Alfonso Rojas Rojas

Expediente 550/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
550/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
17/07/2019

Partes del expediente

  • Alfonso Rojas Rojas

Actuaciones

  1. Principal

    MESA IV B "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; diecisiete de julio de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión contra la resolución que por una parte sobreseyó en el juicio de amparo y en otra no ampara ni protege; en consecuencia, con fundamento en el precepto 356, fracción II, en concordancia con el 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria dicha resolución. Hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese el asunto como concluido. En términos de lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del citado Acuerdo General, y atendiendo a que, en el presente asunto se sobreseyó y negó el amparo, este expediente es destruible, después de cinco años. Se estima que el expediente carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo vigésimo primero, párrafo último del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese y cúmplase...V

  2. Principal

    Vistos los autos, para resolver el juicio de amparo 550/2019; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el seis de junio de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad y remitida a este Juzgado Octavo Distrito en el Estado de Oaxaca el siete siguiente, por razón de turno, ALFONSO ROJAS ROJAS, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal. SEGUNDO. Autoridades responsables, actos reclamados y derechos humanos que se estima vulnerados. La parte quejosa señaló como autoridades responsables a la 1. Fiscal Especializada para la Atención a Delitos Contra la Mujer Por Razón de Género y al 2. Agente del Ministerio Público de la Mesa III Investigadora de Violencia Familiar y Delitos Sexuales de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Mujer por Razón de Género, de quienes reclamó: "IV.-. ACTOS RECLAMADOS. RESOLUCION DE FECHA 30 DE MAYO DELAÑO 2019, MEDIANTE LA CUAL SE ME NIEGA DARME LA INTERVENCIÓN LEGAL CORRESPONDIENTE DENTRO DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN QUE CORRESPONDA, ASI MISMO RECLAMO LA FALTA DE UNA CONTESTACIÓN O RESPUESTA CONGRUENTE COMPLETA Y ADECUADA, PARA SEÑALARME LAS CAUSA Y MOTIVOS POR LAS QUE SE ME NIEGA A INFORMACION QUE SOLICITE." (sic). Actos que el quejoso estima vulneran sus derechos humanos contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Admisión a trámite de la demanda. En proveído de siete de junio de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado la intervención que legalmente le compete; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Seguido que fue el trámite del juicio, la audiencia constitucional se celebró en sus fases de pruebas y alegatos, al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 2 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y de los Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito y el diverso Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de residencia y domicilio de este Juzgado y otros órganos jurisdiccionales residentes en el Estado de Oaxaca. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 74 de la Ley de Amparo en vigor, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. Así, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama la resolución de treinta de mayo de dos mil diecinueve, mediante el cual se le niega acceso a la carpeta de investigación (foja 3). TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Ahora, al rendir su informe justificado la 1. Fiscal Especializada para la Atención a Delitos Contra la Mujer por Razón de Género, negó la existencia del acto reclamado (foja 15). Al hacerlo la aludida responsable precisó que no emitió orden alguna en la que se impidiera la intervención del quejoso dentro de la carpeta de investigación que manifestó se instruye en su contra, pues la integración de esa indagatoria es exclusivamente facultad de la representación social. Y que es la Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa III Investigadora de Violencia Familiar y Delitos Sexuales adscrita a esa Fiscalía Especializada, la que debe otorgar la respuesta a la solicitud del impetrante, pues es en dicha dependencia donde se acuerdan las peticiones formuladas, como lo es en el caso que nos ocupa. En ese sentido, no obstante que el escrito exhibido como anexo a su demanda de amparo por el quejoso (foja 6), tiene el sello de la oficialía de partes