Alfonso Guadalupe Estudillo Santiago
Expediente 196/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 31 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 196/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 31
- Última actuación
- 16/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Alfonso Guadalupe Estudillo Santiago
- Sala Constitucional y Cuata Sala penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 31.
- Principal
P 196/2022, mesa 6 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. 1. Estado de autos. Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que las partes en este juicio de amparo quedaron notificadas de la sentencia engrosada el treinta de junio de dos mil veintitrés, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; así como del acuerdo de diecinueve de julio de este año, por el que se tuvo por interpuesto el recurso de revisión contra la determinación de referencia. 2. Remisión al Tribunal de Alzada. Por tanto, queda integrado el expediente; en consecuencia, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, en turno, para la substanciación del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa: a) el expediente original de este juicio de amparo, b) el original del recurso de revisión, c) un tomo de pruebas y d) tres discos compactos. 3. Remisión del expediente. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, únicamente con las constancias necesarias. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
P 196/2022, mesa 6 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de agosto de dos mil veintitrés. 1. Sobre devuelto. Agréguese el sobre devuelto por la empresa de mensajería acelerada "Estafeta", del que se advierte que no fue entregado el oficio 17335/2023, con transcripción del acuerdo diecinueve de julio de este año, dirigido al Tribunal de Enjuiciamiento del Circuito de Valles Centrales, Terna 1, del Estado de Oaxaca, con la anotación marcada: "no pertenece a ese Tribunal es de otra zona". 2. Se reexpide oficio. En esas condiciones, a fin de remitir este expediente al Tribunal de Alzada, se ordena reexpedir el oficio 17335/2023 dirigido al Tribunal de Enjuiciamiento del Circuito de Valles Centrales, Terna 1, del Estado de Oaxaca, a través del correo electrónico: causas.ejutla@gmail.com; mismo que fue proporcionado al rendir su informe justificado; lo anterior, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
P 196/2022, mesa 6 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de julio de dos mil veintitrés. 1. Se agrega escrito. Agréguese el escrito firmado por ********************, defensor particular del quejoso ******************** ********************, por el cual interpone recurso de revisión y expresa agravios; en esas condiciones, se provee: 2. Se interpone recurso de revisión. Con fundamento en los artículos 81, 86, 87, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa interponiendo recurso de revisión contra la sentencia engrosada el treinta de junio de dos mil veintitrés, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Por tanto, distribúyanse entre las demás partes (con excepción de la parte promovente) copia del escrito de expresión de agravios y, en su oportunidad, remítase a) el expediente original de este juicio de amparo, b) el original del escrito de cuenta, c) un tomo de pruebas y d) tres discos compactos al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, en turno, para el trámite del recurso interpuesto. 3. Remisión del expediente. Una vez que este expediente se encuentre integrado para su envío al Tribunal de Alzada, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, únicamente con las constancias necesarias. Notifíquese personalmente; electrónicamente a la parte quejosa. Así lo proveyó Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, encargada del despacho durante las vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, con las facultades derivadas de la interpretación del numeral 161 de la anterior Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, como lo acordó la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veintiséis de junio de dos mil veintitrés, comunicado por la secretaria técnica de Comisión Permanente mediante oficio CCJ/ST/3773/2023, de la misma fecha; y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
pral 196/2022 mesa 6 RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el nueve de febrero de dos mil veintidós ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio y turnado al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, en la misma fecha, Alfonso *** por conducto de su defensor, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Oaxaca y de otra autoridad, que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. La parte quejosa narró los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, e invocó como derecho fundamental vulnerado los contenidos en los artículos 14, 17, 19, 20, apartado A y B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. En proveído de diez de febrero de dos mil veintidós el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca registró la demanda de amparo con el expediente 187/2022; asimismo, determinó declinar el conocimiento del asunto por razón de turno, a favor de este Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca. En proveído de dieciséis de febrero de dos mil veintidós este órgano jurisdiccional aceptó avocarse al conocimiento del asunto y registró el asunto con el expediente 196/2022; admitió a trámite el mismo, dio intervención a la agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. En auto de siete de marzo de dos mil veintidós se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados, 1) Rosmarina González Ricárdez, en su carácter de progenitora de la menor víctima E.E.G., y 2) agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Género de la Fiscalía General del Estado ; quienes quedaron emplazados, respectivamente, el treinta de marzo y veintisiete de abril del año pasado. Y en diverso acuerdo de dieciséis de mayo de dos mil veintidós se ordenó el emplazamiento al agente del Ministerio Público adscrito a la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal Colegiada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, quien quedó emplazado el dieciocho de mayo de dos mil veintidós; y se apersonó mediante oficio recibido en este juzgado el veinte de mayo del año pasado Mediante proveído de veintisiete de junio de dos mil veintidós, a efecto de no dejar en estado de indefensión a la tercera interesada, Rosmarina González Ricárdez, en su carácter de progenitora de la menor víctima E.E.G., se ordenó emplazar a juicio a los asesores jurídicos 1) Aidé Sierra Pérez y 2) Simitrio Ruiz Martinez; quienes quedaron notificados, respectivamente, el treinta de junio de dos mil veintidós, empero, no se apersonaron a juicio. Mediante sentencia de veintiséis de julio de dos mil veintidós se concedió la protección constitucional a la parte quejosa. Inconforme con dicha sentencia, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, mismo que conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con sede en este municipio, registrándolo con el expediente 273/2022, en el que por ejecutoria emitida el veintitrés de marzo de dos mil veintitrés revocó la sentencia recurrida y ordenó la reposición del procedimiento, para los efectos siguientes: "(...) a) Deje sin efectos la audiencia constitucional de dieciocho de julio de dos mil veintidós, en la que dictó sentencia terminada de engrosar el veintiséis de julio de dos mil veintidós en el juicio de amparo 196/2022 de su índice; y, b) Con libertad de jurisdicción resuelva sobre la legalidad del acto reclamado consistente en la resolución de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, emitida en el recurso de apelación dictado en el toca penal JOTPA/18/2021 del índice de la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. (.)". (Transcripción) En cumplimiento a esa ejecutoria, mediante acuerdo de cuatro de abril de dos mil veintitrés, se procedió a dejar sin efectos la audiencia constitucional de dieciocho de julio de dos mil veintidós, en la que se dictó sentencia terminada de engrosar el veintiséis de julio de dos mil veintidós en este juicio de amparo; y se señaló una nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Y previo los trámites respectivos, la celebración de la audiencia constitucional se desahogó al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 y 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo sexto transitorio del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 3/2013, en sus numerales segundo, fracción XIII, números 1, 2 y 3, así como el cuarto, fracción XIII, segundo párrafo, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal , por tratarse de un asunto de naturaleza penal y porque, a decir de la parte quejosa, el acto tendrá ejecución en un lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Con base en lo anterior, se arriba a la conclusión que, de la lectura integral efectuada a la demanda de amparo, así como de las constancias que integran el juicio, se advierte que la parte quejosa reclama de la autoridad ordenadora, Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Oaxaca: ? La resolución de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, dictada en el toca penal JOTPA/18/2021, por la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia absolutoria emitida en la causa penal 446/2018 el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno por el Tribunal de Enjuiciamiento del Circuito de Valles Centrales, terna uno, en el Estado de Oaxaca, a favor de Alfonso Guadalupe Estudillo Santiago y se determinó revocarla y ordenar la reposición parcial del procedimiento hasta el momento previo del dictado del fallo deliberatorio en los términos ahí señalados. De la autoridad ejecutora, Tribunal de Enjuiciamiento del Circuito de Valles Centrales, terna uno, en el Estado de Oaxaca: ? La ejecución de la citada resolución. Lo anterior, acorde con la jurisprudencia 1347 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 1917-Septiembre 2011 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte -SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) Décima Primera Sección- Sentencias de amparo y sus efectos, Materia Común, registro 1003226, página 1511, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Al rendir el informe justificado, las autoridades responsables, 1) Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca y 2) juez presidente del Tribunal de Enjuiciamiento del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Ejutla de Crespo, Oaxaca, aceptaron la existencia de los actos reclamados que se les atribuyen. CUARTO. Causa de improcedencia. Sea que las partes lo aleguen o no, en el caso, se examinará si, en la especie, opera alguna causa de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, al haberse analizado y valorado previamente todas y cada una de las constancias que conforman este juicio, se concluye que no se actualiza algún motivo de improcedencia de manera obvia y objetiva, ni se advierte que las partes hubieren hecho valer alguna, por lo que procede el estudio del fondo del asunto. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. A efecto de una mejor compresión del asunto, resulta procedente precisar los antecedentes del acto reclamado conforme a las constancias que integran este juicio de amparo y de los discos versátiles digitales remitidos por la sala responsable, en el que se advierte lo siguiente: 1. Ante el Tribunal de Enjuiciamiento del Circuito de Valles Centrales, terna uno, en el Estado de Oaxaca se tramitó la causa penal 446/2018 instruida contra Alfonso Guadalupe Estudillo Santiago por el delito de abuso sexual infantil agravado, cometido en agravio de la menor con iniciales E.E.G. 2. Los hechos de la acusación formulados por la agente del Ministerio Público de la mesa de litigación de la mesa de infancia y adolescencia adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Mujer por razón de Género, fueron los siguientes: I. El señor Alfonso Guadalupe Estudillo Santiago y Rosmarina González Ricárdez son papás de la niña con iniciales E.E.G., quien nació el dieciocho de mayo de dos mil trece. II. Que el señor Alfonso Guadalupe Estudillo Santiago vive en Avenida Ferrocarril, sin número, Fraccionamiento Orquídeas, Santa Rosa Panzacola, centro, Oaxaca. III. El día once de abril de dos mil dieciocho, el señor Alfonso Guadalupe Estudillo Santiago recogió a la niña de iniciales E.E.G. de la escuela "Renacimiento del Valle", ello aproximadamente a las catorce treinta horas, para llevarla a convivir con él a su domicilio antes citado, lugar en donde al ver películas le tocó con sus dedos en su vagina. 