Alexander Rocha Caseres
Expediente 1243/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 7 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1243/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 07/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Jhunior Franco Guayiha Cueva
- Alexander Rocha Caseres
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, SIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por ALEXANDER ROCHA CASERES y JHUNNIOR FRANCO GUAYIHA CUEVA; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora, de la certificación de cuenta se advierte que en auto de tres de agosto de dos mil veintidós, se CONCEDIÓ LA SUSPENSIÓN DE PLANO a la parte quejosa. Por lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en relación con el artículo 7.4 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su depuración, previa formulación del acta y relación correspondiente de su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que de la certificación de cuenta se aprecia que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, por tanto, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el citado artículo 21, párrafo segundo del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.
- Principal
Visto; para resolver los autos del juicio de amparo 1243/2022-4, promovido por *********, contra actos del Representante Local de la Oficina de Representación Local del Instituto Nacional de Migración en Villahermosa, Tabasco, por estimarlo violatorios de los artículos 1°, 11, 14, 16, 17, 18, 22 y 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Por escrito recibido el tres de agosto de dos mil veintidós, por la Secretaria de Guardia de este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, Sandro Alberto García Lara, en favor de Alexander Rocha Cáceres y Jhunnior Franco Guayiha Cueva, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridad que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS: La privación ilegal de la libertad, la ilegal detención de los quejosos y la orden de deportación y resolución de retorno asistido. El ilegal aseguramiento y alojamiento de los hoy quejosos. La inconstitucionalidad del artículo 111 de la Ley de Migración y su aplicación. La ilegal detención por más de 36 horas límite máximo de temporalidad para los arrestos o sanciones de carácter administrativo. La incomunicación de los quejosos. La negativa de permitir a los hoy quejosos llevar su procedimiento administrativo en libertad en términos del artículo 102 de la ley de migración. La exposición del extranjero en un ambiente propicio a la exposición del virus covid 19, por estar en hacinamiento en una estación migratoria poniendo en riesgo su vida.? AUTORIDAD RESPONSABLE: Representante Local de la Oficina de Representación Local del Instituto Nacional de Migración en Villahermosa, Tabasco. SEGUNDO. SUSPENSIÓN DE PLANO Y ADMISIÓN DE LA DEMANDA. En proveído de tres de agosto de dos mil veintidós, se registró la demanda bajo el expediente 1243/2022-4, se otorgó la suspensión de plano del acto reclamado consistente en la posible incomunicación y detención fuera del procedimiento judicial y cualquier otros que pusiera en peligro la visa de los quejosos o alguno de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional; asimismo, en caso de que se hubiese iniciado el procedimiento administrativo migratorio correspondiente, o se hubiese dado trámite a la solicitud de condición de refugiado, se decretara la inmediata libertad de los quejosos y finalmente, para que no se ejecutara la orden de deportación y/o traslado de los quejosos. TERCERO. RATIFICACIÓN Y ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Previa ratificación de la demanda por parte de los referidos impetrantes, en auto de esa misma fecha, se admitió la demanda de que se trata, se solicitó informe con justificación a la autoridad señalada como responsable, se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le compete y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. CUARTO. PRECISIÓN DEL NOMBRE DE LOS QUEJOSOS. Al respecto, se precisa que no obstante que del escrito inicial de demanda de amparo relativa al juicio de amparo 1243/2022-4, se observa que Sandro Alberto García Lara fue la persona quien promovió la misma en favor de Alexander Rocha Cáseres y Jhunior Franco Guayiha Cueva; sin embargo, los quejosos de mérito en la constancia de ratificación de la demanda de garantías y la autoridad responsable al rendir su informe justificado lo hicieron respecto a Alexander Rocha Cáceres y Jhunnior Franco Guayiha Cueva; aunado a que se dio vista a los referidos quejosos con las referidas constancias en términos de lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, sin que ésta haya hecho alguna objeción respecto a su nombre y apellidos con el cual la autoridad responsable rindió su informe justificado; en consecuencia, se considera que tácitamente los impetrantes de referencia aceptan ser la persona respecto a la cual la citada autoridad rindió su respectivo informe bajo los nombres de Alexander Rocha Cáceres y Jhunnior Franco Guayiha Cueva, lo anterior, para los efectos legales a los que haya lugar. QUINTO. