Alfonso Perez Vasquez

Expediente 1005/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1005/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
17/11/2022

Partes del expediente

  • Alfonso Perez Vasquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. CAUSA EJECUTORIA Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión contra la resolución que negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que causa ejecutoria dicha resolución. Hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia para todos los efectos legales consiguientes. ARCHIVO Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. SIN DOCUMENTOS ORIGINALES En términos de lo previsto en los artículos 18, 20 y 36 del citado Acuerdo General, se precisa que el presente juicio de amparo no contiene documentos originales. DESTINO Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita; y atendiendo a que en el presente asunto se negó el amparo y protección de la Justicia Federal, este expediente es depurable, después de tres años. RELEVANCIA DOCUMENTAL Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previsto por el artículo 15, del acuerdo citado. ANOTACIONES Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    MESA V "... VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo número 1005/2022 promovido por Alfonso Pérez Vásquez, contra actos de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; y, R(...) C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal es competente para conocer y resolver el presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1, fracción I, 33, fracción IV, y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; y, el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito, en atención a que se trata de un juicio de amparo indirecto de naturaleza administrativa, cuyos actos de ejecución tienen lugar dentro de la jurisdicción territorial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Resulta oportuno precisar en este apartado, los actos reclamados en el presente juicio de amparo, atento a lo que dispone el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias dictadas en los juicios de amparo, deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, para lo cual debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen de ese primer escrito, en un sentido tal que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañando lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente lo que en apariencia dijo. Tiene sustento lo anterior en el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". La parte quejosa reclamó: Autoridad responsable Acto reclamado Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. La resolución de uno de julio de dos mil veintidós, dictada en el expediente de nulidad 2081/18-15-01-4, que resolvió el recurso de queja por omisión del cumplimiento de sentencia y la declaró fundada pero sin materia. Fijada la litis, lo procedente es analizar la existencia de los actos reclamados y la procedencia del juicio de amparo respecto de los mismos. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Al rendir su informe justificado la autoridad responsable aceptó la existencia del acto reclamado. Certeza que se corrobora con las constancias que remitió en apoyo, a las que se les concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º. CUARTO. Causas de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal cuyo análisis debe efectuarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, previamente al examen de las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, así como en términos de la tesis de jurisprudencia número 814, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917- 1995, Tomo VI, Materia Común, página 553, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Al no existir causa de improcedencia que se haga valer o que se advierta de oficio, se procede a atender los conceptos de violación formulados. QUINTO. Antecedentes. En este apartado se estima conveniente hacer una reseña de los antecedentes del acto reclamado, apoyado en las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se ha otorgado el valor probatorio de ley, así como de los antecedentes narrados por el quejoso, bajo protesta de decir verdad y de donde se advierte lo siguiente: El veintinueve de junio de dos mil dieciocho, el aquí quejoso presentó demanda de nulidad ante la Sala responsable contra de la negativa ficta recaída a la solicitud de prórroga del título de concesión número 050OAX104885/20APGR97, presentado el seis de abril de dos mil diecisiete, dirigido al Director General de Cuenca del Pacífico Sur de la Comisión Nacional del Agua, formándose el expediente de nulidad 2081/18-15-01-4. Mediante sentencia definitiva de dieciocho de junio de dos mil diecinueve, se declaró la nulidad de resolución de negativa