3. Previo el desahogo de las pruebas, el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno el Tribunal de Enjuiciamiento del Circuito de Valles Centrales, terna uno, en el Estado de Oaxaca dictó una sentencia absolutoria en la causa penal 446/2018 a favor de Alfonso Guadalupe Estudillo Santiago 4. Inconforme con esa resolución, Rosmarina González Ricárdez, en su carácter de progenitora de la menor víctima E.E.G. y la agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Mujer por razón de Género interpusieron recurso de apelación, mismos que quedaron radicados ante la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Oaxaca, con el toca penal JOTPA/18/2021. 5. Mediante resolución de catorce de diciembre de dos mil veintiuno dictada en el toca penal JOTPA/18/2021, se resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia absolutoria emitida en la causa penal 446/2018 el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno por el Tribunal de Enjuiciamiento del Circuito de Valles Centrales, terna uno, en el Estado de Oaxaca, a favor de Alfonso Guadalupe Estudillo Santiago y se determinó revocarla y ordenar la reposición parcial del procedimiento hasta el momento previo del dictado del fallo deliberatorio en los términos ahí señalados. Resolución que constituye el acto reclamado en este juicio. SEXTO. Concepto de violación. La parte quejosa formuló conceptos de violación que se tienen por reproducidos y no se transcriben, dado que no existe disposición en la Ley de Amparo que obligue a ello, y por encontrar sustento en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, página 830, del rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". SÉPTIMO. Estudio de fondo. Cabe mencionar que, de conformidad con lo establecido en el numeral 76 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional puede abordar el estudio de los motivos de disenso en forma conjunta o separada o en diverso orden al propuesto, así como los razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión, efectivamente, planteada, con la salvedad de no cambiar los hechos expuestos en la demanda. Así, del análisis de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa, sustancialmente, formuló los conceptos de violación siguientes: 1. La responsable ordenadora determinó que la testimonial de Rosmarina González Ricárdez, madre de la menor E.E.G. merece credibilidad a su dicho; además, que su testimonio no debe estar aislado del material y cúmulo probatorio de la Fiscalía para acreditar su teoría del caso, misma que no puede ser modificable ni cambiada. Dicha autoridad señala que el testimonio de aquélla solo narra hechos que fueron percibidos por sus sentidos y nunca emitió una opinión en relación al contexto de los tocamientos sufridos por su hija E.E.G. Y que es falaz la conclusión a la que arribó el Tribunal de Enjuiciamiento en el sentido de que la testigo adolece de un "error de interpretación" respecto al origen de la lesión, incurre en un sesgo de confirmación durante su interrogatorio, lo que se traduce en una trasgresión del principio de congruencia. Así, la parte quejosa refiere que Rosmarina González Ricárdez si da un contexto a una situación de abuso sexual inexistente, pues cuatro días posteriores a la convivencia entre Alfonso Guadalupe Estudillo Santiago y la victima E.E.G. su mamá nota la aparición de una infección vaginal e inmediatamente se sugestionó con un tocamiento lascivo, pues en vez de llevarla con un médico la lleva con un psicólogo. Sin embargo, dice que queda demostrado que el tocamiento que realiza Alfonso Guadalupe Estudillo Santiago con los dedos obedece a una situación de limpieza, no a un contexto libidinoso. Invoca como apoyo la tesis con registro 2013368, del rubro siguiente: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y DUDA RAZONABLE. FORMA EN LA QUE DEBE VALORARSE EL MATERIAL PROBATORIO PARA SATISFACER EL ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA CONDENAR CUANDO COEXISTEN PRUEBAS DE CARGO Y DE DESCARGO". 2. La sala penal otorgó valor probatorio al testimonio de la psicóloga Ana Carolina Martinez Loaeza al referir que goza de una amplia acreditación, pues hizo mención de su cédula profesional, su labor en la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Género, explicó sus cursos, diplomas, talleres propios de psicología que ha recibido relacionado con la pericial que emite, todos con enfoque a víctima del delito, psicología forense de la niñez y adolescencia, análisis y detección de mentiras. Además, que adoptó diversos métodos como el hipotético-deductivo, narrativa libre, observación directa, evaluación del examen mental, técnica de juego auxiliada por muñecos anatómicos, el cuento de Pedro el Valiente, adaptando cada una de estas técnicas al desarrollo de la niña. Asimismo, que la sala responsable precisó que dicha psicóloga en la última sesión describió lo que la menor E.E.G. hizo de forma espontánea con los muñecos y dentro de la información emitida establece que su papá le da muchos besos y al preguntarle donde se los da, señala el cuello y su vagina. Y que con relación al examen mental determinó que esa menor no estaba alucinando y aunque su atención y concentración es ligeramente dispersa es porque es una niña y que no puede estar más de cinco minutos en un solo lugar. Y que derivado de la sesión en donde se dio lectura al cuento de Pedro el Valiente y de la sesión donde se trabajó con muñecos anatómicos la menor realizó una narrativa de lo que vivió con su papá y que de dichas sesiones diagnóstico síntomas de un cuadro ansioso moderado. Que la responsable señaló que las metodologías y técnicas aplicables están justificadas, la observación que realizó de la menor fue en tres sesiones, justificó las observaciones a las que arribó, obtuvo la información de contexto y analizó su comportamiento; de ahí que, la conclusión del estado emocional resulte racional. En cuanto al DSM 5 (Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales) que diagnostica su cuadro de ansiedad no cumplía los criterios para determinar que sus síntomas constituían un trastorno, basando su opinión en la bibliografía que utilizó de Blanca Mezquitas. Así, la parte quejosa refiere que la libre valoración de la prueba no puede hacerse o realizarse de forma arbitraria como lo denota la sala constitucional, pues la perito en psicología solo justificó un trabajo, a tapar sus errores y deficiencias y a contar una historia ficticia en donde las técnicas y elementos utilizados carecen de fiabilidad. Que de la sentencia y del audio y video de la audiencia de debate la psicóloga evade su responsabilidad profesional y da explicaciones fuera de todo marco científico para establecer una sintomatología inexistente en la menor de iniciales E.E.G. Además, la profesionista no videograbó a la menor pues en el consentimiento informado expresaron la víctima directa e indirecta que no lo deseaban, pero dicho consentimiento jamás se anexó al dictamen pericial, por tanto, es inexistente. Refiere cómo debe ser el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en caso de que afecten a personas de grupos especialmente vulnerables y en el cual involucren a niñas, niños y adolescentes; circunstancia que no previo la psicóloga Ana Carolina Martinez Loaeza pues no da una explicación objetiva de su pericial. Al respecto, cita en su apoyo la tesis con registro 2006882, del rubro siguiente: "PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA QUIENES IMPARTEN JUSTICIA EN CASOS QUE INVOLUCREN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EMITIDO POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. NO ES VINCULANTE Y POR TANTO NO TIENE VALOR NORMATIVO PARA FUNDAR UNA DECISIÓN JURISDICCIONAL, PERO CONSTITUYE UNA HERRAMIENTA PARA QUIENES EJERCEN DICHA FUNCIÓN". 3. Que el dictamen de refutación no se debe de desestimar por encima del contrainterrogatorio del asesor jurídico, pues la psicóloga de la defensa explicó que para la elaboración de un dictamen en psicología forense se necesita de un método científico, aclarando que es una aportación técnica que tiene que estar avalada científicamente para que pueda ser reproducible y observable en algún momento determinado de manera objetiva y que puedan tener comprobación de lo que se observó en el momento de la evaluación psicológica; además, que al omitir un paso en el método científico si altera el resultado en psicología forense. Así, la prueba de refutación si cumple con el objetivo de desestimar la prueba pericial en psicología de la Fiscalía, Ana Carolina Martinez Loaeza. Además, que la sala responsable precisó que el contrainterrogatorio de la defensa fue ineficaz para afectar la credibilidad del dictamen pericial, pues la psicóloga dejó en claro que no aplicó el CBCA (Análisis de Contenido Basado en Criterios) análisis de contenido basado en criterios, que es una entrevista de credibilidad para niños que han sufrido agresiones sexuales, y ello es entendible porque no se ajusta al objeto de su pericial, pues dicha profesionista fue clara en establecer que le fue solicitada su opinión técnica con relación al estado inicial de la niña al momento de la valoración, más no así la credibilidad de la misma. 4. La sala responsable le dio un valor positivo al testimonio del perito Arturo Tovar Carreño; sin embargo, y en la resolución recurrida, señaló que quedaban intocados la fundamentación probatorio intelectiva respecto a los testimonios de Arturo Tovar Carreño, de la perito médico María Elena Rojas Ramirez y Claudia Yesica Cervantes Cruz; por lo cual, es contrario al valor probatorio asentado por el Tribunal de Primera Instancia; además, no estableció bien la credibilidad de ese testigo, pues únicamente hizo una comparación. En su apoyo, invoca la tesis con registro 2015452, del rubro siguiente: "RECURSO DE APELACIÓN EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. EL TRIBUNAL DE ALZADA QUE DEBA RESOLVERLO, EN ACATAMIENTO AL DERECHO A UN DEBIDO PROCESO, PUEDE ANALIZAR LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA REALIZADA POR EL TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO DE PRIMERA INSTANCIA, SIN QUE ELLO COMPROMETA EL PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN (INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 468, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES)". 5. Que la transcripción del cuadro comparativo que realizó la sala responsable sobre los hechos supuestamente acreditados solo hace referencia al dicho de la madre de la víctima; además, que la sala responsable se respaldó en lo siguiente: "El tocamiento de un padre en la vagina de su hija, con sus dedos, puede tener fines sexuales o de higiene" y "los besos que se dan en la vagina de una mujer tienen sexuales y se les denomina sexo oral". Sin embargo, refiere que los besos vaginales o sexo oral en la menor víctima no fueron parte de la acusación del Ministerio Público y que no obra en el auto de apertura a juicio, por lo cual refiere que en términos del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos y el diverso numeral 211, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, el hecho del Ministerio Público no se puede cambiar; de ahí que, no puede adoptarse por la sala responsable a fin de ordenar la reposición de la sentencia para efecto de darle valor probatorio a un hecho que no es parte de la acusación, en este caso que la víctima haya resentido una conducta sexual mediante besos en su vagina (sexo oral) o cuello. Por lo cual, reitera, es incongruente lo ordenado por la autoridad responsable de solicitar al tribunal de enjuiciamiento que con los hechos que no son parte de la acusación del Ministerio Público se excluya el concepto de "sesgo de confirmación" en la valoración de Rosmarina González Ricárdez. Asimismo, que la sala responsable pretende encuadrar un hecho delictivo que no pudo ser comprobado en la audiencia de juicio oral. Esto es así, pues el hecho que estableció el agente del Ministerio Publico, como base de su acusación fue el siguiente: I. El señor Alfonso Guadalupe Estudillo Santiago y Rosmarina González Ricárdez son papás de la niña con iniciales E.E.G., quien nació el dieciocho de mayo de dos mil trece. II. Que el señor Alfonso Guadalupe Estudillo Santiago vive en Avenida Ferrocarril, sin número, Fraccionamiento Orquídeas, Santa Rosa Panzacola, centro, Oaxaca. III. El día once de abril de dos mil dieciocho, el señor Alfonso Guadalupe Estudillo Santiago recogió a la niña de iniciales E.E.G. de la escuela "Renacimiento del Valle", ello aproximadamente a las catorce treinta horas, para llevarla a convivir con él a su domicilio antes citado, lugar en donde al ver películas le tocó con sus dedos en su vagina. Así, refiere que el punto medular de la acusación y que se plasmó en el auto de apertura a juicio es que el imputado tocó con sus dedos la vagina de la víctima, jamás