ALFONSO SORIANO TOBON y Otros.
Expediente 985/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 985/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- ALFONSO SORIANO TOBON y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
MESA "... C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, es competente para conocer y resolver el presente asunto... SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Resulta oportuno precisar en este apartado, los actos reclamados, atento a lo que dispone el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias dictadas en los juicios de amparo, deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, para lo cual debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen de ese primer escrito, en un sentido tal que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañando lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente lo que en apariencia expresó. Tiene sustento lo anterior en el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco del tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto a continuación se transcribe. "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Ahora, de un estudio integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama: a) Orden y Ejecución de la Cancelación del Pozo donde obtienen Agua para Uso Vital. b) La Expulsión de su Domicilio. TERCERO. Presunción de certeza de los actos reclamados. Las autoridades responsables no rindieron sus respectivos informes justificados, a pesar de haber quedado legalmente notificados; por tanto, con fundamento en el artículo 117, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se presumen ciertos dichos actos reclamados. CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, se analizará la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de los actos reclamados, lo aleguen o no las partes, por así establecerlo el artículo 62 de la Ley de Amparo. En la especie, se aprecia la actualización de la causal de improcedencia consistente en que los actos NO AFECTAN SU ESFERA JURÍDICA, prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, que establece: "Art. 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia [.]." Ahora, el artículo 5 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, tendiendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.]." De los numerales reproducidos se advierte que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien le afecte el acto reclamado en sus intereses jurídicos o legítimos; por esa razón, es presupuesto para la procedencia de la acción de amparo. Es oportuno señalar que la legitimación de la causa, en el juicio de amparo, se identifica con el interés jurídico o legítimo. El interés jurídico se traduce en la titularidad de un derecho subjetivo, cuyo desconocimiento o violación de su contenido da motivo al ejercicio de la acción constitucional, con la finalidad de que le sean reconocidos los derechos sustantivos identificados con el quejoso. Por otro lado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido el interés legítimo como la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto; pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. Lo anterior se desprende de la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 60 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Tesis: P./J. 50/2014 (10a.). Materia(s): Común. Décima Época, del rubro y texto siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas." Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 690 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II, Tesis: 1a./J. 38/2016 (10a.). Materia(s): Común. Décima Época, del rubro y texto siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." De todo lo anterior se deriva que las notas distintivas del interés legítimo son las siguientes: a) La existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso constitucional. b) La persona con interés legítimo se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante. c) Consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata de un interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple; es decir, implica el acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y protegidos. d) La concesión del amparo se traduciría en un beneficio jurídico en favor del quejoso; es decir, un efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro, pero cierto, mismo que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que, en su caso, llegue a dictarse. e) Debe existir una afectación a la esfera jurídica del quejoso en un sentido amplio, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad. f) El quejoso tiene un interés propio distinto de cualquier otro gobernado, consistente en que los poderes públicos actúen de conformidad con el ordenamiento jurídico, cuando con motivo de tales fines se incide en el ámbito de dicho interés propio. g) La situación jurídica identificable surge por una relación específica, con el objeto de la pretensión que se aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial. h) Si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible, y debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo deberán ser producto de la labor cotidiana de los juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica. i) El interés debe responder a la naturaleza del proceso del cual forma parte; es decir, el interés legítimo requiere ser armónico con la dinámica y alcances del juicio de amparo, consistentes en la protección de los derechos fundamentales de las personas. En el presente caso, mediante escrito presentado en este juzgado el veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, los quejosos precisaron que promovían el presente juicio como titulares de un interés legítimo, en términos del artículo 5 fracción I de la Ley de Amparo, y que la afectación a su esfera jurídica era la Orden y Ejecución de la Cancelación del Pozo donde