Alfredo Lara Cardenas
Expediente 1027/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1027/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 15/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Alfredo Lara Cardenas
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que el auto de seis de noviembre de dos mil diecinueve, por el que se desechó la demanda promovida por ************** , no fue recurrido dentro del término legal; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria, se declara que dicho proveído ha quedado firme para todos los efectos legales conducentes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto *** de los Plenos de la Supremo Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, del citado acuerdo, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión.
- Principal
Cumplimiento de prevención. A sus autos para que obre como legalmente corresponde el escrito presentado por el quejoso **********, mediante el cual desahoga la prevención que se le formuló el cuatro de noviembre del año en curso, y en tal sentido, precisa que la demanda la promueve en representación de la empresa denominada Obrador T.I.F. Apaseo, sociedad anónima de capital variable. Personalidad que acredita en terminos de la copia certificada del acta constitutiva con número sesenta y un mil cuarocientos noventa y siete. Asimismo, señala que el acto que reclama en la presente instancia lo es la ejecución de la sentencia dictada en el juicio ordinario civil 9/2019 del indice del Juzgado Unico Civil de Primera Instancia del Partido Judicial de Apaseo El Grande, Guanajuato, en la que se incluye el eventual desalojo del inmueble ubicado en la calle 1ª Privada de Narciso Mendoza, número 100, colonia Puente Colorado, en Apaseo el Grande, Guanajuato. Asi tambien, señala bajo protestsa de decir verdad que tuvo conocimeinto del citado controversial desde el veinte de enero de dos mil diecinueve, una vez que ********** fue emplazado al mismo. Desechamiento de demanda. Es importante precisar que el artículo 113, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, constitucionales, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del precepto de mérito, se advierte la facultad del juez para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. De lo anterior y de lo manifestado se advierte que en la especie se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los diversos 17 y 18 todos de la Ley de Amparo. El artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;" Del citado numeral se desprende, en lo que interesa, que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio dentro de los plazos legales. Por su parte, los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Como se advierte de los preceptos legales antes transcritos, el término genérico para la presentación de la demanda es de quince días, con excepción de las cuatro hipótesis que prevé el primero de los numerales, y dicho plazo correrá a partir del día siguiente de que se actualice cualquiera de los tres supuestos siguientes: a. Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b. Que el agraviado haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, c. Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. Esto es, conforme al artículo 18 de la ley de la materia el juicio de amparo debe promoverse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, pero también permite al quejoso promoverlo desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución e, incluso, al en que se haya ostentado sabedor de los mismos. Por tanto, la esencia del referido artículo 17 se sustenta en el conocimiento del acto reclamado y no en la formalidad de la notificación, puesto que es suficiente que en la demanda de amparo el promovente manifieste la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado o de su ejecución, para que tal fecha constituya el punto de partida a efecto de determinar la oportunidad del juicio de amparo, siempre y cuando no exista prueba que demuestre lo contrario. Así, del análisis integral de los escrito inicial y del aclaratorio, se desprende que la parte quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento del juicio juicio ordinario civil *** del indice del Juzgado Unico Civil de Primera Instancia del Partido Judicial de Apaseo El Grande, Guanajuato (sobre terminación de contrato de arrendamiento del inmueble ubicado en la calle ********** Apaseo el Grande, Guanajuato), desde el veinte de enero de dos mil diecinueve, una vez que Alfredo Lara Rivera fue emplazado al citado juicio. Expresión a la que se le otorga valor pleno como confesión, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en atención al criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicado en la página 857, Tomo XII, Diciembre de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES).". Consecuentemente, si la parte accionante del amparo tuvo conocimiento del juicio ordinario civil 9/2019 del índice del Juzgado Único Civil de Primera Instancia en el Partido Judicial de Apaseo el Grande, Guanajuato, desde enero de dos mil diecinueve, y la demanda de amparo la presentó el treinta y uno de octubre del presente año, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, se concluye que el ocurso constitucional en estudio es notoriamente extemporáneo, toda vez que la parte quejosa afirmó que tuvo conocimiento del juicio en mención el veinte de enero del presente año. Lo anterior obedece a que la parte accionante del amparo acude a esta instancia defendiendo derechos de posesión sobre el inmueble ubicado en la calle ********** Apaseo el Grande, Guanajuato, al argumentar que el veinte de diciembre de dos mil dieciocho, se verificó un contrato de comodato verbal con ********** sobre el prestamo del precitado inmueble a fin de ocuparlo como oficinas de la empresa promovente. Por tanto, si desde enero de dos mil diecinueve, tuvo conocimeinto de la demanda civil instaurada en contra de ********** por quien dice es su comodataria (**********), sobre terminación de contrato de arrendamiento sobre el mismo inmueble que refiere tiene en comodato, se concluye que desde esa temporalidad estuvo en condiciones de hacer valer sus derechos ya sea por la vía ordinaria, o de ser procedente, por medio del amparo. Por ende, el término de quince días que establece el mencionado arábigo 17 de la ley de la materia transcurrió a partir del veintiuno de enero (dado que el veinte en que se hizo sabedor fue domingo) y concluyó el doce de febrero del año en curso, sin contar los días veintiséis y veintisiete de enero, así como dos, tres, cuatro, cinco, nueve y diez de febrero, todo del año en curso, por resultar inhábiles. Entonces, en virtud de que: El acto que reclama la parte quejosa no es un caso de excepción para presentar la demanda en un término distinto al genérico establecido en el artículo 17 de la ley de la materia, ya que no se ubican en ninguna de las hipótesis que prevé dicho numeral; y, La demanda en estudio se recibió ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato con sede en esta ciudad el treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, fecha que debe se considera como de presentación de la demanda. Es inconcuso que la misma se presentó con posterioridad al término de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, ante lo cual, resulta manifiesta e indudable que se actualice la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por ende, que se estime que los actos reclamados fueron consentidos tácitamente por la parte peticionaria del amparo. Por las razones jurídicas que informa, es aplicable la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, primera parte de los tomos 193-198, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto enseguida transcrito: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan "que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día", como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación, realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado." Así como la jurisprudencia sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 291, tomo II, agosto de 1995, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." Al quedar plenamente demostrada la causal de improcedencia previamente estudiada, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que se estudia, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. En apoyo a la conclusión anterior se invoca, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia I.1.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 890, tomo VII, mayo de 1998, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes."