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Posteriormente, previo diferimiento, se celebró la audiencia constitucional en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa señaló como actos reclamados: La privación ilegal de la libertad, la ilegal detención de los quejosos y la orden de deportación y resolución de retorno asistido. El ilegal aseguramiento y alojamiento de los hoy quejosos. La inconstitucionalidad del artículo 111 de la Ley de Migración y su aplicación. La ilegal detención por más de 36 horas límite máximo de temporalidad para los arrestos o sanciones de carácter administrativo. La incomunicación de los quejosos. La negativa de permitir a los hoy quejosos llevar su procedimiento administrativo en libertad en términos del artículo 102 de la ley de migración. La exposición del extranjero en un ambiente propicio a la exposición del virus covid 19, por estar en hacinamiento en una estación migratoria poniendo en riesgo su vida.? TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De los artículos 63, fracción IV y 74, fracciones I y IV de la Ley de Amparo, se advierte que es obligación del juzgador de amparo, apreciar las pruebas que obren en el juicio al dictar la sentencia relativa para tener por acreditada o no la existencia de los actos reclamados en la demanda, ya que se trata de una cuestión de análisis previo cuyo pronunciamiento, en su caso, permitirá estudiar las causas de improcedencia, así como los aspectos de fondo de la controversia planteada. Por lo anterior, se determina que no son ciertos los actos reclamados a la Encargada de la Delegación Regional en Tabasco del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad (fojas 91 a 95), consistente en la orden de detención, privación de la libertad fuera del procedimiento, así como la orden de deportación y retorno asistido emitida en su contra y su ejecución; no obstante que al rendir informe justificado en general admite parcialmente la existencia de los mismos, y refiere que los quejosos el veintinueve de julio y dos de agosto de la presente anualidad fueron presentados ante la Estación Migratoria en Villahermosa, por no acreditar su regular estancia en el país; asimismo, que no está facultada para emitir órdenes de aprehensión; sin embargo, si está facultada para realizar revisiones migratorias en donde si los agraviados no cuentan con regular estancia, pueden ser presentados ante la autoridad migratoria para que se resuelva su situación jurídica; sin que en forma específica admita la existencia de los referidos actos reclamados. Aunado lo anterior, la inexistencia de los referidos actos se corrobora con las constancias que la responsable adjuntó a su referido informe consistente en copia certificada de diversas constancias relacionadas con el acto reclamado. Documentales públicas, a las que se les concede pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su segundo numeral. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, del rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". Sin que obste a lo anterior, que el cuatro de agosto de dos mil veintidós la autoridad responsable emitió la resolución de retorno asistido de los quejosos, fecha posterior a la presentación de la demanda de amparo que nos ocupa -tres de agosto de dos mil veintidós-, por lo que el referido acto era inexistente. Es de tomar en cuenta la jurisprudencia 2a./J. 3/94, formulada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 79, Julio de 1994, página 15, cuy rubro es: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA". De igual manera, no es cierto el acto reclamado identificado en el inciso e), constante en la incomunicación que los quejosos le reclaman a la autoridad responsable, máxime que de las constancias que obran el presente juicio de amparo, se advierte que el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional en cumplimiento a lo ordenado en proveído de tres de agosto de dos mil veintidós, se constituyó ante la Estación Migratoria de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, entrevistándose con los quejosos Alexander Rocha Cáceres y Jhunior Franco Guayiha Cueva, quien en su humanidad dio fe del estado físico y de las condiciones en que se encuentra la parte quejosa, haciendo constar respecto al primero de lo siguiente: ".Finalmente, en este acto procedo a dar FE DE LA INTEGRIDAD FISICA, de la persona con quien entiendo la dirigencia haciendo constar que No cuenta con Ninguna lesión Visible en su Cuerpo." Asimismo, respecto al segundo de los mencionados el fedataria hizo constar lo siguiente: ".Finalmente, en este acto procedo a dar FE DE LA INTEGRIDAD FISICA, de la persona con quien entiendo la dirigencia haciendo constar que No cuenta con Ninguna Lesión Visible en su Cuerpo." De lo anterior, se desprende que el fedatario de la adscripción hizo constar que tuvo comunicación con los quejosos, sin que estos manifestaran que se encontraran incomunicados. Inspección judicial que tiene valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 161, 163, 197 y 212 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del segundo párrafo del artículo 2º, pues fue desahogada con las formalidades de ley y por el funcionario facultado para ello dentro del ámbito de sus funciones. Sirve de apoyo la tesis con registro 235930, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 28, Segunda Parte, Volumen 63, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y contenido dicen: "INSPECCION JUDICIAL PRACTICADA POR ACTUARIO DE JUZGADO DE DISTRITO. VALIDEZ.