Alexis de la Cruz Pérez
Expediente 162/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 7 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 162/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 03/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Alexis de la Cruz Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
MESA 9 VILLAHERMOSA, TABASCO, TRES DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación secretarial se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que los quejosos Juan Carlos Pérez Martínez y Alexis de la Cruz Pérez, hubieran recurrido la sentencia dictada el seis de abril de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se negó el amparo y la protección de la Justicia Federal; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Décimo Octavo fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado numeral. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. NOTIFICACIÓN POR VIDEOCONFERENCIA Ahora toda vez que los quejosos Juan Carlos Pérez Martínez y Alexis de la Cruz Pérez, se encuentran internos en el Centro de Reinserción Social de Comalcalco, Tabasco; con fundamento en el artículo 25 del Acuerdo General 21/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena que la notificación del presente proveído a los impetrantes, se realice por el método alternativo de videoconferencia. Para ello, se comisiona a la Actuaria Judicial de la adscripción a fin que en coordinación con la autoridad penitenciaria correspondiente y a través del sistema de videocomunicación que otorga la plataforma denominada "ZOOM", programen fecha y hora para el desahogo de la diligencia ordenada. Lo anterior, a fin de salvaguardar la salud de la fedataria de este órgano jurisdiccional, con motivo de la actual contingencia sanitaria, así como el respeto al principio de impartición de justicia pronta y expedita tutelado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para dotar de seguridad jurídica, a través del correo electrónico dirigido a la dirección ceresocomalcalco.20@gmail.com, mediante oficio, envíese a la precitada autoridad copia autorizada del presente acuerdo, a fin de que el encargado del departamento jurídico del referido centro carcelario le haga entrega a los quejosos de los mismos al momento de iniciar la práctica de su notificación. En atención a lo anterior, prevéngase a la aludida autoridad para que otorgue las facilidades necesarias a la actuaria de este Juzgado, para el efecto de que pueda dar cabal cumplimiento a lo ordenado en este proveído. Apercibida que de no hacerlo, se le impondrá como medida de apremio una multa por la cantidad de 50 (cincuenta) unidades de medida y actualización, por el equivalente a la cantidad de $4,344 (cuatro mil trescientos cuarenta y cuatro pesos); la que resulta de multiplicar por cincuenta la cantidad de $86.88 (ochenta y seis pesos con ochenta y ocho centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de diez de enero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, al día siguiente, vigente a partir del uno de febrero de dos mil veinte, ello con apoyo en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. De lo anterior, la Actuaria Judicial deberá levantar el acta pormenorizada de la diligencia de notificación que se ordena y deberá integrarla al expediente tanto físico como electrónico. Notifíquese y por video conferencia a la parte quejosa.
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MESA 9 VILLAHERMOSA, TABASCO, CATORCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda la constancia actuarial de trece de abril del año en curso, suscrita por el Actuario adscrito a este Juzgado, mediante el cual manifiesta la imposibilidad de notificar de manera personal la sentencia dictada en el presente asunto, a los quejosos Juan Carlos Pérez Martínez y Alexis de la Cruz Pérez, pues refiere que estos últimos se encentran recluidos en el Centro de Reinserción Social de Comalcalco, Tabasco. En razón de lo anterior; con fundamento en el artículo 25 del Acuerdo General 21/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena que la notificación del presente proveído a los impetrantes, se realice por el método alternativo de videoconferencia. Para ello, se comisiona a la Actuaria Judicial de la adscripción a fin que en coordinación con la autoridad penitenciaria correspondiente y a través del sistema de videocomunicación que otorga la plataforma denominada "ZOOM", programen fecha y hora para el desahogo de la diligencia ordenada. Lo anterior, a fin de salvaguardar la salud de la fedataria de este órgano jurisdiccional, con motivo de la actual contingencia sanitaria, así como el respeto al principio de impartición de justicia pronta y expedita tutelado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para dotar de seguridad jurídica, a través del correo electrónico dirigido a la dirección ceresocomalcalco.20@gmail.com, mediante oficio, envíese a la precitada autoridad copia autorizada del presente acuerdo, así como de la sentencia de seis de abril de dos mil veintiuno, a fin de que el encargado del departamento jurídico del referido centro carcelario le haga entrega a los quejosos de los mismos al momento de iniciar la práctica de su notificación. En atención a lo anterior, prevéngase a la aludida autoridad para que otorgue las facilidades necesarias a la actuaria de este Juzgado, para el efecto de que pueda dar cabal cumplimiento a lo ordenado en este proveído. Apercibida que de no hacerlo, se le impondrá como medida de apremio una multa por la cantidad de cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto citado en párrafos precedentes, ello con apoyo en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. De lo anterior, la Actuaria Judicial deberá levantar el acta pormenorizada de la diligencia de notificación que se ordena y deberá integrarla al expediente tanto físico como electrónico. Notifíquese.