- Principal
a) Recepción de la demanda. Por recibida la demanda de amparo signada por Alfredo Lara Cárdenas, en contra de actos del juez Único Civil de Primera Instancia de Apaseo el Grande, Guanajuato, por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales. Fórmese cuaderno de amparo físico y digital con el registro número 1027/2019-VII. b) Prevención Para estar en aptitud de acordar sobre la admisión o desechamiento de la demanda, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 108, fracciones I, III, IV y V, 112 y 114, fracciones I, II y III, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente, para que dentro del término de cinco días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, aclare su demanda, la subsane y bajo protesta de decir verdad: 1. Precise si la demanda es promovida por propio derecho o en representación de una empresa. Esto se debe a que, no obstante que de la demanda se aprecia que es promovida por propio derecho, el quejoso manifiesta ser representante de una empresa (la cual no cita su denominación) que ocupa el inmueble que defiende como domicilio social de la misma; pues aduce que se realizó un contrato de comodato verbal para ocupar el inmueble como oficina y domicilio de la empresa, no como propio del accionante. 2. En caso de acudir en representación de la empresa, deberá especificar su nombre y acreditar la personalidad con que se ostenta. 3. Aclare cuál es el acto que reclama en esta instancia constitucional. Lo anterior obedece a que en el proemio de la demanda lo señala como: "[.] actos de autoridad consistentes en la ejecución de sentencia sobre desalojo del inmueble ubicado en calle 1ª Privada de Narciso Mendoza, número 100, de la colonia Puente Colorado, Apaseo el Grande, Guanajuato." y en el capítulo denominado "IV.- ACTO O ACTOS RECLAMADOS", refiere como tal "1.- por parte de la autoridad ordenadora, la falta de emplazamiento al Juicio Ordinario Civil 9/2019, radicado en el Juzgado Único Civil de Primera Instancia en el Partido Judicial de Apaseo el Grande, Guanajuato, dejándose de observar lo dispuesto por el artículo 336 y 337 del Código de Procedimientos Civil para el estado de Guanajuato, ya que no fui oído y vencido en el referido juicio. ". Lo que genera confusión, pues no se sabe con certeza si lo que reclama es únicamente la ejecución de la sentencia, o bien, la falta de emplazamiento al juicio aludido. 4. Una vez subsanado el punto anterior, deberá indicar cuándo y de qué forma tuvo conocimiento del juicio ordinario civil por terminación de contrato de arrendamiento del inmueble, instado en contra de su hijo Alfredo Lara Rivera, radicado bajo el número 9/2019, en el Juzgado Único Civil de Primera Instancia en el Partido Judicial de Apaseo el Grande, Guanajuato, Ello obedece a que fue omiso en señalar desde cuando tiene conocimiento del juicio de donde emana el acto, dado que únicamente refiere que el treinta de octubre del presente año, se percató por la lista de acuerdos la ejecución de la sentencia y también aduce que a inicios de este año se instauró el citado controversial. En la inteligencia que esta prevención, deberá ser desahogada por el propio quejoso, no así por los profesionistas que autoriza en su escrito de demanda, toda vez que los hechos que le incumben son de carácter personal, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 88/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, julio de dos mil seis, pagina trescientos cuarenta y ocho, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN 'BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD' REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA." En el entendido de que conforme a lo dispuesto en los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo, este juzgado dará vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la ley de la materia, a fin de que la representación social investigue de inmediato. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 13/2017 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 45, agosto de 2017, tomo I, página 5, de rubro: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA." De igual forma, de ser posible, deberá exhibir copias suficientes del escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes, de conformidad con el artículo 110, de la ley de la materia; es decir, una para cada autoridad responsable, una para la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, dos para el incidente de suspensión, y una para la parte tercera interesada. Apercibido el quejoso que en caso de no cumplir con lo ordenado dentro del término indicado, se tendrá por no presentada la demanda de que se trata, en los términos del artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Relativo a lo anterior, se aplica la jurisprudencia número 36/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIII, de abril de dos mil uno, página setenta y nueve, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO." c) Domicilio y autorizados Toda vez que la promovente señala para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado, con fundamento en lo previsto por el numeral 27, fracción III, inciso a), de la ley de la materia, se ordena realizar esta notificación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, por medio de lista. Asimismo, se tiene como su autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a la persona que menciona, toda vez que no fueron proporcionados mayores datos que justifiquen que cuenta con facultad legal para ejercer la profesión de abogado, tales como su número de cédula profesional y de inscripción ante el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, sin perjuicio que en caso de acreditar dichos extremos, se acuerde su autorización en los términos amplios a que alude dicho numeral. d) Habilitación de días y horas para notificaciones En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. e) Transparencia Finalmente, en cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.
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