de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Contra la Mujer por Razón de Género, y que fue dirigido a esa autoridad precisamente, lo cierto es que atendiendo a la manifestación de dicha responsable, fue entregado a la representante social que dio contestación al mismo. Esa circunstancia conduce a considerar que si bien la autoridad ante quien se presentó el ocurso solicitando el conocimiento de la existencia o no de la carpeta de investigación y los demás datos relativos a esta, no es la que emite la respuesta de la que se duele el quejoso, lo cierto es que en cumplimiento a sus atribuciones y con la finalidad de brindarle una respuesta a sus manifestaciones, lo dirigió a la instancia que consideró correspondiente para contestarlas. Por tanto, sobre la negativa de la existencia del acto atribuido a dicha autoridad responsable la parte quejosa no ofreció prueba alguna que la desvirtuara. Así, ante la inexistencia de los actos reclamados a la autoridad mencionada, lo procedente es SOBRESEER en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y con apoyo en la jurisprudencia doscientos ochenta y cuatro, consultable en la página doscientos treinta y seis, del Tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, mil novecientos diecisiete, dos mil, bajo el rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO. Existencia del acto reclamado. La Agente del Ministerio Público de la Mesa IIl Investigadora de Violencia Familiar y Delitos Sexuales adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Contra la Mujer por Razón de Género, aceptó la existencia del acto reclamado. Aseveración que se corrobora con las copias certificadas remitidas por esa autoridad, deducidas de la aludida carpeta de investigación; constancias que tienen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia (foja 19 a 29), de las cuales se advierte que dicha autoridad fue quien negó al quejoso la intervención a la carpeta de investigación solicitada. QUINTO. Antecedentes. Como antecedentes del acto reclamado se tiene que: a) Mediante escrito presentado el veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, el quejoso solicitó a la Fiscal Especializada para la Atención a Delitos Contra la Mujer por Razón de Género, lo siguiente (foja 6): "..Que con fundamento en los artículos 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que preconizan mis Garantías Constitucionales de AUDIENCIA, LEGALIDAD, SEGURIDAD JURIDICA, así como el derecho de petición y administración de justicia en los plazos y términos que la ley señala, vengo a solicitar se sirva concederme la INTERVENCION LEGAL que me corresponde, pues tengo conocimiento que personas que se conducen con falsedad me han denunciado de delitos que no he cometido, lo anterior para afectar mi esfera jurídica y hacerme responsable de diversos delitos que no he cometido. Por lo que para efecto de desvirtuar los hechos delictuosos que falsamente se me imputan, solicito se sirva informarme la mesa, numero de control y el ministerio público que conoce o está conociendo de la carpeta de investigación que se sigue en mi perjuicio, para que en la fecha y hora que usted señale, ratifique el contenido íntegro del presente ocurso y en su oportunidad con asistencia de mi abogado defensor promueva lo que a mis derechos convenga. b) En respuesta, la Agente del Ministerio Público de la Mesa III Investigadora de Violencia Familiar y Delitos Sexuales de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Mujer por Razón de Género, mediante acuerdo de treinta de mayo de dos mil diecinueve, determinó negar al quejoso el acceso a la carpeta de investigación fojas (fojas 21 a 23): "EN OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA; A 30 DE MAYO DEL AÑO 2019, LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO LICENCIADA ROSIO RUIZ MÁRQUEZ, procede a dar por recibido el escrito de fecha 20 de mayo del año 2019, suscrito y firmado por el ciudadano ALFONSO ROJAS ROJAS, mediante el cual solicita se le otorgue la intervención que legalmente le corresponde; asimismo señala como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en la Privada de Librado Rivera número 102, Colonia Ricardo Flores Magón, San Felipe del Agua, Oaxaca y autoriza para los mismos efectos a los Licenciados Rudy Ramírez Martínez y/o Mónica Julieta Cruz Bautista, así como los números telefónicos 951 460 99 99 y 951 118 00 90, por lo que en atención a lo anterior y visto su contenido; se tiene el siguiente: C O N S I D E R A N D O: PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde a esta autoridad la investigación y persecución