Alfonso Leyva Lopez
Expediente 1135/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 20 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1135/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 10/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Alfonso Leyva Lopez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Incidental
MESA VI "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra las resoluciones de diez de enero y diez de febrero de dos mil veintidós, las que resolvieron los incidentes por defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva; por lo que de acuerdo a lo previsto en el artículo 97 inciso g) causan estado dichas resoluciones. Hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia para todos los efectos legales consiguientes. Tiene aplicación al respecto la tesis de jurisprudencia P.J/J.21/2016 (10.A), visible en la página treinta y cinco, Tomo I, octubre de dos mil dieciséis, decía Época del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, registro digital 2012800 cuyo rubro dice: "RECURSO DE QUEJA INTERPUESTO CONTRA LA INTERLOCUTORIA QUE RESUELVE EL INCIDENTE PROMOVIDO POR EXCESO O DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA SUSPENSIÓN. NO QUEDA SIN MATERIA CUANDO LA SENTENCIA DEL JUICIO DE AMPARO CAUSA EJECUTORIA. De la interpretación sistemática de los artículos 206 a 209 de la Ley de Amparo se sigue que el recurso de queja interpuesto contra la interlocutoria que resuelve el incidente promovido por exceso o defecto en la ejecución del acuerdo en el que se haya concedido la suspensión definitiva del acto reclamado en amparo indirecto, previsto en el artículo 97, fracción I, inciso g), de la referida legislación, no debe declararse sin materia cuando la sentencia dictada en el juicio de amparo causa ejecutoria, pues la materia y la finalidad de dicho recurso consisten en analizar la legalidad de la resolución emitida en el referido incidente, lo cual implica verificar si la suspensión se cumplió o no en sus términos y si la autoridad responsable estuvo en aptitud de rectificar los errores en que pudo haber incurrido lo cual podría incidir con el resultado de la denuncia que, en su caso, se haga sobre la posible comisión del delito establecido en la fracción III del artículo 262 de la Ley de Amparo, conclusión que se robustece con el hecho de que, aun cuando la resolución del recurso de queja no prejuzga directamente sobre la responsabilidad penal de la autoridad contumaz, sí constituye un presupuesto para que la autoridad ministerial pueda integrar la averiguación previa correspondiente, máxime que es el órgano de amparo el que dicta y conoce los alcances y efectos de la medida suspensional concedida". Por otra parte, vista la certificación de cuenta, se advierte que el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión, el ocho de febrero de dos mil veintidós causó ejecutoria la sentencia ahí dictada y se ordenó el archivo del expediente principal; por ende, con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos del capítulo 7 el Manual de Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, atendiendo a que se concedió la suspensión provisional y se concedió la definitiva solicitada, el cuaderno incidental original es depurable dentro de tres años. En cambio, con apoyo en el artículo 20, fracción II, inciso a) del invocado Acuerdo General, su duplicado es susceptible de destrucción, dentro de los seis meses, como quedó precisado en el considerando último de la interlocutoria del presente cuaderno. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.