ficta recaída a dicha solicitud, y se resolvió lo siguiente: "I. Se ha configurado la negativa ficta impugnada, por lo que se encuentra acreditada su existencia en término de lo señalado en el segundo considerando del presente fallo; II. Se DECLARA LA NULIDAD de la resolución negativa ficta impugnada, para los efectos precisados en el considerando último del presente fallo; III. NOTIFÍQUESE.". Mediante escrito presentado ante la Sala responsable el veinticinco de enero de dos mil veintidós, el aquí quejoso interpuso recurso de queja contra el incumplimiento de la autoridad demandada a la sentencia definitiva. En dicho medio de impugnación, el actor aquí quejoso, sustancialmente argumentó que la autoridad demandada fue omisa en dar cumplimiento a la sentencia definitiva dictada en el juicio de origen, ya que había excedido del plazo de cuatro meses a partir de que la sentencia quedó firme, de conformidad con la ley del acto. Mediante oficio BOO.810.04-200/2022, presentado ante la Sala responsable el veintitrés de mayo de dos mil veintidós, la autoridad demandada aquí tercera interesada, informó sobre el cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio de origen, y remitió las constancias relativas a la respuesta otorgada a la solicitud del actor en cumplimiento a dicha sentencia y la resolución respectiva. En la resolución respectiva, la autoridad demandada determinó que no era procedente otorgar la prórroga del título de concesión solicitado por el actor para explotar, usar o aprovechar aguas nacionales subterráneas para uso agrícola, de dos pozos tipo noria ubicados en los predios "El Carrizal" y "La Poza", en la localidad de San Jacinto Ocotlán, Oaxaca. Mediante resolución de uno de julio de dos mil veintidós, la Sala responsable determinó que resultó fundada la queja pero sin materia, ello, al considerar que: "(.) transcurrió en exceso el plazo de 4 meses con el que contaba la autoridad para dar cumplimiento a la sentencia, lo que nos lleva a concluir, que tal y como se señaló con antelación, la queja es fundada. Sin embargo, se estima que la queja HA QUEDADO SIN MATERIA, en la medida en la que el objetivo de que se emitiera un pronunciamiento por parte de la autoridad en el que se cumplieran los efectos ordenados en la sentencia, en la especie quedó satisfecho, habida cuenta que la autoridad demandada acredita plenamente que en fecha 16 de mayo del año en curso (fecha posterior a la interposición de la queja que se resuelve), emitió el oficio número BOO.810.02-0697/2022, mismo que acredita que fue notificado a la autorizada de la parte actora el día 18 del referido mes y año, y que es del tenor literal siguiente: (.). Como se acredita con la documental ofrecida por la autoridad demandada, misma a la que se le concede pleno valor probatorio, ello de conformidad con lo dispuesto por el artículo 46, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, la autoridad a la fecha en la que se dicta el presente fallo, ya emitió y notificó a la actora la resolución dictada en cumplimiento a la sentencia definitiva pronunciada por esta Sala el 18 de junio de 2019, por lo que es evidente que a la fecha, ya no existe la omisión de la que se duele la quejosa y por ende, es que se estima que la queja HA QUEDADO SIN MATERIA. Sin que sea factible que este cuerpo colegiado, se pronuncie respecto de la legalidad o ilegalidad de dicha resolución, ello en la medida en la que esa no es la finalidad de la queja por omisión promovida por la parte actora.". Última resolución de uno de julio de dos mil veintidós, dictada en el juicio de nulidad de origen, que constituye el acto reclamado en este juicio de amparo. SEXTO.- Conceptos de violación. Los conceptos de violación que se encuentran contenidos en la demanda de amparo, se tienen por reproducidos sin necesidad de su transcripción. Es aplicable la jurisprudencia Tesis: 2a./J. 58/2010, XXXI, mayo de 2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, visible a página ochocientos treinta, Novena Época, con número de registro No. 164618, de rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." No obstante, en resumen, ha de señalarse que la parte quejosa, en su escrito de demanda, expone los conceptos de violación siguientes: Se vulnera en su perjuicio el derecho al debido proceso, legalidad y seguridad jurídica así como el derecho de acceso a la justicia, previstos en los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 52, 58, fracción II, inciso e) de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ya que la responsable determinó que la queja quedó sin materia aun cuando la autoridad tercero interesada incumplió con la sentencia definitiva de dieciocho de junio de dos mil diecinueve. SÉPTIMO. Estudio de los conceptos de violación. LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN expuestos por la quejosa RESULTAN INFUNDADOS, sin que exista queja deficiente por suplir. Son INFUNDADOS los conceptos de violación de la parte quejosa consistentes en que en la resolución reclamada, la autoridad responsable declaró infundado pero sin materia el recurso de queja interpuesto, aun cuando la sentencia definitiva no había sido cumplida. Ello, porque como lo determinó la autoridad responsable en dicha resolución, la finalidad de la queja interpuesta por el actor aquí quejoso, no fue analizar si con las actuaciones realizadas por la autoridad demandada se acreditaba o no el cumplimiento de la sentencia de origen, sino que el medio de impugnación se promovió porque la autoridad demandada había excedido del plazo de cuatro meses previsto en el artículo 58 de la ley del acto, para cumplir con dicha sentencia. Y con fecha posterior a la presentación del escrito de agravios de la parte actora -es decir, el veintitrés de mayo de dos mil veintidós-, la autoridad demandada, aquí tercera interesada, informó a la Sala responsable sobre el cumplimiento que dio a la sentencia de origen y remitió las constancias respectivas. Ahora, el citado artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, dispone: "ARTÍCULO 58.- A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del Tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de esta Ley, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte, conforme a lo siguiente: (.) II. A petición de parte, el afectado podrá ocurrir en queja ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que la dictó, de acuerdo con las reglas siguientes: a) Procederá en contra de los siguientes actos: 1.- La resolución que repita indebidamente la resolución anulada o la que incurra en exceso o en defecto, cuando se dicte pretendiendo acatar una sentencia. 2.- La resolución definitiva emitida y notificada después de concluido el plazo establecido por los artículos 52 y 57, fracción I, inciso b) de esta Ley, cuando se trate de una sentencia dictada con base en las fracciones II y III del artículo 51 de la propia ley, que obligó a la autoridad demandada a iniciar un procedimiento o a emitir una nueva resolución, siempre y cuando se trate de un procedimiento oficioso. 3.- Cuando la autoridad omita dar cumplimiento a la sentencia. 4.- Si la autoridad no da cumplimiento a la orden de suspensión definitiva de la ejecución del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo federal. La queja sólo podrá hacerse valer por una sola vez, con excepción de los supuestos contemplados en el subinciso 3, caso en el que se podrá interponer en contra de las resoluciones dictadas en cumplimiento a esta instancia. b) Se interpondrá por escrito acompañado, si la hay, de la resolución motivo de la queja, así como de una copia para la autoridad responsable, se presentará ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que dictó la sentencia, dentro de los quince días siguientes a aquél en que surtió efectos la notificación del acto, resolución o manifestación que la provoca. En el supuesto previsto en el inciso anterior, subinciso 3, el quejoso podrá interponer su queja en cualquier tiempo, salvo que haya prescrito su derecho. En dicho escrito se expresarán las razones por las que se considera que hubo exceso o defecto; repetición del acto impugnado o del efecto de éste; que precluyó la oportunidad de la autoridad demandada para emitir la resolución definitiva con la que concluya el procedimiento ordenado; o bien, que procede el cumplimiento sustituto. El Magistrado Instructor o el Presidente de la Sección o el Presidente del Tribunal, en su caso, ordenarán a la autoridad a quien se impute el incumplimiento, que rinda informe dentro del plazo de cinco días en el que justificará el acto que provocó la queja. Vencido el plazo mencionado, con informe o sin él, se dará cuenta a la Sala Regional, la Sección o el Pleno que corresponda, la que resolverá dentro de los cinco días siguientes. c) En caso de repetición de la resolución anulada, la Sala Regional, la Sección o el Pleno hará la declaratoria correspondiente, anulando la resolución repetida y la notificará a la autoridad responsable de la repetición, previniéndole se abstenga de incurrir en nuevas repeticiones. Además, al resolver la queja, la Sala Regional, la Sección o el Pleno impondrá la multa y ordenará se envíe el informe al superior jerárquico, establecidos por la fracción I, inciso a) de este artículo. d) Si la Sala Regional, la Sección o el Pleno resuelve que hubo exceso o defecto en el cumplimiento, dejará sin efectos la resolución que provocó la queja y concederá a la autoridad demandada veinte días para que dé el cumplimiento debido al fallo, precisando la forma y términos conforme a los cuales deberá cumplir. e) Si la Sala Regional, la Sección o el Pleno