Alfredo Avila Samano
Expediente 630/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 630/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Alfredo Avila Samano
Actuaciones
- Principal
Agréguese el oficio proveniente del Juzgado Noveno de Distrito en el estado de Guanajuato, con firma electrónica del actuario adscrito al Juzgado Noveno de Distrito en el estado de Guanajuato, por el cual informa que ese órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento de la demanda de amparo 630/2019 del índice de este juzgado, presentada por ********************. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que se llevan en este juzgado federal. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo del referido acuerdo, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que una vez que transcurran los seis meses a que se refiere el punto en mención, deberá ser desincorporado y destruido por este juzgado.
- Principal
Por recibida la demanda de amparo promovida por **********, en contra de actos del juez de Oralidad Penal de Valle de Santiago, Guanajuato y otras autoridades. Fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), con el número 630/2019-VI. ? Incompetencia. Del análisis que se efectúa a la demanda propuesta se desprende la incompetencia legal por razón de territorio, para que este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato conozca del asunto. Se explica: La competencia es un presupuesto procesal de orden público, lo que se traduce en la suma de facultades que la ley otorga al juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios, cuya inobservancia conduce a invalidar lo resuelto por el juez incompetente. Entonces, conforme al artículo 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Federal, la competencia ?por razón de territorio? recae en el juez de distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse. Es aplicable a lo anterior, el criterio jurisprudencial contenido en la tesis 679, sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito , cuyo rubro a continuación se cita: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA.". Asimismo, el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 37.- Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto legal transcrito se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, las cuales se puntualizan en el orden siguiente: a) Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Dicho precepto alude a "ejecución material", como criterio único para asignar competencia por territorio a los jueces de distrito que conozcan de juicios de amparo; por ende, la citada expresión debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material, ya sea por sí mismo o sus efectos conlleven a esa situación. En tal virtud, a efecto de delimitar la competencia para conocer del asunto se debe atender a la naturaleza del acto reclamado, esto es, si se trata de un acto declarativo, caso en el cual se debe atender al lugar donde reside la autoridad que lo emitió o bien, si el acto tiene ejecución material, pues de ser así, se debe atender al lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Sirve de apoyo, la tesis I. 1o. A. 44 A, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito , bajo el rubro siguiente: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO." Así, para fijar la competencia de un juez de Distrito para conocer de un juicio de amparo se debe determinar si el acto reclamado requiere o no ejecución material y, en caso de que sí la requiera, analizar si ya se ejecutó, se va a ejecutar o se está ejecutando y en qué sitio tuvo, tiene o tendrá lugar dicha ejecución. ? Precisión de los actos reclamados. Del análisis integral del escrito inicial, se tiene como actos reclamados: - La orden de citación, búsqueda, investigación, localización, presentación comparecencia o detención y su ejecución. - La orden de aprehensión, cateo o aseguramiento y su ejecución. Actos reclamados a las autoridades responsables: 1. Unidad de Investigación de Tramitación Común 1 de Valle de Santiago, Guanajuato; 2. Unidad de Investigación de Tramitación Común 2 de Valle de Santiago, Guanajuato; 3. Unidad de Investigación de Tramitación Común 3 de Valle de Santiago, Guanajuato; 4. Unidad especializada en Investigación de Homicidios de Alto Impacto de Guanajuato, capital; 5. Unidad Especializada en Investigación de Secuestro de Guanajuato, capital; y 6. Juez de Oralidad Penal de Valle de Santiago, Guanajuato. Ahora bien, esta potestad considera que no es competente legalmente para la substanciación del presente controversial, y por ende, resolverlo por cuestión de territorio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, y por ende, se declina la misma a favor del juez de Distrito en turno en el estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato, en razón de que la materialización del acto reclamado se efectuará fuera de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional. Ello es así, porque el quejoso aduce que los mandatos de captura que reclama se pretenden ejecutar en el municipio de Valle de Santiago, Guanajuato, circunstancia que se corrobora de la narrativa de antecedentes que hizo en su demanda, en la que señaló que "1.