- Incidental
MESA "... ".VISTOS los autos, para resolver el incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva relativo al incidente de suspensión derivado al juicio de amparo número 1135/2021, promovido por ALFONSO LEYVA LOPEZ; y (...) C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca es competente para conocer y resolver el incidente por defecto en el cumplimiento a la suspensión definitiva, de conformidad con los artículos 206, 207, 208 y 209 de la Ley de Amparo. SEGUNDO. En principio, es pertinente tener en cuenta que los artículos 206, 207 y 209, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 206. El incidente a que se refiere este Capítulo procede en contra de las autoridades responsables, por cualquier persona que resulte agraviada por el incumplimiento de la suspensión, sea de plano o definitiva, por exceso o defecto en su ejecución o por admitir, con notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente. Este incidente podrá promoverse en cualquier tiempo, mientras no cause ejecutoria la resolución que se dicte en el juicio de amparo." "Artículo 207. El incidente se promoverá ante el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de la suspensión concedida en amparo indirecto, y ante el presidente del tribunal colegiado de circuito si la suspensión fue concedida en amparo directo." "Artículo 209. Si como resultado del incidente se demuestra que la autoridad responsable no ha cumplido con la suspensión, que lo ha hecho de manera excesiva o defectuosa o que con notoria mala fe o negligencia inexcusable admitió fianza o contrafianza ilusoria o insuficiente, el órgano judicial, en su resolución, la requerirá para que en el término de veinticuatro horas cumpla con la suspensión, que rectifique los errores en que incurrió al cumplirla o, en su caso, que subsane las deficiencias relativas a las garantías, con el apercibimiento que de no hacerlo será denunciada al Ministerio Público de la Federación por el delito que, según el caso, establecen las fracciones III y IV del artículo 262 de esta Ley." De la transcripción de los preceptos reproducidos se advierte, que el incidente que se analiza: a) Puede promoverse por cualquier persona que resulte agraviada, en cualquier tiempo -mientras no cause ejecutoria la resolución que se dicte en el juicio de amparo-, ante la autoridad federal que haya concedido la medida cautelar (en el entendido que su otorgamiento surte sus efectos desde luego, esto es, al decretarse y no al notificarse). b) Surge para la hipótesis de que, después de dictada de la medida precautoria, las autoridades responsables ejecuten en exceso o defecto la suspensión u omitan realizar los actos materia de la suspensión definitiva otorgada, esto es, ante el incumplimiento de la suspensión. c) Su objeto, por ende, será determinar si la autoridad responsable incumplió con la suspensión definitiva, por exceso o defecto en su ejecución; y, en su caso, ordenarse la insubsistencia del acto violatorio de la medida cautelar, siempre que la naturaleza del acto lo permita, volviendo las cosas al estado que tenían al otorgarse esa providencia. Al respecto, es aplicable la tesis siguiente sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 824, registro 2006182, del contenido literal siguiente: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS AUTORIDADES ESTÁN OBLIGADAS A CUMPLIR CON AQUÉLLA DESDE EL MOMENTO MISMO DE SU OTORGAMIENTO Y NO A PARTIR DE SU NOTIFICACIÓN. SÓLO SE CONSIDERARÁ DESACATO SI UNA VEZ NOTIFICADA EJECUTA ACTOS CONTRARIOS A LA SUSPENSIÓN O NO REVOCA LOS ACTOS EJECUTADOS CON ANTERIORIDAD A LA NOTIFICACIÓN, SIEMPRE QUE SU NATURALEZA LO PERMITA. Desde el momento de la concesión de la suspensión existe la obligación para la autoridad responsable de mantener las cosas en el estado en que se encontraban, y no hasta su notificación. Lo que sucede con la notificación es que sólo a partir de entonces podría considerarse que la autoridad, conociendo la orden de suspensión, pueda estar en desacato por ejecutar actos de los que tiene conocimiento que no pueden ser ejecutados; es decir, si bien la obligación de la autoridad de cumplir con la suspensión surge en cuanto ésta se concede, sólo puede considerarse que está en desacato hasta que se notifica. Ello no significa que, si ejecutó algún acto del que posteriormente se le notifique la concesión de la medida cautelar, no esté obligada a revocarlo, si lo permite la naturaleza del acto, so pena, en dicho supuesto, de desacato." Por su parte, el diverso artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, dispone: (.) III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra;" De ahí que los supuestos para que se actualice la desobediencia a una resolución de suspensión son los siguientes: a) Que exista una suspensión concedida por el Juez de Distrito; b) Que esté debidamente notificada a la autoridad responsable; y c) Que ésta lo desobedezca. Respecto del primer inciso, de autos se observa que existe la suspensión definitiva concedida al quejoso el trece de diciembre de dos mil veintiuno, en este incidente de suspensión. Asimismo, respecto del segundo inciso, se advierte que con motivo de dicha interlocutoria, se giró el oficio 29976/2021, de este índice, que se notificó a la autoridad responsable