Alfonso Rodrigo Hernández López
Expediente 580/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 6 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 580/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 23/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Alfonso Rodrigo Hernández López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
PRAL 580/2022 MESA II-B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de junio de dos mil veintidós. 1. Causa ejecutoria una resolución. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra el acuerdo dictado el treinta de mayo del año en curso, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo promovido por Alfonso Rodrigo Hernández López, sin que se hubiese interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el referido auto; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. 2. Precisión. Sin que se realice pronunciamiento respecto al plazo de las autoridades responsables y agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, dado que, como se precisó, en acuerdo dictado el treinta de mayo del año en curso se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo, por lo que ningún agravio genera a esas partes procesales, pues carecen de legitimación para inconformarse, en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo. Se invoca como apoyo la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Nación, Quinta Época, tomo CXXX, página 676, con el rubro: "REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO". 3. Publicación de los datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el acuerdo en el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la referida resolución se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4. Instrucción Secretaría y Actuaría. Se instruye a el(la) secretario(a) y actuario(a), que se atiendan los lineamientos precisados en la circular DGGJ/STG/17/2020, de quince de octubre de dos mil veinte, para que la versión pública del acuerdo en el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio sea consultable por internet. 5. Se ordena archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 18, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, archívese este expediente como definitivamente concluido. 5.1. Destino y archivo reciente. Se comunica a la parte quejosa que como se decretó la suspensión de oficio y de plano en auto de diecinueve de mayo del año en curso, con fundamento en el artículo 18, inciso a), por similitud jurídica y 7.42 del manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es depurable; por tanto, este órgano jurisdiccional conservará este juicio de amparo por el término de tres años, contados a partir de la fecha de este acuerdo, fenecido dicho término, dentro de los noventa días siguientes, se procederá a la depuración del expediente, y terminado el proceso relativo, se solicitará la transferencia relativa a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda de que este último es depurable. 6. Instrucción (certificación). Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente para que verifique que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 7. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA, PREVIO AVISO.- San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de mayo de dos mil veintidós. 1. Oficios. Agréguense los oficios del director de la Policía Vial del Municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, mediante los que, en atención al requerimiento que se le hizo en proveído de veintitrés de mayo del año en curso, remite: La boleta de libertad del aquí quejoso Alfonso Rodrigo Hernández López, suscrita el diecinueve del mes actual, por el juez calificador Municipal de Santa Lucía del Camino, Oaxaca; y, La constancia en la, dice, obra el nombre y firma del citado agraviado, con motivo de su excarcelación. Documental que, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad oficiante. 2. Se sobresee fuera de audiencia en este juicio de amparo. El artículo 62 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". Precepto del que deriva que el análisis de las causas de improcedencia debe realizarse de oficio. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia del juicio que prevé la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo. El quejoso reclamó su detención fuera de procedimiento, que atribuyó al: a) Director de la Policía Vial del Municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca. b) Comandante de la Policía Vial de ese Municipio; y, c) Juez Calificador en turno del Municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca. De las constancias remitidas por las autoridades señaladas con los incisos a) y c), a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, al tener el carácter de documentos públicos de conformidad con el numeral 129 del código procesal invocado, calidad que se demuestra por contener los sellos y firmas de los funcionarios que las expiden; se advierte lo siguiente: I. En acuerdo de diecinueve de mayo de dos mil veintidós se tuvo a Alfonso Rodrigo Hernández López promoviendo demanda de amparo, contra actos del director de la Policía Vial del Municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca y de otras autoridades, por lo que, se admitió esa promoción inicial, se concedió de oficio y de plano la suspensión de los actos reclamados, se solicitó de las autoridades responsables su informe justificado y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. II. Al rendir el informe relativo a la suspensión de oficio y de plano decretada en este juicio de amparo, las autoridades responsables a) juez Calificador del Municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca y b) director de la Policía Vial de dicho Municipio informaron que, en acato a la referida medida cautelar, el quejoso Alfonso Rodrigo Hernández López quedó en libertad el diecinueve de mayo de dos mil veintidós; remitiendo, al efecto, copia certificada de las constancias que lo acredita. Por lo anterior, cesaron los efectos del acto reclamado y las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación alegada, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del quejoso, en tanto que la razón que justifica la improcedencia de que se trata, es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, en virtud de la modificación del entorno en el cual aquél se emitió; por lo que, aun de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente, se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce del derecho que estime vulnerado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria. Al respecto, es aplicable la tesis cuyos datos de localización, rubro y texto son: "Séptima Época Registro: 254735 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación 75 Sexta Parte Materia(s): Común Página: 16. Genealogía: Informe 1975, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, página 7. ACTO RECLAMADO, CESACION DEL. E IRREPARABILIDAD. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. Sostiene el quejoso haber sido detenido e incomunicado con motivo de la investigación de probables hechos delictuosos, pero a la fecha se encontraba gozando de su libertad, en estas condiciones debe considerarse que los actos reclamados han dejado de producir sus efectos, así como que se consumaron en forma irreparable, puesto que, por la propia naturaleza de esos actos, sería imposible restituir al quejoso en el gozo de las garantías que se hubieran violado y volver las cosas al estado que guardaban con anterioridad. De ninguna manera puede considerarse que dicha restitución consistiría en la explicación por parte de las autoridades responsables sobre los motivos que tuvieron para ejecutar esos actos, porque lógicamente, ella no eliminaría en forma retroactiva la detención y la incomunicación sufridas por el quejoso. Al expresar el recurrente que su representado goza de una libertad precaria, plena de incertidumbre que lo imposibilita para defenderse, claramente revela el temor de que ese mismo quejoso sea perturbado en el futuro, pero la existencia de dicho estado emocional no se opone a considerar que la detención y la incomunicación en sí mismas han concluido definitivamente. Si con motivo de nuevos actos de las autoridades responsables, el quejoso fuere perturbado y estimare que se violan las garantías individuales en su perjuicio, esos actos serían distintos de los reclamados en esta controversia y, en todo caso, podrían ser reclamados en diverso juicio constitucional; pero debe reiterarse que los que en este amparo reclama, definitivamente han dejado de producir efectos y se han consumado en forma irreparable". Por tanto, al actualizarse la referida hipótesis de improcedencia, ello conlleva, con apoyo en el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo, a sobreseer fuera de audiencia en esta instancia constitucional. Acceso a la justicia. Finalmente, debe decirse que la actualización de la causa de improcedencia en estudio, no implica negar acceso a la justicia, ya que en este asunto se interpretó de manera estricta, sin que esto implique vulnerar derechos humanos de acceso a la justicia consagrados en ordenamientos internacionales; pues no debe perderse de vista que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, por lo que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos de su procedencia, lo cual de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia. 3. Se deja sin efectos la audiencia constitucional. En virtud de lo anterior, al haberse actualizado de manera notoria e indudable la causa de improcedencia invocada en párrafos anteriores, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas en proveído de diecinueve de mayo del año en curso, para que tuviera verificativo la audiencia constitucional (diez horas con cuarenta y dos minutos del tres de junio de dos mil veintidós). 4. Se tiene por inexistente a una autoridad responsable. Ahora, visto el estado de autos, de los que se advierte que en proveído de veintitrés del mes actual se tuvo al director de la Policía Vial del Municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca informando la inexistencia de la responsable señalada como comandante de la Policía Vial de ese Municipio. En su atención, con fundamento en el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se tiene por inexistente a la citada autoridad, cesando toda comunicación con la misma. Apoya lo anterior, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, agosto de 1993, Octava Época, Página 464, con registro 215501, con el rubro: "JUEZ DE AMPARO, NO TIENE OBLIGACIÓN DE CERCIORARSE DE LA EXISTENCIA DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES". Sin que en el caso sea procedente dar vista a la parte quejosa, para que manifieste los que a sus derechos convenga, respecto de la inexistencia de la citada responsable, dado el sentido de esta resolución. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL 580/2022 MESA 2 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de mayo de dos mil veintidós. 1. Oficios. Agréguense los oficios del director de la Policía Vial del Municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, mediante los que, en atención al requerimiento que se le hizo en proveído de veintitrés de mayo del año en curso, remite: La boleta de libertad del aquí quejoso Alfonso Rodrigo Hernández López, suscrita el diecinueve del mes actual, por el juez calificador Municipal de Santa Lucía del Camino, Oaxaca; y, La constancia en la, dice, obra el nombre y firma del citado agraviado, con motivo de su excarcelación. Documental que, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad oficiante. 2. Se sobresee fuera de audiencia en este juicio de amparo. El artículo 62 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". Precepto del que deriva que el análisis de las causas de improcedencia debe realizarse de oficio. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia del juicio que prevé la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo. El quejoso reclamó su detención fuera de procedimiento, que atribuyó al: a) Director de la Policía Vial del Municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca. b) Comandante de la Policía Vial de ese Municipio; y, c) Juez Calificador en turno del Municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca. De las constancias remitidas por las autoridades señaladas con los incisos a) y c), a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, al tener el carácter de documentos públicos de conformidad con el numeral 129 del código procesal invocado, calidad que se demuestra por contener los sellos y firmas de los funcionarios que las expiden; se advierte lo siguiente: I. En acuerdo de diecinueve de mayo de dos mil veintidós se tuvo a Alfonso Rodrigo Hernández López promoviendo demanda de amparo, contra actos del director de la Policía Vial del Municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca y de otras autoridades, por lo que, se admitió esa promoción inicial, se concedió de