- [.] por mis vecinos me vine a enterar que el día 12 de julio del 2019, unos policías ministeriales se presentaron en mi domicilio, en calle **********, preguntando por mi persona, para detenerme y hacerme comparecer ante alguna de las autoridades señaladas como ordenadoras [.]". De ahí, que el suscrito se considere legalmente incompetente para conocer de la presente demanda de amparo, ya que el quejoso tiene su domicilio en Valle de Santiago, Guanajuato, lugar donde se llevará o pretende llevarse a cabo la ejecución de los actos reclamados, pues es el lugar en donde es residente. Además, de que las autoridades que señaló como responsables tienen sus sedes en Valle de Santiago, Guanajuato y Guanajuato, capital. De esta manera, tanto el mandato de captura como su ejecución tendrán cabida en dichas ciudades, sobre las cuales no ejerce jurisdicción este órgano federal, sino el diverso ubicado en Irapuato. Por tanto, este operador jurídico estima que no se actualiza la competencia legal por territorio a favor de este Juzgado, para resolver el presente juicio, al actualizarse la primera regla de competencia mencionada dado que el acto reclamado tiene ejecución material en la ciudad de Valle de Santiago, Guanajuato, en donde, acorde con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, quien ejerce jurisdicción son los Juzgados de Distrito en el estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis visible en la página 30, del Informe de labores rendido por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al año de 1986, que establece: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN DEBA EJECUTARSE EL ACTO RECLAMADO. Conforme al artículo 36 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito que debe conocer de un juicio de garantías bi-instancial es el de la jurisdicción en donde haya de ejecutarse el acto reclamado, independientemente de que la autoridad responsable radique en una demarcación distinta." De igual forma, es aplicable en la parte conducente la jurisprudencia con número de registro 176365, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, enero de 2006, página 174, de rubro y contenido siguientes: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, CUANDO SE IMPUGNE EL FALLO QUE, EN APELACIÓN, CONFIRMA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. La resolución que en un toca de apelación penal confirma un auto de formal prisión, es un acto que requiere ejecución material, toda vez que entre los efectos de la misma se encuentran el que el procesado permanezca privado de su libertad cautelarmente, a disposición del Juez de primera instancia, ya sea recluido en prisión preventiva o como consecuencia de las obligaciones que conlleva el beneficio de la libertad bajo caución, las cuales se traducen en una afectación a su libertad al consistir, entre otras, en comparecer periódicamente ante el órgano jurisdiccional y no poder hacer uso de su libertad de tránsito sin autorización del juzgador bajo cuya jurisdicción quede sometido. Así, dicho fallo repercute directamente en la libertad personal del inculpado, quien continuará privado o restringido de ella, no sólo en virtud del auto de formal prisión dictado en primera instancia, sino también como consecuencia positiva de su confirmación en segunda instancia. Ahora bien, el artículo 36 de la Ley de Amparo prevé que el Juez competente para conocer de un amparo será el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; de ahí que al permanecer el procesado a disposición del Juez de primera instancia, la ejecución material del fallo confirmatorio será en el lugar de residencia de éste -que, en caso de que el inculpado esté recluido, coincide con el del centro de reclusión para la prisión preventiva- y, consecuentemente, la competencia para conocer del amparo interpuesto contra la resolución que en segunda instancia confirma un auto de formal prisión, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el juzgado de primera instancia que conoce del proceso penal." Consecuentemente, ante las consideraciones expuestas, en términos del artículo 37, en relación con el 48 de la Ley de Amparo, y el aludido Acuerdo General 3/2013, se ordena: A. Remitir el cuaderno principal del presente asunto al Juzgado de Distrito en turno en el estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato, para lo que a bien tenga ordenar, en compañía de las copias respectivas de la demanda; solicitándole atentamente el acuse de recibo correspondiente; y, B. Formar el cuaderno de antecedentes respectivo y realizar las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno correspondiente. ? Domicilio y autorizados. Téngase al promovente señalando los estrados de este Juzgado para oír y recibir notificaciones, hágase esta notificación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, por medio de lista de conformidad con lo previsto por el artículo 27, fracción III, de la ley de la materia. Ahora bien, dado que la parte quejosa no proporciona dato alguno para corroborar que las personas que menciona en su escrito de demanda se encuentran legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados, (verbigracia: el número de cédula y del registro ante el sistema computarizado del Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito); con apego en el artículo 12, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se tiene a los nombrados como autorizados de la parte quejosa, únicamente en los términos restringidos del citado numeral, hasta en tanto se salve dicha situación. ? Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo de la Ley de Amparo desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. ? Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.
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