director general de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Oaxaca, con residencia en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, el veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, según se advierte de la constancia de notificación que existe glosada a foja 58. De igual forma, en relación al inciso c), primeramente, resulta necesario puntualizar que mediante interlocutoria de trece de diciembre de dos mil veintiuno (fojas 30 - 32), se concedió la suspensión definitiva, se reitera, para los siguientes efectos: ". En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa, para el único efecto de que la autoridad responsable, realice de manera inmediata las gestiones necesarias a efecto de proveer al quejoso de agua para consumo personal y doméstico de forma suficiente y salubre, en el domicilio que describe en su demanda, lo anterior tomando en consideración que conforme al artículo 4°, sexto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado está obligado a proveer de dicho servicio por tratarse de un derecho humano..." Ahora, en cumplimiento a dicha determinación la autoridad responsable mediante oficio SAPAO/DJ/003/2022, exhibió copia certificada del memorándum número SAPAO/DJ/0829/2021, de fecha veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno (foja 52), que giró al arquitecto Miguel Ángel Morales Morales, director técnico de esa dependencia, para efectos de que proporcionara al quejoso ALFONSO LEYVA LÓPEZ, a través de cisterna móvil 2,400 (dos mil cuatrocientos) litros de agua para consumo personal y doméstico, cada quince días, en el domicilio ubicado en calle Guadalupe Victoria, número ciento diecinueve, letra B, de la Agencia Municipal de San Juan Chapultepec, Centro, Oaxaca. De igual forma, mediante el diverso SAPAO/DJ/48/2022, de fecha treinta y uno de enero de dos mil veintiuno (fojas 82 a 85), la referida autoridad, remitió copia certificada del memorándum número SAPAODPC/0021/2022, suscrito por el director de Planeación y Comercialización de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, a través del cual informa al director Jurídico de esa dependencia, que el proyecto denominado "Ampliación de red de distribución de agua potable en calle Guadalupe Victoria, barrio La Cuevita, Agencia San Juan Chapultepec" se encuentra incluida dentro del listado de proyectos prioritarios a realizarse y que actualmente se ha perfilado para ser financiado dentro de la fuente de financiamiento FISE 2022. Asimismo, adjuntó copia certificada del registro de suministro de agua potable de fecha siete de enero de dos mil veintidós, en la que se aprecia que se suministró el vital líquido en el domicilio del quejoso, esto es, en el inmueble ubicado en la calle Guadalupe Victoria número ciento diecinueve, letra B, San Juan Chapultepec, por la cantidad de 2,400 (dos mil cuatrocientos litros), y también se advierte: "DATOS DE QUIEN RECIBE NOMBRE: Alfonso Leyva López. HORA: 8:55 FIRMA: (UNA FIRMA ILEGIBLE)". Documentales a las que se les otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y, de las que se advierte que las gestiones realizadas por la autoridad responsable para realizar el suministro del vital líquido a la parte quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 226, publicada en la página 153, Tomo VI, materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, cuyo rubro es "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". Asimismo, se reitera, que la suspensión definitiva se concedió para que la responsable, realizara las gestiones necesarias a efecto de proveer al quejoso de agua para consumo personal y doméstico de forma suficiente y salubre, en el domicilio que proporcionó en su escrito de demanda, sin la especificación de la temporalidad y cantidad. Ahora, como se ve, la autoridad responsable ha dado cumplimiento a la suspensión definitiva de que se trata; esto es, realizó las gestiones necesarias a efecto de proveer al quejoso de agua para consumo personal y doméstico; asimismo, suministró 2,400 (dos mil cuatrocientos) litros del vital líquido en el domicilio de la parte quejosa. Sin que obste, lo manifestado por el autorizado de la parte quejosa, en el sentido de que la citada responsable no ha dado cumplimiento a la suspensión de que se trata, ya que no ha suministrado el agua para consumo personal y doméstico a la parte quejosa; de igual forma, refiere que la firma que aparece en la copia certificada del registro de suministro que remitió la responsable, no corresponde con la firma del quejoso, misma que objetó en cuanto a su alcance, contenido y valor probatorio. Lo anterior es así, toda vez que, si bien es cierto, objetó dicho registro de suministro, por considerar que la firma que lo calza, no corresponde a la del quejoso, no menos cierto es que, dicha objeción no se encuentra adminiculada con alguna otra prueba, que permita determinar si la firma estampada en el registro de suministro de agua de que se trata, corresponde o no a la firma del quejoso, y que en su caso, pudiera advertirse que la responsable no ha cumplido con la multicitada suspensión, pues su sola manifestación no es suficiente para restarle valor probatorio al citado registro, por ende, su autenticidad no queda desvirtuada. Se cita en apoyo la tesis (I