Alexander López Valdés
Expediente 706/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 11 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 706/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 15/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Alexander López Valdés
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vistos: la cuenta secretarial, se acuerda: Tomando en consideración el expediente administrativo 4/2022, del índice de este Juzgado, en el que se tuvo por recibido el oficio SEADS/720/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual informó que la licenciada Beatriz Rojas Méndez, fue designada como Jueza de este órgano a partir del dieciséis de noviembre del año en curso, en sustitución del Juez Carlos Calderón Espíndola; información que se fijó en lugar visible de este Juzgado. En otro orden, con fundamento en los artículos 107 a 191 de la Ley de Amparo, se instruye a la secretaria para que: verifique si existen diligencias pendientes de realizar en el presente expediente y de ser así, las realice o proceda a dar cuenta de ello para que se acuerde lo que corresponda; asimismo, si el expediente se encuentra suspenso o sin actuación, proceda a requerir la información que sea necesaria para verificar el estado de autos; igualmente, si hay recursos pendientes de enviar, los integre debidamente y los remita inmediatamente a la superioridad; en caso de existir constancias pendientes de agregar en este expediente, se agreguen como correspondan; si debe regularizarse el procedimiento, proceda a dar cuenta de ello, si es necesario realizar actuaciones proceda a efectuarlas o a dar cuenta de ello; de igual forma, si el expediente se encuentra en ejecución de sentencia o concluido, de cuenta, de ser necesario, o realice la actuación que en derecho corresponda, con el objeto de que el expediente se encauce hacia el destino legal que proceda. Por otra parte, como de la pieza postal devuelta por el Servicio Postal Mexicano, con residencia en esta ciudad, relativa al oficio 33228/2022, dirigido a la autoridad responsable denominada Director, Delegado, Encargado o Representante del Instituto Nacional de Migración en Tijuana, Baja California, misma que fue devuelta "no hay autoridad en el domicilio", En consecuencia, y toda vez que en autos obra constancia de que la referida autoridad, ha recibido notificaciones en ese domicilio, de conformidad con el artículo 28 fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por legalmente notificada del contenido de la comunicación a la autoridad señalada citada en líneas precedentes, para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vistos: la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el veintinueve de agosto de dos mil veintidós, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por 1) Alexander López Valdés, 2) Yuliet Capote Pérez, 3) Yenifer Pérez Becerra, por sí y en representación del menor de identidad reservada con iniciales 4) A.D.V.P.; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Décimo Octavo fracción I, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en relación con el artículo 7.4 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración toda vez que en el presente asunto se concedió la suspensión de plano, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado numeral. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el párrafo segundo del artículo vigésimo primero del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en los artículos 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que, al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.
- Principal
VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 706/2022-7, promovido por 1) ********* contra los actos que reclaman del Titular o Representante de la Oficina Representación del Instituto Nacional de Migración en Tabasco, con residencia en esta ciudad y otras autoridades, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 11, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el doce de mayo de dos mil veintidós, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado por la Oficina de Correspondencia Común y turnado a este órgano jurisdiccional en la misma fecha, 1) Alexander López Valdés, 2) Yuliet Capote Pérez, 3) Yenifer Pérez Becerra, por sí y en representación del menor de identidad reservada con iniciales 4) A.D.V.P. solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS "(.) orden de APREHENSIÓN, DETENCIÓN Y CON fines DE RESTRINGIR NUESTRA MOVILIDAD HUMANA DE PASO DE FORMA PACIFICA FUERA DE PROCEDIMIENTO JUDICIAL O ADMINISTRATIVO POR NO SER AUTORIDAD JUCIDIAL PARA PRIVARNOS DE NUESTRA LIBERTAD, sin perder de vista el HABER CONCEDIDO UNA ALERTA DE CAPTURA sin que seamos oídos, vencidos y en no contar con una adecuada defensa (.) " (sic) AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Titular o representante de la oficina de representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Tabasco. 2 Representante del Instituto Nacional de Migración en la Estación Migratoria de Tijuana, Baja California 3 Comandante de la Guardia Nacional. 4 Coordinador Estatal o Titulares Comisarios en Tijuana, Baja California. 5 Coordinación Operativa Interinstitucional de la Guardia Nacional. SEGUNDO. RADICACIÓN DEL ASUNTO. El doce de mayo de dos mil veintidós, se radicó el asunto y se registró bajo el expediente 706/2022-7; se otorgó la suspensión de plano y de oficio; se requirió a la parte impetrante para que dentro del término de cinco días, precisaran los actos que reclaman de las autoridades responsables Comisionado Nacional del Instituto Nacional de Migración, Comandante de la Guardia Nacional y su personal en Tijuana, Baja California, así como de la Coordinación Operativa Interinstitucional de la Guardia Nacional, con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se dejarían de tener como responsables en la presente contienda; se solicitó a las demás responsables para que rindieran el informe respecto de la suspensión otorgada. TERCERO. EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y ADMISIÓN. El veintitrés de mayo de dos mil veintidós tras fenecer el término otorgado sin que los quejosos cumplieran lo requerido, se hizo efectivo el apercibimiento, por lo que se dejó de tener como autoridades responsables al Comisionado Nacional del Instituto Nacional de Migración, Comandante de la Guardia Nacional y su personal en Tijuana, Baja California, así como de la Coordinación Operativa Interinstitucional de la Guardia Nacional y, por tanto, se