Alfonso Jarquín Díaz.

Expediente 739/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 9 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
739/2019
Año
2019
Actuaciones
9
Última actuación
17/12/2019

Partes del expediente

  • Alfonso Jarquín Díaz.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    CA-PRAL.739/2019-2B*San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Estado de autos. Visto el estado de autos, toda vez que en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, es un hecho notorio que en este Juzgado se tramita el juicio de amparo 764/2019, en el que una diversa quejosa reclama actos similares a los de esta instancia constitucional, como son (foja 396 reverso y 397 de la resolución dictada en el conflicto competencial 44/2019, por el Decimoséptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito): a). La emisión del acuerdo número A/100/03 y su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el veintinueve de octubre de dos mil tres, en específico los artículos tercero, fracción XIII, sexto, fracción III, trigésimo cuarto, trigésimo quinto, fracción III y trigésimo séptimo. b) El oficio FGR/VG/DGAI/1044/2019, de veintitrés de abril de dos mil diecinueve, suscrito por el director General de Asuntos Internos de la Visitaduría General de la Fiscalía General de la República, mediante el cual formula la vista número VIS/DGAI/012/2019. c) El inicio del procedimiento de remoción identificado con el número de expediente VG/PR/002/2019; y, d) El oficio número FGR/VG/DGAI/0472/2019, de once de julio de dos mil diecinueve, signado por el director General de Procedimientos de Remoción de la Visitaduría General de la Fiscalía General de la República, por medio del cual informa la incoación del procedimiento de remoción número VG/PR/002/2019. Instancia constitucional de la que este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado no aceptó conocer por estimarse legalmente incompetente, lo que confirmó el Decimoséptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, residente en la ciudad de México, en el conflicto competencial 44/2019, como se advierte de la copia que antecede. En esas condiciones, a manera ilustrativa, además, de manera atenta y respetuosa, remítase copia de esa resolución al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, que conoce del conflicto competencial 12/2019 (foja 384), planteado en este juicio de amparo por este órgano de control constitucional. Notifíquese...

  2. Principal

    PRAL 739/219 MESA 2-B° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve. Agréguese el oficio ***, de la secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, mediante el que acusa recibo del diverso oficio *** (foja 373), a través del cual se le remitió el juicio de amparo ***, con la finalidad de que resuelva el conflicto competencial planteado por este Juzgado, y comunica que admitió ese asunto, mismo que quedó registrado con el número ***, de su índice. Notifíquese...