de los delitos, y dentro de esta obligación en el ámbito de su competencia acorde a lo que establece el artículo 1° de la Constitución Federal, también le corresponde promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley; es decir vigilar sobre el pleno goce y respeto de las partes que intervienen, en el caso concreto de la víctima y del imputado; por lo que en ese sentido y para dar una contestación acorde a las normas que nos rigen respecto a la petición realizada por el promovente Alfonso Rojas Rojas; en el cual solicita se le otorgue la intervención correspondiente, en la carpeta de investigación. De lo que en síntesis se traduce que lo que solicita es que se le dé acceso a la carpeta de investigación que se sigue en su contra; pues conviene señalar que para que ocurra cualquiera de las circunstancias que solicita es necesario que pueda tener acceso a la carpeta. SEGUNDO.- En esa tesitura, en el particular, tenemos que los artículos 20 apartado B fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 218 y 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales, rigen el acceso a los registros de investigación que solicita el peticionario, al establecer lo siguiente: "Artículo 20 B).- (...) VI.- (lo transcribe). "Artículo 218. (Lo transcribe) Artículo 219. (Lo transcribe) De la transcripción de los artículos anteriores, se advierte que se reconoce al imputado el derecho a intervenir en el proceso que se sigue en su contra, por lo que le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso; asimismo textualmente el precepto constitucional que está retomado literalmente en el artículo 218 y 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevé la hipótesis del acceso del imputado a los registros de la investigación los que podrá consultar con la oportunidad debida para preparar su defensa, limitando este derecho constitucional y solo lo permite en los caso siguientes: 1.- Cuando el imputado se encuentre detenido; 2.- Cuando sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista; y 3.- Antes de su primera comparecencia ante el Juez. Que a partir de éste último momento; es decir desde su primera comparecencia ante el Juez no podrá mantenerse en reserva las actuaciones de investigación. Lo último al referirse a "antes de su primera comparecencia ante el Juez", lo viene a aclarar el artículo 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues para que se dé este supuesto es necesario que ya se haya ejercitado la acción penal ante el órgano jurisdiccional, ya que precisamente antes de la celebración de la audiencia inicial el imputado y su defensa podrán consultar los registros de la investigación, incluso el derecho a obtener una copia gratuita de los mismos, ello en aras de obtener una defensa adecuada; con lo que se concluye pues que para que pueda darse el tercer supuesto necesariamente debió haberse solicitado audiencia inicial para la comunicación de la imputación. Lo que a contrario sensu se interpreta, que antes de tales actos procesales deben mantenerse en reserva las actuaciones de investigación, en caso de que existiera una investigación en su contra. De lo que resulta que la solicitud que hace el peticionario Alfonso Rojas Rojas, hasta este momento no es procedente pues por principio de cuentas no se coloca en ninguno de los supuestos antes mencionados y que se encuentran previstos en los numerales transcritos con anterioridad para permitirle el acceso a dichos registros, dada la etapa procesal en que nos encontramos; y en segundo lugar hacerlo, implicaría quebrantar la reserva de los actos de investigación que esta autoridad ministerial debe observar durante su integración; sin que ello implique una violación al derecho que tiene a una defensa adecuada, pues la presente determinación es acorde a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley Adjetiva de la materia; que específicamente aclara la circunstancia específica en que debería encontrarse el peticionario y que limita la consulta e intervención del imputado a una carpeta de investigación, en su calidad de imputado, solo en los casos expresamente señalados en los que como ya se dijo el peticionario no se encuentra ubicado en ninguno de esas hipótesis. TERCERO.