Alexis del Carmen Landeros Zarate
Expediente 221/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 221/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 09/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Alexis del Carmen Landeros Zarate
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
MESA 4.-VILLAHERMOSA, TABASCO, NUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista; la certificación de cuenta de la que se desprende que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria de dieciséis de enero pasado, designó al suscrito Carlos Calderón Espíndola, como nuevo titular de este órgano jurisdiccional, con efectos a partir del dieciséis de marzo de dos mil diecinueve. Ahora, de la certificación se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el proveído de catorce de marzo del presente año, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por tanto, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales, con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, por remisión expresa de su numeral 2°. En consecuencia, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en el presente expediente; por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos.
- Principal
MESA 6.-VILLAHERMOSA, TABASCO, CATORCE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE Vista, la certificación de cuenta, se advierte que las partes no desahogaron la vista ordenada en auto de diecinueve de febrero del presente año, respecto del cumplimiento que la autoridad responsable Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, Centro, Tabasco, rindió en relación a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; en consecuencia, se procede a resolver sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran en el expediente. A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, es pertinente precisar que, por sentencia dictada con engrose de diez de agosto de dos mil dieciocho, el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, en auxilio de esta autoridad, determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa Javier Quintero Herrera (fojas 302 a 311). Resolución que quedó firme por auto de seis de febrero último, y por ello, se requirió a la responsable, para que en el plazo de cinco días diera cumplimiento al fallo protector, en los términos siguientes: "A) ordenara la revocación de la providencia precautoria consistente en el embargo de la cuenta 6429571411, de la institución bancaria HSBC México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero HCBC, decretada en el expediente 512/2017, del índice del Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Tabasco. En cumplimiento a lo anterior el Juez responsable remitió el oficio 512/2017, al que anexo copia certificada, del auto de catorce de febrero de dos mil diecinueve, mediante el cual revoco la providencia precautoria consistente en el embargo de la cuenta bancaria número 6429571411 de la institución bancaria HSBC, por lo que hace únicamente a Javier Quintero Herrera, ordenando girar oficio a la Comisiona Nacional Bancaria y de Valores, para que ordenara a la Institución bancaria HSBC, levante el embargo y/o retención de dicha cuenta bancaria. (Foja 460 a 467). Lo anterior hace evidente que la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto, dado que del aludido acuerdo de aseguramiento se advierte que la responsable indicó el indicio o indicios que se desprenden de las pruebas que señaló, con lo cual concluyó que el dinero existente en dicha cuenta. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 82/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Octubre de 2004, página 137, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA, CUANDO ESTÁ ACREDITADO EL CUMPLIMIENTO DEL NÚCLEO ESENCIAL DE LA SENTENCIA DE AMPARO. Cuando del análisis de autos se advierte acreditado, de manera fehaciente, que las autoridades responsables han dado cumplimiento a las obligaciones jurídicas que constituyen el núcleo esencial de la sentencia que concedió la protección federal, lo procedente es declarar sin materia el respectivo incidente de inejecución de sentencia. Esto es así, en atención a que, por un lado, en ese supuesto ya no existe la abstención total de la autoridad responsable de obrar en el sentido ordenado por la sentencia de amparo, si de la confrontación de la ejecutoria relativa con las actuaciones realizadas, se llega a la conclusión de que se acató dicho fallo en su núcleo esencial y, por otro, porque el declarar sin materia el incidente de inejecución de sentencia no significa que pudiera dejarse al quejoso en estado de indefensión, en virtud de que esa resolución no prejuzga sobre si el cumplimiento dado a la ejecutoria fue o no correcto, pues en la hipótesis de que el gobernado llegara a tener dudas o inquietudes con relación a algún aspecto del cumplimiento, tendría la oportunidad de hacer valer el recurso de queja previsto en las fracciones IV y IX del artículo 95 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los casos en que exista una desatención parcial o relativa de las autoridades responsables a una sentencia de amparo." En tales condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo que se analiza. Al no haber actos pendientes por cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 del citado ordenamiento legal, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Finalmente, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dese vista con el sentido de este acuerdo en el cuaderno incidental relativo, a efecto de acordar lo que corresponda a su archivo.
