Alexis de Jesús López López

Expediente 1418/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1418/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
08/04/2019

Partes del expediente

  • Alexis de Jesús López López
  • Fiscal Genral del Estado de Tabasco

Actuaciones

  1. Principal

    MESA 8.-VILLAHERMOSA, TABASCO, OCHO DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista; la certificación de cuenta, de la que se desprende que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria de dieciséis de enero del año actual, designó al suscrito Carlos Calderón Espíndola, como nuevo titular de este órgano jurisdiccional, con efectos a partir del dieciséis de marzo de dos mil diecinueve. Ahora bien, agréguese el oficio de cuenta signado por el Secretario del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito, residente en esta ciudad, mediante el cual remite el testimonio de la ejecutoria pronunciada en el recurso de queja 277/2018 y devuelve el original del expediente en que se actúa; acúsese recibo. Ahora, como de la ejecutoria de que se trata, se advierte que el citado Tribunal estableció: "[.] ÚNICO. Es infundada esta queja. [...]" En consecuencia, comuníquese lo anterior a la parte quejosa para los efectos legales conducentes; agréguese a los autos el cuaderno de antecedentes únicamente con las constancias originales, toda vez que las demás son copias certificadas del propio expediente y carecen de valor institucional, por tanto, procédase a la destrucción de estas últimas; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y en su oportunidad archívese este expediente como asunto total y legalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos en el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos.

  2. Principal

    MESA 8.- VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista; agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad, en el cual transcribe un proveído de veintiséis de los corrientes, en el que se admitió el recurso de queja interpuesto por Alexis de Jesús López López, registrándose bajo el número 277/2018, de su índice.

  3. Principal

    MESA 8.- VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Vistos; agréguese a los presentes autos el escrito signado por el quejoso Alexis de Jesús López López, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, se tiene al referido ocursante interponiendo recurso de queja en contra del auto de dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho. Sin que sea el caso proceder acorde a lo establecido por el artículo 101 de la Ley de Amparo, en virtud, de que el auto impugnado se refiere al desechamiento de la demanda promovida por ALEXIS DE JESÚS LÓPEZ LÓPEZ, por lo que, resulta innecesario correr traslado con el escrito de queja a las partes y dar vista a fin de que señalen constancias, al no haberse dado trámite a la demanda de mérito. En consecuencia, se rinde informe en el sentido de que es cierto el acto reclamado, toda vez que mediante proveído de dieciocho de septiembre del presente año, este órgano jurisdiccional desechó la demanda de amparo promovida por Alexis de Jesús López López, contra el acto que reclama al Juez de Control de la Región Judicial Número Ocho de Cárdenas, Tabasco, en virtud, de considerar que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el segundo de los citados interpretado en sentido contrario. Finalmente, agréguese a este expediente una de las copias del escrito de expresión de agravios que se provee y remítase el original del expediente al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Circuito, con residencia en esta ciudad, para lo que a bien tenga determinar, adjuntándole el original del escrito de expresión de agravios y una copia del mismo para el Representante Social Federal de su adscripción, dejándose cuaderno de antecedentes de este asunto, con copias certificadas de las constancias necesarias para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  4. Principal