- Por último, también hago referencia de las siguientes tesis aisladas en virtud de que cobran sustento: "Época: Décima Época Registro: 2018142 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 59, Octubre de 2018, Tomo III Materia(s): Constitucional, Penal Tesis: XIII.P.A.54 P (10a.) Página: 2275 CARPETA DE INVESTIGACIÓN. LA NEGATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE DAR ACCESO A ÉSTA A LA PERSONA INVESTIGADA Y A SU DEFENSOR, POR ACTUALIZARSE LOS SUPUESTOS LEGALES PARA MANTENER BAJO RESERVA LOS DATOS DE PRUEBA QUE OBRAN EN ELLA, ES ACORDE CON LOS ARTÍCULOS 20, APARTADO B, FRACCIÓN VI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 218 Y 219 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. (Transcribe texto) "Época: Décima Época" Registro: 2015960 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 50, Enero de 2018, Tomo IV Materia(s): Constitucional, Penal Tesis: 1.1o.P.90 P (10a.) Página: 2104 DEBIDO PROCESO Y DEFENSA ADECUADA. LA RESERVA DE INFORMACIÓN EN LOS REGISTROS DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN DURANTE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 218 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, NO VIOLA DICHOS DERECHOS RECONOCIDOS A FAVOR DEL IMPUTADO. (Transcribe texto). Hago referencia también de las siguientes tesis para sustentar mi negativa a la información que solicita: 1.- Tesis aislada con número de registro 2015192, de la décima época emitida por los tribunales colegiados de circuito, con fecha 01 de junio de 2017, bajo en rubro siguiente: "ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO. EL DERECHO DEL IMPUTADO A OBTENER COPIA DE LA CARPETA EN LA QUE OBREN REGISTROS DE INVESTIGACIÓN, OPERA A PARTIR QUE SEA CONVOCADO A LA AUDIENCIA INICIAL". 2.- Tesis aislada con número de registro 2015566, de la décima época emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, con fecha 24 de agosto de 2017, bajo en rubros siguiente: "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. SI EL QUEJOSOS NO HA SIDO CITADO A COMPARECER ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO COMO IMPUTADO NI SE HA OCASIONADO NINGÚN ACTO DE MOLESTIA EN SU PERJUICIO, ÉL O SU DEFENSA NO PUEDE TENER ACCESO A LOS REGISTROS DE LA INVESTIGACIÓN, AUN CUANDO ADUZCA QUE TIENE CONOCIMIENTO DE QUE EXISTE UNA DENUNCIA EN SU CONTRA Y AQUELLA SE ESTÁ INTEGRANDO" 3.- Tesis aislada con número de registro 2016068, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, con fecha 27 de octubre de 2017, de la décima época, que aparece bajo el siguiente rubro "ACCESO DEL IMPUTADO A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN. HASTA EN TANTO EL MINISTERIO PÚBLICO LO ESTIME CONVENIENTE PARA EL ÉXITO DE SU INVESTIGACIÓN, QUIENES TENGAN O NO RECONOCIDO AQUEL CARÁCTER DURANTE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL, NO TIENEN DERECHO A QUE SE LES PERMITA SU CONSULTA Y, POR ENDE, QUE SEAN CITADOS PARA COMPARECER, AL EXISTIR UNA RESTRICCIÓN CONSTITUCIÓN AL RESPECTO" Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los numerales 20 apartado B fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 218 y 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta autoridad ministerial; A C U E R D A: PRIMERO.- Dígasele al ciudadano Alfonso Rojas Rojas que por el momento no ha lugar a acordarle favorablemente su petición por las razones expuestas en los considerandos PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO de la presente determinación. SEGUNDO.- Notifíquese el contenido de la presente determinación al ciudadano Alfonso Rojas Rojas, en el domicilio que autorizo para tal efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 Fracción I inciso d) del Código Nacional de Procedimientos Penales. Hágase la Constancia correspondiente." (sic). Determinación que constituye el acto reclamado. SEXTO. Estudio de constitucionalidad del acto reclamado. En sus conceptos de violación la parte quejosa alega en esencia que se violan los artículos 1, 14, 16 y 17 por que solicitó a la autoridad se le informara la mesa, número de control y Agente del Ministerio Público que conoce de la carpeta de investigación en su contra. Que la responsable no responde cada uno de los puntos materia de su petición. Que en nada afectaría que él tenga acceso a la carpeta de investigación. Los conceptos de violación son INFUNDADOS. En primer término porque medió una respuesta de la autoridad responsable facultada para ese efecto y cuyo contenido es precisamente el acto reclamado, la cual se encuentra debidamente fundada y motivada, pues la Agente del Ministerio Público responsable, basó su determinación en el artículo 20 de la Constitución Federal así como el numeral 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que en lo conducente disponen: "Artículo 20.. B. De los derechos de toda persona imputada:.. VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante juez podrán consultar