Alfredo Jim Baltazar
Expediente 632/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 19 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 632/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 07/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Alfredo Jim Baltazar
- José Agustín Maldonado Rosas
- Benito Chávez Huerta (Representante Común)
- Víctor Gregorio González Mendoza (Representante)
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Determinación relativa al cumplimiento del fallo protector. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que en sentencia emitida el veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve, se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión a los quejosos: xxxxxxxxxx. Inconformes con dicha determinación interpusieron recurso de revisión del cual conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, bajo el amparo en revisión penal número 32/2020, quien lo resolvió en sesión celebrada el diecisiete de junio de dos mil veinte, la cual se tuvo por recibida el diecisiete de agosto de la presente anualidad, en cuyos puntos resolutivos determinó: "PRIMERO. Se revoca la sentencia sujeta a revisión. SEGUNDO. Para los efectos precisados en la parte final de la última consideración de esta ejecutoria la justicia de la unión ampara y protege a los quejosos, en contra del acto y autoridad que quedaron precisados en el punto primero de los resultandos de esta sentencia" Dicha concesión de amparo fue para el efecto de que el magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, dentro del término de tres días diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en los siguientes términos: "[.] que la autoridad responsable deje insubsistente el acto reclamado y emita otro en el que se deberá volver a analizar el recurso de apelación sometido a su potestad, únicamente respecto al presentado por el asesor victimal de los aquí quejosos [no debiéndose extender al interpuesto por el ministerio público], pero desde la perspectiva de la suplencia de la queja en su acepción amplia, conforme a los parámetros de interpretación constitucional fijados por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justica dela Nación y que han sido reseñados a lo largo de esta ejecutoria". Previa prórroga otorgada a la sala responsable, mediante oficio recibido en auto de ocho de septiembre de la presente anualidad, se tuvo a la responsable remitiendo copia certificada de la resolución dictada el uno de septiembre de dos mil veinte en el toca penal 49/2019-O, en la que se dejó insubsistente la diversa de cinco de julio de dos mil diecinueve y procedió a dictar otra determinación con los parámetros marcados por el Tribunal Colegiado, que en lo que interesa dice: "OCTAVO.- Argumentos vertidos por el asesor jurídico de las víctimas como agravio, que devienen inoperantes, en virtud de lo siguiente: El artículo 5 de la Ley del Proceso Penal, establece como principios rectores de todo proceso penal, la publicidad, la contradicción, concentración, continuidad e inmediación. En tanto que el artículo 4 de dicho ordenamiento enuncia, que los principios, derechos y garantías previstos por dicha ley, deben ser observados en todo proceso penal. A ello se suma, que en el artículo 1 de la referida ley, como objeto de la misma, se contiene que las disposiciones de dicha ley sustantiva, son del orden público y tienen por objeto regular el proceso penal acusatorio y oral en el Estado de Guanajuato en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política para el Estado de Guanajuato. Y si, conforme contenido del artículo 14 Constitucional, en todo juicio, proceso penal, que se sigue a una persona, se deben atender las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad aI hecho. Es así, que si el proceso penal que se instruye a Rafael Maldonado Barragán se rige bajo las reglas de actuación contenidas en la Ley del Proceso Penal, es que, se debe atender dicha ley en cuanto al procedimiento a seguir dentro del proceso. No así, la Ley General de Víctimas que enuncia el apelante, pues la misma, no establecen las reglas procesales, esto es, el procedimiento a seguir, dentro de un proceso penal acusatorio y oral. A ello se suma, que la Ley del Proceso Penal, prevé, tanto el principio de igualdad ante la ley como el principio de igualdad procesal, en el contenido del artículo 24, en donde se enuncia que, todas las personas son iguales ante la ley y deben ser tratadas conforme a las mismas reglas. Interpretación de dicho numeral, que no es como lo pretende la parte apelante, esto es, que las partes, en este caso las víctimas a través de su representante, procesalmente, puedan actuar a la par de la parte imputada. Si no que la igualdad ante la ley, implica, que todas las personas que intervengan en un procedimiento penal, recibirán el mismo trato y tengan las mismas oportunidades para actuar dentro del mismo, pero deben hacerlo, conforme a las reglas específicas para salvaguardar sus derechos, esto es, los lineamientos, términos y plazos establecidos en la Ley del Proceso Penal. De ahí que resulta incorrecto, que a la parte ofendida o las víctimas, se