Alfonso González Diego

Expediente 114/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 1 actuación registrada, la última del 15 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
114/2021
Año
2021
Actuaciones
1
Última actuación
15/02/2021

Partes del expediente

  • Alfonso González Diego

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, quince de febrero de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 114/2021. De conformidad con el Acuerdo General 37/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, con relación al periodo de vigencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de diciembre de dos mil veinte, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 107, 113 y relativos de la Ley de Amparo, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se desprende que los promoventes Alfonso González Diego, Constantino Vázquez Felipe, José Saúl Antonio Alonso, Marcos Alonzo Antonio, Laura Márquez Sandoval y Damaso Felipe Oseguera, por su propio derecho, contra actos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Delegación Michoacán, y del notificador adscrito a la Procuraduría, reclaman: La falta de notificación personal por parte del notificador adscrito a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Michoacán, al procedimiento administrativo tramitado ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, bajo el número de expediente PFPA/22.3/2C.27.2/00270-19, y por la condición de no ser parte del juicio la resolución emitida dentro del procedimiento administrativo bajo el número de resolución PFPA/22.5/2C.27.2/00536-19, sobre inspección y vigilancia de conformidad con el artículo 74 de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos. Para mejor compresión del acto reclamado se hace relación de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad narran los quejosos: Que con motivo del procedimiento administrativo tramitado ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, bajo el número de expediente PFPA/22.3/2C.27.2/00270-19, el actuario Gabriel Herrera Cedeño notificador de esa Procuraduría, realizó citaciones el día doce de septiembre de dos mil diecinueve, a los aquí quejosos, a efecto de que comparecieran dentro del aludido procedimiento administrativo. Que el día dos de febrero de dos mil veintiuno, tuvieron conocimiento de que los aludidos citatorios los dejó el actuario Gabriel Herrera Cedeño notificador de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado, en poder de Ignacio Reyes Ramírez, en cuanto Jefe de Tenencia y de Juan Carlos Reyes Martínez, en cuanto Jefe de la Policía, ambos pertenecientes a la localidad de Pamatacuaro, Municipio de Los Reyes, Michoacán; citaciones que refieren les fueron dejadas de manera extemporánea a la fecha citada -doce de septiembre de dos mil diecinueve-. Información que refieren, bajo protesta de decir verdad, obtuvieron hasta el dos de febrero del año en curso, por entrevista que realizaron a los aludidos Ignacio Reyes Ramírez y Juan Carlos Reyes Martínez. Que los actos tienen relación con el amparo indirecto 237/2020 del índice de este órgano jurisdiccional. Siendo el acto reclamado la falta de notificación al procedimiento administrativo PFPA/22.3/2C.27.2/00270-19, y por ende la falta de notificación de la resolución PFPA/22.5/2C.27.2/00536-19. Ahora bien, precisados los antecedentes del acto reclamado, es necesario señalar que los quejosos perdieron la calidad de terceros extraños con la que pretenden acudir al presente juicio de amparo, ello en razón de que, como se advierte de la certificación que antecede, promovieron ante este propio juzgado el diverso juicio 237/2020 -expediente del que incluso ellos mismos hacen referencia en su escrito de demanda-. De los antecedentes del aludido expediente 237/2020 se deprende que, el seis de marzo de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por Alfonso González Diego, Constantino Vázquez Felipe, José Saúl Antonio Alonso, Marcos Alonzo Antonio, Laura Márquez Sandoval y Damaso Felipe Oseguera, contra la falta de emplazamiento al procedimiento administrativo PFPA/22.3/2C.27.2/00270-19 y la falta de notificación de la resolución PFPA/22.5/2C.27.2/00536-19, emitida el nueve de diciembre de dos mil diecinueve; actos que reclaman a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente Delegación Michoacán, con sede en esta ciudad. Seguido el juicio por sus instancias legales, el once de agosto de dos mil veinte, se tuvo a la responsable rindiendo informe justificado y se le requirió a efecto de que remitiera copia certificada del expediente administrativo del que deriva el acto reclamado. Mediante diverso proveído de veintinueve de septiembre siguiente, se tuvo al Encargado del Despacho de la Delegación Michoacán de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, con sede en esta ciudad, remitiendo copia certificada de las constancias que integra el expediente administrativo PFPA/22.3/2C.27.2/00270-19 y de la resolución administrativa PFPA/22. 