dichos registros con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa;." Dicho precepto constitucional reconoce el derecho del imputado a intervenir en el proceso que se sigue en su contra, lo que implica facilitarle todos los datos que solicite para su defensa. "Artículo 218. Reserva de los actos de investigación Los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en este Código y demás disposiciones aplicables. La víctima u ofendido y su Asesor Jurídico podrán tener acceso a los registros de la investigación en cualquier momento. El imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, a partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su Defensor a fin de no afectar su derecho de defensa. Para los efectos de este párrafo, se entenderá como acto de molestia lo dispuesto en el artículo 266 de este Código. En ningún caso la reserva de los registros podrá hacerse valer en perjuicio del imputado y su Defensor, una vez dictado el auto de vinculación a proceso, salvo lo previsto en este Código o en las leyes especiales. Para efectos de acceso a la información pública gubernamental, el Ministerio Público únicamente deberá proporcionar una versión pública de las determinaciones de no ejercicio de la acción penal, archivo temporal o de aplicación de un criterio de oportunidad, siempre que haya transcurrido un plazo igual al de prescripción de los delitos de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal Federal o estatal correspondiente, sin que pueda ser menor de tres años, ni mayor de doce años, contado a partir de que dicha determinación haya quedado firme." El precepto legal transcrito establece las hipótesis en que el imputado puede tener acceso a los registros de la investigación, los que podrá consultar con la oportunidad debida para preparar su defensa; al respecto, este derecho constitucional se limita a los casos siguientes: Cuando el imputado se encuentre detenido; Cuando pretenda recibírsele su declaración o entrevistarlo; y, Antes de su primera comparecencia ante el juez. A partir de este último momento -primera comparecencia ante el juez-, no podrá mantenerse en reserva las actuaciones de investigación; lo que a contrario sensu se interpreta que, antes de tales actos procesales, deben mantenerse en reserva las actuaciones de investigación. Además, como lo precisó la responsable el quejoso, no reúne alguna de las condiciones bajo las cuales como parte de su derecho de defensa tendría acceso a la carpeta de investigación, pues de las constancias remitidas como complemento a su informe justificado, únicamente se puede dilucidar que aun la representación social se encuentra recabando los indicios que considera indispensables para determinar, en su oportunidad, el ejercicio o no de la acción penal. Esto es así, pues el quejoso no ha sido citado a declarar o se ha emitido en su contra algún acto de molestia; es inconcuso que la denegación de acceso a la referida carpeta de investigación conforme a lo preceptuado en los numerales 20, apartado B, fracción VI, segunda parte, de la Constitución Política de lo Estados Unidos Mexicanos y 218, párrafos primero y tercero, del Código Nacional de Procedimientos Penales, es jurídica en razón de que los registros de investigación, son reservados para las personas ajenas a la indagatoria. Al respecto resultan aplicable las tesis XIII.P.A.54 P (10a.) y I.1o.P.90 P (10a.), del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, consultables en la de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación a páginas dos mil doscientos setenta y cinco y dos mil ciento cuatro del libro cincuenta y nueve, tomo III y libro cincuenta, tomo IV. Décima Época, con registro respectivo 2018142 y 2015960, que a continuación se transcriben: "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. LA NEGATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE DAR ACCESO A ÉSTA A LA PERSONA INVESTIGADA Y A SU DEFENSOR, POR ACTUALIZARSE LOS SUPUESTOS LEGALES PARA MANTENER BAJO RESERVA LOS DATOS DE PRUEBA QUE OBRAN EN ELLA, ES ACORDE CON LOS ARTÍCULOS 20, APARTADO B, FRACCIÓN VI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 218 Y 219 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. El precepto constitucional citado prevé y regula el derecho del imputado a contar con una defensa adecuada, lo cual implica que se le faciliten los datos que consten en el proceso y requiera para su defensa. Para ello, el Poder Reformador de la Constitución estableció implícitamente, por una parte, que el Ministerio Público debe mantener bajo reserva los datos