que se le hizo sexo oral o se le dio besos en su vagina o cuello; por lo cual dicho hecho al ser excluido no puede adoptarse por la sala responsable, ya que la congruencia se pierde y se vulnera el derecho de defensa del quejoso, pues el artículo 68 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que las sentencias deberán ser congruentes con la petición o acusación formulada; en tanto que el artículo 407 de ese mismo ordenamiento establece que las sentencia de condena no podrá sobrepasar los hechos probados en juicio. Señala que la sala responsable no puede ordenar una reposición de sentencia para efecto de darle valor probatorio a un hecho que no es parte de la acusación, en el caso, el que la víctima haya resentido una conducta sexual mediante besos en su vagina (sexo oral) o cuello. Que dicho hecho no sirve para fundar una sentencia condenatoria, pues el hecho de la acusación es completamente diferente al que la autoridad responsable aduce en su resolución de apelación. Por lo anterior, dice le causa agravio el hecho de que el tribunal de apelación revoque una sentencia absolutoria a efecto de conceder valor probatorio a hechos que no fueron motivo del auto de vinculación a proceso y de la acusación plasmada en el auto de apertura a juicio, además, que se estime una valoración probatoria de carácter positivo a un dictamen en psicología que no sigue los lineamientos ni protocolos de la propia institución ministerial. Al respecto, resulta infundados los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa. Para determinar lo anterior, conviene precisar los razonamientos principales asentados por la sala responsable en la determinación combatida, mismos que son del tenor siguiente: ? Precisó que la audiencia de debate fue desahogada conforme a los principios que rigen el sistema acusatorio, ya que en todo momento se le respetó al acusado Alfonso Guadalupe Estudillo González la presunción de inocencia, pues fue considerado y tratado como inocente durante el desahogo de las audiencia referida y en el dictado de la sentencia recurrida; asimismo, se respetaron los principios que rigen el proceso penal y las formalidades del procedimiento. ? Determinó que en el interrogatorio de Rosmarina González Ricardez, esta solo narra hechos que fueron percibidos por sus sentidos, y nunca emitió una opinión en relación al contexto de los tocamientos sufridos por su hija, por lo cual, la conclusión a la que arribó el Tribunal de Enjuiciamiento, que aquélla adolecía de un "error de interpretación" respecto al origen de la lesión y por lo tanto esta incurre en un sesgo de confirmación durante su interrogatorio es falaz. ? La valoración otorgada por el Tribunal de Enjuiciamiento al testimonio de la perito en psicología Ana Carolina Martínez Loaeza fue inadecuado. Lo anterior, porque del contenido del testimonio pericial en cuestión se advirtió que esa experta goza de una amplia acreditación, lo que justifica los conocimientos necesarios en relación al dictamen emitido. Estableció que el uno de mayo de dos mil dieciocho elaboró su dictamen en el cual expuso que su planteamiento del problema consistió en la evaluación del estado emocional que presentaba la niña de iniciales E.E.G. al momento de su valoración, mencionó que utilizó diversos métodos, como el hipotético-deductivo, la narrativa a partir de una entrevista, la observación directa, la evaluación del examen mental, la técnica del juego auxiliada de muñecos anatómicos, la lectura del cuento de Pedro el Valiente, adaptando cada una de estas técnicas al desarrollo de dicha niña. Siguió refiriendo que la profesionista destacó que para emitir su dictamen realizó tres sesiones, en tres días distintos con la víctima, de cincuenta minutos cada sesión, efectuando las mismas el día veinticinco y veintisiete de abril, y primero de mayo de dos mil dieciocho, ello porque tomó en consideración el desarrollo de la niña, pues no está lo suficientemente desarrollada para hablar de manera abierta del hecho que le sucedió y de sus emociones. Además, que explicó en qué consistió cada una de las tres sesiones que trabajó con la víctima y que en la última sesión trabajó con muñecos anatómicos, estableciendo con claridad las observaciones que tuvo en cada sesión. Además, que en la última sesión la profesionista describió lo que la niña hace de forma espontánea con los muñecos, y dentro de la información emitida estableció que su papá le daba muchos besos, y al preguntarle donde se los daba, señaló en el cuello y su vagina, estableciendo la profesionista, que esa parte era importante, porque esa situación ponía triste a su mamá y que ella no quería que se pusiera triste, y que su papá le dijo que no dijera nada porque se iba enojar, lo que generaba confusión en ella del poder o no hablar de esa situación. Asimismo, que en relación al examen mental, la experta determinó que la niña no estaba alucinando, y aunque su atención y concentración es ligeramente dispersa, es porque es una niña, determinó que su pensamiento es de flujo normal acorde a su edad, realizando toda una explicación razonable al respecto. Y de la sesión en donde se trabajó con muñecos anatómicos, la menor realizó una narrativa de lo que vivió con su papá, y de dichas sesiones diagnosticó síntomas de un cuadro ansioso moderado. Así, la sala responsable consideró que la metodología y técnicas aplicadas se encuentran justificadas racionalmente, pues la perito justificó la utilidad de cada una de las técnicas utilizadas, justificó racionalmente porque son las técnicas adecuadas -desarrollo de la menor-, la observación que realizó de la menor fue a través de tres sesiones diferentes, justificó con claridad las observaciones a las que arribó en cada una de las sesiones, concluyó también que el número de sesiones realizadas resulta indispensable para fundar sus conclusiones, pues realizó una retroalimentación adecuada, obtuvo la información de contexto de la menor y analizó su comportamiento, de ahí que la conclusión respecto al estado emocional de la niña resultara racional. Respecto a la vinculación de ese estado emocional como consecuencia de vivir una agresión sexual, precisó que la perito refirió que ello lo determinó en base a la narrativa de la niña, tomando en cuenta su proceso de evaluación, también tomó aspectos de la entrevista con la mamá, como situaciones que se encuentra viviendo ella, circunstancias que le dieron indicadores emocionales que la niña había sufrido una agresión sexual, descartando que ese cuadro ansioso haya derivado de otra situación, porque en el proceso de entrevista hubiese relucido esa información. Por lo que dicha conclusión resultaba racional, pues derivada de toda la información obtenida a través de las diversas técnicas, y después las tres sesiones que trabajó con la niña, realizó la interpretación correspondiente atento a su área de conocimiento, de ahí que esta conclusión no resultaba arbitraria. ? Que en cuanto el DSM-5, que diagnostica los trastornos, su cuadro de ansiedad no cumplía los criterios para determinar que sus síntomas constituían un trastorno, para este punto, basó su opinión en la bibliografía que utilizó consistente en que es una agresión y abuso sexual de Blanca Mezquitas, quien menciona que un niño o una niña cuando es víctima de abuso o delito sexual no va a tener un trastorno como tal, pero si va generar emociones y alteraciones en su momento; lo cual resultó razonable para esa sala, porque las máximas de la experiencia indican que los niños de cuatro años en un ambiente sano para su desarrollo, no se encuentran sexualizados, es decir no poseen información que les indique que lo que están viviendo es una agresión sexual, y por lo tanto no lo procesan como tal. ? Que respecto al interrogatorio de la asesoría jurídica se estableció que la aplicación de las técnicas respectivas, se dio bajo una perspectiva de niñez, que dadas las condiciones de desarrollo de la niña víctima no se podrían realizar pruebas estandarizadas para el objeto de la prueba pericial, explicando además el por qué las condiciones de la víctima justificaban dicha situación, y el exigir la aplicación de técnicas estandarizadas es irracional, pues solo se puede exigir bajo una visión adultocéntrica, lo que contraria a juzgar con perspectiva de infancia, cuya obligación de las autoridades, versa en que su actuar debe ceñirse en función de la edad y madurez de los niños y niñas y no a la inversa. Invocó la tesis con registro 2022471 del rubro siguiente: "JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE INFANCIA. DEBE GARANTIZARSE EL DERECHO DE LOS MENORES DE EDAD A SER ESCUCHADOS EN EL PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL QUE INVOLUCRE SUS DERECHOS, TAMBIÉN EN LA PRIMERA ETAPA DE LA INFANCIA, PROMOVIENDO FORMAS ADECUADAS DE INTERACCIÓN, LIBRE OPINIÓN Y COMUNICACIÓN CLARA Y ASERTIVA DE LA DECISIÓN". ? Dijo que, respecto a la información obtenida en el interrogatorio directo realizado por la representación social y asesoría jurídica, se podía advertir que se acreditan de forma razonable los parámetros de valoración de la prueba pericial, consistentes en la experticia del perito, la aplicación de métodos y técnicas adecuadas y que sus conclusiones fueran congruentes con la metodología empleada, como ya se ha explicado en líneas que anteceden. ? Que en el contrainterrogatorio practicado por la defensa, fue ineficaz para afectar la credibilidad del dictamen pericial, pues aunque fue exhaustivo y basto en exceso, en lo que interesa, la psicóloga dejó en claro que no aplicó el CBCA (Análisis de Contenido Basado en Criterios), que es una entrevista de credibilidad para niños que han sufrido agresiones sexuales, y ello es entendible porque no se ajusta al objeto de su pericia, pues dicha profesionista fue clara en establecer que le fue solicitado su opinión técnica con relación al estado emocional de la niña al momento de la valoración, más no así la credibilidad de la misma. Y que, bajo una perspectiva de niñez, resultaba claro que la citada profesionista, tomó en consideración el desarrollo cognitivo de la niña en cuestión, para no aplicar pruebas estandarizadas, y justificó de manera razonable como las técnicas empleadas eran las adecuadas para justificar el diagnóstico otorgado, por lo cual, si merecía valor probatorio, al acreditarse de forma razonable los parámetros de valoración de la prueba pericial. ? Consideró que no existe atipicidad en el caso concreto, porque a través de la información expuesta en juicio, de los propios alcances probatorios establecidos por el tribunal de enjuiciamiento, y con independencia del valor probatorio otorgado a la psicóloga oficial, existen elementos fácticos directos e indirectos, para fundar de forma razonable y conforme al estándar probatorio de la etapa procesal correspondiente, una inferencia probatoria eficaz para acreditar el ánimo lascivo. Para arribar a lo anterior, procedió a exponer los hechos que dijo debían ser tomados en consideración para esa inferencia, graficándolo en un cuadro en la forma siguiente: RAZONES O PROPOSICIONES HECHOS FUNDAMENTO PROBATORIO. GARANTÍAS 1.- Que el señor Alfonso Guadalupe Estudillo recogió a la niña E.E.G. de su escuela "renacimiento del valle" para llevarla a convivir con él a su domicilio. Hecho que se obtiene de las declaraciones de la madre de la víctima Rosmarina González Ricardez y de la niña víctima E.E.G. Hecho acreditado por el tribunal de enjuiciamiento. Además, es una máxima de la experiencia, que los padres se conviven y responsabilizan de los hijos. Y que cuando existe separación de los padres, las convivencias pueden darse separadamente. 2. Que los tocamientos se dieron dentro del domicilio. A través del dicho de niña víctima, establece que cuando estaba con su papá viendo películas, este le tocó la vagina. Es una máxima de la experiencia, que el delincuente no quiere ser descubierto, pero además la realización de los delitos sexuales, por regla general es de ejecución oculta. La tesis de registro 2015634 , "VIOLENCIA SEXUAL CONTRA LA MUJER. REGLAS PARA LA VALORACIÓN DE SU TESTIMONIO COMO VÍCTIMA DEL DELITO ", indica que los delitos sexuales se producen por lo regular en ausencia de testigos. La CIDH en el Caso J. Vs. Perú , estableció que las agresiones sexuales se producen en ausencia de personas más que la víctima y el agresor o agresores . 2.- El tocamiento de la vagina de la niña, se dio cuando veían películas, acostados en la cama. En la declaración de la niña y la madre, establecen la existencia de este hecho. La niña refiere que su papá con sus dedos le tocó la colita. La mamá aclara que ella le denomina colita a la vagina. Durante su declaración E.E.G. representó con los muñecos anatómicos lo anterior. Es un hecho específico que se tuvo por probado por el tribunal de enjuiciamiento. Máxima de la experiencia. Cuando se ven películas no se toca la vagina del acompañante, más que con fines sexuales. 