Alfonso Hernández García
Expediente 770/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 15 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 770/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 15/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Alfonso Hernández García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
PRAL 770/2023 MESA 5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Plazo para interposición de recurso. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que feneció el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa hiciera valer el recurso de revisión contra la sentencia dictada en audiencia constitucional de nueve de octubre de dos mil veintitrés, en la que se le negó el amparo y protección de la Justicia Federal; sin que lo hubiese interpuesto, no obstante su notificación el diez del mismo mes. 2. Firmeza de la sentencia. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia. 3. Precisión. Resulta jurídicamente innecesario hacer pronunciamiento respecto al plazo para inconformarse de las diversas partes procesales, pues ningún agravio les genera la sentencia dictada, en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo, al haberse negado el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. 4. Publicación de datos personales. Con independencia de que las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, se instruye a la secretaria encargada de este expediente verifique que la versión pública de la resolución sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. 5. Se reserva archivo y valoración del expediente. Tomando en consideración que en este asunto sí existe asunto pendiente por diligenciar, dado que se encuentra en trámite el incidente en revisión 505/2023 ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, relativo a la revisión de la resolución interlocutoria dictada en el incidente de suspensión derivado de este juicio de amparo, se reserva proveer lo conducente al archivo del juicio, hasta en tanto el asunto se encuentre completamente concluido, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. Incidente de suspensión. Por lo anterior, provéase lo correspondiente en la pieza incidental. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Incidental
IN 770/2023 MESA 5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Estado de autos Como se hizo constar en la certificación de cuenta, mediante proveído dictado en esta fecha en el expediente principal del que deriva este incidente de suspensión, causó ejecutoria la sentencia en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Aviso al Tribunal Colegiado En virtud de lo anterior, tomando en consideración que se encuentra pendiente de resolución el recurso de revisión interpuesto por **********, contra la interlocutoria dictada el veintitrés de agosto de dos mil veintitrés en este expediente incidental; infórmese al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, que en esta fecha se declaró firme la sentencia dictada en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión; lo anterior, para los efectos legales correspondientes en el toca 505/2023. Precisión sobre archivo del expediente. En virtud de lo anterior, se reserva acordar lo relativo al archivo de este incidente, hasta en tanto se reciba el informe sobre la resolución del recurso de revisión. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL. 770/2023 MESA 5 AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las nueve horas con veinticinco minutos del nueve de octubre de dos mil veintitrés, hora y fecha señaladas en acuerdo de trece de septiembre de este año para celebrar la audiencia constitucional en el juicio de amparo 770/2023, el juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, Ponciano Velasco Velasco, asistido de la secretaria Julissa Nohemí Pérez Salinas, quien da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta, sin asistencia de las partes. Enseguida, la secretaria hace relación de las constancias que obran en autos, entre las que destacan: I) la demanda de amparo promovida por ********************, II) auto de nueve de agosto de dos mil veintitrés por el que se admitió a trámite la demanda de amparo, III) los informes justificados de las autoridades responsables y IV) las constancias de emplazamiento y apersonamiento a juicio de la parte tercera interesada. A lo anterior se acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias. A continuación, se abre el periodo probatorio y se hace constar que: La parte quejosa ofreció en la demanda de amparo únicamente: Instrumental de actuaciones Presuncional legal y humana En tanto que las autoridades responsables, al rendir su respectivo informe justificado, exhibieron copia certificada de las documentales siguientes: - Comisionado de la Policía Estatal, por conducto de la directora jurídica de esa dependencia: Copia certificada del oficio con terminación 3254/2023 de doce de agosto de este año, signado por la directora jurídica de la Policía Estatal y dirigido al jefe de Departamento de Sector adscrito a esa dirección