suspendió toda comunicación con las mismas; por lo que se admitió a trámite la demanda y se requirió únicamente al TITULAR O REPRESENTANTE DE LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN EN EL ESTADO DE TABASCO y al DIRECTOR, REPRESENTANTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN DE LA ESTACIÓN MIGRATORIA DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, por lo que se les requirió para que rindieran su informe con justificación; se dio la intervención correspondiente al agente del Fiscal de la Federación de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque la autoridad responsable tiene su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como actos reclamados: La orden de deportación. La posible privación de la libertad fuera del procedimiento y evitar con ello, el libre tránsito por el territorio nacional. TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La representante local encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" en la Oficina de Representación en Tabasco del Instituto Nacional de Migración en Villahermosa al rendir su informe con justificación, negó los actos que se le reclaman, toda vez que los quejosos no se encuentran a su disposición y, por ende, tampoco no han realizado actos relativos a su deportación, privación de la libertad o de la libertad de tránsito; sin que los peticionarios de amparo desvirtuaran lo contrario, no obstante la vista que se les otorgó en auto de nueve de junio de dos mil veintidós. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 284, publicada en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Documentos públicos a los que se le concede pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su segundo numeral. En ese orden de ideas, se tienen por inexistentes los actos reclamados a la referida autoridad responsable. Idéntica calificativa de inexistencia merece el señalamiento incoado a la autoridad responsable Representante del Instituto Nacional de Migración de la Estación Migratoria de Tijuana, Baja California, dado que, si bien fue omisa al rendir su informe con justificación, no obstante que se le requirió el mismo por oficio 18006/2022, que recibió el veintisiete de julio del presente año, también es verdad, que tal condición no resulta suficiente para tener por presuntivamente cierto el acto, dado que, como se desprende de la demanda de amparo, los impetrantes manifestaron que se encuentran en libertad en el municipio de Cárdenas, Tabasco. Lo cual concatenado al hecho que la representante local encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" en la Oficina de Representación en Tabasco del Instituto Nacional de Migración en Villahermosa indicó que no están sujetos a procedimiento administrativo alguno, establece la inexistencia del reclamo en comento. Esto es, que no existe prueba alguna en autos, de la que se advierta la existencia por lo que respecta a la orden de deportación un procedimiento en contra de los quejosos para resolver su situación migratoria, ni tampoco la existencia de algún acuerdo de presentación emitido ni por el Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Tabasco, en términos del artículo 107 de la Ley de Migración, o en su caso que se encuentren privados de su libertad, pues como se precisó las responsables manifestaron que los quejosos no se encontraban a su disposición. De ahí que los actos reclamados no existen. Sumado a que los promoventes no aportaron prueba alguna apta que desvirtuara el contenido de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, por lo que es patente la inexistencia de los actos reclamados en comento. No obsta a lo anterior, que la parte quejosa, haya exhibido copia simple de los pasaportes a nombre de los impetrantes, expedidas por el registro nacional de las personas de la República de Cuba y el certificado de nacimiento del menor quejoso. Sin embargo, dichos documentos constituyen un indicio que solo tienden acreditar la nacionalidad e identidad de los promoventes, pero no su situación migratoria. En consecuencia, con apoyo en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la sustancia de los mismos. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Sin que con tal determinación se viole derecho humano alguno de la parte quejosa, dado que como lo estimó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), si bien la reforma al artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. Es ilustrativa la tesis de jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 325, libro 4, marzo de dos mil catorce, tomo I, materia constitucional, correspondiente a la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del siguiente rubro y texto: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental". CUARTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de doce de mayo de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las parte quejosa que, en término del artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con los artículos 1, párrafo segundo, 7, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 43, 44, 47 y 48, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, 4, 5, 6 y 7 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, no se hará la publicación de su nombre, ni de sus datos personales, por tanto, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por **********, por las razones y fundamentos establecidos en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.
- Principal
MESA 7 VILLAHERMOSA, TABASCO, ONCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que en que el término de quince días que establece el artículo 117 de la Ley de la Materia, para que la autoridad responsable Titular o Representante de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con residencia en Tijuana, Baja California, rinda su informe justificado transcurre del veintiocho al diecisiete de agosto actual; lo anterior, toda vez que el oficio 18006/2022 a través del cual se le requirió este, le fue entregado el veintisiete de julio de la presente anualidad, por así advertirse de la razón actuarial suscrita por la fedataria adscrita al Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicio Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana. Por lo anterior, a efecto de no violar las formalidades esenciales del procedimiento, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy y se señala como nueva fecha para su celebración las ONCE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese.
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