5/2C.27.2/00536-19, documentales con las que se dio vista a los quejosos. Posteriormente, el once de noviembre se admitió prueba testimonial ofrecida por los quejosos a cargo de Juan Carlos Reyes Martínez e Ignacio Reyes Martínez, a efecto de acreditar la fecha en que tuvieron conocimiento del acto reclamado. El dos de diciembre de dos mil veinte, se dio vista a los quejosos a efecto de que manifestaran si era su deseo ampliar la demanda de amparo, y señalar como autoridad responsable al notificador adscrito a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, en razón que del informe rendido por el Encargado del Despacho de la Delegación Michoacán de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Michoacán, refirió que sí fueron debidamente emplazados por el notificador adscrito a dicha Procuraduría, el trece de septiembre de dos mil diecinueve. Mediante proveído de diecinueve de enero de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el escrito signado por Moisés Acosta Orozco, autorizado de la parte quejosa, a través del cual pretendió ampliar la demanda de amparo; sin embargo, se negó acordar favorable su petición en razón de que tal acto jurídico corresponde a los quejosos directos o a su representante legal. En doce de febrero de dos mil veintiuno, se certificó que los quejosos fueron omisos en ampliar la demanda de amparo. En ese tenor, es evidente que en el diverso juicio de amparo 237/2020 los quejosos acudieron en defensa de su garantía de audiencia dentro del expediente administrativo PFPA/22.3/2C.27.2/00270-19. Por tanto, Alfonso González Diego, Constantino Vázquez Felipe, José Saúl Antonio Alonso, Marcos Alonzo Antonio, Laura Márquez Sandoval y Damaso Felipe Oseguera, no tienen el carácter de terceros extraños habida cuenta que a través de un juicio de amparo anterior -237/2020-, combaten el llamamiento al expediente administrativo seguido en su contra, por lo que dicha impugnación demuestra fehacientemente que desde aquel momento tuvieron conocimiento del procedimiento instaurado en su contra y de la ilegal notificación que aluden, con la que incluso se les dio vista en aquel juicio de amparo a efecto de que ampliaran respecto de ésta su demanda de amparo, sin que lo hubieran hecho dentro del término que les fue concedido; de ahí que, no existe una ignorancia del expediente y de la notificación que ahora pretenden combatir a través de diverso juicio de amparo. Ahora bien, como lo dispone el artículo 113 de la Ley de la Materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En el particular, por lo que hace a la autoridad responsable Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Delegación Michoacán, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo. En efecto, dicho dispositivo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; [.]" Dicho precepto dispone que el juicio de amparo es improcedente contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas; salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. Es aplicable la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, visible a foja 260, Tomo XV, Enero de 1995, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "LITISPENDENCIA, INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Es improcedente, en términos de lo preceptuado por el artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías que se promueve en contra de un acto que fue materia de un diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución en primera o única instancia, o en revisión, si éste se interpone por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, con independencia de las fechas que ostenten las resoluciones tachadas de inconstitucionales, si en ambos casos existe identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio." Asimismo, el término "litispendencia", se define como la existencia de algún otro juicio pendiente de resolver, y se actualiza cuando un juez conoce ya del mismo negocio. De igual forma, la palabra "mismo" exige que en los dos juicios haya identidad completa, es decir, que se trate de las mismas personas, que sean iguales las acciones deducidas, que procedan de las mismas causas, y que sea igual, también, la calidad con que intervienen las partes. Por otra parte, cabe destacar que, el juzgador de amparo se encuentra obligado a indagar sobre alguna causa de improcedencia que advierta en la demanda, en acatamiento a la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 319, Tomo XXIII, Enero de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, de texto y rubro siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL." En este juzgado se encuentra en trámite diversa demanda de amparo promovida por la misma parte quejosa, en contra de la misma autoridad responsable e igual acto reclamado. En efecto, de la demanda de amparo, así como del expediente 237/2020 radicado en este órgano jurisdiccional, se advierte que Alfonso González Diego, Constantino Vázquez Felipe, José Saúl Antonio Alonzo, Marcos Alonzo Antonio, Laura Márquez Sandoval y Damaso Felipe Oseguera, por propio derecho, promovieron juicio de amparo en contra de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Delegación Michoacán, de quien reclaman la falta de emplazamiento al procedimiento administrativo tramitado ante esa Procuraduría Federal, bajo el número de expediente PFPA/22.3/2C.27.2/00270-19, y la falta de notificación personal de la resolución emitida dentro del procedimiento administrativo bajo el número de resolución PFPA/22.5/2C.27.2/00536-19, sobre inspección y vigilancia de conformidad con los artículos 35 al 39 de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos. Bajo esas condiciones, se concluye que el juicio de amparo 237/2020, se promovió