- Las diligencias de inspección judicial practicadas por los actuarios de los Juzgados de Distrito tienen plena validez, ya que los actuarios tienen la capacidad legal para practicarlas y el resultado de éstas tiene el valor de prueba plena, pues el actuario está investido por disposición de la ley de fe pública". Asimismo, de las copias certificadas de las constancias relativas al acto reclamado remitidas por las autoridades responsables en apoyo a su informe justificado, obran las constancias de tres de agosto de dos mil veintidós relativas a las llamadas telefónicas otorgadas a los quejosos Alexander Rocha Cáceres y Jhunnior Franco Guayiha Cueva, por la autoridad responsable para que se comunicaran con sus familiares para el efecto de contactar a sus representantes legales a efectos de enterarles de los requisitos para otorgarles su salida provisional de la Estación Migratoria donde se encontraban; así como la posterior, comparecencia de nueve del mismo mes y año realizada ante las responsables por Sofia Ruiz Liévano, de nacionalidad mexicana, en su carácter de persona de confianza de los referidos quejosos, quien se hizo cargo de la custodia de ellos; y, en consecuencia, se les concediera su salida provisional del lugar de su alojamiento. Documentales públicas a las que se les concede pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición expresa del normativo 2° de la Ley de Amparo, porque se trata de actuaciones emitidas por autoridades en el ejercicio de su encargo, sin que además, haya sido objetada su autenticidad. En esa medida, por un parte, -contrario a lo alegado por los quejosos de mérito en su libelo de amparo- de la diligencia realizada por la fedataria de la adscripción se desprende que no han estado incomunicados; por lo que, resulta evidente que el citado acto atribuido a las autoridades responsables no existe. Aunado a lo anterior, el promovente no aportó prueba alguna apta que desvirtuara el contenido de las documentales descritas, por lo que es patente la inexistencia de los actos reclamados en comento y que sustentó con las constancias que remitió la autoridad a su informe justificado. Justifica lo anterior, la tesis aislada con registro 2018533, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publica en la página 256, Tomo I, de Diciembre de 2018, Libro 61, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y contenido dicen: "ACTOS DE TORTURA RECLAMADOS DE MANERA AUTÓNOMA. OBLIGACIONES DE LOS JUECES DE AMPARO.- Si bien el desarrollo de los precedentes legales sobre tortura de esta Primera Sala se han circunscrito de manera preponderante en el marco de los procesos penales y el impacto de la tortura en las confesiones o elementos autoincriminatorios; lo cierto es que la propia Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura entiende que la finalidad de la tortura no es sólo con propósitos de investigación criminal, sino como medio intimidatorio, castigo personal y medida preventiva, entre otros. Así, al tener como acto reclamado de manera autónoma los actos de tortura, los jueces de amparo se encuentran obligados a investigar dichas alegaciones allegándose de todos los elementos necesarios para poder determinar si se tiene por acreditada la misma. Primeramente, deberá solicitar la ampliación de los informes justificados de las autoridades responsables a las que se les haya atribuido el acto reclamado consistente en violencia física o moral y tortura, cuando las autoridades hayan negado los actos reclamados de manera genérica sin hacer pronunciamiento específico en cuanto al acto materia de análisis. Lo anterior tiene la finalidad de no dejar en estado de indefensión a la solicitante del amparo y crear certeza jurídica. Enseguida, tomando en consideración lo que señalen las autoridades responsables en sus informes con justificación, el juez deberá allegarse de todos los elementos -bitácoras, exámenes médicos y psicológicos con base en el Protocolo de Estambul, copia de la averiguación previa, entre otros- para analizar el alegato de tortura como acto reclamado, sin que sea suficiente la simple negativa de las autoridades, el cual debe ser analizado tomando en especial consideración la entidad de la tortura y en su caso con un enfoque diferenciado y con perspectiva de género. En este sentido, se deberán revisar las constancias y determinar si existe base razonable para tener por acreditada la tortura. Para ello se deberá tomar en consideración la inversión de la carga de la prueba y el estándar atenuado para acreditarse como violación a la integridad personal, según el cual bastarán indicios que permitan sostener razonablemente que la hubo, aun cuando no se sepa la identidad del o los torturadores". Por su parte, la autoridad responsable en forma específica no admite la existencia del acto reclamado identificado en el inciso f), consistente en la negativa de la autoridad responsable de permitirle a los quejosos llevar el procedimiento administrativo en libertad en términos de lo dispuesto en al artículo 102 de la ley de migración; sin embargo, de las constancias que anexó en apoyo a su referido informe no se advierte que los