les debe reconocer su derecho a ofrecer medios de prueba en los mismos momentos, procesales en que lo puede hacer la parte acusada por si o a través de su defensa; pues el derecho a ofertar medios de prueba por parte de la víctima, se encuentra condicionado, al momento procesal que se contiene, en la Ley del Proceso Penal. Derecho a ofrecer pruebas de las víctimas, que tiene origen efectivamente, en lo dispuesto en el artículo 20 Constitucional, apartado C (derechos de la víctima o del ofendido), pues así se establece dentro del primer párrafo de la fracción II, que enuncia que pueden coadyuvar con el Ministerio Público; que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley. Obteniéndose de lo anterior, que la única condición que se da a víctima para ofertar medios de prueba, lo es, que ello se realice en los términos procesales, que prevé la ley. Lo cual tiene su razón de ser, pues el referido artículo -20 Constitucional, también contiene, que el proceso penal será acusatorio y oral; los principios rectores de un proceso penal (publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación), que la carga de la prueba corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal, que las partes, tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente. Así como, dentro del apartado B, se contienen los derechos de todo inculpado, y dentro de la fracción VI, se enuncia, que le sean facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. Que, el imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante juez podrán consular dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa. De ahí que incluso, en la Convención Americana de los Derechos Humanos, articulo 8, apartado 2, inciso C y F, se enuncia, que se debe dar el tiempo y los medios adecuados al imputado para la preparación de su defensa, así como que se respete el derecho que tiene de interrogar a los testigos y de obtener la comparecencia de testigos o peritos. Es par todo ello, que tal y como se encuentra regulado en la Ley del Proceso Penal, el momento procesal de la víctima para ofertar medios de prueba no puede empatarse con el del imputado y su defensa, pues de hacerse así no solo se afectaría la adecuada defensa del imputado, sino también el debido proceso. Pues no se debe olvidar, que existe, igualdad ante la ley como entre las partes. De ahí que para garantizarse el debido proceso, consagrado en el artículo 14 Constitucional, así como en el artículo 3 de la Ley del Proceso Penal. En el primero regulado como, que nadie puede ser privado de su libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante tribunal previamente establecido, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. En tanto que en la Ley del Proceso Penal, se define como que a nadie, se le puede aplicar una sanción penal o una medida de seguridad, sino mediante una sentencia firme obtenida en un proceso, tramitado con arreglo a dicha ley, y de manera pronta, completa e imparcial, en un marco de respeto irrestricto a los derechos reconocidos en la Constitución Federal, los Tratados Internacionales, así como en la Constitución local y las leyes. Lo cual, en el presente asunto se actualiza, pues el imputado es procesado por un órgano jurisdiccional previamente establecido y se están atendiendo las leyes expedidas con anterioridad al hecho, y dentro de un proceso, sustanciado de manera imparcial y con apego estricto a los derechos humanos previstos en la Constitución, los Tratados y las leyes que de ellos emanen. Es así que se concluye, que en un proceso penal acusatorio y oral regido bajo el procedimiento contenido en la Ley del Proceso Penal, el ofrecimiento y admisión de medios de prueba queda condicionado conforme a la reserva de ley establecida en la Constitución Federal, norma que se actualiza en la Ley del Penal, en su artículo 332. Lo que hace inaplicable para las víctimas, lo dispuesto en el artículo 334 de la Ley del Proceso Penal, que contiene el señalamiento de que hasta un día antes de la fecha fijada para la audiencia intermedia; por escrito, o de manera oral al inicio, el inculpado o su defensor, fracción II, pueden ofertar medios de prueba observando lo dispuesto por el artículo 297. Reglas o lineamientos, de cuando y corno se realiza la oferta probatoria, que por ende, deben ser conocidas por todo aquel que intervenga en un proceso penal, como lo sería el asesor jurídico de las víctimas. Así las cosas, si en la Ley del Proceso Penal, en el artículo 296 se establece, lo que debe contener un escrito de acusación, caso en estudio, exhibido por el Ministerio Público como órgano acusador, señalándose en la fracción VII, los medios de prueba que pretenda producir en el juicio, así como la prueba anticipada que se haya desahogado en las fases de investigación. Escrito con el cual se da inicio a la etapa intermedia o de preparación a juicio, como lo regula el numeral 331 de dicho ordenamiento procesal. Numeral que enuncia también, que dicho escrito se debe notificar y citarse, a la audiencia de preparación de juicio que tendrá verificativo en un plazo no inferior a quince (días) ni superior a treinta días, contados a partir de