por los mismos quejosos en contra de la misma autoridad y por idénticos actos reclamados; tal y como se observa en el cuadro comparativo que a continuación se inserta: JUICIO DE AMPARO 237/2020 JUICIO DE AMPARO 114/2021 PARTE QUEJOSA: Alfonso González Diego, Constantino Vázquez Felipe, José Saúl Antonio Alonzo, Marcos Alonzo Antonio, Laura Márquez Sandoval y Damaso Felipe Oseguera, PARTE QUEJOSA: Alfonso González Diego, Constantino Vázquez Felipe, José Saúl Antonio Alonzo, Marcos Alonzo Antonio, Laura Márquez Sandoval y Damaso Felipe Oseguera, AUTORIDADES RESPONSABLES: Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Delegación Michoacán. AUTORIDADES RESPONSABLES: Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Delegación Michoacán. Notificador Adscrito a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Delegación Michoacán. ACTO RECLAMADO: La falta de emplazamiento al procedimiento administrativo tramitado ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, bajo el número de expediente PFPA/22.3/2C.27.2/00270-19, y la falta de notificación personal de la resolución emitida dentro del procedimiento administrativo bajo el número de resolución PFPA/22.5/2C.27.2/00536-19, sobre inspección y vigilancia de conformidad con los artículos 35 al 39 de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos. ACTO RECLAMADO: La falta de notificación personal por parte del notificador adscrito a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Michoacán, al procedimiento administrativo tramitado ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, bajo el número de expediente PFPA/22.3/2C.27.2/00270-19, y por la condición de no ser parte del juicio y de la resolución emitida dentro del procedimiento administrativo bajo el número de resolución PFPA/22.5/2C.27.2/00536-19, sobre inspección y vigilancia de conformidad con el artículo 74 de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos. Por tanto, se verifica la causal de improcedencia prevista por la fracción X del artículo 61 de la ley de la materia, en razón de que el juicio de amparo 237/2020 se encuentra en trámite dado que el seis de marzo de dos mil veinte, se proveyó sobre su admisión y a la fecha no se ha dictado sentencia ejecutoria. En ese orden de ideas, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, sin que pudieran llevar a convicción contraria los elementos que eventualmente se allegaran al sumario en caso de ser admitido; con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con la fracción V del numeral 107 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo por lo que hace a la autoridad responsable Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Delegación Michoacán. Por otro lado, por lo que hace a la autoridad responsable Notificador Adscrito a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Delegación Michoacán, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el numeral 17, todos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años. III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. [...]" En efecto, primeramente de la interpretación del numeral el artículo 61, fracción XIV, en relación con el numeral 17, de la Ley de Amparo, arroja que el término para promover la demanda de amparo es de quince días, que comenzarán a contar a partir del siguiente al en que surta efectos, conforme a la ley que rige la materia, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. En el caso, la parte quejosa reclama la falta de notificación personal por parte del notificador adscrito a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Michoacán, al procedimiento administrativo tramitado ante esa Procuraduría Federal, bajo el número de expediente PFPA/22.3/2C.27.2/00270-19, y por la condición de no ser parte del juicio y de la resolución emitida dentro del procedimiento administrativo bajo el número de resolución PFPA/22.5/2C.27.2/00536-19, sobre inspección y vigilancia de conformidad con el artículo 74 de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos. Así, como ya se explicó, dentro del juicio de amparo 237/2020, se dio vista a la parte quejosa para efecto de que ampliara su demanda de amparo por lo que hace a la autoridad responsable Notificador Adscrito a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Delegación Michoacán, notificándole desde el cuatro de diciembre de dos mil veinte, de la existencia de las notificaciones practicadas por el mismo, sin que la parte quejosa lo hubiera hecho, pues si bien pretendió cumplir el autorizado, mediante proveído de diecinueve de enero pasado, se le dijo que tal acto jurídico corresponde a los quejosos directos o a su representante legal. Consecuentemente, la presentación de la demanda de amparo en este Juzgado de Distrito, resulta extemporánea, puesto que desde el cuatro de diciembre de dos mil veinte, la parte quejosa se hizo sabedora del acto reclamado -a través de la vista y notificación practicada por este órgano jurisdiccional-, no así, el dos de febrero del año en curso, como pretende señalar; por lo que, a la fecha de presentación de su demanda -doce de febrero- ha transcurrido el plazo que la parte quejosa tenía para tal efecto. Dicho de otra forma, la impugnación debió hacerse dentro de los quince días contados a partir del día siguiente al en que surtió efectos la notificado del proveído de dos de diciembre de dos mil