3.- La vagina es una zona erógena. El dictamen médico establece que: La vagina es una zona erógena. Una zona erógena es sensitiva con terminaciones nerviosas cuya estimulación puede provocar deseos sexuales. Es un conocimiento científico que la vagina es una parte del cuerpo de la mujer, relacionado con su sexualidad. Es una máxima de la experiencia, que la vagina al ser una zona privada o íntima, puede ser tocada con fines lascivos o de higiene al asearse dicha zona. (hipótesis oficial y alternativa) 4.- Existen antecedentes de sexualización de la niña. Opinión técnica de perito psicólogo Arturo Tovar, quien valoró a la niña. Refiriendo que, al realizar un ejercicio con la niña, y al referirse a su vagina, envió mensajes clínicos sugestivos sensuales, lo que en opinión del experto se considera que la niña tiene antecedentes de estimulación sexual. Circunstancia a la que se le dio alcance probatorio por el tribunal. Conocimiento científico. Los niños de 4 años de edad, en un ambiente sano de desarrollo, no interpretan conductas sexuales. Ya que su grado de desarrollo les impide representar esas conductas. 5. El padre le da besos en el cuello y la colita (vagina) a la niña. De la testimonial de la madre de la víctima, se establece: que un día que ella iba manejando su hija le dio un beso en el cuello, no un beso normal, un beso muy sugestivo, y la mamá le pregunta ¿Quién te da besos así? Mi papito, y le sigue preguntando ¿y que más te hace? Ese día que estuve con él, me bajo mis pantalones, me quitó mis calzoncitos, y también me tocó, y que más te hace "me da besitos en mi colita". Información que es confirmada por la Psicóloga oficial, durante la sesión en donde utilizó muñecos sexuados, y donde refirió que su papá le da muchos besos, señalando su cuello y vagina. Máximas de la experiencia: no existe otra justificación para que se den besos en la vagina, más que la estimulación propia del sexo oral. (Estimulación de los genitales con la boca, labios o lengua.) 6. El padre le dice a la niña que no diga nada de lo que hacen. Los dos psicólogos a través de la entrevista, convinieron en extraer información que el papá le pedía a la niña, que no dijera nada respecto a los tocamientos que realizaba. Máxima de la experiencia El delincuente no quiere ser descubierto. Los delitos sexuales son ejecución oculta. HECHO PROBADO DE FORMA INDIRECTA. En base a los hechos 4, 5 y 6 de este cuadro. El padre realizaba actos sexuales en el cuerpo de la niña, como hacerle sexo oral. Lo que se ve apoyado, con el testimonio del psicólogo Arturo Tovar, que refirió que la niña se encontraba sexualizada. Lo mencionado por la madre, que la niña le refirió que el padre le da besos en su colita (vagina). Lo dicho por la niña a la Psicóloga oficial, confirmando los besos en la vagina. Es una máxima de la experiencia que la vagina es una parte íntima de la mujer, que el darle besos en esa zona, no tiene una explicación diversa a la realización de sexo oral. ? Determinó que, derivado de los hechos o razones mencionados, al adminicularlos entre ellos, guardaban una relación material en el contexto del caso combatido, y que se desprendía fundadamente el propósito delictivo de Alfonso Guadalupe Estudillo Santiago, ya que los tocamientos que este último le hacía con sus dos dedos a la niña E.E.G., fue en una zona erógena, en la vagina, lugar donde se estimula para provocar deseos sexuales (zona erógena), cuyos tocamientos los realiza estando acostados en la cama, viendo películas, existiendo antecedentes por parte del activo de darle besos en su vagina a la niña, lo que se conoce como sexo oral (lo que no permite explicación alternativa). ? Lo que permitía establecer en alto grado de probabilidad, que los tocamientos que hizo Alfonso Guadalupe Estudillo Santiago en la vagina de la niña E.E.G. los hizo con un sentido lascivo, descartándose la hipótesis alternativa que pretendió la defensa, bajo el argumento de que hay tocamientos en los genitales que los padres realizan con fines de higiene; empero, que el tocamiento se realizó mientras padre e hija veían películas, sin que exista un solo dato que revele que el tocamiento se hizo bajo un contexto de higiene, es decir, que ese tocamiento se realizó con el afán de asearla o ponerle pomada, máxime que E.E.G. del contexto de la información sabe diferenciar cuando su papá la baña (información proporcionada en narrativa ante la psicóloga oficial) o cuando ve películas, además refirió que la única adulta que le pone pomada es su madre. ? Así, resolvió revocar la sentencia absolutoria de diecinueve de mayo del año dos mil veintiuno, declarándose la nulidad de la sentencia recurrida, y ordenó la reposición parcial del procedimiento hasta el momento previo del dictado del fallo deliberatorio, para que el mismo Tribunal de Enjuiciamiento del Circuito de Valles Centrales, Sede Ixcotel, Oaxaca, terna 1, realice lo siguiente: "1. Previa deliberación y con libertad de jurisdicción dicte un nuevo fallo deliberatorio, en el que deberán tomar en cuenta lo vertido en el cuerpo de la presente resolución, en específico respecto a una nueva valoración que deberán de realizar respecto a la testimonial de la perito psicóloga Ana Carolina Martínez Loaeza, y con independencia de ello, deberán tener por acreditado el hecho acusado, así como que deberán tener por acreditado el ánimo lascivo del tipo penal de abuso sexual infantil agravado propuesto por la representación social. 2. Con libertad de jurisdicción dicte nuevamente sentencia, tomando en consideración las precisiones que se vertieron en la presente resolución, en la que deberán: a) excluir el concepto sesgo de confirmación en la valoración de la testimonial de Rosmarina González Ricardez; b) realizar una nueva valoración del testimonio de la perito psicóloga Ana Carolina Martínez Loaeza, utilizando argumentos racionales para tal efecto; c) tener por acreditado los hechos materia de la acusación; y d) realizar inferencia probatoria en la que darán por acreditado el elemento subjetivo del tipo penal consistente en el ánimo lascivo, derivado del tipo penal propuesto por la Fiscalía de abuso sexual infantil agravado. Y para el caso que resultare dictar sentencia condenatoria, el Tribunal de Enjuiciamiento deberá señalar fecha y hora para llevar a cabo la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño, en la que abrirá el respectivo debate para la solicitud de la pena y reparación de daño, así como señalar fecha y hora para llevar a cabo la lectura y explicación de la sentencia, tal como lo prevé el artículo 401 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Estando impedido para pronunciarse esta sala respecto a lo anterior, en virtud que debe actualizarse el principio de oralidad, inmediación y contradicción que rige nuestro sistema penal acusatorio, respecto aquellos debates". Determinación que se considera ajustada a derecho, como enseguida se explicará. En primer término, es correcta la determinación de la sala responsable al referir que la audiencia de debate fue desahogada conforme a los principios que rigen el sistema acusatorio, pues, en efecto, durante su desarrollo se le respetó a Alfonso Guadalupe Estudillo González la presunción de inocencia; asimismo, se respetaron los principios que rigen el proceso penal y las formalidades del procedimiento; circunstancia que también fue atendida a favor de Rosmarina González Ricárdez, en su carácter de progenitora de la menor víctima E.E.G., respecto a su derecho de audiencia; de ahí que dicho aspecto se satisfizo al no advertirse del desarrollo de la audiencia una violación a las formalidades del procedimiento del sistema penal acusatorio. Primer concepto de violación. Por otro lado, la sala responsable señaló que en el interrogatorio de Rosmarina González Ricardez, ésta solo narra hechos que fueron percibido por sus sentidos, y nunca emitió una opinión en relación al contexto de los tocamientos sufridos por su hija; de ahí que al no emitir una opinión de la ateste en relación al contexto libidinoso de los tocamientos sufridos por su hija, determinó que la conclusión realizada por el tribunal a quo era falaz; esto es, que la testigo adolece de un "error de interpretación" respecto al origen de la lesión y, por lo tanto, ésta incurre en un sesgo de confirmación durante su interrogatorio. Al respecto, la parte quejosa argumenta que esa determinación es incorrecta, pues refiere que Rosmarina González Ricárdez si da un contexto a una situación de abuso sexual inexistente, pues cuatro días posteriores a la convivencia entre Alfonso Guadalupe Estudillo Santiago y la victima E.E.G. su mamá nota la aparición de una infección vaginal e inmediatamente se sugestionó con un tocamiento lascivo, pues en vez de llevarla con un médico la lleva con un psicólogo; de ahí que jamás queda demostrado que el tocamiento que realiza Alfonso Guadalupe Estudillo Santiago con los dedos obedeciera a un contexto libidinoso, sino, al contrario, a una situación de limpieza. Tal concepto de violación resulta infundado. Se explica. En un primer aspecto, es importante señalar que el Forensic Science Regulator define al sesgo de confirmación en términos simples como una tendencia a probar una hipótesis buscando prue¬bas que las confirmen en lugar de pruebas potencialmente conflictivas. Se utiliza el término sesgo de confirmación para resumir la clase de efectos que las creencias preexistentes, las expectativas, los motivos y el contexto situacional de un individuo generan en la recogida, la per¬cepción y la interpretación de las pruebas durante el curso de un caso penal. Las creencias de un individuo pueden producir consecuencias dramáticas, pues se activa un proceso de confirmación de tres pasos: el perceptor se forma una impresión de la persona-objetivo, interactúa de forma coherente con esa impre¬sión y, finalmente, hace que la persona ajuste su comportamiento sin darse cuenta. Todo esto resulta un proceso que transforma meras expectativas en realidad. Esas creencias generadoras de sesgos pueden influir en la recopilación de pruebas, en los mecanismos que se emplean para analizar las pruebas y, por supuesto, en las inferencias que se hacen a partir de lo anterior. Así, el sesgo de confirmación es la tendencia de la mente de las personas a buscar información que respalde los puntos de vista que ya tienen o que llevan a interpretar evidencia de manera que apoye sus creencias, expectativas o hipótesis preexistentes. Ahora, como se adelantó, fue apegado a derecho lo determinado por la sala responsable, pues del interrogatorio de Rosmarina González Ricardez (minuto 42:58 del 41:26 DISCO 2 A2 JUICIO ORAL O DEBATE 0446-2018-A2P1) se aprecia que declaró, en lo sustancial, sobre la relación que tenía la menor L.E.C.T., con el quejoso Alfonso Guadalupe Estudillo Santiago; la forma, lugar y tiempo en que convivían, también refirió respecto a las infecciones vaginales que presentaba su hija, desde que etapa comenzó a presentarlo, así como las acciones que realizó respecto al control de las mismas (llevarla con un médico y aplicarle una pomada). Además, precisó cómo fue que se enteró de los hechos por los que se acusa a Alfonso Guadalupe Estudillo Santiago; esto es que, cuando la menor L.E.C.T. tenía cuatro años, en una noche (quince de abril de dos mil dieciocho) ella empezó a quejarse y dijo que "le picaba su colita"; así, ella la revisó y se percató que tenía una infección en su vagina; molesta su madre exclamó sobre lo que le hacia su papá, en el aspecto que no la limpiaba (higiene en su partes íntimas), pues declaró que Alfonso Guadalupe Estudillo Santiago siempre regresaba a la menor con infecciones después de tener convivencias con ella; fue entonces que ella (la menor) con sus dos deditos le mostró a Rosmarina González Ricardez cómo su padre le frotaba la vagina; de ahí que la madre se asustó, pues cuando la menor le contó lo que le hacia su padre le dijo: "no le digas nada a mi papito por favor, ya no me lleves ahí"; por ello, al día siguiente decidió realizar una cita con el psicólogo. Del interrogatorio de la testigo ya citada, se aprecia que, en efecto, no emitió una opinión en relación al contexto de los tocamientos sufridos por su hija, pues las manifestaciones realizadas por la menor L.E.C.T. sobre los tocamientos que le hacia su padre, y sobre la petición a su madre que no le dijera nada a su papá, surgen de manera espontánea por parte de la referida menor como respuesta a una pregunta que realizó su madre sin un sesgo de confirmación, pues su molestia fue sobre un aspecto de falta de higiene. De ahí que es justificado que haya interpretado en un primer momento que existía la posibilidad de una agresión sexual hacia la menor L.E.C.T., cuando esta