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VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 162/2021********************, promovido por ******************** y ******************** contra actos del Juez de Control de la Región Judicial Cinco, con residencia en Paraíso, Tabasco, por estimarlo violatorio de los artículos 1°, 14, 16, 17, 19, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado por la Oficina de Correspondencia Común y turnado a este órgano jurisdiccional el mismo día, ********************solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra el acto y autoridad que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS "(.) el contenido del auto de fecha 09 de febrero de 2021 en la cual se nos niega la solicitud de revocación de la medida cautelar de prisión preventiva impuesta en la audiencia de 18 de enero de 2021". AUTORIDADES RESPONSABLES Juez de Control de la Región Cinco de Paraiso, Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de que se trata, la cual fue registrada con el expediente 162/2021********************; se requirió a la autoridad señalada como responsable para que rindiera su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción; se reservó el emplazamiento al tercero interesado hasta en tanto la responsable rindiera su informe; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. PARTE TERCERA INTERESADA. Mediante proveído de cinco de marzo de dos veintiuno, se reconoció con el carácter de tercero interesado a ********************por lo que se giró despacho al Juez Civil de Paraíso, Tabasco en turno para que llevase a cabo el respectivo llamamiento al presente juicio. Asimismo, se reconoció el mismo carácter los licenciados ********************y ******************** Fiscales del Ministerio Público adscritos al Centro de Procuración de Justicia de Paraíso, Tabasco; por lo que se ordenó su emplazamiento por oficio. Así, por oficios******************** y ******************** recibidos el dieciséis de marzo de dos mil veintiuno se emplazó a los citados fiscales. Por acuerdo de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno se tuvo diligenciado el despacho 47/2021********************, con número de orden ********************, mediante el cual se dio cuenta que el dieciocho de marzo de dos mil veintiuno se emplazó a ********************en su calidad de tercero interesado. CUARTO AUDIENCIA. La audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como actos reclamados: El acuerdo de nueve de febrero de dos mil veintiuno dictado en la carpeta ********************por medio del cual, la Juez responsable, declara improcedente la revocación de la medida cautelar impuesta en la audiencia de vinculación a proceso de dieciocho de enero de dos mil veintiuno y confirmada en la audiencia de revisión de la medida cautelar de veintiocho de enero siguiente. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. La Juez de Control responsable, al rendir su informe con justificación manifestó que es cierto el acto que se le reclama. [Foja 43] Afirmación que guarda sustento con la copia certificada del auto de nueve de febrero de dos mil veintiuno dictado en la causa de origen [Fojas 44 y 45]; documental a la que se otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Resulta aplicable el criterio establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". En ese tenor, se colige que la existencia del acto reclamado por la parte quejosa, se encuentra plenamente probado. CUARTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes; y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la ley de la materia tampoco se advierte de oficio la actualización de alguna. QUINTO. ANTECEDENTES. Conforme a lo previsto en el artículo 75 de la ley de la materia, el estudio de acto que en esta vía se reclama se llevará a cabo con base en las constancias de la carpeta ********************que se acompañaron al informe justificado. Además se observará el contenido del juicio de amparo ********************del índice de este Juzgado, dado que guarda relación directa con la materia de este sumario, lo cual se invoca como hecho notorio. Soporta lo anterior, la jurisprudencia XXII. J/12 sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Enero de 1997, página 295, novena época, materia común, registro 199531, de rubro y texto: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento." Visto lo anterior, resulta necesario referir, en lo que interesa, los antecedentes materia de la presente controversia constitucional: 1. El trece de enero de dos mil veintiuno a las catorce horas con cuarenta y nueve minutos, la Juez responsable llevó a cabo la audiencia inicial de formulación de imputación, duplicidad y medida cautelar; dentro de la cual, en lo que interesa, se negó la medida cautelar solicitada por la fiscal, al estimar que no existen datos de prueba que la motiven. 