quejosos hayan realizado alguna solicitud de libertad a la autoridad responsable y que está se los haya negado en los términos del citado acto que reclama; sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna con la que acreditara su existencia. Así también, la autoridad responsable en forma específica no admite la existencia del acto reclamado identificado en el inciso g), consistente en la exposición de los quejosos a un ambiente con peligro de contagio del virus covid 19; sin embargo, de las constancias que anexó en apoyo a su referido informe no se advierte que los quejosos hayan sido expuestos en los términos del acto que reclaman; sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna con la que acreditara su existencia. En efecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de sus derechos fundamentales que alega, ya que el que insta el juicio de amparo tiene la ineludible obligación de establecer, directamente o mediante el informe rendido por la autoridad responsable, la existencia del acto que impugna y a justificar, con los medios de pruebas que tiene a su alcance, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, la autoridad responsable no rinda el mencionado informe. Es aplicable lo expuesto en la tesis IX.1o.83 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, Septiembre de 2004, página 1714, cuyo rubro y texto es: "ACTO RECLAMADO. EL SOLO DICHO DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD NO DEMUESTRA SU EXISTENCIA. Ninguna eficacia probatoria tiene, para demostrar la existencia del acto reclamado, la circunstancia de que se promueva el juicio de amparo y que bajo protesta de decir verdad se exprese en la demanda que son ciertos los actos reclamados, pues ello no desvirtúa su negativa por parte de las autoridades responsables". Además, cabe señalar que la autoridad referida autoridad señalada como responsable de conformidad con lo establecido en el artículo 141 del Reglamento Interno de la Secretaría de Gobernación, no se advierte que la referida autoridad responsable cuente con facultades para emitir las órdenes de detención o privación de la libertad fuera del que los quejosos le atribuyen. En efecto, el artículo 141 del Reglamento Interno de la Secretaría de Gobernación, dispone: "Artículo 141.- Las personas titulares de las Oficinas de Representación del Instituto Nacional de Migración tienen las facultades genéricas siguientes: I. Sustanciar y resolver los procedimientos administrativos de conformidad con lo establecido en la Ley de Migración y demás disposiciones jurídicas aplicables; II. Sustanciar y resolver los procedimientos administrativos migratorios de personas extranjeras presentadas, así como de aquéllos que opten por el beneficio del retorno asistido, de conformidad con la Ley de Migración y demás disposiciones jurídicas aplicables; III. Atender y resolver las solicitudes de trámite migratorio relacionadas con las condiciones de estancia establecidas en la Ley de Migración, en el ámbito territorial de su competencia; IV. Ejecutar los actos que en su ámbito de competencia confiere a la autoridad migratoria la Ley de Migración y demás disposiciones jurídicas aplicables; V. Imponer y ejecutar las sanciones administrativas previstas en la Ley de Migración; VI. Administrar las estaciones migratorias y estancias provisionales de su adscripción, de conformidad con lo previsto en la Ley de Migración y demás disposiciones jurídicas aplicables; VII. Suscribir, previo dictamen de la persona que tiene el carácter de Sub Comisionado Jurídico, los contratos de obra pública, arrendamiento, adquisiciones o servicios, o cualquier otro acto jurídico de administración que celebre el Instituto Nacional de Migración y que vinculen a la Oficina de Representación que corresponda, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; VIII. Formular, presentar y, en su caso, ratificar denuncias y querellas por conductas probablemente constitutivas de delitos, en los asuntos en que tenga injerencia el Instituto Nacional de Migración, por lo que deberá informar periódicamente a la persona que tiene el carácter de Sub Comisionado Jurídico respecto del número de denuncias y querellas presentadas, así como su estado procesal. Esta atribución se confiere sin perjuicio del ejercicio directo que, en su caso, haga la persona que tenga el carácter de Sub Comisionado Jurídico; IX. Recibir, resguardar, custodiar y en los casos procedentes, cancelar, hacer efectivas o determinar la prescripción de las garantías constituidas respecto al cumplimiento de obligaciones derivadas de la Ley de Migración, en su ámbito territorial de competencia. Esta atribución se confiere sin perjuicio de su ejercicio directo por parte de la persona que tendrá el carácter de Sub Comisionado Jurídico; X. Sustanciar y resolver, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, los recursos administrativos que interpongan los particulares contra actos y resoluciones que emitan los servidores públicos de su adscripción; XI. Proporcionar el servicio de bibliotecas en las estaciones migratorias, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; XII. Coordinar las actividades del Instituto Nacional de Migración en el ámbito territorial de su competencia; XIII. Informar a las unidades administrativas a