obtienen Agua para Uso Vital. Sin embargo, los quejosos no ofrecieron prueba alguna para demostrar que sí cuentan con ese interés legítimo. Esto es, los solicitantes del amparo no evidenciaron en el pozo se encuentra dentro del área perteneciente a su inmueble; es decir no aportaron prueba idónea alguna para demostrar esa situación, ya que si bien es cierto a su demanda de amparo acompañaron únicamente un poder para pleitos y cobranzas otorgado por el C....E a favor de HILARIA TOBÓN ANDRADE, contrato privado de compraventa de nueve de diciembre de mil novecientos ochenta y siete, de la fracción de terreno ubicado en la población de Lunatitlán del Progreso, Chazumba, Oaxaca, con las medidas y colindancias señaladas en dicho contrato y ocho fotografías a color de un pozo, con ellos, solo demuestra que es poseedor del inmueble, más no que ese pozo esté dentro de ese predio del que es poseedor, que haya sido clausurado por alguna autoridad y obstaculizar la extracción del agua que refiere, tal como lo señaló bajo protesta de decir verdad en su ocurso aclaratorio de dos de octubre pasado. En su caso, debió ofrecer las pruebas testimonial, pericial e inspección judicial para efecto, de acreditar primero que el pozo está dentro de su predio y que no le permiten las autoridades responsables hacer uso del agua de dicho pozo. Por lo tanto, su pretensión se traduce en un interés simple derivado de su condición de gobernados, es decir, se trata de un interés igual al de la generalidad de los gobernados, al no haber demostrado las características y circunstancias especiales que guarda su situación frente al orden jurídico, que los coloque en un punto diferenciado de la situación general y que los legitime para promover el juicio de garantías. Como ya se dijo, con las pruebas ofrecidas, no se demuestra que las autoridades responsables hayan clausurado el pozo o que hayan ordenado la expulsión de los quejosos de su domicilio. Por lo que al no acreditarse debidamente la violación al primer acto reclamado consistente en la cancelación del pozo, mucho menos el segundo acto consistente en la expulsión de su vivienda, dado que como lo señaló en su demanda de amparo bajo protesta de decir verdad que la consecuencia del primer acto (cancelación del pozo) y posterior uso de él, era la expulsión de su casa (foja 4 de su demanda de amparo). En consecuencia, procede SOBRESEER el juicio de amparo respecto a dichos actos, en términos del numeral 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. QUINTO. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. En virtud de que, conforme a la certificación secretarial realizada en la audiencia constitucional que antecede, las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E UNICO. Se sobresee el presente juicio de amparo promovido por .... por su propio derecho, ... por su propio derecho y en representación por su esposo ...en términos del considerando cuarto de esta resolución. Notifíquese.
- Principal
MESA "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el escrito de los quejosos .... y en atención a su contenido, se provee: Con fundamento en los artículos 206, 207 y 208 de la Ley de Amparo, se admite a trámite el incidente de incumplimiento de la suspensión de plano solicitada por la parte quejosa. Pídase a las autoridades responsables su informe para que lo rindan dentro del término de tres días, de conformidad con el artículo 208, fracción II, de la Ley de Amparo, en el entendido de que la falta o deficiencia del informe hará presumir que es cierto la conducta que se les reclama. Se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL CUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia que señala el artículo 208, fracción II, de la Ley de Amparo. Respecto de las pruebas que ofrece se reserva acordar su contenido hasta en tanto obren los informes solicitados. Por otra parte, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por mandato expreso del artículo 2° de la ley de la materia, solicítese al Juez Primero de lo Civil de Huajuapan de León y Especializado en Oralidad Mercantil del Circuito Judicial de la Mixteca, para que dentro del término de tres días siguientes a la notificación del presente proveído remita a este juzgado las constancias de notificación a las autoridades responsables del auto de veintidós de septiembre pasado, ordenado mediante despacho... el cual le fue enviado vía estafeta; con el apercibimiento que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con los diversos 238 y 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá como medio de apremio, una multa equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización vigente, a fin de que cumpla con lo solicitado, atendiendo la trascendencia e importancia que tiene la constancia solicitada. NOTIFÍQUESE.
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MESA I "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que transcurre el término de quince días para que las autoridades responsables rindan su respectivo informe justificado. Por tanto, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se difiere y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y UN MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA I "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales correspondientes los sobres cerrados que devuelve el Jefe del Servicio Postal Mexicano, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, los cuales contienen los oficios ... dirigidos al Agente Municipal, Secretario de la Agencia Municipal y Secretario de la Agencia Municipal de Lunatitlán del Progreso, Santiago Chazumba, Oaxaca, los cuales fueron negados a recibirse por los destinatarios; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por hecha la notificación a las citadas autoridades responsables y se tienen por ciertos los actos reclamados. NOTIFÍQUESE.
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