comprueba que la resolución a que se refiere el inciso a), subinciso 2 de esta fracción, se emitió después de concluido el plazo legal, anulará ésta, declarando la preclusión de la oportunidad de la autoridad demandada para dictarla y ordenará se comunique esta circunstancia al superior jerárquico de ésta. f) En el supuesto comprobado y justificado de imposibilidad de cumplir con la sentencia, la Sala Regional, la Sección o el Pleno declarará procedente el cumplimiento sustituto y ordenará instruir el incidente respectivo, aplicando para ello, en forma supletoria, el Código Federal de Procedimientos Civiles. g) Durante el trámite de la queja se suspenderá el procedimiento administrativo de ejecución que en su caso existiere. (.)". Del citado precepto legal, para el caso se advierte que el recurso de queja procede contra la resolución que incurra en exceso o en defecto, cuando se dicte pretendiendo acatar una sentencia o bien cuando la autoridad omita dar cumplimiento a la sentencia. En este último supuesto, el recurso de queja se puede hacer valer más de una vez, salvo que haya prescrito el derecho. De modo que si en el presente asunto, el medio de impugnación que dio origen a la determinación reclamada, tenía la finalidad que la autoridad demanda diera cumplimiento a la sentencia de origen, ya que había excedido el plazo de cuatro meses previsto en la Ley del acto, sin hacerlo. Lo cual realizó en fecha posterior a la promoción del aludido recurso, pues mediante oficio presentado el veintitrés de mayo del año en curso, la autoridad demandada refirió dar cumplimiento con la resolución de dieciséis de mayo de dos mil veintidós -en la que cabe precisar en su parte final dispone que dicha determinación puede ser recurrida dentro del plazo de quince días hábiles, mediante recurso administrativo de revisión que alude el artículo 124 de la Ley de Aguas-. Resulta evidente que si el actor no hizo valer ningún agravio en el recurso de queja origen de la resolución impugnada respecto a por qué consideraba que la sentencia definitiva no había sido cumplida con las constancias remitidas por la autoridad demandada; fue correcta la determinación de la Sala responsable de declarar fundada pero sin materia la queja de mérito. De modo que en su caso, el quejoso debió promover lo que a sus intereses conviniera respecto de esa nueva determinación emitida por la autoridad demandada en cumplimiento a la sentencia definitiva. Máxime que la resolución dictada por la autoridad tercera interesada en cumplimiento a la sentencia definitiva, le fue notificada al quejoso personalmente, por conducto de su autorizada el dieciocho de mayo de dos mil veintidós, por lo que estuvo en aptitud de promover lo que a sus intereses conviniera previo al dictado de la resolución de queja reclamada -uno de julio de dos mil veintidós-. Aunado a que el cumplimiento fuera del término legal de cuatro meses previsto en la ley del acto, no ocasiona la ilegalidad de la resolución dictada por la autoridad administrativa. Orienta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 41/2000, registro 191886, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,Tomo XI, Mayo de 2000, página 226, de rubro y texto: "SENTENCIA DE NULIDAD FISCAL PARA EFECTOS. EL CUMPLIMIENTO FUERA DEL TÉRMINO LEGAL DE CUATRO MESES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 239, ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO OCASIONA LA ILEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN DICTADA POR LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA EN ACATAMIENTO DE ELLA. Conforme a las jurisprudencias 44/98 y 45/98 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, que llevan por rubros "SENTENCIAS DE NULIDAD FISCAL PARA EFECTOS. LA FACULTAD QUE EL ARTÍCULO 239, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, OTORGA AL TRIBUNAL FISCAL PARA DETERMINARLAS, PRESERVA LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL." y "SENTENCIAS DE NULIDAD FISCAL PARA EFECTOS. EL ARTÍCULO 239, FRACCIÓN III, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, QUE ESTABLECE ESE SENTIDO ANTE LA ACTUALIZACIÓN DE LA AUSENCIA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, NO VIOLA LA GARANTÍA DE LEGALIDAD CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL.", nuestro modelo de jurisdicción contencioso administrativo es mixto, pues dada la especial y heterogénea jurisdicción de que está dotado legalmente el Tribunal Fiscal de la Federación, en relación a ciertos actos sólo actuará como tribunal de mera anulación al tener como finalidad la de controlar la legalidad del acto y tutelar el derecho objetivo y, en cuanto a otros actos, como de plena jurisdicción para reparar el derecho subjetivo lesionado, siendo el alcance de la sentencia de nulidad no sólo el de anular el acto sino