que se refiere el artículo 124, fracción II del presente Reglamento Interior, sobre asuntos de su competencia y, en su caso, remitir las actuaciones respectivas cuando así lo requieran; XIV. Recopilar y registrar en los sistemas disponibles, la información de los trámites y procedimientos administrativos migratorios que lleven a cabo las Oficinas de Representación del Instituto Nacional de Migración, en el marco de su circunscripción territorial, así como la gestión de la operación migratoria de las estaciones migratorias y estancias provisionales de las mismas; XV. Expedir certificaciones de los documentos existentes en el archivo a su cargo, y XVI. Dirigir en su circunscripción territorial la instrumentación de los procesos, procedimientos y programas que emita el Instituto Nacional de Migración, que garanticen la promoción, protección y el respeto de los derechos humanos de los migrantes. Las personas que tendrán el carácter de Sub Representantes Federales, así como Representantes Locales y Sub Representantes Locales en las entidades federativas y en la Ciudad de México ejercerán las atribuciones que expresamente les delegue la persona que tenga el carácter de Comisionado del Instituto Nación de Migración." De lo que se obtiene que la autoridad responsable no cuenta con atribuciones para llevar a cabo las acciones que pretende la parte quejosa; por lo que son inexistentes los referidos actos que de dicha autoridad responsable se reclaman. Soporta lo anterior el criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito visible en el Semanario Judicial de la Federación. Tomo XI, Abril de 1993, página 257, con número de registro 216654, de rubro y texto: "HECHO NOTORIO. SU APRECIACION. El hecho notorio no está sujeto a regla normativa alguna que regule su prueba; por tanto, su apreciación queda sujeta al prudente arbitrio del juzgador, quien goza de plena autonomía para declarar su existencia o inexistencia, en su caso, sin más limitación que la sujeción a los lineamientos legales y a las reglas de la lógica. Si la Sala responsable no invoca determinada circunstancia, como un hecho notorio, debe inferirse, lógica y jurídicamente, que ello fue así, porque no tenía formada convicción sobre tal circunstancia, por no tratarse de un hecho que estuviera en el conocimiento de todos y en la conciencia de los propios juzgadores ordinarios, y el tribunal de amparo no puede substituirse al criterio de dicha autoridad, sin mengua de la autonomía indispensable que para el ejercicio de su arbitrio gozan los juzgadores naturales." En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados a las citadas responsables, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo respecto de los mismos. Ello tiene sustento en la Jurisprudencia VI. 2o. J/20, correspondiente a la Octava Época, aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación IV, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1989, página 627, cuyo rubro y texto señalan: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo". De igual forma es aplicable la Jurisprudencia VI.2o.J/18, correspondiente a la Octava Época, aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 19-21, Julio-Septiembre de 1989, página 154, que reza: "ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega el acto que se le imputa y el quejoso no rinde prueba alguna que demuestre su existencia, debe sobreseerse en el amparo respectivo". CUARTO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La Encargada de la Delegación Regional en Tabasco del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad (fojas 91 a 95), al rendir informe justificado admite parcialmente los actos reclamados; sin embargo, de las constancias que anexó a su referido informe evidencia la certeza de los actos que se le reclama identificado en el inciso b), consistentes en el aseguramiento y alojamiento de los quejosos en la estación migratoria de esta ciudad; en virtud de las mismas se advierte que los quejosos el veintinueve de julio y dos de agosto ambos de la presente anualidad fueron presentados ante la referida estación migratoria y sujetos a un procedimiento administrativo migratorio por encontrarse de manera irregular en este país. Documentos a los que se le concede valor probatorio en términos de los preceptos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición expresa del normativo 2° de la Ley de Amparo, porque se trata de actuaciones emitidas por autoridades en el ejercicio de su encargo, sin que además, haya sido objetada su autenticidad. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, del rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". También sirve de apoyo a lo anterior la tesis VII.P.43 P, del entonces Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, visible en la página cuatrocientos ochenta y seis, tomo IV, octubre de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE ATENDERSE A LA TOTALIDAD DE LOS DATOS QUE SE PROPORCIONAN EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS EN RELACIÓN CON LAS CONSTANCIAS QUE COMO JUSTIFICACIÓN DE SU INFORME RINDA LA AUTORIDAD RESPONSABLE". QUINTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Ahora, debe decirse, que previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio de amparo, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan por quien ahora resuelve, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". En ese sentido, esta juzgadora estima que en la especie, no será necesario el análisis de fondo, por lo que hace a los actos reclamados, ya que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en virtud de que el precepto establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;(.)". Ahora, para que se actualice la causa de improcedencia consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se requiere de lo siguiente: 1) Un acto de autoridad que se estime lesivo de garantías y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra. 2) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma definitiva, el que es materia del juicio de amparo. 3) De una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma concluyente, al acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de amparo. Sostiene lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2a./J.59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, junio de 1999, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital: 193758, bajo el rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". De la jurisprudencia invocada se concluye que los efectos de los actos reclamados no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca los actos mismos, y estos dan lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento de los actos que se atacan; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente los actos, constituyen una situación jurídica que destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Es decir, la cesación de efectos de los actos reclamados significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos de los actos, que pueden verse acompañada o no de la insubsistencia misma de los actos, pues la causa de improcedencia de mérito se justifica ante la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos ni dejó huella en la esfera jurídica de la parte quejosa. Así, se debe sobreseer en el presente juicio de amparo, en virtud de que el efecto de los actos reclamados han desaparecido, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Lo anterior se explica, pues de las constancias que remitió la autoridad responsable a su informe justificado e informe complementario se advierte lo siguiente: 1). El veintinueve de julio y dos de agosto ambos de dos mil veintidós, fueron presentados los quejosos Jhunnior Franco Cueva Guaycha y Alexander Rocha Cáceres ante la autoridad migratoria por haberse internado al país de manera irregular, sin la documentación que acreditara su regular estancia en el país, por lo que fueron trasladados a la Estación Migratoria en Villahermosa, para efectos de que se resolviera su situación jurídica migratoria. 2) Mediante escrito de demanda recibido por la Secretaria encargado de la Guardia de este Juzgado de Distrito, el tres de agosto de dos mil veintidós, y Alexander Rocha Cáceres y Jhunnior Franco Cueva Guaycha, por conducto de Sandro Alberto García Lara, demandaron el amparo y la protección de la Justicia Federal. 3) Posteriormente, el cinco de agosto de dos mil veintidós, se otorgó salida de la estación migratoria a Alexander Rocha Cáceres y Jhunnior Franco Cueva Guaycha. 4) El veintiséis de agosto del presente año, la autoridad responsable hizo contar la evasión de los quejosos al control migratorio y dio por concluido el procedimiento administrativo migratorio instaurados a los impetrantes de mérito. En tales condiciones, toda vez que en la presente vía constitucional, los actos reclamados se hicieron consistir en el aseguramiento y alojamiento de los quejosos en la estación migratoria de esta ciudad; y siendo que, como ya se precisó la autoridad responsable les otorgó salida de la estación migratoria a los aquí quejosos Alexander Rocha Cáceres y Jhunnior Franco Cueva Guaycha, aunado a que decretó la evasión de los impetrantes al control migratorio y dio por concluido el procedimiento administrativo migratorio instaurados en su contra. Por tanto, en la especie se advierte que han cesado los efectos de los actos reclamados, y se concluye que la violación de la que estaba siendo objeto por parte de la autoridad responsable, fue subsanada, de ahí que con su actuar, repuso a los quejosos en el goce de sus derechos violados. En consecuencia, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, que establece el sobreseimiento en el juicio de amparo cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere la citada legislación; como en el caso sucede, por haber cesado los efectos del acto reclamado, en términos del diverso precepto 61, fracción XXI, de la ley de la materia. Finalmente, es importante señalar, que la causa por la que se sobresee en el presente juicio, no transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugna con el principio pro persona, previsto en el artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia, toda vez que existe la obligación del órgano jurisdiccional de verificar los requisitos de procedencia previstos en la ley de la materia, para la promoción del medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución. Así se advierte de lo dispuesto en la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, febrero de 2014, Tomo I, materia