de prueba que obren en la carpeta de investigación y, por otra, los momentos a partir de los cuales el imputado y su defensor pueden tener acceso a dicha información, al especificar las siguientes hipótesis, cuando: a) el imputado se encuentre detenido; b) pretenda recibirse su declaración o entrevistarlo; y, c) antes de que comparezca por primera vez ante el Juez de Control. Y, es a partir de que se actualice cualquiera de esos supuestos que se adquiere la calidad de imputado al ser detenido por la comisión de un hecho delictivo, o bien, el señalamiento que en su contra realice el Ministerio Público, ya sea al ser llamado a declarar ante éste como probable partícipe de un delito o en la audiencia de imputación efectuada ante el Juez de Control; momento en que desaparece la reserva, para que el imputado y su defensor puedan preparar una defensa adecuada a sus intereses, salvo los casos excepcionales que marque la ley secundaria para salvaguardar el éxito de la investigación. En congruencia, en los artículos 218 y 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el legislador estableció la reserva de los datos de prueba e información que obren en las carpetas de investigación, precisando que solamente las partes pueden tener acceso a ello, con las limitaciones establecidas en la propia ley; exceptuando de esa reserva, únicamente, a la víctima u ofendido y a su asesor jurídico, ya que éstos sí pueden tener acceso a los registros de la investigación en cualquier momento; y señaló, en términos similares al postulado constitucional, cuáles son los momentos en que el imputado y su defensor pueden tener acceso al legajo de investigación, a saber cuando: 1) el imputado se encuentre detenido; 2) sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista; y, 3) una vez que el imputado y su defensor hayan sido convocados a la audiencia inicial. Por tanto, si no se presenta alguno de esos supuestos, la negativa de la Representación Social de dar acceso a la carpeta de investigación a la persona sujeta a investigación y a su defensor, es acorde con los artículos constitucional y legales mencionados." "DEBIDO PROCESO Y DEFENSA ADECUADA. LA RESERVA DE INFORMACIÓN EN LOS REGISTROS DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN DURANTE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 218 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, NO VIOLA DICHOS DERECHOS RECONOCIDOS A FAVOR DEL IMPUTADO. Conforme a los artículos 20, apartado B, fracción VI, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tanto para el Constituyente Permanente como para el legislador ordinario, la reserva de información es un principio que ciñe a los registros relativos a la investigación del delito, la cual se resguarda al tenor de las premisas que en los preceptos referidos se estatuyen, pues en éstos se restringe el acceso al imputado a esas actuaciones a tres momentos: 1) Cuando se encuentre detenido; 2) Cuando pretenda recibirse su declaración o entrevistarlo; y, 3) Antes de su primera comparecencia ante el Juez, con la oportunidad debida para preparar la defensa. Sin embargo, lo anterior no viola los derechos de debido proceso y de defensa adecuada reconocidos a favor del imputado, pues en caso de que la autoridad ministerial no decidiera citarlo durante la investigación inicial, a fin de que pudiera comparecer y acceder a los registros de la carpeta respectiva, aquél aún tendría la oportunidad de conocer los datos de prueba recabados por el Ministerio Público en la fase de investigación, al grado de tener la posibilidad de controvertirlos y desvirtuarlos. Esto es así, porque si bien es verdad que los derechos aludidos deben ser efectivos desde que se señala a una persona como posible autor o partícipe de un hecho punible, así como desde que se ha ordenado una investigación; también lo es que en la dinámica en la que se desenvuelve el proceso penal acusatorio, la etapa de investigación se divide en dos: inicial y complementaria, en la que esta última, que comienza con la celebración de la audiencia inicial (en la que se formula imputación), además de que se judicializa la carpeta de investigación, también tiene como característica principal que a partir de ese momento, las partes que integran el proceso, como lo son el imputado y su defensor, tienen derecho de acceder a todos los antecedentes que integran la investigación practicada por el Ministerio Público, a fin de que puedan imponerse debidamente de sus contenidos y hacer valer sus defensas como lo estimen conveniente. Por tanto, los derechos aludidos son