también el de fijar los derechos del recurrente, condenando a la administración a su restablecimiento, por lo que para determinar cuándo una sentencia de nulidad debe ser para efectos es necesario acudir a la génesis de la resolución impugnada a efecto de saber si se originó con motivo de un trámite o procedimiento de pronunciamiento forzoso, en el que el orden jurídico exige de la autoridad la reparación de la violación detectada que no se colma con la simple declaración de nulidad de la autoridad, sino que requiere de un nuevo pronunciamiento para no dejar incierta la seguridad jurídica del administrado, o con motivo del ejercicio de una facultad discrecional en la que el tribunal no puede sustituir a la autoridad en la libre apreciación de las circunstancias y oportunidad para actuar que le otorgan las leyes. De las anteriores determinaciones se desprende que el cumplimiento fuera del término legal de cuatro meses previsto en el artículo 239, antepenúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, que realice la autoridad administrativa de la sentencia de nulidad para efectos no puede ocasionar la ilegalidad de la resolución en que tal sentencia se acate, concretamente la causal de ilegalidad prevista en el artículo 238, fracción IV, del Código Fiscal Federal por haberse dejado de aplicar las disposiciones legales debidas, porque ello contrariaría el fin perseguido por el legislador al atribuir al Tribunal Fiscal plena jurisdicción para tutelar el derecho subjetivo del administrado en los casos en que la nulidad lisa y llana sea insuficiente para restaurar el orden jurídico violado, afectándose al administrado por una actuación que le es ajena y dejándose al arbitrio de la autoridad administrativa el cumplimiento de la sentencia mediante su decisión de cumplir dentro del plazo legal o fuera de él, pues a través de la ilegalidad de la resolución con la que diera cumplimiento podría evadir la reparación de la resolución cometida. Corrobora lo anterior el que mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, en vigor a partir del primero de enero de mil novecientos noventa y seis, se haya modificado el anterior artículo 239-Ter que pasó a ser 239-B, del Código Fiscal para establecerse como supuesto de procedencia del recurso de queja, la omisión de la autoridad de dar cumplimiento a la sentencia de nulidad si transcurrió el plazo legal, caso en el cual si la Sala resuelve que hubo omisión total concederá al funcionario responsable veinte días para que dé cumplimiento al fallo, procediendo también a imponerle una multa equivalente a quince días de su salario y a notificar a su superior para que proceda jerárquicamente, pues carecería de sentido que se otorgara un término de veinte días a la autoridad para que diera cumplimiento a la sentencia de nulidad para efectos, si se considerara que la resolución relativa estaría afectada de ilegalidad, independientemente de la responsabilidad administrativa en que pudiera incurrir la autoridad demandada.". Así, al no existir violación a los derechos humanos contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no haber motivo para suplir la deficiencia de la queja, procede NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE JUSTICIA FEDERAL a Alfonso Pérez Vásquez, contra la resolución de queja de uno de julio de dos mil veintidós dictada en el juicio de origen por la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Por lo expuesto y fundado, se: R e s u e l v e: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ..., contra el acto y autoridad precisados en el considerando segundo de esta resolución, por las razones apuntadas en el último considerando. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el informe justificado del Presidente de la Sala Regional Del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con el cual de conformidad con lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por un plazo de ocho días, a efecto de que se impongan de su contenido. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admite la documental exhibida por la mencionada responsable, la cual se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado de autos, se advierte que aún transcurre el plazo de quince días que otorga el artículo 117 de la Ley de Amparo, concedido en proveído de dos de septiembre de dos mil veintidós, a la autoridad responsable Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para que rinda su informe justificado, en atención que fue notificado de la admisión del presente asunto el veintidós de septiembre de esta anualidad. Por tanto, la audiencia constitucional señalada para hoy, se difiere para las NUEVE HORAS CON SIETE MINUTOS DEL VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. NOTIFÍQUESE.

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