Constitucional, página 487, registro 2005717, de rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente". Por otra parte, el presente juicio es improcedente conforme al artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción III, de la Ley de Amparo, por lo que ve al acto reclamado identificado en el inciso c) consistente en la inconstitucionalidad que reclama respecto al artículo 111 de la Ley de Migración. Lo anterior, en virtud de que el quejoso omitió señalar como autoridad responsable al titular del órgano de estado que promulgó el decreto legislativo que contiene la porción normativa reclamada, aunque no se impugne ese acto por vicios propios. De la interpretación literal de las porciones normativas mencionadas, se desprende que cuando el gobernado reclama una norma general debe señalar como autoridades responsables a los titulares de los órganos del Estado a los que la ley hubiese encomendado su promulgación, pues en el caso de las autoridades que intervinieron en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, únicamente deben considerarse con el carácter mencionado, cuando se les atribuya vicios propios a sus actos. Por tanto, si en el caso que ocupa la parte quejosa señaló como acto reclamado la inconstitucionalidad que reclama respecto al artículo 111 de la Ley de Migración; empero, del análisis del escrito inicial de demanda no se advierte que la parte impetrante haya señalado como autoridades responsables a los titulares de los órganos del Estado a los que la ley hubiese encomendado su promulgación, por lo que es de concluirse, que ante tal omisión el juicio constitucional resulta improcedente al así establecerlo la ley de la materia. Sobre ese contexto, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo, con fundamento en la fracción V del arábigo 63, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia consignada en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, por lo que atañe a los actos y autoridad responsable precisada en el párrafo que antecede. Es aplicable la jurisprudencia PC.III.A. J/70 A (10a.), del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, visible en la página 4315, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 67, Junio de 2019, Tomo V, Décima Época, registro: 2020126, de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA NORMAS GENERALES. CUANDO EL QUEJOSO OMITA SEÑALAR COMO AUTORIDAD RESPONSABLE AL TITULAR DEL ÓRGANO DE ESTADO QUE PROMULGÓ EL DECRETO LEGISLATIVO RECLAMADO, AUNQUE NO SE IMPUGNE ESE ACTO POR VICIOS PROPIOS, SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 108, FRACCIÓN III, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo dispone que en la demanda de amparo debe expresarse la autoridad o autoridades responsables y que, en caso de que se impugnen normas generales, el quejoso debe señalar a los titulares de los órganos de Estado a quienes la ley encomiende su promulgación. Asimismo, establece que no debe llamarse a juicio a las autoridades que intervinieron en el refrendo o publicación del decreto promulgatorio de la norma si no se impugnan sus actos por vicios propios; no obstante, esta última excepción no se previó tratándose de la autoridad que promulgó la ley, pues de la evolución de dicha disposición normativa desde la Ley de Amparo abrogada, se advierte que el legislador consideró insoslayable que tratándose del amparo contra normas generales se llame a la autoridad que promulgó la ley, lo que además encuentra sentido si se tiene en cuenta que la participación del titular del Poder Ejecutivo, ya sea local o federal, no es de simple trámite, sino que incide de manera importante en el proceso legislativo, pues con la promulgación de la ley se hace ejecutable y adquiere valor imperativo, carácter que no tenía antes de pasar de la jurisdicción del Congreso a la del Ejecutivo. En estas condiciones, es indispensable que en el amparo contra normas generales se señale como autoridad responsable al órgano promulgador, con independencia de que se reclamen o no vicios propios al acto promulgatorio, condicionante que únicamente debe entenderse dirigida a los actos de las autoridades encargadas de su refrendo y publicación, como así se advierte de la iniciativa del proyecto de la Ley de Amparo vigente; además de que esa autoridad está facultada para hacer valer los medios de defensa previstos en la ley de la materia. Por tanto, si en un amparo contra normas generales el promovente decide no señalar como autoridad responsable al titular del órgano de Estado encargado de la promulgación del decreto impugnado, no obstante que el juzgador de amparo lo requirió para tal efecto, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo provocaría la improcedencia de la acción constitucional, es claro que se actualiza la causal de improcedencia derivada de la interpretación conjunta del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo." SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de tres de agosto de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal se: R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por *********, contra actos de la autoridad señalada como responsable, en términos de los considerandos tercero y quinto de esta resolución. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese.