veinte, en que se le hizo saber por este órgano jurisdiccional de la participación de la autoridad responsable Notificador Adscrito a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Delegación Michoacán, esto es, el ocho de ese mes y año, el cual se suspendió del veintiuno de diciembre al once de enero de dos mil veintiuno, con motivo de la circular CAP/3/2020 emitida el veinte de diciembre de dos mil veinte, por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, reanudando plazos el doce de enero conforme a la Circular SECNO/1/2021 de ocho de enero de dos mil veintiuno. Para ejemplificación de lo anterior, se hace el cómputo debido para la presentación de la demanda constitucional: FECHA DE NOTIFICACIÓN TRASCURSO DEL PLAZO 04 DE DICIEMBRE DE 2020 (VISTA EXISTENCIA DIVERSA AUTORIDAD Y ACTO RECLAMADO) DEL 08 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 19 DE ENERO DE 2021 (EN ATENCIÓN A QUE SE SUPENDIÓ LOS PLAZOS DEL 21/12/2020 AL 11/01/2021) De ahí, la oportunidad para la presentación de la demanda que motivó el presente juicio, se debe atender al plazo previsto en la ley vigente, mismo que se computará a partir del día siguiente al en que surtió efectos la notificación del auto en que se le dio vista con la existencia del acto reclamado. En consecuencia, al haberla presentado el doce de febrero del año en curso, es incuestionable que su impugnación es extemporánea, lo que conlleva a desechar por improcedente el presente juicio al respecto, con fundamento en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los artículos 17 y 113 ambos de la Ley de Amparo. Apoya a lo anterior, la tesis aislada emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página tres mil doscientos doce, Tomo LXVIII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, cuyo rubro, texto y datos de identificación, a continuación se trascriben: "AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL, POR ACTOS CONSENTIDOS". No escapa la atención, la circunstancia de que el artículo 17, fracción IV, de la Ley de Amparo, prevé, en lo que interesa, una excepción a la regla general para el plazo de la presentación de la demanda de amparo, esto es, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, la demanda podrá presentarse en cualquier tiempo; sin embargo, en el caso, no se actualizan dichas hipótesis. En ese tenor, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, acorde con lo establecido por el artículo 113, de la Ley de Amparo, se impone DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo en su totalidad por las causales transcritas. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. En observancia de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras de una impartición de la justicia pronta y expedita; con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) párrafo segundo, de la citada Ley de Amparo. Asimismo, desde este momento se instruye al actuario para que todas las notificaciones personales que resulten necesarias dentro del presente juicio, se realicen con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para Resguardar la Integridad y Salud de Quienes Realicen la Notificación y de las Personas Justiciables. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y los artículos 8 y 18, fracción II, de la propia ley, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, al momento de allegarlos al juicio, en la inteligencia que de no hacerlo se publicara dicha sentencia íntegramente, con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, de igual forma siguiendo el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgado de Distrito, este acuerdo se publicará con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, y 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír notificaciones el que precisa en su demanda. ATENCIÓN A LAS PARTES. Con fundamento en el artículo 5 del Acuerdo General 21/2020, reformado por el diverso 37/2020, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, considerando el riesgo sanitario, se procurará encausar el procedimiento de manera que, tratándose de comunicaciones no procesales, se pueda brindar atención a las personas justiciables vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos. Por tanto, se les requiere para que proporcionen número telefónico y correo electrónico con el propósito de establecer contacto y generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten eficientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. Asimismo, se pone a disposición de las partes el número telefónico 44 31 86 57 61, para brindar atención telefónica en el horario de 9:00 a 15:00, de lunes a viernes, exclusivamente para el trámite de su asunto, a través del mensaje de texto vía WhatsApp, para lo cual deberán proporcionar: Nombre completo y la calidad de parte; Imagen fotográfica de su identificación oficial; y, Número de expediente. La solicitud se responderá por la misma vía cuando las labores primordiales del Juzgado lo permitan. En el entendido que únicamente se atenderán los mensajes enviados por partes autorizadas para acceder a la consulta del expediente, en relación a información general del estado procesal de los autos. Cualquier otro tipo de petición no será atendida. PRESENTACIÓN DE PROMOCIONES Y OFICIOS. Las partes podrán presentar promociones y oficios sujetándose a lo siguiente: Enviando la promoción u