última le pide que no le diga nada a su papá y por lo cual decidiera llevarla a un psicólogo a fin de que la valorara; esto, pues en ocasiones pasadas refirió que L.E.C.T. tenía conductas sexuales no acordes a su edad, como dar besos sugestivos en el cuello, aspecto que la madre de la menor le reclamaba no solo a Alfonso Guadalupe Estudillo Santiago, sino también a la escuela en la cual la menor L.E.C.T. tomaba clases, con la finalidad de que se pusiera atención respecto a diversos compañeros con los que la menor pudiera tener interacción; en tanto que el padre de la menor negaba que fuera él quien le daba los besos sugestivos. Estos aspectos confirman que Rosmarina González Ricardez no incurrió en un sesgo de confirmación, pues la noche en que su menor hija le narró los hechos no buscaba su madre alguna información sobre alguna opinión que anteriormente ya tuviera para apoyar sus creencias o hipótesis preexistentes en el sentido que el padre abusara de su hija; máxime que de su declaración se advirtió que con posterioridad a los hechos ocurridos (once de abril de dos mil dieciocho) cuando ella iba manejando la menor se le acercó y le dio un beso muy sugestivo en el cuello y al cuestionarle su madre quien le hacía eso, la menor le dijo que "su papito"; le interrogó sobre qué más le hacia su padre y la menor L.E.C.T. le dijo que el día que estuvo con él le quitó su pantalón y su ropa interior, que la tocó; además, que le daba besos en su colita (vagina). De ahí que se estima que es correcto lo determinado por la sala penal responsable, a fin de resolver que se excluya el concepto sesgo de confirmación en la valoración de la testimonial de Rosmarina González Ricardez. Sin que pase desapercibido la tesis que invoca la parte quejosa con registro 2013368, del rubro siguiente: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y DUDA RAZONABLE. FORMA EN LA QUE DEBE VALORARSE EL MATERIAL PROBATORIO PARA SATISFACER EL ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA CONDENAR CUANDO COEXISTEN PRUEBAS DE CARGO Y DE DESCARGO"; porque no es aplicable, al menos para los fines que pretende respecto al sesgo de confirmación, pues las manifestaciones realizadas por la menor quedan corroboradas con las diversas pruebas que más adelante se precisarán en un diverso concepto de violación. Segundo y tercer concepto de violación. La parte quejosa refiere que fue incorrecto que la sala penal otorgara valor probatorio al testimonio de la psicóloga Ana Carolina Martinez Loaeza al referir que goza de una amplia acreditación, pues hizo mención de su cédula profesional, su labor en la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Género, explicó sus cursos, diplomas, talleres propios de psicología que ha recibido relacionado con la pericial que emite, todos con enfoque a víctima del delito, psicología forense de la niñez y adolescencia, análisis y detección de mentiras. Además, que adoptó diversos métodos como el hipotético-deductivo, narrativa libre, observación directa, evaluación del examen mental, técnica de juego auxiliada por muñecos anatómicos, el cuento de Pedro el Valiente, adaptando cada una de estas técnicas al desarrollo de la niña. Que la responsable señaló que las metodologías y técnicas aplicables están justificadas; que la observación que realizó de la menor fue en tres sesiones, justificó las observaciones a las que arribó, obtuvo la información de contexto y analizó su comportamiento; de ahí que, la conclusión del estado emocional resulte racional. Además, que la sala responsable precisó que el contrainterrogatorio de la defensa fue ineficaz para afectar la credibilidad del dictamen pericial, pues la psicóloga dejó en claro que no aplicó el CBCA (Análisis de Contenido Basado en Criterios), análisis de contenido basado en criterios, que es una entrevista de credibilidad para niños que han sufrido agresiones sexuales, y ello es entendible porque no se ajusta al objeto de su pericial, pues dicha profesionista fue clara en establecer que le fue solicitada su opinión técnica con relación al estado inicial de la niña al momento de la valoración, más no así la credibilidad de la misma. La parte quejosa refiere que la libre valoración de la prueba no puede hacerse o realizarse de forma arbitraria como lo consideró la sala constitucional, pues los elementos utilizados por la experta carecen de fiabilidad, ya que del audio y video de la audiencia de debate la psicóloga evadió su responsabilidad profesional y dio explicaciones fuera de todo marco científico para establecer una sintomatología inexistente en la menor de iniciales E.E.G.; además, que dicha profesionista no videograbó a la menor, pues en el consentimiento informado expresaron la víctima directa e indirecta que no lo deseaban, pero dicho consentimiento jamás se anexó al dictamen pericial, por tanto, es inexistente. Tales argumentos resultan infundados. Al respecto, el artículo 4º de la Carta Magna establece un principio constitucional consistente en que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. De esa norma constitucional se advierte la obligación del Estado de velar y cumplir con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos y necesidades; además, otorgar facilidades a los particulares, para que coadyuven en el cumplimiento de los derechos del niño. Asimismo, por disposición expresa del primer párrafo del artículo 1° constitucional, los tribunales judiciales, al resolver sobre controversias que incidan sobre las prerrogativas de los menores, tienen la obligación de atender a estas disposiciones y delimitar en cada caso, de qué manera se promueven, respetan, protegen y garantizan los derechos humanos de los infantes, con miras siempre a su interés superior. En concordancia con lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que del principio de referencia se desprende la necesidad de considerar al interés superior de la infancia, como un criterio rector no sólo en la elaboración de las normas, sino también en la interpretación y aplicación de las mismas, a fin de que en todos los órdenes relativos a la vida del niño o niña, puedan gozar y ejercer plenamente de sus derechos. Sobre esa base, los juzgadores deben tener en cuenta que los menores de edad requieren una protección legal reforzada, y que la única manera de brindársela implica que se tengan en cuenta todos sus derechos y el rol que juegan en la controversia sometida a su consideración, a fin de garantizar su bienestar integral, con la mira siempre presente de que ese concepto subjetivo sólo se alcanza, cuando se le asegura al menor el disfrute pleno y efectivo de todas sus prerrogativas y, como consecuencia, se le protege de manera integral a efecto de lograr el desarrollo completo de su personalidad. Derivado de lo anterior, el interés superior de la infancia constituye un concepto jurídico indeterminado, pues en cada caso el juzgador debe analizar los hechos y circunstancias que rodean al menor, a fin de que resuelva lo que a éste más le convenga. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 25/2012 (9a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 334, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro digital 159897, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO. En términos de los artículos 4o., párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991; y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los tribunales, en todas las medidas que tomen relacionadas con los menores, deben atender primordialmente al interés superior del niño; concepto que interpretó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia contenciosa aceptó el Estado Mexicano el 16 de diciembre de 1998) de la siguiente manera: "la expresión 'interés superior del niño' ... implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño". La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que escuchar y atender a la opinión de los menores de edad en los procesos jurisdiccionales que les conciernen, por una parte, entraña para ellos el ejercicio de su derecho de acceso a la justicia y, por otra, es un elemento relevante para la decisión que deba adoptar el juzgador en torno a sus derechos. Por ello, a fin de alcanzar una justicia con perspectiva de infancia, las autoridades judiciales y sus auxiliares deben proveer la mejor forma de interactuar con el menor de edad y alcanzar su libre opinión, de acuerdo con su edad y grado de madurez (ciclos vitales: primera infancia, infancia y adolescencia), pero no rechazar la escucha del menor de edad sólo en razón de su temprana edad, pues el ejercicio de ese derecho puede darse no sólo con la implementación de los mecanismos formales de los que participan las personas adultas como declaraciones testimoniales o escritas, sino a partir de metodologías pedagógicas y didácticas que brinden condiciones adecuadas al niño, niña o adolescente para alcanzar ese objetivo, inclusive, comunicándole la decisión en forma clara y asertiva. Esto es así, pues el derecho de los menores de edad a emitir su opinión y a ser escuchados en los procedimientos jurisdiccionales en que se ventilan sus derechos, se encuentra reconocido en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, e implícitamente en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con los instrumentos e interpretaciones especializadas en materia de protección de los derechos de la niñez, es uno de los principios rectores que se deben tomar en cuenta en todo proceso que les concierna. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuenta con una amplia doctrina sobre el contenido de ese derecho y la forma de ejercerse. Éste también ha sido interpretado por el Comité de los Derechos del Niño en su Observación General No. 12, destacando que el ejercicio de ese derecho del menor de edad y la valoración de su opinión en los procesos jurisdiccionales que involucren una decisión que pueda afectar su esfera jurídica, debe hacerse en función de su edad y madurez, pues se sustenta en la premisa ontológica de que el niño como sujeto de derechos, dada su condición de menor edad, se encuentra en el desarrollo de su autonomía, la cual va adquiriendo en forma progresiva en la medida que atraviesa sus etapas de crecimiento físico, mental y emocional, hasta alcanzar legalmente la mayoría de edad. Así, la clave para que el menor de edad tenga intervención en el proceso y su opinión pueda ser atendida, está en que conforme a su edad y madurez tenga la aptitud para formarse su propio juicio de las cosas. En ese sentido, dado que no es posible establecer una correspondencia necesaria entre la edad y el grado de desarrollo madurativo del menor de edad, ello implicará una evaluación casuística de cada menor de edad y de sus circunstancias, ponderando, entre otras cosas, su edad, su desarrollo físico e intelectual, sus habilidades cognitivas, su estado emocional, su experiencia de vida, su entorno, la información que posee sobre las cosas respecto de las cuales opina, etcétera; aspectos que lo determinan en el desarrollo progresivo de su autonomía, y dan pauta a la formación de sus opiniones sobre la realidad que vive. Por tanto, el hecho de que un menor de edad se encuentre en su primera infancia, no autoriza, per se, a descartar que pueda ejercer su derecho a ser escuchado y a que su opinión se tome en cuenta, sino que se deben buscar en cada caso las formas más apropiadas de propiciar su participación; y si ello no se hizo en las instancias ordinarias del procedimiento, debe garantizarse el derecho de la menor (o del menor) de edad, antes de adoptar decisiones judiciales que le conciernan. Precisado lo anterior, se considera apegada a derecho la determinación de la Sala responsable, a fin de ordenar al tribunal de enjuiciamiento realizar una nueva valoración del testimonio de la perito psicóloga Ana Carolina Martínez Loaeza, utilizando argumentos racionales para tal efecto. Se arriba a lo anterior, pues en primera instancia, como lo señaló la responsable, el tribunal de enjuiciamiento incorrectamente determinó no otorgarle el valor probatorio respectivo al no resultarles fiables los métodos proporcionados por la perito y que sus conclusiones no guardaban congruencia con los métodos ocupados, pues no se explicó cómo a través de esos métodos pudo llegar a afirmar que la menor pasaba por un cuadro ansioso moderado al vivir una agresión sexual, que puso en riesgo su integridad física y su adecuado desarrollo psicosexual. También que no existe coherencia en sus métodos utilizados, más aún que no utilizó la prueba CBCA (Análisis de Contenido Basado en Criterios), que es una entrevista de credibilidad para niños que han sufrido agresiones sexuales, así como haber aplicado una prueba estandarizada que diera fiabilidad a las conclusiones a las que arribó. Con lo anterior, se comparte el criterio de la sala