2. El dieciocho de enero de dos mil veintiuno a las nueve horas, tuvo verificativo la continuación de audiencia inicial de vinculación a proceso, medida cautelar y plazo de cierre de investigación; diligencia en donde la Juez responsable dictó auto de vinculación en contra de los imputados -aquí quejosos-. Además, se llevó a cabo la revisión de la medida cautelar, donde la responsable estimó procedente la solicitud de la fiscal bajo el argumento y prueba de la existencia de un riesgo para la víctima, por lo cual fijó prisión preventiva justificada en contra de los imputados; además de establecer un plazo de dos meses de plazo para la investigación complementaria. 3. El veintiocho de enero de dos mil veintiuno a las doce horas, se llevó cabo la audiencia de revisión de la medida cautelar, en la cual la Juez responsable ratificó la prisión preventiva justificada prevista en la fracción XIV del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 4. Mediante escrito de presentado el ocho de febrero de dos mil veintiuno los imputados -aquí quejosos- solicitaron la revocación de la medida cautelar impuesta. 5. Por auto de nueve de febrero de dos mil veintiuno la Juez responsable estimó improcedente revocar la medida cautelar impuesta. Resolución que constituye la materia de la presente controversia constitucional y que a continuación se reproduce: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Este acuerdo constituye el acto reclamado en el juicio de amparo que por esta vía se resuelve. SEXTO. ESTUDIO Y DECISIÓN. Se procede al estudio de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, sin que sea el caso transcribirlos textualmente pues no se advierte como una obligación para cumplir con los requisitos de congruencia y exhaustividad en las sentencias. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, del tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". Ahora, los impetrantes de amparo en su primer y único concepto de violación aducen que: En la audiencia de trece de enero de dos mil veintiuno se les dejó en libertad, dado que hasta ese momento no se había justificado con ningún dato de prueba los agravantes de los delitos que se les imputaron -lesiones calificadas en pandilla-. Afirman que, bajo su responsabilidad y acatando la orden de la Juez responsable, acudieron a la audiencia de vinculación a proceso celebrada el dieciocho de enero siguiente, donde la fiscal ofreció la entrevista rendida por el ofendido ante esa representación social, dato con lo que argumentó la solicitud de la medida de prisión solicitada. La Juez responsable tomó una decisión indebida, ya que además de una falta de valoración de las pruebas, negó la justicia que les corresponde conforme a lo establecido en el artículo 17 constitucional, pues si bien la fiscal motivó la prisión preventiva con la entrevista del ofendido, tal prueba no era necesaria, ya que la Juez responsable únicamente debió de haber escuchado a la fiscal, sin modificar la libertad que ya había decretado el trece de enero de dos mil veintiuno. Devienen INFUNDADOS los argumentos vertidos en el primer y único concepto de violación esgrimido por la parte quejosa; sin que en el caso, a criterio de este juzgador, se advierta que opere en favor del peticionario, suplencia de la queja en términos de lo previsto en el inciso a) de la fracción III del artículo 79 de la Ley de Amparo. Ahora, como ya quedó asentado, el acto reclamado en este juicio lo constituye el auto de nueve de febrero de dos mil veintiuno dictado en la carpeta ********************, por medio del cual la Juez responsable resolvió improcedente la revocación de la medida cautelar impuesta en la audiencia de vinculación a proceso de dieciocho de enero de dos mil veintiuno y confirmada en la audiencia de revisión de la medida cautelar de veintiocho de enero siguiente. Previo al análisis de la determinación reclamada, resulta relevante destacar que el sistema de justicia penal acusatorio vigente a partir de la reforma constitucional de dieciocho de junio de dos mil ocho, tiene como objeto adoptar un proceso con características acusatorias, resaltando la separación de las tareas de investigación, acusación y juzgamiento en distintos órganos y en diferentes etapas (investigación, intermedia y de juicio oral), con base en los principios de publicidad, oralidad, inmediación, concentración, contradicción y continuidad, en donde las partes tienen en él una situación de igualdad. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 160/2010, expuso que los objetivos del Sistema Penal Acusatorio son: Determinar la verdad real, histórica o procesal; Determinar la existencia de un hecho típico; Identificar a su autor; Lograr el esclarecimiento de los hechos; Resolver el conflicto suscitado entre las partes, protegiendo al inocente y procurando que el culpable no quede impune; Lograr efectivamente la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido; Aplicar a favor de las partes e intervinientes los principios del debido proceso, reconociendo los principios y derechos procesales; Dar celeridad al proceso con la aplicación reglada de los criterios de oportunidad y las formas alternativas de solución de conflictos; y, Facilitar con la admisión de cargos el procedimiento abreviado. En la ejecutoria de mérito también se precisa que en el sistema acusatoria adversarial se modifican los estándares probatorios en términos del tercer párrafo del artículo 16, primero del 19 y el inciso A del 20 del Pacto Federal, para quedar en los términos siguientes. Se determina la no formalización de las pruebas en la fase de investigación del procedimiento penal, bajo el sistema acusatorio, salvo excepciones, basándose sólo en el grado de razonabilidad de los datos que establezcan que se ha cometido un hecho y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió. Se impide al juzgador del proceso oral revisar las actuaciones practicadas en la indagatoria no formalizada con el fin de evitar que se prejuzgue, y mantener la objetividad e imparcialidad de sus decisiones; así como el principio de igualdad y contradicción dada la horizontalidad de la posición de las teorías del caso y de los contendientes; por una parte el Agente del Ministerio Público, víctima u ofendido y por otra el imputado y la defensa, en relación con un hecho que la ley señale como delito y exista la probabilidad de que el indiciado los cometió o participó en su comisión. Bajo las reglas del sistema en cita, al emitir una orden de aprehensión o resolver la vinculación o no del imputado a proceso, el estudio de los datos en que se sustente la imputación y la razonabilidad de los argumentos expuestos por la representación social y, en su caso, la contra-argumentación o refutación del imputado o de su defensa, son los elementos que resultan suficientes para justificar racionalmente que el inculpado sea presentado ante el juez de control a fin de conocer formalmente la imputación de un hecho previsto como delito con pena privativa de libertad por la ley penal y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa en un proceso penal respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio. Sin embargo, conforme a lo dispuesto por la fracción III del inciso A del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la etapa de investigación tales datos no constituyen prueba fehaciente, pues para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como pruebas aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. De lo anterior, tenemos que no será sino hasta la etapa de juicio oral, que se podrán valorar en su conjunto el acervo probatorio del proceso penal. Por otro lado, el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento [.]". El precepto trascrito contiene el derecho fundamental a la legalidad, consistente en que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado. La exigencia de fundamentación se entiende como el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en el principio de legalidad que en su aspecto imperativo consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite; mientras que la exigencia de motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Asimismo, es necesaria una correlación entre los fundamentos jurídicos y los motivos de hecho, lo que supone un razonamiento de la autoridad para demostrar la aplicabilidad de los preceptos legales invocados a los hechos de que se trate. La anterior consideración tiene sustento en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que con el número 204, está publicada en el tomo VI, Materia Común, del Apéndice 2000 al Semanario Judicial de la Federación, página 166, de rubro y texto: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". Consideraciones similares informan la jurisprudencia 1a./J. 139/2005, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de dos mil cinco, página 162, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE". Debe distinguirse entre falta e indebida fundamentación y motivación en los actos de autoridad. La falta de dichos presupuestos constitucionales es la omisión total de expresar el dispositivo legal aplicable al particular y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso se ajusta a la hipótesis normativa. En cambio, la indebida fundamentación ocurre cuando la autoridad invoca el precepto legal, empero resulta inaplicable al caso, mientras que la indebida motivación se actualiza cuando la autoridad expresa razones para emitir su acto, pero éstas no se adecuan a la hipótesis normativa, o bien, ésta se interpreta en forma errónea. Ahora, para el caso concreto también resulta importante destacar el