  3. Principal

    CA-PRLA.739/2019-2B*San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve. Agréguese el oficio 54528/2019, de la juez Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la ciudad de México, mediante el que devuelve el juicio de amparo 739/2019, de este órgano jurisdiccional, promovido por Alfonso Jarquín Díaz, mismo que registró bajo el número 1311/2019, de su índice, así como ocho copias de ese escrito. Del contenido del oficio de cuenta, se advierte que la citada autoridad federal no aceptó la competencia planteada para conocer de la demanda de amparo promovida por Alfonso Jarquín Díaz, por propio derecho, contra actos del fiscal General de la República y otras autoridades, por las razones que ahí expone. En esas condiciones, téngase por recibido el juicio de amparo en que se actúa, anótese su reingreso en el libro de gobierno respectivo y acúsese recibo. No obstante lo anterior, este órgano de control constitucional insiste en carecer de competencia para conocer de la demanda de amparo de que se trata, toda vez que, si bien, mediante proveído de veintiuno de agosto del año en curso (fojas 255 a 260) se aceptó la competencia declinada por el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la ciudad de México, para conocer de este asunto, en virtud que adujo que el aquí quejoso presta sus servicios en la Fiscalía General de la República, como agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad de Atención Inmediata en Matías Romero, Oaxaca, por lo que los actos que reclama, tendrían ejecución en el Estado de Oaxaca (foja 16). Sin embargo, ello se acordó, sin perjuicio de determinar lo contrario en diverso momento procesal, una vez que se contara con mayores elementos al respecto. Ante ello, como quedó precisado en proveído de nueve de septiembre del año en curso, planteados los actos reclamados y atento al estado de autos, se insiste que este Juzgado carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo de que se trata. En principio se precisa que el quejoso Alfonso Jarquín Díaz reclama en esta instancia constitucional: a). La emisión del acuerdo número A/100/03, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de octubre de dos mil tres, por el que se establecen las normas y evaluación técnico jurídicas, así como los lineamientos que deberán seguir los servidores públicos adscritos a las Unidades Administrativas de la Visitaduría General para el desempeño de sus funciones, específicamente los artículos tercero, fracción XIII, sexto, fracción III, trigésimo cuarto, trigésimo quinto, fracción III y trigésimo séptimo; atribuido al procurador General de la República, hoy fiscal General de la República. b). La publicación en el Diario Oficial de la Federación de dicho acuerdo, que se reclama al director del Diario Oficial de la Federación. c). El inicio y conclusión de la investigación DGAI/71/OAX/2018. d). Contenido y firma del oficio número FGR/VG/DGAI/1044/2019, de veintitrés de abril de dos mil diecinueve, por el que se formula vista número VIS/DGAI/012/2019, notificado el veinticinco de julio siguiente. Estos dos actos se los atribuye al director General de Asuntos Internos de la Visitaduría General de la Fiscalía General de la República. e). La incoación del procedimiento de remoción en su contra, con el número de expediente VG/PR/002/2019. f). La emisión del oficio número FGR/VG/DGPR/0473/2019, de once de julio de dos mil diecinueve, por el que se hace de su conocimiento sobre el inicio de ese procedimiento y le requiere de un informe de los hechos imputados. Estos dos últimos actos se reclaman al director General de Procedimientos de Remoción de la Visitaduría General de la Fiscalía General de la República. En conocimiento del amparo indirecto, las reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito, por razón de territorio, las establece el artículo 37 de la Ley de Amparo, en los términos siguientes: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". El artículo transcrito prevé tres supuestos para fijar la competencia a favor de un juez: 1. Es competente el juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclama deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. 2. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de Distrito ante el que se presente la demanda. 3. Cuando el acto reclamado no tenga ejecución, esto es, sea declarativo, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Las dos primeras reglas enunciadas en los incisos a) y b), son aplicables a los actos reclamados que tienen ejecución material; así, la primera precisa que si el acto ha sido ejecutado, trata de ejecutarse o se llegara a ejecutar en un solo lugar, es competente el juez de esa jurisdicción; en tanto que la segunda, refiere que si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito, entonces será competente el juez ante quien se haya presentado la demanda de amparo. Las notas diferenciales de las reglas de competencia en el juicio de amparo, se analizaron por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 3a. XLIX/93, publicada en la página 13, del tomo XII, correspondiente al mes de septiembre de 1993, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; criterio en el cual la citada Sala determinó lo siguiente: "COMPETENCIA EN UN JUICIO DE AMPARO EN QUE LOS ACTOS RECLAMADOS DEBEN EJECUTARSE EN DIVERSOS DISTRITOS. CORRESPONDE AL JUEZ ANTE EL QUE SE PRESENTA LA DEMANDA. El artículo 36 de la Ley de Amparo establece tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda: 1) será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Lo que distingue las dos primeras reglas de competencia de la tercera, es que en ésta, el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, mientras que la operancia de las otras exige esta ejecución, y lo que distingue a las reglas competenciales que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material no lo es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que ello ocurra en la jurisdicción de uno o varios Jueces de Distrito, pues la primera regla competencial se refiere a todos los supuestos en que pueda encontrarse la ejecución pero sólo hace mención a que éste se efectúe en una jurisdicción, mientras que la segunda regla se refiere a la ejecución en dos distritos diferentes. Por tanto del juicio de amparo en que los actos reclamados deben ejecutarse en diversos distritos, corresponde conocer al Juez ante el que se presenta la demanda, pues la expresión 'a prevención' que utiliza la segunda regla