respetados en el sistema de justicia penal acusatorio oral, pues se permite que aun cuando el representante social no cite al imputado para los objetivos indicados (para que comparezca, a fin de que tenga acceso a la carpeta de investigación), este sujeto procesal, en conjunto con su defensor, aun ubicándose en la etapa de investigación, puedan conocer los registros respectivos, lo que da la pauta para que puedan controvertirlos y desvirtuarlos, al grado de impedir que se dicte un auto de vinculación a proceso en su contra, o bien, en su caso, que el órgano técnico formule acusación y generar que solicite el sobreseimiento (parcial o total) en el proceso o su suspensión. Lo anterior, porque los datos de prueba que ofrezca el Ministerio Público al formular la imputación y solicitar el auto de vinculación a proceso, están sujetos a un contradictorio que debe efectuarse entre el órgano acusador y el imputado -en conjunto con su defensa-; aunado a que a diferencia de otros sistemas de justicia penal, en el acusatorio los antecedentes de la investigación y los datos de prueba aportados por el representante social durante dicha etapa del procedimiento (investigación, tanto inicial como la complementaria), no constituyen ni generan prueba para el resto de fases que componen al proceso penal, como lo disponen los artículos 259, párrafos tercero y cuarto, 320, 358, 385, párrafo primero y 386 del Código Nacional de Procedimientos Penales." Además, si como precisó la autoridad responsable, el peticionario no se encuentra detenido, ni existe en su contra algún acto de molestia que así lo demostrara el impetrante, no se justifica legalmente que tenga acceso a la carpeta de investigación, puesto que, se reitera, por la naturaleza de las actuaciones ministeriales, el peticionario no justifica que deba tener acceso a los datos de investigación, pues ningún agravio le irroga la negación de intervención a la indagatoria. Es aplicable en lo conducente la tesis VI.2o.P.59 P (10a.), de la Décima Época, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, ubicada en la publicación semanal el catorce de junio de dos mil diecinueve, con número de registro 2020052, bajo el rubro y texto siguiente: "ACCESO A LOS REGISTROS DE LA INVESTIGACIÓN EN LA ETAPA INICIAL DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO. EL HECHO DE QUE UNA PERSONA ESTÉ SIENDO INVESTIGADA DENTRO DE UNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, ES INSUFICIENTE PARA CONSIDERAR QUE ADQUIRIÓ LA CALIDAD DE IMPUTADA Y, POR TANTO, QUE DEBE OTORGÁRSELE. El artículo 20, apartado B, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en correspondencia con el diverso 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen una restricción de acceso a los registros de la investigación para el indiciado y su defensa, la cual está supeditada a hipótesis específicas, a saber: 1) cuando se encuentra detenido; 2) se pretenda recabar su declaración; 3) sea citado para comparecer ante la autoridad judicial; y, 4) cuando sea sujeto de un acto de molestia; momentos a partir de los cuales la persona investigada y su defensa pueden tener acceso a los registros de la carpeta de investigación. Bajo este contexto, en la fase inicial de investigación, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando se formule imputación a la persona investigada, el indiciado tendrá acceso pero bajo ciertas restricciones, lo cual es acorde con lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al considerar que el derecho de defensa técnica surge desde el momento en que se ordena investigar a una persona, sobre todo cuando se recibe su declaración. Así, la denuncia o querella con la que da inicio esta fase de investigación inicial tiene un alto margen de error por cuanto hace al señalamiento de una persona autora o partícipe de los hechos que motivan la apertura de la investigación, ello debido a la falta de corroboración de información inicial propuesta con la denuncia o querella, la cual está supeditada a la recolección de datos de prueba conforme al avance de la investigación; de ahí que el agente del Ministerio Público está obligado a realizar estos actos con respeto a los derechos fundamentales de las personas. Es por lo anterior que éste sólo puede recabar en esta fase de investigación actos que no comprometan la afectación de un derecho fundamental de las personas, pues cuando requiera lo contrario, deberá solicitar la autorización del Juez de control, que también interactúa en esta fase procesal para garantizar el respeto de los derechos de los ciudadanos, por lo