responsable al sostener que la acreditación de la experta se encuentra justificada con su cédula profesional como licenciada en psicología, estableció que labora en la Fiscalía General Especializada en Atención a Delitos Contra la Mujer por Razón de Género; explicó la serie de cursos, diplomados, y talleres propios de la psicología, que ha recibido relacionados con la pericia que emitió; todos ellos con enfoque a víctimas de delito, trauma e intervención en crisis, psicología forense de niñez y adolescencia, análisis y detección de mentiras; lo anterior, porque, como se ve del desarrollo de la audiencia, la misma refirió en qué consiste su labor en la dependencia que labora y acreditó su capacitación. En el mismo contexto, del desarrollo de la audiencia de debate (minuto 01:08 del DISCO 1 A3 CONTINUACIÓN DE DEBEATE 04-05-2021 0446-2018-A3P2) se resalta que el uno de mayo de dos mil dieciocho dicha experta elaboró su dictamen respecto a la menor de iniciales E.E.G.; expuso que su planteamiento del problema consistió en la evaluación del estado emocional que presentaba E.E.G. al momento de su valoración, precisó que utilizó como métodos el hipotético-deductivo, la narrativa a partir de una entrevista, la observación directa, la evaluación del examen mental, la técnica del juego auxiliada de muñecos anatómicos, la lectura del cuento de Pedro el Valiente, adaptando cada una de estas técnicas al desarrollo de dicha niña. Puntualizó que el uso de muñecos anatómicos es importante para bajar los niveles de ansiedad, controlar las emociones, y le permiten al paciente expresar y simbolizar lo que vivió a través del juego, ya que la niña víctima identifica partes del cuerpo, aunque no sepa sus nombres. Estableció que realizó una ficha de identificación de la víctima, de manera directa e indirecta, para ello la entrevistó directamente y a su mamá; ello tomando en cuenta que era la persona adecuada para el sistema de apoyo de los niños, y conocen sus actitudes, emociones, el comportamiento en casa y su comportamiento en el proceso de evaluación, ya que por la edad de la niña esta información resulta necesaria para la evaluación. También del desarrollo de la audiencia, se aprecia que la profesionista precisa que para emitir su dictamen realizó tres sesiones, en tres días distintos con la víctima, de cincuenta minutos cada sesión, efectuando las mismas el día veinticinco y veintisiete de abril, y uno de mayo de dos mil dieciocho; ello porque tomó en consideración el desarrollo de la niña. Explicó en qué consistió cada una de las sesiones mencionadas (en la primera, les hizo del conocimiento a la víctima directa como a su madre, de cómo se efectuarían las sesiones; en la segunda trabajó con la menor el cuento de Pedro el Valiente y en la última sesión trabajó con muñecos anatómicos, estableciendo con claridad las observaciones que tuvo en cada sesión). Señaló que en la última sesión la menor E.E.G. realizó de forma espontánea con los muñecos, y dentro de la información emitida estableció que su papá le da muchos besos, y al preguntarle dónde se los da, señala el cuello y su vagina, estableciendo la profesionista que esa parte es importante, porque esa situación pone triste a su mamá y ella no quiere que se ponga triste; que su papá le dijo que no dijera nada porque se iba enojar, lo que genera confusión en ella del poder o no hablar de esa situación. Sostuvo que en relación al examen mental, se determinó que la niña no está alucinando; además, que solo tiene una memoria inmediata, mediata y remota, pues sabe lo que pasó hace unos segundos, lo que pasó ayer y hace días, siendo que un niño de esa edad no genera una memoria a largo plazo, en contraste con un adulto que recuerda lo que le pasó hace diez o veinte años; además, que la sesión en donde se dio lectura del cuento de Pedro el Valiente, y de la sesión en donde trabajó con muñecos anatómicos, la menor realizó una narrativa de lo que vivió con su papá, y de dichas sesiones diagnosticó síntomas de un cuadro ansioso moderado. De lo narrado por la psicóloga, la sala responsable consideró que la metodología y técnicas aplicadas se encuentran justificadas racionalmente, pues la perito justificó la utilidad de cada una de las técnicas utilizadas, justificó racionalmente por qué son las técnicas adecuadas -desarrollo de la menor-; la observación que realizó de la menor fue a través de tres sesiones diferentes, justificó con claridad las observaciones a las que arribó en cada una de las sesiones, se considera también que el número de sesiones realizadas resulta indispensable para fundar sus conclusiones, pues realizó una retroalimentación adecuada, obtuvo la información de contexto de la menor y analizó su comportamiento; de ahí que la conclusión respecto al estado emocional de la niña resultaba racional. Aspecto que se considerada correcta, pues, contrario a lo argumentado por la parte quejosa, la conclusión a la que arribó la sala responsable resulta ajustada a derecho, pues la psicóloga refirió que la aplicación de las técnicas respectivas se dio bajo una perspectiva de niñez y que, dadas las condiciones de desarrollo de la niña víctima, no se podrían realizar pruebas estandarizadas para el objeto de la prueba pericial, explicando además el por qué las condiciones de la víctima justificaban dicha situación, y el exigir la aplicación de técnicas estandarizadas es irracional, pues solo se puede exigir bajo una visión adultocéntrica, lo que contraria a juzgar con perspectiva de infancia, cuya obligación de las autoridades versa en que su actuar debe ceñirse en función de la edad y madurez de los niños y niña y no a la inversa. En efecto, el máximo tribunal ha considerado que escuchar y atender a la opinión de los menores de edad en los procesos jurisdiccionales que les conciernen, por una parte, entraña para ellos el ejercicio de su derecho de acceso a la justicia y, por otra, es un elemento relevante para la decisión que deba adoptar el juzgador en torno a sus derechos. Por ello, a fin de alcanzar una justicia con perspectiva de infancia, las autoridades judiciales y sus auxiliares deben proveer la mejor forma de interactuar con el menor de edad y alcanzar su libre opinión, de acuerdo con su edad y grado de madurez (ciclos vitales: primera infancia, infancia y adolescencia), pero no rechazar la escucha del menor de edad sólo en razón de su temprana edad, pues el ejercicio de ese derecho puede darse no sólo con la implementación de los mecanismos formales de los que participan las personas adultas, como declaraciones testimoniales o escritas, sino a partir de metodologías pedagógicas y didácticas que brinden condiciones adecuadas al niño, niña o adolescente para alcanzar ese objetivo, inclusive, comunicándole la decisión en forma clara y asertiva; aspecto que se satisfizo en el desahogo de los métodos y técnicas que amplió la psicóloga experta. Considerar restarte valor probatorio al dictamen emitido por la perito psicóloga Ana Carolina Martínez Loaeza, con motivo que no se videograbó a fin de tener fiabilidad de lo aseverado por la menor E.E.G. es, como lo aseveró la responsable, contrario a juzgar con perspectiva de género al exigir que el dictamen cumpla con un exceso de formalismos, pues, como ya se expuso, en los casos debe considerarse el escucha de la menor E.E.G., aspecto que no previó el tribunal de enjuiciamiento, pues dicha perito refirió la metodología y las técnicas que expuso y sobre todo lo dicho por la menor de ".que su papá le da muchos besos y que se los da en el cuello y su vagina", pues es, precisamente, esas manifestaciones que ameritan que se realizara una inferencia probatoria con los demás elementos desahogados en la audiencia de debate. Ahora, la sala responsable refiriere que el dictamen de refutación no se debe de desestimar por encima del contrainterrogatorio del asesor jurídico, pues la psicóloga de la defensa explicó que para la elaboración de un dictamen en psicología forense se necesita de un método científico, aclarando que es una aportación técnica que tiene que estar avalada científicamente para que pueda ser reproducible y observable en algún momento determinado de manera objetiva y que puedan tener comprobación de lo que se observó en el momento de la evaluación psicológica. Tal aspecto sustentado por la sala responsable se considera apegado a derecho, pues el tribunal de enjuiciamiento al establecer que no era fiable el referido dictamen por no aplicarse las pruebas estandarizadas que existen para niños de cuatro años, que en un momento dado pueden medir su credibilidad, su inteligencia, su desarrollo infantil, vulneró los derechos de la menor en no considerar el escucha y atender su opinión; ya que la psicológica explicó que no aplicó el CBCA (análisis de contenido basado en criterios), que es una entrevista de credibilidad para niños que han sufrido agresiones sexuales, ya que no se ajustaba al objeto de su pericia (estado emocional de la niña al momento de la valoración), más no así la credibilidad de la misma, pues si aplicó el DSM-5 (Manual de Trastornos Mentales), justificando desde su interrogatorio directo, que el cuadro de ansiedad moderada no calificaba como trastorno, es decir, consideró el desarrollo cognitivo de la niña y justificó de manera razonable cómo las técnicas empleadas eran las adecuadas para justificar el diagnóstico emitido; de ahí que no le asiste la razón a la parte quejosa. Cuarto concepto de violación. En otro aspecto, la parte quejosa argumenta que la sala responsable le dio un valor positivo al testimonio del perito Arturo Tovar Carreño; sin embargo, que en la resolución recurrida señaló que quedaban intocados la fundamentación probatorio intelectiva respecto a los testimonios de Arturo Tovar Carreño; por lo cual, es contrario al valor probatorio asentado por el tribunal de primera instancia; además, no estableció bien la credibilidad de ese testigo, pues únicamente hizo una comparación en el cuadro inserto en la resolución reclamada. En su apoyo, invoca la tesis con registro 2015452, del rubro siguiente: "RECURSO DE APELACIÓN EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. EL TRIBUNAL DE ALZADA QUE DEBA RESOLVERLO, EN ACATAMIENTO AL DERECHO A UN DEBIDO PROCESO, PUEDE ANALIZAR LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA REALIZADA POR EL TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO DE PRIMERA INSTANCIA, SIN QUE ELLO COMPROMETA EL PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN (INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 468, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES)". El referido argumento es infundado, pues, contrario a lo que afirma la parte quejosa, en el considerando sexto de la recurrida precisó que quedaron intocados el apartado de antecedentes, así como de los considerandos relativos a la competencia, hechos de la acusación, motivación probatoria descriptiva, fundamentación probatoria intelectiva respecto a los testimonios del psicólogo Arturo Tovar Carreño y la fundamentación fáctica, por no ser materia de inconformidad por parte de los apelantes. Además, es cierto que el tribunal no precisó el valor probatorio de esa probanza, ya que no fue materia de los agravios de la parte apelante; empero, si lo relacionó en el cuadro que insertó en la resolución reclamada, pero tal aspecto fue a manera de inferencia probatoria, no así se analizó respecto a su valor probatorio, por ello, deviene infundado ese concepto de violación. Quinto concepto de violación. Por otro lado, la parte quejosa señala que la transcripción del cuadro comparativo que realizó la sala responsable (ya inserto en esta resolución) sobre los hechos supuestamente acreditados, solo hace referencia al dicho de la madre de la víctima; además, que la sala responsable se respaldó en lo siguiente: "El tocamiento de un padre en la vagina de su hija, con sus dedos, puede tener fines sexuales o de higiene" y "los besos que se dan en la vagina de una mujer tienen sexuales y se les denomina sexo oral". Empero, refiere que los besos vaginales o sexo oral en la menor víctima no fueron parte de la acusación del Ministerio Público y que no obra en el auto de apertura a juicio, por lo cual refiere que, en términos del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos y el diverso numeral 211, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, el hecho del Ministerio Público no se puede cambiar; de ahí que no puede adoptarse por la sala responsable a fin de ordenar la reposición de la sentencia para efecto de darle valor probatorio a un hecho que no es parte de la acusación, en este caso que la víctima haya resentido una conducta sexual mediante besos en su vagina (sexo oral) o cuello. Aduce que la sala responsable pretende encuadrar un hecho delictivo que no pudo ser comprobado en la audiencia de