jurídica. Copia certificada del oficio 3619/2023 de ocho de agosto del año en curso en el que se ordena al Comisionado de la Policía Estatal el arresto del quejoso. Copia simple de los acuerdos de quince de junio y catorce de julio del año en curso dictado en el expediente familiar ******************** del Juzgado Tercero Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca. Copia simple del oficio con terminación 3250/2023 de diez de agosto de este año, en el que la directora jurídica de la Policía Estatal solicita ejecución de arresto. - Juzgado Tercero Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, remitió: Copia certificada de diversas actuaciones deducidas del expediente familiar ********************, de su índice. A lo que se acuerda: Dado que las documentales fueron admitidas y desahogadas durante el trámite del juicio, serán valoradas al resolver este asunto; en tanto que las pruebas instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana, por su especial naturaleza, serán tomadas en consideración, de ser necesario, para establecer las presunciones que deriven de las constancias de autos. Enseguida, abierto el periodo de alegatos, la secretaria informa que ninguna de las partes procesales hizo uso de tal derecho, por lo cual, se da por concluida esta etapa. Con lo anterior, se declaran vistos los autos, y se procede a dictar la resolución correspondiente. S E N T E N C I A Visto para resolver el juicio de amparo 770/2023; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante demanda depositada el ocho de agosto de dos mil veintitrés en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, registrada en dicha Oficina y turnada a este órgano jurisdiccional el mismo día, ********************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos y autoridades que serán precisados en el considerando segundo de esta sentencia. Además, la parte quejosa narró los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17, 133 y 136 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Radicación y admisión de demanda. En acuerdo de nueve de agosto de dos mil veintitrés se radicó la demanda de amparo bajo el registro 770/2023, se admitió a trámite, se solicitó informe justificado a las autoridades responsables y se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado. TERCERO. Emplazamiento del tercero. Después, el cinco de septiembre de dos mil veintitrés se reconoció el carácter de parte tercera interesada a ******************** y al menor de edad de iniciales ********************., por lo cual se ordenó su emplazamiento, lo cual se efectuó mediante diligencia de seis de ese mes. Posteriormente, en auto de once de septiembre del año en curso se tuvo a la tercera interesada apersonándose a juicio. CUARTO. Audiencia constitucional. Finalmente, integrado este juicio, se señaló hora y fecha para la audiencia constitucional, la cual se celebró el nueve de octubre de dos mil veintitrés al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor; 49 y 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los Acuerdos Generales números 45/2016 y 46/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforman el diverso 3/2013, por tratarse de actos reclamados de naturaleza civil, cuya orden y ejecución se atribuye a autoridades con residencia en Oaxaca de Juárez y Santa María Coyotepec, Oaxaca, donde ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Acorde con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto reclamado que se advierta del análisis integral de la demanda; así, de la revisión integral de la demanda de amparo y del escrito de ampliación de la misma se advierte que el quejoso ******************** reclama del: I. Juez Tercero Familiar del Distrito Judicial del Centro, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca: La orden de arresto contenida en el auto dictado el catorce de julio de dos mil veintitrés en el expediente familiar ********************, de su índice. II. Comisionado de la Policía Estatal del Estado de Oaxaca, residente en Santa María Coyotepec, Oaxaca: La ejecución de la orden de arresto. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Al rendir informe justificado, ambas autoridades responsables aceptaron los actos reclamados por el quejoso; lo que constituye una confesión plena, como lo señala la jurisprudencia 278 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se invoca en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, de rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Lo que, además, se corrobora con las documentales que obran en autos, exhibidas en copia certificada por las autoridades responsables, como prueba documental, a las que desde este momento se otorga valor probatorio pleno, en su calidad de documental pública, acorde a lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; pues de las mismas se aprecia que en el expediente familiar ******************** del Juzgado Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, existe una orden de arresto contra el quejoso, cuya ejecución se encomendó al comisionado de la Policía Estatal. CUARTO. Consideraciones previas. a) Improcedencia. Las partes no hicieron valer causales de improcedencia, ni de oficio este órgano jurisdiccional advierte que se actualice alguna de las hipótesis previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. b) Conceptos de violación. La parte quejosa expresó sus respectivos conceptos de violación, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en aras del principio de economía procesal, toda vez que no es necesaria su transcripción, ni existe precepto alguno de la Ley de Amparo que obligue a este Juzgado Federal a transcribirlos, sin que ello conlleve a incumplir con los principios de exhaustividad y congruencia que toda sentencia de amparo debe observar. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Para una mejor comprensión del tema a dilucidar, en este considerando se narran de manera sucinta los antecedentes que dieron origen a los actos reclamados, en los términos siguientes: I. Mediante escrito presentado el dos de febrero de dos mil diecisiete en la Oficialía de Partes Común del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, ********************, por propio derecho y en representación del menor de edad de iniciales ********************., demandó de ******************** el pago de una pensión alimenticia en forma provisional y definitiva a favor de ella y su menor hijo. II. Dicho asunto fue turnado al Juzgado Tercero Familiar del Distrito Judicial del Centro, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, que por auto de diecisiete de abril de dos mil diecisiete admitió a trámite la demanda registrada con el número de expediente ********************, de su índice, y fijó a favor de la parte actora una pensión alimenticia del veinticinco por ciento del sueldo y prestaciones laborales del demandado (aquí quejoso). III. En auto de veintidós de junio de dos mil diecisiete, dictado en el mencionado expediente familiar, se tuvo al ahora quejoso contestando la demanda entablada en su contra. IV. Después, en audiencia de pruebas y alegatos de veintidós de febrero de dos mil veintidós la parte actora proporcionó un número de cuenta bancaria para que la pensión alimenticia decretada el diecisiete de abril de dos mil diecisiete le fuera depositada en dicha cuenta. V. Posteriormente, en proveído de quince de junio de dos mil veintitrés la juez responsable dio cuenta con un oficio proveniente de este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con inserción de la suspensión definitiva decretada en el incidente de suspensión 395/2023, a favor de la parte actora del juicio familiar; y tomando en consideración que esta autoridad federal concedió la medida cautelar definitiva para efecto de que la juez familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, emitiera medidas necesarias para que el deudor alimentario realice el pago provisional de la pensión alimenticia decretada en el expediente familiar; acordó: ".En ese tenor, se requiere a la demandado (sic) ********************, para que dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, acredite ante esta autoridad, se encuentra al corriente con el pago de alimentos decretado en auto de diecisiete de abril del dos mil diecisiete a favor del infante de nombre de iniciales ********************. y de su progenitora, así mismo informe el nombre y domicilio de su fuente laboral. Apercibido, que de no dar cumplimiento dentro del plazo concedido se hará acreedor a UN ARRESTO DE VEINTICUATRO HORAS, se apercibe con ese medio de apremio por considerarlo el más eficaz para persuadirlo al cumplimiento de lo ordenado, y quede conminado a cumplir sin opción alguna. Se impone por el plazo de veinticuatro horas, ya que es un tiempo prudente que esta autoridad estima suficiente a fin de que considere su conducta contumaz ante la necesidad de alimentaria (sic) de su hijo de la que depende la subsistencia del mismo, al ser los alimentos del orden público y de urgente necesidad." VI. La mencionada determinación de quince de junio de dos mil veintitrés fue notificada al ahora quejoso (demandado) el veintiuno de junio del mismo año, previo envío de cédula electrónica. VII. En auto de catorce de julio de dos mil veintitrés se destacó que transcurrió en exceso el plazo de cuarenta y ocho horas para que el demandado cumpliera el requerimiento formulado en autos, sin que lo hiciera; por tanto, la juez responsable acordó: "...dado que ha transcurrido en exceso el plazo de veinticuatro horas concedidos al demandado ********************, para cumplir con el requerimiento decretado en auto de quince de junio del año en curso, sin que hubiera manifestado nada al respecto, en este ternor (sic), con fundamento en los 79 (sic) fracción IV y 124 del Código de Procedimientos Civiles, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto citado, y se impone a ********************, un arresto de VEINTICUATRO HORAS; y con el objeto de se ejecutada (sic) dicha medida de apremio, GÍRESE OFICIO al COMISIONADO DE LA POLICÍA ESTATAL destacamentada en Santa María Coyotepec, Oaxaca, para que ordene a