oficio y de plano la suspensión de los actos reclamados, se solicitó de las autoridades responsables su informe justificado y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. II. Al rendir el informe relativo a la suspensión de oficio y de plano decretada en este juicio de amparo, las autoridades responsables a) juez Calificador del Municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca y b) director de la Policía Vial de dicho Municipio informaron que, en acato a la referida medida cautelar, el quejoso Alfonso Rodrigo Hernández López quedó en libertad el diecinueve de mayo de dos mil veintidós; remitiendo, al efecto, copia certificada de las constancias que lo acredita. Por lo anterior, cesaron los efectos del acto reclamado y las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación alegada, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del quejoso, en tanto que la razón que justifica la improcedencia de que se trata, es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, en virtud de la modificación del entorno en el cual aquél se emitió; por lo que, aun de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente, se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce del derecho que estime vulnerado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria. Al respecto, es aplicable la tesis cuyos datos de localización, rubro y texto son: "Séptima Época Registro: 254735 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación 75 Sexta Parte Materia(s): Común Página: 16. Genealogía: Informe 1975, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, página 7. ACTO RECLAMADO, CESACION DEL. E IRREPARABILIDAD. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. Sostiene el quejoso haber sido detenido e incomunicado con motivo de la investigación de probables hechos delictuosos, pero a la fecha se encontraba gozando de su libertad, en estas condiciones debe considerarse que los actos reclamados han dejado de producir sus efectos, así como que se consumaron en forma irreparable, puesto que, por la propia naturaleza de esos actos, sería imposible restituir al quejoso en el gozo de las garantías que se hubieran violado y volver las cosas al estado que guardaban con anterioridad. De ninguna manera puede considerarse que dicha restitución consistiría en la explicación por parte de las autoridades responsables sobre los motivos que tuvieron para ejecutar esos actos, porque lógicamente, ella no eliminaría en forma retroactiva la detención y la incomunicación sufridas por el quejoso. Al expresar el recurrente que su representado goza de una libertad precaria, plena de incertidumbre que lo imposibilita para defenderse, claramente revela el temor de que ese mismo quejoso sea perturbado en el futuro, pero la existencia de dicho estado emocional no se opone a considerar que la detención y la incomunicación en sí mismas han concluido definitivamente. Si con motivo de nuevos actos de las autoridades responsables, el quejoso fuere perturbado y estimare que se violan las garantías individuales en su perjuicio, esos actos serían distintos de los reclamados en esta controversia y, en todo caso, podrían ser reclamados en diverso juicio constitucional; pero debe reiterarse que los que en este amparo reclama, definitivamente han dejado de producir efectos y se han consumado en forma irreparable". Por tanto, al actualizarse la referida hipótesis de improcedencia, ello conlleva, con apoyo en el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo, a sobreseer fuera de audiencia en esta instancia constitucional. Acceso a la justicia. Finalmente, debe decirse que la actualización de la causa de improcedencia en estudio, no implica negar acceso a la justicia, ya que en este asunto se interpretó de manera estricta, sin que esto implique vulnerar derechos humanos de acceso a la justicia consagrados en ordenamientos internacionales; pues no debe perderse de vista que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, por lo que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos de su procedencia, lo cual de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia. 3. Se deja sin efectos la audiencia constitucional. En virtud de lo anterior, al haberse actualizado de manera notoria e indudable la causa de improcedencia invocada en párrafos anteriores, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas en proveído de diecinueve de mayo del año en curso, para que tuviera verificativo la audiencia constitucional (diez horas con cuarenta y dos minutos del tres de junio de dos mil veintidós). 4. Se tiene por inexistente a una autoridad responsable. Ahora, visto el estado de autos, de los que se advierte que en proveído de veintitrés del mes actual se tuvo al director de la Policía Vial del Municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca informando la inexistencia de la responsable señalada como comandante de la Policía Vial de ese Municipio. En su atención, con fundamento en el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se tiene por inexistente a la citada autoridad, cesando toda comunicación con la misma. Apoya lo anterior, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, agosto de 1993, Octava Época, Página 464, con registro 215501, con el rubro: "JUEZ DE AMPARO, NO TIENE OBLIGACIÓN DE CERCIORARSE DE LA EXISTENCIA DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES". Sin que en el caso sea procedente dar vista a la parte quejosa, para que manifieste los que a sus derechos convenga, respecto de la inexistencia de la citada responsable, dado el sentido de esta resolución. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL 580/2022 MESA 2 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. Informe relativo a la suspensión de oficio y de plano. Con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, agréguese un oficio del a) juez Calificador del Municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca y b) director de la Policía Vial de ese Municipio, mediante el que rinde el informe relativo a la suspensión de oficio y de plano decretada en este juicio de amparo a favor del quejoso Alfonso Rodrigo Hernández López. Asimismo, téngales comunicando que el diecinueve del mes actual ordenaron dejar en libertad al referido agraviado, sin que, por el momento, se soliciten las constancias que lo acrediten, en virtud que en proveído de veintitrés del mes actual se acordó al respecto. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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