juicio oral. Así, refiere que el punto medular de la acusación y que se plasmó en el auto de apertura a juicio es que el imputado tocó con sus dedos la vagina de la víctima, jamás que se le hizo sexo oral o se le dio besos en su vagina o cuello; por lo cual dicho hecho al ser excluido no puede adoptarse por la sala responsable, ya que la congruencia se pierde y se vulnera el derecho de defensa del quejoso, pues el artículo 68 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que las sentencias deberán ser congruentes con la petición o acusación formulada; en tanto que el artículo 407 de ese mismo ordenamiento establece que la sentencia de condena no podrá sobrepasar los hechos probados en juicio. Señala que la sala responsable no puede ordenar una reposición de sentencia para efecto de darle valor probatorio a un hecho que no es parte de la acusación, en el caso, el que la víctima haya resentido una conducta sexual mediante besos en su vagina (sexo oral) o cuello. Además, que dicho hecho no sirve para fundar una sentencia condenatoria, pues el hecho de la acusación es completamente diferente al que la autoridad responsable aduce en su resolución de apelación. Dicho concepto de violación es infundado. Lo anterior, porque, contrario a lo que aduce la parte quejosa, la sala penal responsable no incluyó como hecho ni muchos menos tuvo por acreditada el mismo, la realización por parte de Alfonso Guadalupe Estudillo Santiago de sexo oral, besos en la vagina o cuello de la menor L.E.C.T. como parte de la acusación de la Fiscalía que Alfonso Guadalupe Estudillo Santiago le haya hecho sexo oral o que le haya dado besos en su vagina o cuello de la menor L.E.C.T. A fin de confirmar lo anterior, es pertinente señalar que los artículos 68 y 407 del Código Nacional de Procedimientos Penales contemplan el principio de coherencia o correlación de las sentencias, y que consiste en que la sentencia debe ser congruente con la acusación formulada, sin que pueda sobrepasar los hechos probados en la audiencia de juicio. Sobre este punto, el debido proceso constituye un derecho humano cuya observancia y efectividad exige el respeto de una serie de garantías judiciales; entre ellas, el juzgamiento por un juez imparcial y objetivo, así como el respeto al derecho de igualdad de partes en el proceso y contradicción, las cuales igualmente forman parte de la observancia de las formalidades esenciales del procedimiento. Un sistema procesal penal que toma en serio la adopción de los principios que tutela el derecho humano de debido proceso penal no tiene por qué admitir la realización de actos que fusionen o conjunten las funciones del ente acusador y del juzgador. En este rubro, el defensor y el imputado comparten un interés común: tener el debido conocimiento de la acusación, defenderse de la misma y solicitar la exacta aplicación de la ley penal. Ello explica por qué de acuerdo al artículo 335, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, para someter a una persona a juicio oral es necesario observar condiciones que son obligatorias para el Ministerio Público, que tienen que ver con la relación clara, precisa, circunstanciada y específica de los hechos atribuidos en modo, tiempo y lugar, y que deben quedar perfectamente establecidas en el escrito de acusación, pues con este acto materializa la facultad que le confiere la Constitución Federal para detentar la acción institucional del ius puniendi. En términos de lo expuesto, se requiere que en el escrito de acusación el Ministerio Público precise el delito que se imputa al inculpado, el hecho del que deriva, las circunstancias concretas de comisión, así como los medios de convicción que habrá de desahogar en juicio para tener por acreditado el delito y la responsabilidad del imputado. De esta forma, la función del juez es la de vigilar que el juicio se siga en una contienda entre iguales; en el cual el órgano acusador tiene la carga argumentativa dirigida a probar que la presunción de inocencia de que goza el acusado ha de desvirtuarse, pues es una exigencia constitucional que el juzgador mantenga una posición imparcial frente a las partes. Así, una posición que incidiera en la actividad que es propia de una de las partes, como por ejemplo, respaldar o corregir la posición acusatoria del Ministerio Público con base en hechos y pruebas que no fueron materia de la acusación, sería abiertamente contraria a los principios constitucionales que rigen al proceso penal acusatorio, reconocidos en el artículo 20 constitucional. Por tanto, es el Ministerio Público quien, con el carácter de detentador del ejercicio público del ius puniendi, tiene a su cargo la investigación de los hechos delictivos y, en su momento procesal, acusará al imputado para solicitar su sometimiento a juicio por parte de los tribunales judiciales; facultad que se materializa a través del escrito de acusación. De manera que sólo en tanto se cumpla con esta obligación impuesta al Ministerio Público es posible que al momento de que el inculpado comparezca a juicio, conozca bien el hecho punible que se le atribuye y pueda ejercer de forma plena su derecho de defensa. Y al mismo tiempo, esta precisión en el escrito de acusación (artículo 335, fracción III del Código Nacional de Procedimientos Penales), que debe aparecer reproducida en el auto de apertura a juicio, se constituye en la base sobre la cual la autoridad judicial deberá resolver sobre la culpabilidad o inocencia del acusado en el juicio, a partir de los hechos de los que deriva la acusación, los que de ninguna manera y bajo ninguna condición podrán ser corregidos, complementados o variados por el juzgador. En el entendido que, de conformidad con los diversos numerales 338 y 340 del aludido Código Nacional de Procedimientos Penales, y previo a la celebración de la audiencia intermedia, la víctima u ofendido, el acusado o su defensor podrán señalar vicios formales de la acusación y procederse a su corrección. Incluso, esta facultad puede solicitarla el acusado y su defensor en la propia audiencia intermedia. Todo lo anterior significa que el auto de apertura debe contener la reproducción fiel y exacta de los hechos por los cuales el fiscal investigador formuló su acusación, sin que la autoridad judicial pueda modificarlos, corregirlos o complementarlos en forma alguna, pues de hacerlo estaría invadiendo las funciones del órgano acusador, por lo que en caso de que la víctima u ofendido, el acusado o su defensor adviertan que el pliego de acusación adolece de vicios formales, por falta del cumplimiento de alguno de sus requisitos, deberá procederse en términos de los numerales 338 y 340 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pero la autoridad judicial motu proprio no podrá subsanar las deficiencias de la fiscalía. Bajo ese contexto, de la interacción de los principios de acusación, presunción de inocencia, imparcialidad judicial y defensa adecuada, que son parte integrante del derecho humano a un debido proceso, se concluye que el juzgador no debe realizar un análisis que implique modificar o complementar los hechos materia de acusación y que fueron plasmados en el auto de apertura, a fin de adminicularlos con la conducta delictiva que se justifique en la audiencia de debate que desplegó el acusado, pues ello implicaría subsanar la omisión en que incurrió el Ministerio Público de precisar correctamente las circunstancias de tiempo, lugar y modo en su acusación. Por tanto, pese a que de las pruebas desahogadas en juicio se pueda obtener información sobre aspectos o circunstancias que pudieran ser constitutivas del tipo penal por el que se acusó o de alguna calificativa de éste, pero que no fueron incluidos en los hechos precisados en la acusación; el tribunal de enjuiciamiento no puede soslayar tal deficiencia a favor de la representación social, en tanto que implicaría que se fusionaran las funciones del órgano acusador y del juzgador en perjuicio del acusado. De igual manera, resulta conveniente señalar que el artículo 20 inciso A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé el sistema de libre valoración de las pruebas en materia penal, disponiendo al respecto lo siguiente: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. A. De los principios generales: (.) II. Toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica; (.)". Por otro lado, al resolver el amparo directo en revisión 945/2018, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció, en lo que interesa, lo siguiente: ".66. Por tanto, la libre valoración no significa que el Juez pueda apreciar los medios de prueba a su arbitrio, sino que deberá efectuarlo conforme a principios o pautas seguros de enjuiciamiento de acciones, conductas y hechos de relevancia procesal, depurándolos conforme a las máximas de la experiencia. 67. En ese tenor, la libre valoración presupone la ausencia de aquellas reglas que predeterminan el valor de la prueba e implica que la eficacia de cada prueba para la determinación del hecho sea establecida caso a caso, siguiendo criterios no predeterminados, discrecionales y flexibles, basados esencialmente en presupuestos de la lógica y la razón. 68. Cabe aclarar que, en oposición a la íntima convicción surgió la concepción de la valoración racional de la prueba, sustentado en máximas de experiencia judiciales, basado en las reglas de la sana crítica, lo que conlleva a una valoración motivada, en la que el Juez debe explicar el cómo y porqué otorga credibilidad a la prueba, en observancia del deber de motivación de las resoluciones judiciales. 69. Como se puede apreciar, lo que tornaría irracional a este sistema de valoración, es la discrecionalidad con la que puede actuar el juzgador en torno a la formulación del juicio de hecho. Además, la libre valoración implica que el Juez pueda escoger entre el material probatorio incorporado a la causa, los elementos que considere significativos y determinantes para la decisión sobre el hecho. 70. Por tal razón, la concepción que se adopte de la libre valoración incide directamente en la motivación de la sentencia, la que consiste en que el Juez deberá enunciar los criterios que ha adoptado para valor las pruebas y, sobre esta base, justificar el juicio de hecho. 71. Efectivamente, si bien la valoración de manera libre no implica una sujeción por el legislador, en torno a determinados lineamientos o parámetros para valorar la prueba y conferir determinado alcance probatorio; tampoco puede hablarse de que el juzgador tenga una absoluta libertad que implique convicción"), sino que tal facultad debe estar limitada por la sana crítica y la forma lógica de valorarlas. 72. Así las cosas, la inferencia lógica debe sustentarse en máximas de la experiencia, es decir, en una clara idea de razonabilidad, de forma tal que el vínculo entre hechos base y hechos consecuencia, debe construirse de modo coherente, ello a partir de una comprensión razonable de la realidad y del asunto en concreto. 73. Por ende, la forma lógica de valorar las pruebas, corresponde a no contradecir las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia, del conocimiento científico y de la técnica, ya que el punto toral de dicha valoración será la justificación objetiva que el juzgador efectúe en la sentencia en torno al alcance y valor probatorio que le confiera la prueba, para motivar su decisión. 