competencial se entiende en función del conocimiento anticipado del asunto". El criterio sostenido en la jurisprudencia transcrita interpretó el texto del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril de dos mil trece; sin embargo, su contenido es útil en el caso, porque en ella se explica que la competencia de los jueces de Distrito en los juicios de amparo indirecto se fija a partir de distinguir si el acto reclamado tiene ejecución material o carece de ella; pero sobre todo, explica que lo que distingue a las reglas competenciales que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material no lo es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ocurra en la jurisdicción de uno o varios jueces de Distrito, pues la primera regla competencial se refiere a todos los supuestos en que pueda encontrarse la ejecución pero sólo hace mención a que éste se efectúe en una jurisdicción, mientras que la segunda regla se refiere a la ejecución en dos Distritos diferentes. Lo sostenido en la tesis aislada sigue siendo aplicable, porque el artículo 37 de la Ley de Amparo en vigor, tratándose de las reglas de competencia que rigen para los actos que tengan ejecución material, también fija la competencia del juez de Distrito a partir de identificar si la ejecución del acto se verifica en un solo Distrito o en más; pues refiere que si dicha ejecución se efectúa en un solo lugar es competente el juez de esa jurisdicción, pero que si el acto puede ejecutarse en más de un Distrito entonces es competente el juez ante quien se presenta la demanda. El criterio en comento pone de relieve un interés especial del legislador en determinar la competencia territorial de los jueces de Distrito conforme a razones de índole funcional, que permitan realizar la actividad jurisdiccional de manera eficaz, esto es, se eligieron como factores preferentes para fijar la competencia territorial, criterios relacionados con la ejecución del acto y, en su caso, de no existir aquélla, con la residencia de la autoridad responsable. Acorde a las consideraciones expuestas, se obtiene que para fijar la competencia de los jueces de Distrito para conocer del juicio de amparo indirecto, se debe analizar si el acto reclamado, por su naturaleza, tiene una ejecución material o si carece de ella; pues será el punto de partida para determinar qué juez es competente para tramitar y resolver un juicio. En la especie, el quejoso acudió al juicio de amparo indirecto a combatir, por una parte, la constitucionalidad del acuerdo A/100/03, emitido por el procurador General de la República, ahora fiscal General de la República, por el que se establecen las normas y evaluación técnico jurídicas, así como los lineamientos que deberán seguir los servidores públicos adscritos a las Unidades Administrativas de la Visitaduría General de la Procuraduría en cita y, por otra, el inicio y conclusión de la investigación número DGAI/71/OAX/2018, el oficio por el que se formula la vista número VIS/DGAI/012/2019, así como el inicio del procedimiento de remoción. Al respecto, se considera que la norma tildada de inconstitucional, la investigación y su acuerdo de conclusión, revisten una naturaleza declarativa, porque se limitan a la señalización de la normatividad aplicable al servidor público, . así como las pesquisas internas y necesarias para acreditar presuntivamente la conducta irregular del agente del Ministerio Público de la Federación, pero no involucran una ejecución, por sí misma, sino que es necesario que diversas autoridades decidan ejercer su facultad discrecional para iniciar algún procedimiento administrativo o penal en su contra. Contrario a ello, el inicio del procedimiento administrativo de remoción tiene una naturaleza ejecutiva porque trae como consecuencia inmediata, directa y de realización cierta, la substanciación del procedimiento de forma obligatoria por parte de la autoridad responsable al quedar conminada al desahogo de las etapas procedimentales respectivas, por ser el rector de la contienda legal, con o sin intervención de las partes. Procedimiento que indefectiblemente debe culminar con una resolución o sentencia; sin embargo, no es dable adelantar y presumir que constituirá una determinación sancionatoria al quejoso, toda vez que lo indiscutible y sin lugar a margen de probabilidades es el accionar del director General de Procedimientos de Remoción de la Visitaduría General de la Fiscalía General de la República, para iniciar, instruir y resolver la contienda, pero sin tener certeza de su sentido. Sirve de apoyo a lo antes expuesto, en sentido contrario y por identidad de razón, la tesis aislada número II.2o.P.17 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con quien se comparte criterio, del tenor siguiente: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE CONFIRMA LA IMPROCEDENCIA DE UN INCIDENTE NO ESPECIFICADO EN MATERIA PENAL. SI LOS EFECTOS PRODUCIDOS POR ESTA RESOLUCIÓN, NO SE TRADUCEN EN UNA EJECUCIÓN MATERIAL DEL ACTO RECLAMADO, DEBIDO A QUE NINGUNA CONSECUENCIA INMEDIATA Y DIRECTA ORIGINAN EN EL DERECHO SUSTANTIVO ALEGADO (LIBERTAD), AQUÉLLA SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA. Con el objeto de determinar la competencia por territorio para conocer del juicio de amparo, es necesario razonar si conforme a la naturaleza del acto reclamado requiere o no de ejecución material, y para poder establecerlo, deben considerarse los efectos que produce objetiva y jurídicamente en el derecho sustantivo alegado. De esta forma, los efectos producidos por la decisión reclamada que confirmó aquella que declaró improcedente el incidente no especificado -en el cual se pretendía el análisis de violaciones procesales cometidas en la averiguación previa, lo arbitrario de la detención, las omisiones en las formalidades esenciales del procedimiento, el quebranto al principio de presunción de inocencia, la existencia de tortura y la inexacta valoración de las pruebas-, no se traducen en una ejecución material, ya que ninguna consecuencia inmediata y directa producen en el derecho sustantivo alegado, en el caso, la libertad, debido a que la privación de ésta, no es resultado de esa determinación, sino de la sentencia condenatoria que existe en su contra. Luego, si la finalidad del incidente no especificado de donde emana el acto reclamado, tenía como objetivo que se analizaran aspectos propios del proceso penal, que ya es cosa juzgada, es dable determinar que éste sólo tiene un efecto mediato e indirecto en relación con