la notificación. Artículo anterior, que si bien no enuncia específicamente que se debe notificar el escrito de acusación a la víctima u ofendido. No debe olvidarse, que es derecho de toda víctima, artículo 20 Constitucional, apartado C, fracción I, ser informado del desarrollo del procedimiento penal así como fracción II, coadyuvar con el Ministerio Público y a que se le reciban elementos de prueba dentro del proceso, en los términos que prevé la ley. Por ende, es el Ministerio Público quien tiene la obligación de informar a la víctima, por si o a través de su asesor jurídico, como lo es esto último en el caso en estudio, de la fecha, en que presentó el escrito de acusación. Pues solo así la víctima, por sí o a través de su asesor jurídico, podrá atender lo que dispone el artículo 332 de la Ley del Proceso Penal, que enuncia: 'ARTICULO 332. Hasta diez días antes de la fecha fijada para la realización de la audiencia de preparación del juicio, la víctima u ofendido, por escrito, podrá: I. Adherirse a la acusación del Ministerio Público, constituyéndose en su coadyuvante; II. Señalar los vicios formales del escrito de acusación y requerir su corrección III. Ofrecer los medios de prueba que estime necesarios para complementar la acusación del Ministerio Público, observando en lo conducente lo previsto por el articulo 297; y, IV. Formalizar sus pretensiones en relación a la reparación del daño, en términos del artículo 149.' De donde se obtiene que dicho numeral literalmente establece, que hasta diez días antes de la fecha fijada para realización de la audiencia de preparación del juicio, la víctima u ofendido, podrá a través de escrito, fracción III, ofrecer medios de prueba, observando para ello, lo que dispone el artículo 297 de la aludida ley. Y si respecto de la notificación al asesor jurídico de las víctimas, no se enunció por éste o por quienes intervinieron en la audiencia, que no se haya llevado a cabo por parte del Ministerio Público la notificación a las víctimas del escrito de acusación, se puede asumir, que la misma se hizo conforme a lo que marca la ley, y que en ello nada incide, el que haya intervenido dentro de la audiencia intermedia un asesor jurídico diverso, a quien con anterioridad hacia dicha función. Máxime, que el propio asesor jurídico de las víctimas, en otro momento, solicito el diferimiento de la audiencia intermedia para imponerse de las actuaciones necesarias. Respecto del argumento del asesor jurídico de las víctimas, de que se debe reconocer a las víctimas su derecho a ofrecer medios de prueba aun durante la audiencia intermedia, y que por ende, se le debió permitir ofrecer medio de prueba y admitirse los mismos. Se responde y reitera, como así lo asume el Juez de control, que conforme a lo dispuesto por la Ley del Proceso Penal artículo 332; la víctima u ofendido, por si o a través de su asesor jurídico puede ofrecer medios de prueba, por escrito, hasta diez días antes de la fecha fijada para la realización de la audiencia de preparación del juicio. Pues para la víctima y su asesor jurídico, la audiencia intermedia solo es, conforme a lo que disponen los numerales 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343 y 344, para la corrección de vicios formales, la resolución de obstáculos, la emisión de acuerdos probatorios, el debate de los medios de prueba ofrecidos por las partes, para efecto, de su admisión o exclusión, de los informes que se soliciten a una persona, entidad pública o privada, la unión y separación de acusaciones, la práctica de la prueba anticipada, la procedencia de la acusación como base para el juicio, el sobreseimiento total o parcial del asunto, un arreglo sobre reparación del daño, la procedencia de ratificación, sustitución o revocación de las medida cautelares, y la consecuente emisión verbal y por escrito, del auto de apertura a juicio. Lo que hace infundado, el concepto de agravio esgrimido por el asesor jurídico de las víctimas. Sin que se pueda asumir, una transgresión a los derechos humanos de las víctimas, al no existir, ni tampoco procedente la inaplicación del numeral 332 de la Ley de Proceso Penal bajo el principio Pro Persona, pues el equilibrio procesal de las partes, condicionado esta al debido proceso y la adecuada defensa de todo imputado; ni mucho menos procede la aplicación de las tesis titulada SUPLENCIA DE LA QUEJA EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA PENAL OPERA CONFORME AL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD (INAPLICABILIDAD DEL ARTÍCULO 76 BIS FRACCIÓN ii DE LA LEY DE AMPARO Y DE LAS TESIS 2ª.CXXXVII2002 Y 1ª/J. 26/2003)". Pues la misma se creó para aplicarse en un sistema procesal diverso al acusatorio y oral. A más de lo anterior, ha de señalarse, que el ejercicio del Derecho a ofrecer pruebas feneció en los términos expresados por la ley, y pretender que el mismo se vuelva a considerar por cambio de asesor victimal o de defensor, implicarla una clara transgresión al Debido Proceso y a la Seguridad Jurídica. Es por todo lo anterior que se CONFIRMA la determinación del Juez de control de que es extemporáneo el ofrecimiento de medios de prueba por parte del