74. En este modelo de valoración, el fenómeno de la prueba de los hechos y el de la motivación de la sentencia, tiene una conexión intrínseca, ya que el Juez tiene la obligación de motivar cuál o cuáles de las probanzas son relevantes en la valoración y cómo el conjunto de esos elementos le permiten justificar racionalmente su decisión". De lo anterior se desprende que, bajo la nueva óptica del proceso penal acusatorio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que el Constituyente estipuló que las pruebas no tuvieran un valor jurídico previamente asignado, sino que las directrices constitucionales se enfocarían a observar las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia; es decir, la valoración de las pruebas sería de manera libre y lógica, sin que ello implique arbitrariedad de su parte (íntima convicción), sino que tal facultad debe estar limitada por la sana crítica y la forma lógica de valorarlas. En esa perspectiva, la forma lógica de valorar las pruebas corresponde a no contradecir esas reglas (de la lógica, máximas de la experiencia, conocimiento científico y técnico), ya que el punto toral de dicha valoración será la justificación objetiva que el juzgador efectúe en la sentencia en torno al alcance y valor probatorio que le confiera la prueba para motivar su decisión. Lo cual se incluyó en los artículos 259, 265 y 402, del Código Nacional de Procedimientos Penales, de los que se obtiene que el sistema de valoración de prueba presupone la libertad probatoria, pero sujeta a una lógica que conlleva la motivación de las decisiones del órgano jurisdiccional. En relación a la lógica, debe decirse que las leyes o reglas de la lógica son estructuras básicas y ordinariamente elaboradas mediante conceptos repetidos, capaces de albergar preposiciones formalmente verdaderas, y si bien no existen teóricamente leyes que sean más importantes que otras, algunas por su sencillez, generalidad y frecuencia de su uso, han sido consideradas tradicionalmente como principios elementales de la lógica. Tal es el caso de los principios de identidad, no contradicción, tercero excluido y razón suficiente. Así también, conviene señalar que a diferencia de las máximas de la experiencia, las reglas de la lógica sirven al juez para la corrección del razonamiento mismo, es decir, no servirán como premisa mayor o menor, ni brindarán certeza o probabilidad al razonamiento del juez o de las partes, pero sí colaborarán para verificar que no se esté ante una falacia o un razonamiento incorrecto en su forma. Ahora, se concluye que para sostener una sentencia de condena en el sistema penal acusatorio, es correcto que la autoridad responsable realice un ejercicio argumentativo inferencial sobre la valoración de las pruebas desahogadas en juicio y, con mayor razón, tratándose de asuntos en los que es necesario juzgar con perspectiva de género, pero el resultado de ese ejercicio debe satisfacer el umbral probatorio de culpabilidad más allá de toda duda razonable. Por tanto, si de la totalidad de los medios de prueba se obtiene información relevante, es decir, que de ellos emanaron una serie de inferencias lógicas extraídas del hecho acreditado, porque fueron obtenidos de manera legal indicios unívocos, concurrentes, convergentes e interrelacionados entre sí; entonces, permiten un razonamiento razonable, certero y fiable, más allá de toda duda sobre la intervención del sujeto activo en la comisión del hecho delictuoso. Conforme a lo antes precisado y atendiendo al caso concreto, es cierto que los hechos materia de la acusación, a fin de acreditar el antisocial básico de abuso sexual infantil agravado cometido por Alfonso Guadalupe Estudillo Santiago en agravio de E.E.G., que estableció el agente del Ministerio Publico, fueron los siguientes: I. El señor Alfonso Guadalupe Estudillo Santiago y Rosmarina González Ricárdez son papás de la niña con iniciales E.E.G., quien nació el dieciocho de mayo de dos mil trece. II. Que el señor Alfonso Guadalupe Estudillo Santiago vive en Avenida Ferrocarril, sin número, Fraccionamiento Orquídeas, Santa Rosa Panzacola, centro, Oaxaca. III. El día once de abril de dos mil dieciocho, el señor Alfonso Guadalupe Estudillo Santiago recogió a la niña de iniciales E.E.G. de la escuela "Renacimiento del Valle", ello aproximadamente a las catorce treinta horas, para llevarla a convivir con él a su domicilio antes citado, lugar en donde al ver películas le tocó con sus dedos en su vagina. Por ello, la parte quejosa refiere los besos vaginales o sexo oral en la menor víctima que incluyó la sala penal en la resolución reclamada no fueron parte de la acusación del Ministerio Público y que no obra en el auto de apertura a juicio, por lo cual refiere que, en términos del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos y el diverso numeral 211, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, el hecho del Ministerio Público no se puede cambiar; por lo que no puede adoptarse por la sala responsable a fin de ordenar la reposición de la sentencia para efecto de darle valor probatorio a un hecho que no es parte de la acusación, en este caso que la víctima haya resentido una conducta sexual mediante besos en su vagina (sexo oral) o cuello, esto es, que el tribunal de enjuiciamiento realice una inferencia probatoria en la que se dé por acreditado el elemento subjetivo del tipo penal consistente en el ánimo lascivo, derivado del tipo penal propuesto por la Fiscalía de abuso sexual infantil agravado. Como se adelantó, no le asiste la razón a la parte quejosa, pues, contrario a lo que expone, no se incluye un hecho diverso de la acusación que se formuló en la acusación, ni tampoco son corregidos, complementados o variados por la sala ordenadora, esto es, no varía los hechos por los que se realizó la acusación ni se le imputa un agravante sobre el hecho delictivo, porque la sala responsable hace un análisis en vía de inferencia probatoria sobre las razones o hechos que guardaron una relación material en el contexto del hecho delictuoso, esto es, que Alfonso Guadalupe Estudillo Santiago, padre de la menor E.E.G., le dio besos en el cuello y la colita (vagina) a la niña. Aspecto que no modifica los hechos de la acusación; sin embargo, como correctamente lo refiere la autoridad responsable, si genera un contexto probable de que el acusado realizó los tocamientos no con ánimo de higiene como lo afirmó el tribunal de alzada, sino lascivo. Inferencia probatoria que se realizó con la testimonial de la madre de la víctima, en el cual se establece que un día que ella iba manejando, su hija le dio un beso en el cuello, no un beso normal, un beso muy sugestivo, y la mamá le preguntó ¿Quién te da besos así? Mi papito, contesta la menor. Y le sigue preguntando ¿y que más te hace? Ese día que estuve con él (once de abril de dos mil dieciocho), me bajo mis pantalones, me quitó mis calzoncitos, y también me tocó. ¿Y que más te hace? "me da besitos en mi colita" -en esta testimonial, cabe precisar que la madre de la menor E.E.G. refiere que ese interrogatorio se realizó en la semana en la cual la menor le contó sobre los tocamientos que realizaba el padre- (minuto 42:58 del DISCO 2 A2 JUICIO ORAL O DEBATE 0446-2018-A2P1). Información que es confirmada por la psicóloga oficial Ana Carolina Martinez Loaeza durante la sesión en donde utilizó muñecos sexuados, y donde refirió que su papá le da muchos besos, señalando su cuello y vagina: además de que existe un antecedente respecto que el padre le dice a la niña E.E.G. que no diga nada de lo que le hace. Tales aspectos deben ser valorados con una perspectiva de género, pues es una máxima de las experiencias que los delitos sexuales son un tipo de agresión que, en general, se producen en ausencia de otras personas más allá de la víctima y la persona o personas agresoras, por lo que requieren medios de prueba distintos de otras conductas, como en el caso acontece con la inferencia que realiza la sala penal sobre la testimonial de la menor, así como del dictamen psicológico de la perito Ana Carolina Martinez Loaeza. Así, como tales delitos suceden en la secrecía y ausencia de testigos no se puede esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales que corroboren su dicho, por lo cual la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho. Por lo cual, al analizar la declaración de la víctima debe realizarse en conjunto con otros elementos de convicción, recordando que la misma es la prueba fundamental. Entre esos otros elementos se pueden encontrar dictámenes médicos psiquiátricos, testimonios, examinaciones médicas, pruebas circunstanciales, indicios y presunciones; y las pruebas circunstanciales, indicios y presunciones, deben ser utilizadas como medios de prueba siempre que de ellos puedan inferirse conclusiones consistentes sobre los hechos. Aspecto que retoma la sala responsable al analizar todos los indicios en la narrativa de la menor E.E.G., y acervo probatorio y señalar que, en efecto, fue incorrecto por parte del tribunal de enjuiciamiento que no realizara una inferencia probatoria sobre la relación entre ellas para establecer en alto grado de probabilidad, que los tocamientos que realizó Alfonso Guadalupe Estudillo Santiago en la vagina de la niña E.E.G. los hizo con un sentido lascivo, no así que el tocamiento se dio bajo un contexto de higiene. Por otro lado, respecto a los criterios citados por la parte quejosa en apoyo a sus motivos de agravio, de los rubros: 1) "ACUSACIÓN EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. EN LA ETAPA DE JUICIO, EL REPRESENTANTE SOCIAL NO PUEDE INTRODUCIR CIRCUNSTANCIAS DE MODO, TIEMPO O LUGAR, PARA PERFECCIONARLA, QUE NO CONSTEN EN EL AUTO DE APERTURA", 2) "PRINCIPIO DE CONGRUENCIA O CORRELACIÓN EN LA ACUSACIÓN FORMULADA POR EL MINISTERIO PÚBLICO, PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 68 Y 407 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. SE VIOLA CUANDO EL TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO, AL DICTAR SENTENCIA, HACE REFERENCIA A UN HECHO NO IMPUTADO POR LA FISCALÍA EN LA ACUSACIÓN" y 3) "EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. LA FORMULACIÓN DE LA ACUSACIÓN CORRESPONDE AL FISCAL EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 21, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS", este órgano jurisdiccional estima que los mismos no le generan beneficio alguno, en virtud de que los argumentos por los cuales sustentó su aplicación, fueron desestimados en términos de esta resolución y, ante ello, no pueden abordarse lo relativo a la aplicabilidad o inaplicabilidad de los criterios indicados; lo anterior, en términos de la jurisprudencia J/3 (9a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, que este tribunal comparte, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 5, visible en la página 3552, registro 160604 del tenor literal siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SU CALIFICACIÓN DE INOPERANTES O INATENDIBLES IMPIDE ABORDAR EL ANÁLISIS DE LAS JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS INVOCADAS PARA SUSTENTAR EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS QUE EN ELLOS SE PLANTEA". Por tanto, ante lo infundado de los conceptos de violación y al no advertirse que deba aplicarse la suplencia de la queja, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la parte quejosa. Negativa que se hace extensiva al acto de ejecución reclamado del Tribunal de Enjuiciamiento del Circuito de Valles Centrales, terna uno, en el Estado de Oaxaca, toda vez que no se combate por vicios propios; acorde con la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del país, localizable con el número noventa y uno, en la página setenta y dos, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación del dos mil, tomo VI, materia común, publicada con el rubro y texto siguientes: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS.- Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenen la ejecución del acto que se estima violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las autoridades que sólo ejecutaron tal acto por razón de su jerarquía." OCTAVO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal , ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. En relación con lo anterior, se instruye a la secretaria encargada de este expediente verifique que la versión pública de la sentencia sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE: PRIMERO. La Justicia Federal no ampara y protege a Alfonso Guadalupe Estudillo Santiago contra los actos reclamados a la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Oaxaca y el Tribunal de Enjuiciamiento del Circuito de Valles Centrales, terna uno, en el Estado de Oaxaca, consistentes en a) la resolución de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, dictada en el toca penal JOTPA/18/2021, por la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia absolutoria emitida en la causa penal 446/2018 el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno por el Tribunal de Enjuiciamiento del Circuito de Valles Centrales, terna uno, en el Estado de Oaxaca, a favor de Alfonso Guadalupe Estudillo Santiago y se determinó revocarla y ordenar la reposición parcial del procedimiento hasta el momento previo del dictado del fallo deliberatorio en los términos ahí señalados y b) la ejecución de la citada resolución; por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando séptimo de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad dése cumplimiento al considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente; electrónicamente a la parte quejosa. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, treinta de junio de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Dos firmas ilegibles".
Quedan 27 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · 6,688 expedientes
- Alexis Misael Valdez Borboa739/2018
- Alexis Misael Valdez Borboa.645/2019
- Aleyda Castillo González529/2021
- Alfonso Contreras Moya621/2022
- Alfonso García Suárez a través de su representante23/2021
- Alfonso Garibay Hurtado604/2018
- Alfonso Guadalupe Estudillo Santiago713/2018
- Alfonso Hernández García770/2023
- Alfonso Hernández Ríos667/2022
- Alfonso Jarquín Díaz401/2022
- Alfonso Jarquín Díaz.739/2019
- Alfonso Juárez del Valle181/2021