cuando, por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo, deban considerarse consumadas irreparablemente, las violaciones reclamadas en el juicio promovido, por no poder decidirse, en dicho juicio, sin afectar la nueva situación jurídica". Esta causal de improcedencia debe estimarse aplicable cuando en el mismo procedimiento generador del acto reclamado, (producido durante la tramitación del juicio), se ha pronunciado ya sentencia definitiva y con ello ha venido a cambiar la situación jurídica, de suerte que las violaciones procesales reclamadas en el amparo, debe tenerse por consumadas irreparablemente, porque no podría decidirse respecto de ellas, sin afectar la nueva situación creada por la sentencia de fondo." IMPROCEDENCIA RESPECTO DE ACUERDOS RELACIONADOS CON CAMBIO DE CUSTODIA. Recordemos que primeramente, en auto escrito de cuatro de diciembre de dos mil veinte se negó la admisión de una prueba de inspección y la solicitud de cambio de guarda y custodia (acto reclamado), bajo el argumento de que eso solo puede decidirse en un procedimiento incidental. Por ello, en un momento procesal posterior sí se tramitó la incidencia sobre cambio de guarda y custodia (concretamente, en la sección IV de la audiencia preliminar celebrada el siete de diciembre de dos mil veinte). Ahí el quejoso ofertó tres videograbaciones con la intención de demostrar los descuidos de la progenitora del menor, pero dichos medios de convicción fueron declarados desiertos (acto reclamado). Ahora bien, la improcedencia se actualiza, en razón de que el seis de enero de dos mil veintiuno se verificó otra audiencia, en la que se resolvió en definitiva la incidencia hecha valer, declarándose infundada. Luego, ese fallo posterior produce una nueva situación jurídica que torna irreparablemente consumadas las consecuencias que generaron aquellos actos, en la medida en que no pueden analizarse o, en su caso, subsanarse inconstitucionalidades, sin afectar este nuevo espectro tanto jurídico como fáctico, generado a partir de la resolución que se dictó. En todo caso, serían materia de análisis, pero a manera de violación procesal, si se sometiera al filtro constitucional la decisión definitiva sobre la incidencia. Es orientadora por analogía, el criterio que enseguida se transcribe: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. OPERA CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA EL AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA EN LA VÍA EJECUTIVA MERCANTIL, Y DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO SE DICTA LA SENTENCIA DEFINITIVA. Cuando se señala como acto reclamado la resolución que confirma el auto admisorio de la demanda en la vía ejecutiva mercantil, y durante la tramitación del juicio de amparo se dicta la sentencia definitiva en el juicio natural, opera el cambio de situación jurídica, toda vez que en aquél el Juez natural abre la instancia y realiza un examen preliminar de la vía y, en esta última, cierra la instancia, califica nuevamente la procedencia de la vía, previo examen de las excepciones y, con vista de las probanzas aportadas por las partes, en la generalidad de los casos resuelve en definitiva acerca de la cuestión sometida al litigio; de tal manera que existe autonomía entre el auto admisorio y la sentencia definitiva que confirma la procedencia de la vía, ya que estos actos subsisten con independencia entre sí, y no puede decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado, sin afectar la nueva situación jurídica creada por la sentencia definitiva; por tanto, se actualizan los elementos para que opere la causal de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción X, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en relación con la tesis 2a. CXI/96, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, diciembre de mil novecientos noventa y seis, página doscientos diecinueve, de rubro: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL.". IMPROCEDENCIA RESPECTO DE ACUERDO RELATIVO A LA SUSPENSIÓN DE CONVIVENCIAS PRESENCIALES. En lo concerniente al tópico de las convivencias, debemos recordar que en audiencia de siete de diciembre de dos mil veinte, el juzgador ordenó modificar las convivencias presenciales y llevarlas a cabo vía electrónica, bajo el argumento de que el aquí quejoso incumplió con los términos en que se ordenaron, en el entendido de que esa medida sería revisada en posterior data, una vez que fuera escuchado el menor, lo que así ocurrió en diversa audiencia de seis de enero de dos mil veintiuno. Este acto fue dictado en concordancia con el artículo 828, fracción V de la ley adjetiva que dice: "Artículo 828. La audiencia preliminar se desarrollará en las siguientes etapas procesales: Enunciación de la litis; II. Sanción del convenio por el juez, en caso de conciliación de las partes; Depuración del procedimiento en la que se admitirán y desahogarán las pruebas ofrecidas en relación con las excepciones procesales y cosa juzgada; Admisión y preparación de pruebas para la audiencia del juicio; Revisión de las medidas provisionales, de aseguramiento y precautorias ya decretadas, y decisión sobre las solicitadas en la audiencia; y Citación para la audiencia de juicio." El anterior precepto establece la obligación del juzgador de llevar a cabo una revisión de cualquier medida que haya otorgado con anterioridad, pues es factible que entre la fecha en que se proveyó sobre ellas (cualquier etapa del juicio) y la en que se pretende depurar el procedimiento, pudieron ocurrir hechos que cambien las circunstancias preexistentes. Asimismo, obliga al juzgador a resolver sobre cualquier medida solicitada. Lo anterior guarda concordancia con el principio de seguridad jurídica salvaguardado constitucionalmente, pues es necesario generar certidumbre sobre los términos en que las partes seguirán su cotidianeidad durante el transcurso del juicio. Así, los términos en que se haya proveído sobre una medida en un momento procesal, puede ser mantenida o revocada en posterior decisión por parte del juzgador, al momento en que la revise. En el caso esto ocurrió, en tanto que el juez, el siete de diciembre ordenó que las convivencias fueran por videoconferencia, dado que el quejoso incumplió con los términos en que se habían ordenado, para posteriormente, en su revisión el seis de enero siguiente, decretar que continuaran, no solo porque la escucha del menor le generó convicción sobre ello, sino que, además, la justificó por el peligro de contagio del virus SARS-Covid19, pues en ese momento la entidad federativa se encontraba en semáforo rojo. Bajo esa perspectiva, se genera la misma consecuencia ya referida, esto es, la improcedencia por cambio de situación jurídica, dado que no podría analizarse la primer determinación sobre modificación de convivencias, sin que esta afecte la dictada posteriormente, en su revisión, tal como se explicó en la premisa fáctica. Es importante hacer notar que con esta causal de improcedencia, no solo se está ante una imposibilidad jurídica, sino que debe destacarse que las consecuencias fácticas son irremediablemente consumadas, dado que la decisión de conservar la guarda y custodia, así como la modificación de las convivencias, prevalece hacia el futuro; de tal manera que solo hechos novedosos que, en su caso, ocurran en un momento posterior al actual, tendrán el alcance de cambiar las decisiones ya tomadas. CONCLUSIÓN En suma, respecto de los actos tildados de inconstitucionales se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, por lo que se decreta el sobreseimiento en el juicio en que se actúa, según lo dispone el diverso 63, fracción V. La actualización de la improcedencia apuntada, torna innecesario el estudio de alguna diversa, pues basta el acreditamiento de una sola causal de improcedencia para sobreseer en el juicio de amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 54/98 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución." Por lo expuesto y con fundamento en los artículos en mención y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio promovido por *** por sí y en representación de su menor hijo de iniciales JAHG, en contra de los actos de autoridad precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en el último.
- Incidental
A sus autos para que obre como corresponde, el oficio que signa la jueza Única Civil de Partido y de Oralidad Familiar, con residencia en Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, mediante el cual acusa recibo del comunicado 42/2021, que se envió para notificar la resolución relativa a la suspensión definitiva.
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