oficio a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, utilizando para ello cualquiera de las dos firmas electrónicas válidas (FIREL o e.firma), en cualquier tipo de asunto. Enviando la promoción u oficio, debidamente firmado en forma autógrafa y digitalizado (escaneado), por medio del referido portal, aunque no se cuente con firma electrónica, siempre que el acto reclamado en el juicio se contemple en el artículo 15 de la Ley de Amparo, o se equipare a estos supuestos a juicio del órgano jurisdiccional. Enviando la promoción u oficio, debidamente firmado en forma autógrafa y digitalizada (escaneado), directamente al correo electrónico del Juzgado. En este caso, para constatar el origen de la gestión y atribuir fehacientemente a las partes la remisión del documento, personal secretarial o actuarial del Juzgado, podrá ponerse en contacto telefónico con el promovente y hacer constar mediante videoconferencia la ratificación, levantando la certificación correspondiente y dando cuenta con ello para dictar el acuerdo que corresponda. Presentando directamente ante la Oficialía de Partes Común a los Juzgados de Distrito en Morelia, de nueva creación, la promoción u oficio, la cual está ubicada en el edificio sede del Poder Judicial de la Federación. La presentación directa es obligatoria tratándose de promociones u oficios en los que se haga valer algún recurso (queja, revisión o inconformidad), salvo que se realice con firma electrónica. PUBLICACIONES EN LISTA. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Adicionalmente, este órgano jurisdiccional remitirá por correo electrónico a la delegación administrativa las listas a publicar, las cuales serán colocadas en el lugar que permita su consulta por los interesados. ATENCIÓN EXCEPCIONAL DE MANERA PRESENCIAL Y CON PREVIA CITA. De conformidad con las reglas previstas en el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, reformado por el diverso 37/2020, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la presencia física de las partes únicamente se admitirá: Cuando el órgano jurisdiccional lo determiné; y, Cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. A fin de preservar el principio de imparcialidad, en ningún caso se obsequiará cita para exponer privadamente al titular alegatos o puntos de vista sobre los asuntos, por lo que todo lo relacionado con aspectos procesales deberá tener lugar en diligencia o audiencia a la que concurran todos los interesados. APERCIBIMIENTOS. Se apercibe a las partes que el incumplimiento a las anteriores medidas, que se fundan en razones sanitarias y tienen por objeto evitar el riesgo de contagio entre el personal judicial y las partes, además de ocasionar el retraso en la tramitación y resolución de los asuntos de su interés, dará lugar también a otras medidas, como es la denegación de acceso al órgano jurisdiccional sin previa cita, llamadas de atención en caso de incumplir la sana distancia o no usar cubrebocas y la expulsión inmediata del recinto judicial en caso de reincidencia o incumplimiento reiterado. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Vista la certificación de cuenta, se tiene como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Moisés Acosta Orozco, toda vez que tiene registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales; mientras que a los diversos María Inés Rangel Mejía, Abigail Muñoz Flores y Rafael Gaitán Castro, únicamente para imponerse de los autos y recibir todo tipo de documentos por así haberlo solicitado expresamente la parte quejosa, aunado a que no acreditan contar con la facultad para ejercer la profesión de abogados. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y, c) acuses de recibo. EXHORTA A LAS PARTES AL ESQUEMA DE JUICIO EN LINEA. Se hace del conocimiento de las partes que en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, aprobado por el Pleno del Consejo en sesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, para el caso de que así lo deseen, a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal, podrán imponerse del contenido de los presentes autos (Consulta de Expediente Electrónico), así como promover y recibir notificaciones vía electrónica (notificaciones vía electrónica), quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con la Firma Electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación o aquella a que se refiere el artículo 14 de dicho Acuerdo, y realicen las promociones correspondientes; en el entendido que deberán de hacer la solicitud correspondiente a este órgano jurisdiccional, conforme lo establece el referido Acuerdo General 12/2020. Por lo que, conforme al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, reformado por el diverso 37/2020, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es, continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como se le notifique electrónicamente las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio, que así lo ameriten y, presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido Acuerdo General 12/2020. Notifíquese; y personalmente a las partes con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para Resguardar la Integridad y Salud de Quienes Realicen la Notificación y de las Personas Justiciables. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.

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