elementos a su mando, procedan de forma inmediata al arresto sobre la persona ********************, por el plazo de veinticuatro horas." VIII. La mencionada determinación de catorce de julio de dos mil veintitrés, en la que se ordenó el arresto reclamado en este juicio de amparo, fue notificada al ahora quejoso el siete de agosto del mismo año, previo envío de cédula electrónica. SEXTO. Estudio de fondo. Ahora, el quejoso refiere como conceptos de violación, sustancialmente, que se vulnera en su perjuicio lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, porque la orden de arresto debe reunir los requisitos ahí contenidos, en tanto que el mandato dictado en su contra carece de fundamentación y motivación, así como las garantías de audiencia, legalidad y seguridad jurídica, porque la orden de arresto por veinticuatro horas se dictó sin que exista delito que él haya cometido. Resultan infundados los referidos conceptos de violación, por lo siguiente: El segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Federal destaca, por su primordial importancia, la garantía de audiencia previa; cuya esencia se traduce en un derecho fundamental de seguridad jurídica para los gobernados, que impone la ineludible obligación a las autoridades para que, de manera previa al dictado de un acto de privación, cumplan con una serie de formalidades esenciales, necesarias para oír en defensa a los afectados. Con apego a ese numeral, el artículo 79 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca dispone: "Artículo 79.- Los Jueces, para hacer cumplir sus determinaciones, pueden emplear cualquiera de los siguientes medios de apremio que juzguen eficaz: I. La multa hasta el importe de veinticinco unidades de medidas y actualización, que se duplicará en caso de reincidencia; II. El auxilio de la fuerza pública; III. El cateo por orden escrita, y IV. El arresto hasta por treinta y seis horas. Si el caso exige mayor sanción, se dará vista el Ministerio Público". Es decir, la ley que rige la materia del acto reclamado, Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, faculta al juez para que, durante el juicio, dicte las medidas que estime pertinentes a fin de que sus mandatos sean obedecidos, aun a través de medidas coercitivas (puesto que se trata de una de las características de la potestad judicial), entre las que se encuentra el arresto hasta por treinta y seis horas. Esto es, la autoridad judicial puede dictar la serie de determinaciones que considere suficientes, necesarias y eficaces para que se cumplan sus determinaciones; que se aplican no sólo a las partes en el proceso, sino también a los terceros que se oponen o desobedecen el mandato judicial, para sustentar sus funciones públicas o mantener el estado de derecho. De ahí que la legalidad y, por ello, la constitucionalidad de la aplicación de las medidas de apremio, estriba en que la persona a quien se le imponga haya tenido conocimiento previo del apercibimiento correspondiente y que, no obstante ello, incumpla con lo que la autoridad ordena, se oponga u obstaculice a ello, impidiendo el cumplimiento del mandato del juez. Así también, para ordenar una medida de apremio con la finalidad de hacer cumplir una determinación de carácter judicial, se deben observar los siguientes extremos: a). La existencia de una determinación, justa y fundada en derecho, que deba ser cumplida por las partes, o por alguna de las personas involucradas en el litigio. b). La comunicación oportuna, mediante notificación personal al obligado con el apercibimiento de que, de no obedecerla, se le aplicará una medida de apremio precisa y concreta. c). Que conste o se desprenda de autos la oposición o negativa injustificada del obligado a obedecer el mandamiento judicial; y, d). Una razón grave, a juicio del juzgador, para decretar el medio de apremio. En tanto que, tratándose de juicios naturales en que se encuentran inmersos derechos de menores, el artículo 4 constitucional, en la parte sustancial, señala expresamente lo siguiente: "Artículo 4º. . En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez". En relación con ello, múltiples legislaciones internacionales también establecen que en cualquier medida que tomen las autoridades estatales deben tener en cuenta de forma primordial el interés superior del niño; por ejemplo, los artículos 3.1 y 3.2 de la Convención sobre los Derechos del Niño disponen que los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. Así, los tribunales mexicanos están obligados a atender primordialmente en el dictado de sus resoluciones el interés superior del niño y el pleno ejercicio de los derechos inherentes a los menores como eje rector de los litigios donde se vean involucrados; además, debe privilegiarse la verdad histórica frente a la jurídica, lo que obliga también a los tribunales a valorar de manera integral todo el material probatorio que resulte de mayor conveniencia para preservar dicho interés del menor. Lo anterior tiene relevancia en el caso, por lo siguiente: La orden de arresto decretada contra el quejoso tuvo su origen en el