    MESA 8.-Villahermosa, Tabasco, dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho. TRAMITACIÓN DE LA DEMANDA Visto; con el escrito de demanda, se tiene a ALEXIS DE JESÚS LÓPEZ LÓPEZ, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclama del JUEZ DE CONTROL DE LA REGIÓN JUDICIAL NÚMERO OCHO DE CÁRDENAS, TABASCO, que estima violatorio de los artículos 19 y 20 constitucionales. Fórmese expediente y regístrese su ingreso en el libro de gobierno bajo el número de juicio de amparo indirecto 1418/2018-8. DESECHAMIENTO De acuerdo al numeral 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Es ineludible precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo indiscutible, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesta e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda. Además, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sustenta lo anterior la jurisprudencia I.13o.A. J/6, con número de registro 180663, de materia común, sostenida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su novena época, visible en el tomo XX, de Septiembre de dos mil cuatro, página 1631, cuyo rubro y texto dictan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." En ese contexto, se procede a realizar el análisis a que hace alusión el numeral transcrito, en la cual la parte quejosa reclama como acto la resolución de seis de septiembre de dos mil dieciocho, dictada en la causa penal 08/2018, del índice del JUEZ DE CONTROL DE LA REGIÓN JUDICIAL NÚMERO OCHO DE CÁRDENAS, TABASCO, en el que resolvió infundado el recurso de revocación interpuesto por la defensa del quejoso Alexis de Jesús López López, en contra del auto de cuatro de los corrientes; en el cual, el Juez de Control responsable no le acordó favorable la programación de la audiencia de sobreseimiento de la causa, ante la omisión de la Fiscalía de formular acusación en contra del quejoso, ya que el término de quince días que le concedió al Fiscal General del Estado transcurre del treinta de agosto al dieciocho de los actuales. En este sentido, en razón de la conclusión a la que se llegará, es menester destacar que el artículo 107 de la Carta Magna, establece lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y.". Por su parte, el diverso numeral 107, de la Ley de Amparo, en su fracción V, clarifica cuáles son los actos de imposible reparación, contra los cuales procede el juicio de amparo: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." Bajo ese contexto, para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación" se atenderá a los efectos o consecuencias que estos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la constitución y los Tratados Internacionales. Sobre el tópico que nos ocupa, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria emitida dentro de la contradicción de tesis 377/2013, determinó que conforme a la Ley de Amparo vigente, los actos de ejecución irreparable únicamente lo son aquéllos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los Tratados Internacionales, sin posibilidad de considerar dentro de ese concepto actos meramente formales o adjetivos. Lo anterior se desprende de las siguientes consideraciones, que se transcriben en lo conducente: " De lo hasta aquí expuesto se advierte que sobre el tema central de la presente contradicción de tesis ha habido una variedad de criterios en las distintas épocas de la jurisprudencia, sin que el legislador se ocupara de esclarecer en alguna disposición la descripción normativa de lo que debía entenderse por actos de 'imposible reparación', dejando por tanto que fuera esta Suprema Corte de Justicia de la Nación quien jurisprudencialmente determinara en qué casos y bajo qué condiciones tendría eficacia el mandato constitucional que instituyó la procedencia del amparo indirecto contra actos irreparables. Esta situación ya no es así, pues a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107 ofrece en dos de sus fracciones sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de 'imposible reparación'. La primera de ellas se encuentra ubicada en su fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, se observa en su fracción V, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Las normas invocadas son las siguientes: "Artículo 107. Se transcribe. Con base en estas disposiciones, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de 'imposible reparación' no puede seguir siendo aplicable la jurisprudencia P./J. 4/2001, cuya presunta vigencia motivó la presente contradicción de tesis, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que tal criterio se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo que en los juicios de amparo iniciados conforme la Ley de Amparo vigente debe prescindirse de dicha jurisprudencia para no incurrir en desacato al ordenamiento en vigor, en atención a que en tal criterio expresamente se reconoció que la cuestión de personalidad hacía procedente el juicio de amparo indirecto '...aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo'; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a 'derechos sustantivos', y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado ?con toda razón? a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." En este sentido, el acto del cual se duele la parte quejosa, consistente en la resolución de seis de septiembre de dos mil dieciocho, dictada en la causa penal 08/2018, del índice del JUEZ DE CONTROL DE LA REGIÓN JUDICIAL NÚMERO OCHO DE CÁRDENAS, TABASCO, en el que se declaró infundado el recurso de revocación interpuesto por la defensa del quejoso Alexis de Jesús López López, en contra del auto de cuatro de los corrientes, tiene efectos meramente formales y pueden desaparecer si la parte quejosa obtiene una determinación favorable, de modo que el derecho afectado es de naturaleza adjetiva o procesal, empero no de imposible reparación, pues no se le priva del derecho de defensa que en el procedimiento relativo tiene consagrado como parte, ni altera las cuestiones debatidas en los mismos. Tal decisión jurídica, tomando en consideración lo establecido en lo tocante a las determinaciones que ordenan subsanar la secuencia adjetiva del juicio natural, únicamente produce efectos intraprocesales, cuyas consecuencias pueden extinguirse en la realidad sin haber generado afectación alguna a los derechos fundamentales del quejoso y sin dejar huella en su esfera jurídica, conforme a lo delimitado con antelación. Aunado a lo expuesto resultarle adversa puede repararse a través del medio de impugnación correspondiente y posterior a éste mediante la vía correspondiente, en el que puede alegar como violación la resolución que aquí reclama, por haber trascendido al resultado del fallo. Por otra parte, se advierte que aún se encuentra transcurriendo el término de quince días que le concedió el Juez de Control de la Región Judicial Número Ocho de Cárdenas, Tabasco al Fiscal General del Estado de Tabasco, para el efecto que se pronuncie respecto a la omisión de la Fiscal del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación del Centro de Procuración de Justicia de Cárdenas, Tabasco, de formular acusación, solicitar el sobreseimento parcial o total, o la suspensión del proceso en la causa penal 08/2018, por lo que una vez fenezca dicho término, la autoridad responsable proveerá lo conducente. Por lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el segundo de los citados interpretado en sentido contrario, el libelo instado en esta vía por la parte promovente resulta improcedente en forma manifiesta e indudable y, por ende, con apoyo en el numeral 113 del citado ordenamiento legal, SE DESECHA DE PLANO la demanda de referencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir citas y notificaciones, el que indica en su demanda de amparo, y por autorizado a Luis Javier Soberano Ortíz, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, y a Lenin Segura avalos y Juan Carlos de la Cruz Galicia de conformidad con el segundo párrafo del numeral antes citado, esto es, por no haber acreditado que se encuentran legalmente facultados para ejercer la profesión de abogados, ni que sus cédulas se encuentren registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; lo anterior, sin perjuicio de que con posterioridad y previa comprobación o mención del número de registro de su patente, se les pueda ampliar los términos de tal autorización. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Atendiendo a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo indicado en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual, hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido, en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con lo dispuesto en los artículo 3, párrafo tercero, de la Ley de Amparo y 278 y 279 del código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2 del primero de los ordinarios invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este expediente; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales necesarias. Tomando en consideración el contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y en caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que cualquiera de los actuarios de este órgano de control constitucional realice las notificaciones personales que se les encomienden en este asunto. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS En ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este juzgado federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a éste, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Jorge Alberto Orantes López, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, asistido por Beatriz López Jiménez, Secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.

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