contenido del marco regulador de las medidas cautelares contenido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en particular los artículos 154, 155, fracción XIV, 160 y 161 -aplicables al caso en estudio-, que para mejor proveer se reproducen a continuación: "Artículo 154. Procedencia de medidas cautelares. El Juez podrá imponer medidas cautelares a petición del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, en los casos previstos por este Código, cuando ocurran las circunstancias siguientes: I. Formulada la imputación, el propio imputado se acoja al término constitucional, ya sea éste de una duración de setenta y dos horas o de ciento cuarenta y cuatro, según sea el caso, o II. Se haya vinculado a proceso al imputado. En caso de que el Ministerio Público, la víctima, el asesor jurídico, u ofendido, solicite una medida cautelar durante el plazo constitucional, dicha cuestión deberá resolverse inmediatamente después de formulada la imputación. Para tal efecto, las partes podrán ofrecer aquellos medios de prueba pertinentes para analizar la procedencia de la medida solicitada, siempre y cuando la misma sea susceptible de ser desahogada en las siguientes veinticuatro horas." De lo anterior se advierte que es facultad del Juez de Control imponer las medidas solicitadas por la representación social, en audiencia y una vez que se haya resuelto la vinculación a proceso. "Artículo 155. Tipos de medidas cautelares. A solicitud del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, el juez podrá imponer al imputado una o varias de las siguientes medidas cautelares: (.) XIV. La prisión preventiva." El numeral transcrito efectivamente prevé la prisión preventiva como providencia precautoria. "Artículo 160. Impugnación de las decisiones judiciales. Todas las decisiones judiciales relativas a las medidas cautelares reguladas por este Código son apelables. Artículo 161. Revisión de la medida. Cuando hayan variado de manera objetiva las condiciones que justificaron la imposición de una medida cautelar, las partes podrán solicitar al Órgano jurisdiccional, la revocación, sustitución o modificación de la misma, para lo cual el Órgano jurisdiccional citará a todos los intervinientes a una audiencia con el fin de abrir debate sobre la subsistencia de las condiciones o circunstancias que se tomaron en cuenta para imponer la medida y la necesidad, en su caso, de mantenerla y resolver en consecuencia." Las porciones normativas citadas establecen la posibilidad de impugnar toda medida cautelar impuesta, además de la posibilidad que esta sea revocada, sustituida o modificada, siempre y cuando la parte solicitante acredite que las condiciones o circunstancias en las cuales se sustentó la imposición han variado. Una vez descrito el marco referencial anterior se procede al análisis del acto reclamado en el presente juicio. Así, la juzgadora responsable aclaró en primer término que el motivo por el cual, en audiencia de trece de enero de dos mil veintiuno no se les impuso medida cautelar fue que en esa oportunidad la fiscal no justificó la necesidad de dicha medida, tal como lo demandan los numerales 153, 154, 155 y 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Luego, la Juez discurrió que en la continuación de la audiencia inicial de dieciocho de enero de dos mil veintiuno la Fiscalía al realizar su argumentación acreditó un riesgo para la víctima, conforme al arábigo 170 de la citada codificación nacional. Sostuvo que tal y como se argumentó en la audiencia de revisión de medida cautelar, no es procedente la revocación pues las condiciones que justificaron la imposición de la medida no han cambiado, además que la imposición de la medida fue propocional, tal y como refiere el artículo 156 de la citada normativa procesal. Reiteró a los inconformes que el principio de presunción de inocencia les garantiza que no serán condenados sin que exista prueba suficiente que destruya la citada esa presunción. Además, les hizo saber que los elementos para considerar procedente la medida de prisión preventiva fueron razonables, en arreglo que existe probabilidad de que los imputados hayan cometido un delito merecedor de pena privativa de libertad, existe peligro de evasión de la justicia riesgo de comisión de nuevos delitos, necesidad de investigar, viabilidad de presión sobre testigos, preservación de orden público, ponderación de debida diligencia, eventualidad de datos de riesgo para el ofendido -todas condiciones que la fiscal acreditó en la audiencia de dieciocho de enero de dos mil veintiuno-. Indicó que no puede emitir valoración alguna de las pruebas y los actos de investigación de la fiscalía, dado que tal acción corresponde a la etapa intermedia y la audiencia de debate. Finalmente, consideró que la prisión preventiva impuesta es proporcional en atención a que la fiscal