incumplimiento del requerimiento formulado mediante determinación de quince de junio de dos mil veintitrés, en el juicio familiar ********************, por el juez Tercero Familiar del Distrito Judicial del Centro; el cual consistió en acreditar, dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, encontrarse al corriente con el pago de alimentos decretado en ese asunto a favor del menor de edad de iniciales ********************. y de su progenitora ******************** desde el diecisiete de abril de dos mil diecisiete; asimismo, informar el nombre y domicilio de su fuente laboral. Ese requerimiento fue notificado a la parte quejosa el veintiuno de junio de dos mil veintitrés; pero, pese a ello, no cumplió con lo requerido. Ello conlleva a determinar que: 1. Existe una resolución justa y fundada en derecho, que debía ser cumplida por el quejoso, esto es: El auto de quince de junio de dos mil veintitrés que se fundó en el numeral 79, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca, y con base en ello requirió al quejoso que acreditara estar al corriente de su obligación alimentaria y proporcionara datos de su fuente laboral. 2. Dicha resolución fue notificada con el apercibimiento correspondiente, pues: El diecinueve de junio de este año la actuaria judicial adscrita al Juzgado Familiar envió la notificación electrónica al usuario ******************** correspondiente a la parte demandada para recibir notificaciones; y la cédula respectiva con la inserción del auto completo que contiene requerimiento y apercibimiento fue recibida satisfactoriamente el veintiuno de ese mes. 3. Se desprende la oposición o negativa injustificada del demandado para obedecer el mandamiento judicial, ya que: En autos no obra evidencia de que el ahora quejoso haya acatado o pretendido acatar de forma alguna el requerimiento formulado; esto es, no existe justificación de su inobservancia, en contraposición al mandamiento judicial hecho por el juez de origen. Incluso, en auto de catorce de julio de este año la juez responsable puntualizó que el plazo concedido para tal efecto transcurrió excesivamente, es decir, no se limitó a sancionarlo al vencer estrictamente el plazo de cuarenta y ocho horas, sino que esperó aún más días. 4. Razón grave para decretar la medida de apremio: Lo que consideró el juez responsable una razón suficiente para decretar el medio de apremio, destacando en el mismo auto reclamado la necesidad alimentaria de su menor hijo, de la que depende su subsistencia. Por tanto, la autoridad judicial responsable actuó conforme a derecho, dado que las medidas de apremio son facultades coactivas otorgadas a la autoridad judicial para obtener el cumplimiento de sus determinaciones, las cuales pueden dictarse dentro o fuera de un procedimiento judicial, pudiendo afectar tanto a las partes, como a terceros, y su imposición ocurre cuando el obligado presenta una conducta contumaz frente a la orden que contiene el apercibimiento respectivo, por lo que es desde el momento en que se hace este requerimiento previo cuando el afectado se encuentra en aptitud de cumplirlo o de ejercer las defensas que tenga a su alcance, o manifestar al juez los impedimentos que tuviere para acatar la orden relativa, contando con la oportunidad de ser oído en relación con la sanción por la que se le apercibe. Además, el legislador no estableció un orden para la imposición de las medidas de apremio contempladas en la norma respectiva, pues en tal aspecto se considera que corresponde al arbitrio del juzgador, de acuerdo con la experiencia, la lógica y el buen sentido, aplicar el medio que juzgue eficaz para constreñir al contumaz al cumplimiento de una determinación judicial. Es aplicable la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de datos de localización y rubro siguientes: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 200117 Instancia: Pleno Novena Época Materias(s): Constitucional, Común Tesis: P./J. 21/96 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, Mayo de 1996, página 31 Tipo: Jurisprudencia MEDIOS DE APREMIO. SI EL LEGISLADOR NO ESTABLECE EL ORDEN PARA SU APLICACION, ELLO CORRESPONDE AL ARBITRIO DEL JUZGADOR". Por otra parte, conforme a lo dispuesto por el artículo 16 constitucional, por motivación se entiende la exposición precisa de los motivos especiales, razones particulares o causas inmediatas que la responsable haya tenido en consideración para la emisión del acto y, por fundamentación, la expresión concreta del precepto aplicable al caso, debiendo además existir adecuación entre los motivos aducidos y la norma aplicable. En el caso, la determinación reclamada cumple con ese derecho fundamental, ya se encuentra fundada y motivada, al invocar el artículo 79, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, y explicar la responsable que el demandado no acreditó encontrarse al corriente del pago de la pensión alimenticia; situación que justificó la imposición de la medida de apremio. Aunado a lo anterior, no le asiste razón al quejoso cuando afirma que la orden de arresto fue dictada pese a la