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MESA: 4 NOTIFICACIÓN ESTABLECIDO CONFORME A LOS ARTÍCULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO.- VILLAHERMOSA, TABASCO, A CATORCE DE MARZO DE DOS MIL DIECIONUEVE. Visto, agréguese a los presentes el informe justificado y anexo rendido por la PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO TRES DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TABASCO, al cual adjunta el acuerdo de doce de marzo actual, dictado dentro de los autos del juicio laboral 6586/2018, del que se desprende que la autoridad responsable dejó sin efecto la audiencia programada para el ocho de julio de dos mil diecinueve y señaló como nueva fecha para llevar dicha audiencia el diez de abril de dos mil diecinueve. En tal virtud, como de la certificación secretarial de cuenta se advierte que en auto admisorio de veintidós de febrero del año actual, la parte quejosa ALEXIS DEL CARMEN LANDEROS ZARATE, promovió demanda de amparo, contra el acto de la JUNTA ESPECIAL NÚMERO TRES DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO DE TABASCO, consistente en la dilación procesal al señalar el ocho de julio de dos mil diecinueve, para llevar a cabo la audiencia de demanda y excepciones, en el expediente laboral 6586/2018 de su índice; en atención a lo dispuesto por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, es evidente que en la especie el acto reclamado cesó en sus efectos porque la autoridad señalada como responsable en auto de doce de marzo del año actual, señaló como nueva fecha para la celebración de la audiencia de demanda y excepciones el diez de abril de dos mil diecinueve, dentro del expediente laboral antes mencionado. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis número P.CL/97 sustentada por el Pleno del más alto Tribunal del País, visible en la página 71, Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación cuyo epígrafe es del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL.- La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Consecuentemente al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO DE GARANTÍAS, FUERA DE AUDIENCIA, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V del citado ordenamiento legal. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 10/2003 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386 del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro es: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En las condiciones anotadas, es dable dejar sin efecto el señalamiento de la audiencia constitucional fijada para las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. No es obstáculo a lo antes decretado, la circunstancia de que la junta responsable no haya enviado la constancia de notificación efectuada a la parte quejosa respecto del proveído de doce de marzo del año en curso, emitido en el expediente laboral 6586/2018, ya que conjuntamente con el presente auto se ordena al fedatario de la adscripción notifique en forma personal dicho acuerdo a la parte quejosa. Es aplicable al respecto la jurisprudencia 36/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 469, del Tomo IX, Mayo de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. QUEDA SIN MATERIA AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA NOTIFICADO LA CONTESTACIÓN, YA QUE EL QUEJOSO TENDRÁ CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO A TRAVÉS DE LA NOTIFICACIÓN DE LA EJECUTORIA. Cuando se concede la protección federal por violación al derecho de petición consagrado en el artículo 8o. constitucional, determinándose que la autoridad responsable debe dictar el acuerdo que proceda y comunicarlo al interesado, ha de considerarse cumplida la ejecutoria si la autoridad contestó por escrito la petición que le formuló el quejoso e intentó notificarle sin éxito, o aun cuando éste haya tenido conocimiento del oficio en la etapa de ejecución del juicio de amparo por medio del Juez de Distrito, o bien, si la autoridad responsable acredita en forma directa ante la Suprema Corte de Justicia el acatamiento dado a la ejecutoria con la documentación oficial que así lo demuestre; consecuentemente debe declararse sin materia el incidente de inejecución sin prejuzgar sobre el debido cumplimiento dado a la sentencia protectora de garantías, encontrándose a salvo los derechos del quejoso para, en su caso, hacer valer los medios de defensa que tenga a su alcance. Sin que para ello sea obstáculo la circunstancia de que no obre en autos la constancia de notificación a la parte quejosa, de los oficios de las autoridades ni el acuerdo del Juez de Distrito en relación al cumplimento del amparo, toda vez que el quejoso tendrá conocimiento de su contenido al notificársele el fallo de la Suprema Corte, lo que le permite estar en aptitud de hacer valer los medios de defensa correspondientes." Aunado a lo anterior, la actualización de la causa de inejercitabilidad del juicio de amparo promovido se erige en el caso de manera manifiesta e indudable, ya que a nada práctico conduciría la tramitación del presente medio de control constitucional, debido a su propia naturaleza excepcional y práctica, si los efectos que podrían lograrse con el mismo han sucedido al haber quedado restablecidas las cosas al estado que guardaban antes de la violación alegada, de ahí que de continuar el trámite del mismo, se afectaría la naturaleza jurídica de éste, sin poder concretarse los efectos de la concesión que, en su caso, se llegara a otorgar.
- Principal
MESA 4.-VILLAHERMOSA, TABASCO, DOCE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto; agréguese a los autos el informe justificado de cuenta, rendido por la PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO TRES DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TABASCO, con residencia en esta ciudad, autoridad señalada como responsable y anexo que acompaña, consistente en copia certificada del expediente laboral 6586/2018, de su índice; en tal razón, con el contenido de estos, dése vista a las partes, para su conocimiento, en términos del artículo 117, de la Ley de Amparo. Por otro lado, de la revisión de los presentes autos se advierte que en proveído de veintidós de febrero del presente año, se reservó acordar en relación a la prueba ofrecida por el quejoso ALEXIS DEL CARMEN LANDEROS ZARATE, en su libelo de garantías, consistente en la instrumental de actuaciones e informe justificado, hasta en tanto la autoridad responsable hiciera lo propio y, en virtud de lo acordado previamente, dichas probanzas se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, en razón de su propia y especial naturaleza por no requerir forma especial para su recepción, y valórense al momento de dictarse la sentencia respectiva, sin perjuicio de hacer nueva relación de las mismas en la audiencia constitucional.
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