acreditó el supuesto contenido en el artículo 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistente en el riesgo de la víctima, lo cual hasta ese momento los imputados -aquí quejosos- no habían desvirtuado, además de ponderar el grado y modo de ejecución del hecho delictivo. Por lo anterior resulta infundado lo referido por los impetrantes de amparo al señalar que la Juez responsable no valoró las pruebas, dado que tal acción no resulta propia de la etapa procesal en el cual se encuentra el asunto de origen, ni tampoco materia de la revocación planteada, ya que tal solicitud sólo sería procedente si los peticionarios de amparo hubieran aportado medios de convicción que acreditasen que las condiciones con las cuales se justificó la imposición de la prisión preventiva han variado -supuesto del artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales-, situación que en la especie no sucedió. Ello dado que, la defensa de los quejosos no allegó argumentos ni medios de convicción en la audiencia de revisión de medida cautelar de veintiocho de enero de dos mil veintiuno y tampoco en el escrito de solicitud de revocación, que pudieran acreditar un cambio o variación objetiva en las circunstancias que justificaron la imposición de la medida de prisión preventiva impuesta, motivo por el cual es correcta la determinación controvertida, ya que tal condición resulta determinante para que la modificación peticionada pudiese ser procedente. Aunado a lo anterior, este juzgador federal advierte que, contrario a lo sostenido por la parte quejosa, el acuerdo reclamado se encuentra debidamente fundado y motivado, puesto que en efecto la Juez responsable citó los fundamentos legales exactamente aplicables al caso y dio contestación a los motivos de agravios presentados por los recurrentes -aquí quejosos-, previo al análisis de la procedencia del medio de impugnación; además puntualizó las razones y motivos por los cuales estableció que en la especie no resulta procedente revocar la resolución alcanzas en la audiencia de revisión de medida cautelar, dado que, en efecto, hasta ese momento no habían variado de manera objetiva las condiciones que justificaron la imposición de la prisión prevenitiva. Ahora, en cuanto hace a la porción del concepto de violación tendiente a indicar que la Juez responsable únicamente debió de haber escuchado a la fiscal, sin modificar la libertad que ya había decretado el trece de enero de dos mil veintiuno, es ineficaz, pues tal argumento no controvierte el acto reclamado en el presente juicio, es decir, no combaten las razones que soportaron la emisión de acuerdo de nueve de febrero de dos mil veintiuno que declaró improcedente la revocación de la medida de prisión preventiva justificada. En las relatadas condiciones, ante lo infundado de los argumentos de disenso propuestos por los quejosos, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal. SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO.- La Justicia de la Unión no ampara ni protege a********************y ******************** en contra del acto reclamado a la Juez de Control de la Región Cinco de Paraíso, Tabasco que quedó precisado en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese personalmente.
- Principal
MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTISÉIS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vistos: agréguese a los presentes autos para que obren como corresponda el oficio y anexo de cuenta signado por la Jueza Primero Civil de Primera Instancia de Paraíso, Tabasco, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho 47/2021-9, con número de orden 63/2020, del índice de este órgano jurisdiccional; que se envió para emplazar al tercero interesado Manuel Rodríguez Galmiche; en consecuencia, dése de baja a la comunicación oficial en mención, y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, de la comunicación oficial, se advierte que concluyó el término de tres días concedido a la parte tercero interesada, para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, sin que hiciera lo propio, no obstante que se le requirió para tal fin, cuando se le notificó el proveído de cinco de marzo de dos mil veintiuno. En ese contexto, tomando en consideración que ha fenecido el término concedido a dicha parte para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el proveído de cinco de marzo de dos mil veintiuno; por lo que, con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, se ordena realizar la notificación del presente proveído y los subsecuentes que deban notificarse de forma personal al tercero interesado Manuel Rodríguez Galmiche, por la lista de acuerdos autorizada que se fije en los estrados de este Juzgado; hasta en tanto designe domicilio para tal fin. Notifíquese y cúmplase.
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