Región)7o.3 K (10a.), registro digital 2018604, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, visible en el libro 61, diciembre de 2018, Tomo II, página 1085, materia común, correspondiente a la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "DOCUMENTO PÚBLICO OFRECIDO COMO PRUEBA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SI EL QUEJOSO LO OBJETA DE FALSO SIN OFRECER MEDIOS DE CONVICCIÓN PARA DEMOSTRARLO CONFORME AL ARTÍCULO 122 DE LA LEY DE LA MATERIA, SU AUTENTICIDAD NO QUEDA DESVIRTUADA. El precepto citado dispone que si al presentarse un documento por una de las partes, otra de ellas lo objetare de falso en la audiencia constitucional, el órgano jurisdiccional la suspenderá para continuarla dentro de los diez días siguientes, y que en la reanudación de la audiencia se presentarán las pruebas relativas a la autenticidad del documento. Por su parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 5/2001, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO. PUEDE SER OBJETADO DE FALSO SÓLO EN CUANTO A SU AUTENTICIDAD.", determinó que el artículo 153 de la Ley de Amparo (abrogada) autoriza a objetar de falsos los documentos presentados por alguna de las partes; y, en su párrafo segundo, precisa los alcances o la materia de esa objeción, al señalar que lo dispuesto en el propio precepto legal sólo da competencia al ente judicial para apreciar, dentro del juicio de amparo, la autenticidad en relación con los efectos exclusivos de dicho juicio, precisión que de por sí indica que la objeción de falsedad del documento debe referirse a su autenticidad, es decir, a su continente y no a su contenido, pues esto último será materia de análisis al emitirse la sentencia correspondiente con base en los elementos probatorios aportados por las partes y demás constancias de autos. En estas condiciones, si el quejoso sólo expresa que objeta de falso un documento exhibido por un funcionario público, sin que ofrezca medios de convicción para demostrarlo conforme al artículo 122 de la Ley de Amparo, su autenticidad no queda desvirtuada. En razón de lo expuesto, al no existir defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva otorgada a la parte quejosa en resolución de trece de diciembre de dos mil veintiuno, con fundamento en el artículo 206 de la Ley de Amparo, se declara infundado el incidente de que se trata. Por lo expuesto y fundado; se, R E S U E L V E : ÚNICO. Se declara infundado el incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva de que se trata, en atención a los motivos expuestos en el considerando segundo de esta resolución. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA VI "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; ocho de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión contra la resolución que sobreseyó en el juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los preceptos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que causa ejecutoria dicha resolución. Hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 inciso a) del Acuerdo General en cita; y atendiendo a que en el asunto se sobreseyó en el juicio de amparo, este expediente es destruible, después de tres años. Se estima que el expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15, del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes Notifíquese y cúmplase.
- Incidental
MESA VI "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; ocho de febrero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito firmado electrónicamente por Julián Pablo Leyva Torres autorizado legal del quejoso Alfonso Leyva López, por medio del cual desahoga la vista dada en proveído de dos de febrero de esta anualidad, relativo al informe y anexos remitidos por la responsable director jurídico del Organismo Público Operador Denominado Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca (S.A.P.A.O.), con residencia en Oaxaca de Juárez. Asimismo, manifiesta que objeta en cuanto a su contenido, alcance y valor probatorio las documentales exhibidas por la responsable, en virtud de no estar demostrado el cumplimiento a la suspensión definitiva concedida, por lo que solicita la imposición de medida de apremio. En su atención: Con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, se tiene por hechas sus manifestaciones que realiza en vía de alegatos, sin perjuicio de ser relacionados en la audiencia respecto al incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva. Por otro lado, en cuanto a las manifestaciones que realiza en torno a la imposición de la multa a la responsable, dígase al promovente que al momento de resolver la resolución incidental, será valorado si con los elementos probatorios aportados por la responsable se dio cumplimiento exacto o no a la suspensión definitiva. Lo anterior, pues el artículo 209 de la Ley de Amparo, no tiene como consecuencia directa e inmediata fincar sanciones o responsabilidades a las autoridades responsables por la desobediencia cometida, si no, requerirlas para que en una nueva oportunidad reparen, subsanen o cumplan con la medida suspensional y solo en caso de que no lo hicieren denunciarlas ante el ministerio público federal para su sanción y persecución. Notifíquese y cúmplase.
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