que el propio código nacional establece diversos actos procesales que exigen un control jurisdiccional y otros que no. Por tanto, los actos de investigación direccionados a requerir información de las personas en la fase inicial de investigación no deben considerarse como actos de molestia, entendidos éstos como aquellos que restringen un derecho de manera provisional o preventiva, pues en un escenario contrario, cualquier persona involucrada en la información, sin contar con el carácter de indiciado, víctima u ofendido, podría tener acceso a una investigación donde, como se ha establecido, al tratarse de la fase inicial, la operatividad del sistema permite recabar los actos de investigación sin involucrar la afectación de algún derecho de las personas. En consecuencia, la sola circunstancia de estar siendo investigado dentro de una carpeta de investigación en su fase inicial, es insuficiente para considerar que una persona haya adquirido la calidad de imputada y, por tanto, otorgar el acceso a los registros de la carpeta de investigación, pues contrario a ello, como ya quedó establecido, esta calidad sólo ocurre en los supuestos señalados en los artículos invocados." De todo lo anterior, es posible concluir que la actuación de la Agente del Ministerio Público resulta acertada, fundada y motivada, ya que para mantener la reserva de las actuaciones de la investigación, negó al quejoso la intervención a la carpeta de investigación que se integra en su contra, sin que sea óbice a lo anterior, que la propia responsable se haya apartado de la mencionada reserva al indicar la existencia de una carpeta de investigación, así como datos relativos a la misma. Por lo tanto, opuesto a lo que afirma el quejoso, la respuesta sí es congruente, pues si no es posible que por ahora tenga acceso a la carpeta de investigación tampoco puede informarse el número y Agente del Ministerio Público que conoce de ella. Así, ante lo infundado de los conceptos de violación, lo procedente es NEGAR la protección de la Justicia Federal. SÉPTIMO. Transparencia. Dado que las partes no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. OCTAVO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Captúrese la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con apoyo en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, en vigor a partir del día siguiente y agréguese a los autos la constancia respectiva. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ALFONSO ROJAS ROJAS, contra los actos reclamados a la (s) autoridad (es) responsable (s) precisada en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ALFONSO ROJAS ROJAS, contra el auto de treinta de mayo de dos mil diecinueve, emitido por la Agente del Ministerio Público de la Mesa III Investigadora de Violencia Familiar y Delitos Sexuales de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Mujer por Razón de Género, en la carpeta de investigación 16966/FMUJ/UDVF/2019. TERCERO. En su oportunidad, dese cumplimiento a los dos últimos considerandos de esta determinación, en los términos ahí precisados. Notifíquese y regístrese.Así lo resolvió y firma la licenciada Adriana Alejandra Ramos León, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, quien actúa ante el (la) licenciado (a) José Alberto Morelos Gómez, Secretario (a) de Juzgado que autoriza la actuación y da fe, dándose por concluida la audiencia y levantándose para constancia esta acta que se firma y autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    MESA IV B "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; veintiuno de junio de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado que rinde la Agente del Ministerio Público de la Mesa III Investigadora de Violencia Familiar y Delitos Sexuales adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Contra la Mujer por Razón de Género. Dése vista a las partes con el referido informe y anexo por el término genérico de ocho días. Por otra parte, con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas como pruebas las documentales que se acompañan en copia certificada al informe de cuenta, las que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    MESA IV B "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; trece de junio de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado que rinde la Fiscal Especializada para la Atención a Delitos Contra la Mujer por Razón de Género. Dése vista a las partes con el referido informe por el término genérico de ocho días. Notifíquese y cúmplase.

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