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VILLAHERMOSA, TABASCO, SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda el informe justificado, rendido por la SUBDIRECTORA DE LA ESTACION MIGRATORIA EN VILLAHERMOSA, TABASCO, con residencia en esta ciudad, autoridad señalada como responsable y anexo que acompaña, consistente en copia certificada del procedimiento administrativo migratorio a nombre de los quejosos ALEXANDER ROCHA CASERES y JHUNIOR FRANCO GUAYIHA CUEVA, de su índice; en tal razón, con el contenido de éstos, dése vista a las partes, para su conocimiento, en términos del artículo 117, de la Ley de Amparo. En términos del artículo 119, de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad oficiante las constancias que anexó, sin perjuicio de hacer relación de ellas al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Notifíquese.
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VILLAHERMOSA, TABASCO, TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la cuenta que antecede, de autos se advierte que mediante proveído de tres de agosto de dos mil veintidós, se ordenó la solicitud del informe justificado a la autoridad responsable Representante Local de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Villahermosa, Tabasco, con sede en esta ciudad, a través del oficio 27012/2022, mismo que fue recibido el cinco de agosto del año en curso; por lo que los quince días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, ha transcurrido del ocho al veintiséis del presente año, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con apoyo en el artículo 75 párrafo tercero de la ley de la materia, requiérase a la citada autoridad para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir de que quede notificada del presente acuerdo, remita a este órgano jurisdiccional copias certificadas de todas y cada una de las actuaciones que se encuentren relacionadas con el acto reclamado por la parte quejosa consistente en: I.- La PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD INJUSTIFICADA, al realizar el aseguramiento, alojamiento y/o detención de los hoy quejosos, por parte de la autoridad en la Estación Migratoria de VILLAHERMOSA, TABASCO, sobrepasando el límite de 36 horas, contraviniendo el artículo 21 constitucional, Acto que se atribuye en su calidad de ordenadora y ejecutora a las autoridades marcadas con las letras d a la j. sin que a la fecha se les haya iniciado, comparecido, informado, respecto del motivo por el cual se encuentran en la estación migratoria II.- La aplicación del inconstitucional artículo 11 de la Ley de Migración. Acto que se atribuye en su calidad de ejecutora a las autoridades marcadas con las letras d a la h. III.- La posible deportación y retorno asistido, de los hoy quejosos. IV.- La ilegal detención por más de 36 horas límite máximo de temporalidad para los arrestos o sanciones de carácter administrativo, de lo que se infiere claramente que cualquier norma secundaria que se encuentre en contravención a la voluntad del constituyente, plasmada en el artículo 21 constitucional, deviene violatoria de dicha garantía y/o prerrogativa fundamental. V.- La incomunicación, no permitiendo que el representante legal, tener contacto con los quejosos a fin de llevar el procedimiento de manera legal, en términos del artículo 228 del reglamento de la ley de migración. VI.- La negativa de permitir a los hoy quejosos llevar su procedimiento administrativo en libertad en términos del artículo 102 de la ley de migración. VII.- La exposición del extranjero en un ambiente propicio a la exposición del virus covid 19, por estar en hacinamiento en una estación migratoria poniendo en riesgo su vida." Las cuales deberán ser legibles, foliadas, entreselladas y costuradas, en virtud de que resultan necesarias para resolver el presente asunto. Con el apercibimiento que de no cumplir con el requerimiento realizado dentro del plazo señalado, con fundamento en el artículo 258, de la Ley de Amparo, se harán acreedoras a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintidós, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, vigente a partir del uno de febrero del dos mil veintidós. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia número 6, visible en la página 728, Tomo VII, Marzo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro siguiente: "PRUEBAS. OBLIGACIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO PARA RECABAR DE OFICIO LAS RENDIDAS ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. REFORMAS AL ARTÍCULO 78, TERCER PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO". En consecuencia, a fin de no violar las formalidades esenciales del procedimiento, difiérase la audiencia constitucional señalada para esta fecha y se fija de nueva cuenta para su celebración las ONCE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese.
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