inexistencia de delito, pues, como quedó expuesto, la medida de apremio deriva únicamente de las facultades coactivas previstas en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca y otorgadas a la autoridad judicial para obtener el cumplimiento de sus determinaciones; sin que de modo alguno la orden de arresto se pueda equiparar a una orden de aprehensión o análogas previstas para la sanción de conductas delictivas. Incluso, al imponer el arresto la autoridad judicial responsable le puntualizó a la autoridad ejecutora que esa medida debía cumplimentarse en un lugar distinto al en que se encuentran los indiciados. Máxime que la orden de arresto encuentra también su origen, al menos de manera indirecta, en la resolución interlocutoria dictada por esta autoridad jurisdiccional en el incidente de suspensión 395/2023, en el cual se concedió la suspensión definitiva al menor de edad de iniciales ********************. y a su progenitora ********************, para efectos de que el juez Tercero Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, emitiera medidas necesarias para que el deudor alimentario realice el pago provisional de la pensión alimenticia decretada a favor del menor. Finalmente, los diversos conceptos de violación formulados por el quejoso devienen inconducentes, pues únicamente refiere diversos artículos constitucionales que genéricamente aduce violados, pero sin decir de manera concreta el porqué de esa consideración; asimismo, cita y transcribe principios, declaraciones, tratados o convenciones internacionales en materia de derechos humanos, pero sin expresar tampoco un verdadero argumento específico y concreto del por qué o de qué modo la orden de arresto los contraviene; de ahí que se estima que no son más que citas o transcripciones de formato. Por identidad jurídica, se invoca en apoyo a lo anterior la tesis II.2o.P.2 K (11a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, consultada en la Undécima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 20, diciembre de 2022, tomo III, página 2653, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INEFICACES O INCONDUCENTES EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. LO SON AQUELLOS EN LOS QUE EL QUEJOSO SE LIMITA A CITAR DE FORMA GENÉRICA O A TRANSCRIBIR ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL O DE TRATADOS INTERNACIONALES, SIN EXPONER LAS RAZONES DEL PORQUÉ SE ESTIMAN VIOLADOS CON EL DICTADO DE LA SENTENCIA RECLAMADA". Por lo expuesto y fundado, se estima que no resulta inconstitucional que el juez responsable ordenara el arresto del demandado, porque, además, observó el principio del interés superior del menor; por tanto, no violó en perjuicio del quejoso los derechos fundamentales previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En consecuencia, ante lo infundado e inconducente de los conceptos de violación, sin que se advierta queja deficiente que suplir, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso ********************, respecto de la orden de arresto reclamada al Juzgado Tercero Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca; negativa que se hace extensiva al acto de ejecución atribuido al comisionado de la Policía Estatal en Santa María Coyotepec, Oaxaca, por no reclamarse por vicios propios. SÉPTIMO. Publicación de datos personales. Aun cuando las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, pero al encontrarse obligado este órgano jurisdiccional a su protección, se ordena realizar la versión pública de la sentencia, instruyendo a la secretaria de Juzgado que verifique que sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. En mérito a lo expuesto y fundado legalmente, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia Federal no ampara ni protege a ********************, contra los actos reclamados al juez Tercero Familiar del Distrito Judicial del Centro, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, y al comisionado de la Policía Estatal del Estado de Oaxaca, residente en Santa María Coyotepec, Oaxaca, consistentes en la orden de arresto contenida en el auto dictado el catorce de julio de dos mil veintitrés en el expediente familiar ********************, de su índice, y su ejecución; por los motivos y fundamentos señalados en el considerando sexto de la misma. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Incidental
INC 770/2023 MESA 5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. Tribunal acusa recibo. Agréguese el oficio firmado por la actuaria judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, mediante el cual acusa recibo de las constancias remitidas por este Juzgado para la sustanciación del recurso de revisión interpuesto por el quejoso contra la resolución interlocutoria de veintitrés de agosto de este año. Admisión del medio de impugnación. De la comunicación de cuenta se advierte que el Tribunal de Alzada admitió el medio de impugnación interpuesto, quedando registrado como incidente en revisión 505/2023. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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