el derecho subjetivo inmerso, pero no conlleva una ejecución material directa en relación con la libertad del quejoso. Lo anterior es así, pues de acuerdo con el marco normativo dentro del cual se pretende la procedencia de un incidente no especificado para replantear una causa penal de fondo y que es cosa juzgada, la determinación de improcedencia no acarrea ningún tipo de ejecución material, pues no se trata del trámite de algún beneficio que incida directamente en la libertad; por tanto, no trasciende a la esfera material, al mundo fáctico, dado que su impacto es meramente declarativo, ya que únicamente determinó si, en su caso, fue correcta la decisión del juzgador de declarar improcedente el incidente no especificado de su índice. En consecuencia, aquél no puede reputarse como un hecho de ejecución material, por lo que se ubica dentro de la tercera regla de competencia prevista por el último párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Una vez determinado que uno de los actos reclamados tendrá ejecución, debe establecerse en qué lugar tuvo, tiene o tendrá o verificativo el inicio y desahogo del procedimiento administrativo de remoción, para determinar qué juez de Distrito es legalmente competente para conocer la demanda de amparo. De las constancias que integran en este juicio de amparo, se advierte que el quejoso desempeña el cargo de agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Delegación Estatal en Oaxaca de la entonces Procuraduría General de la República (foja 149). De la lectura del acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de remoción de once de julio de dos mil diecinueve (fojas 107 a 152) se desprende que el mismo fue dictado por el director General de Procedimientos de Remoción de la Visitaduría General de la Fiscalía General de la Repúbica, con residencia en la ciudad de México; tan es así que en el punto sexto (foja 150) se solicitó al servidor público que designara domicilio en la ciudad de México para oír y recibir notificaciones. El quejoso en el escrito por el que insta el juicio de amparo indirecto, señaló como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones, documentos y resoluciones, aun las de carácter personal, uno con sede en la ciudad de México (foja 14). Asimismo, cuando instó el juicio de amparo indirecto, refirió que desempeña el cargo de agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad de Atención Inmediata en Matías Romero, Oaxaca, de la Delegación Estatal de la Fiscalía General de la República en Oaxaca (foja 16) y que el acuerdo de inicio del procedimiento de remoción fue emitido por el director General de Procedimientos de Remoción de la Visitaduría General de la Fiscalía General de la República. Por lo expuesto, conforme a la reclamación planteada mediante esta vía constitucional y conforme con lo establecido por el punto cuarto del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitario de Circuito y de los Juzgados de Distrito, se considera, respetuosamente, que el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la ciudad de México es el órgano jurisdiccional competente, por razón de territorio, para conocer del juicio de amparo promovido por el quejoso, toda vez que el inicio y substanciación del procedimiento administrativo de remoción tendrá ejecución en el lugar donde tenga sede la autoridad responsable, Dirección General de Procedimientos de Remoción de la Visitaduría General de la Fiscalía General de la República, esto es, en la ciudad de México, como se corrobora de lo dispuesto en el acuerdo de inicio del procedimiento en cita de once de julio de dos mil diecinueve (fojas 108 a 152), el cual tiene como domicilio el siguiente: "Boulevard Adolfo López Mateos número 2836, edificio 101, tercer piso, colonia Tizapán, San Ángel, Alcaldía Álvaro Obregón, código postal 01090, ciudad de México" -foja 152 reverso-. Por tanto, considerando que la ejecución del acto reclamado -inicio del procedimiento administrativo de remoción- será el relativo a la obligación de la responsable de llevar a cabo su substanciación y el dictado de una resolución, pero sin prejuzgar sobre su sentido, no es factible alegar una ejecución de dicha resolución en la ciudad de Oaxaca, en virtud de que no existe certeza que será sancionatoria. No es óbice a lo expuesto el hecho de que el quejoso mediante escrito de demanda de amparo haya manifestado que actualmente está comisionado en la Unidad de Atención Inmediata en Matías Romero, Delegación Estatal Oaxaca de la Fiscalía General de la República, para considerar que es competente por razón de territorio un juez federal con dicha circunscripción, toda vez que el acto reclamado que interesa consistió en el inicio del procedimiento y no así en una resolución que destituye al servidor público, para que dicho Juzgado tenga competencia territorial para conocer de la demanda de amparo. En esas condiciones, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca insiste en carecer de competencia legal, por razón de territorio, para conocer de la demanda de amparo origen de este juicio. Ante ello, con fundamento en el numeral 48, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 37, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común, remítanse los autos al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa, en turno, del Decimotercer Circuito, para que tenga a bien resolver el conflicto de competencia planteado. Continúese actuando en el cuaderno de antecedentes formado con motivo de la incompetencia inicialmente planteada. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    PRAL 379/2019 MESA 2.B° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve. Exhorto diligenciado. Agréguese el oficio ***, de la secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por el que devuelve diligenciado el exhorto con números de orden 391/2019 y origen 189/2019, del índice de este órgano de control constitucional (foja 270), que se le envió a fin de que notificara al aquí quejoso ***, el proveído de tres de septiembre del año en curso (fojas 268 y 269). En consecuencia, dése de baja en el libro del Juzgado, relativo a las comunicaciones oficiales que se llevan en este órgano de control constitucional, previas las anotaciones correspondientes; sin que haya lugar a acusar recibo del citado exhorto, toda vez que ello se genera automáticamente en el momento de su envío por la vía electrónica. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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