asesor jurídico de las víctimas." De lo anterior, se advierte que la sala responsable al momento de emitir la resolución correspondiente, siguió los lineamientos marcados por el Tribunal Colegiado, y una vez analizados los agravios expuestos en la apelación por el asesor victimal de los aquí quejosos, a la luz de la suplencia de la queja, determinó confirmar la resolución emitida por el juez de control respecto al ofrecimiento extemporáneo de los medios de pruebas exhibidos por el asesor jurídico de las víctimas. En ese sentido, y toda vez que como se desprende en la certificación de cuenta, la parte quejosa no emitió pronunciamiento alguno respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; se concluye que con las documentales ofertadas, se acredita la restitución a la parte quejosa en el pleno goce de su derecho violado en términos del artículo 196 de la ley de Amparo, lo que conduce a declarar que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, sin excesos ni defectos. Clasificación y archivo del expediente. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al artículo 18, fracción I, inciso a) y b), del acuerdo en cita, el presente expediente y el original del incidente de suspensión son susceptibles de depuración en un plazo de tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó una resolución en la que se concedió la protección de la justicia federal, así también se concedió la suspensión provisional y definitiva; debiéndose conservar, en su caso, la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al juicio, la resolución que otorga la calidad de cosa juzgada y respecto del incidente, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación, así como el presente proveído que ordena el archivo como asunto concluido. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el artículo 20, fracciones I y II, ambas inciso a) del acuerdo en cita, el duplicado del incidente de suspensión y el cuaderno de antecedentes, deberán ser destruidos, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado. Por otra parte, hágase la devolución de los discos compactos en formato DVD, exhibidos en autos. Finalmente, se deja a disposición de la parte quejosa el disco compacto en formato DVD, que exhibió con su escrito registrado con número 8233, para efectos de su devolución, previo recibo que se deje asentado en autos; previa cita que gestione para tal fin, en el sistema electrónico correspondiente, de conformidad con el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19.
- Principal
Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Único. La justicia federal no ampara ni protege a *********** , ***********, ***********, ***********, ***********, ***********, ***********, ***********, ***********, ***********, ***********, ***********, ***********, *********** por sí y como apoderado de ***********, *********** como apoderado de ***********, ***********, *********** por sí y como apoderado de ***********, ***********, *********** y *********** por sí y como apoderado de *********** , ***********, ***********, ***********, *********** y ***********, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables precisados en el considerando segundo; por los motivos expuestos en el considerativo quinto. Notifíquese personalmente.
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NOTIFICACIÓN QUE SE HACE A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERA PERJUDICADA, EN VIRTUD DEL AVISO DEJADO EN EL DOMICILIO PROCESAL Y NO HABER COMPARECIDO DICHA PARTE A ESTE TRIBUNAL A NOTIFICARSE DEL PRESENTE PROVEÍDO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Único. La justicia federal no ampara ni protege a *********** , ***********, ***********, ***********, ***********, ***********, ***********, ***********, ***********, ***********, ***********, ***********, ***********, *********** por sí y como apoderado de ***********, *********** como apoderado de ***********, ***********, *********** por sí y como apoderado de ***********, ***********, *********** y *********** por sí y como apoderado de *********** , ***********, ***********, ***********, *********** y ***********, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables precisados en el considerando segundo; por los motivos expuestos en el considerativo quinto
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Visto el estado de los autos se advierte que el veinticuatro de septiembre actual se recibió el oficio del magistrado propietario que integra la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, por el cual remitió dos discos versátiles digitales, con las grabaciones de las audiencias celebradas el veintisiete de junio y el cinco de julio de dos mil diecinueve, en el toca penal ****de su índice, del que se acordó lo correspondiente el veinticinco de septiembre siguiente. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, y a efecto de dar oportunidad a las partes se impongan de su contenido, la audiencia constitucional prevista para el día de hoy se difiere para las nueve horas con veinte minutos del catorce de octubre del año en curso.
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