Alejandro Valle Sanchez

Expediente 522/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
522/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
31/08/2023

Partes del expediente

  • Alejandro Valle Sanchez

Actuaciones

  1. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos para surta los efectos legales que corresponda, el oficio número 8518/2023 que suscribe la Actuaria Judicial adscrita al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimosegundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, mediante el cual comunica que se admitió a trámite el conflicto competencial suscitado entre este Juzgado Quinto de Distrito y del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, en relación al juicio de amparo indirecto ********************/2023 o ********************/2023 formado con motivo de la demanda promovida por ********************, formándose el conflicto competencial ********************/2023.

  2. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, diecisiete de agosto de dos mil veintitrés. Visto el oficio número 28520/2023 de cuenta, signado por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, con el cual comunica que ordena remitir el juicio de amparo 610/223 al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, en turno, con el objeto de que sea éste quien determine a cuál de los Juzgados involucrados en el presente conflicto le surte la competencia para conocer de la demanda de amparo; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales.

  3. Principal

    Auto. Los Mochis, Sinaloa, catorce de julio de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta, firmado por el secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, mediante el cual remite los autos del juicio de amparo 610/2023 de su índice, promovido por Alejandro Valle Sánchez, contra actos de la Dirección General del Sistema de Administración de la Nómina Educativa Federalizada (DGSANEF) perteneciente a la Dirección General del Sistema de Administración de la Nómina Educativa Federalizada de la Secretaría de Educación Pública, son sede en Ciudad de México y otras autoridades, declinando la competencia por considerar que corresponde a un Juez de Distrito con residencia en esta ciudad el conocimiento del asunto. No se acepta competencia El juez declinante se declaró legalmente incompetente por territorio para conocer de la demanda de amparo promovida por la citada quejosa, contra actos de la Dirección General del Sistema de Administración de la Nómina Educativa Federalizada (DGSANEF) perteneciente a la Dirección General del Sistema de Administración de la Nómina Educativa Federalizada de la Secretaría de Educación Pública, son sede en Ciudad de México y otras autoridades, por los motivos asentados en su acuerdo de cuatro de julio de dos mil veintitrés. Pues bien, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, así como el acuerdo general número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; una vez analizada la demanda de cuenta así como las demás constancias, y los argumentos vertidos por la autoridad declinante, se precisa que no existen elementos que permitan aceptar la competencia planteada conforme se detalla; por tanto, este Juzgador no acepta la competencia planteada para conocer de la presente demanda de amparo, toda vez que respetuosamente no comparte el criterio expuesto por el homólogo federal, en atención a que el acto reclamado no encuadra en la hipótesis planteada por la autoridad declinante, que prevé el numeral 37 de la Ley de la Materia. El juez declinante, para declararse incompetente se soportó de manera esencial en las constancias aportadas por las autoridades responsables Subdirectora y el Coordinador de Sistemas de Informática de los Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, consistentes en las solicitudes de créditos a diversas entidades financieras, credencial de elector expedida a favor del quejoso, así como estado de cuenta 1524578756, de la institución bancaria BBVA de la que es titular el quejoso Alejandro Valle Sánchez, pues indicó que se advertía que los descuentos reclamados se podían ejecutar en Guasave, Sinaloa. Que por esa razón, indicó que las consecuencias materiales de los descuentos se dan en esta jurisdicción, por lo que se actualizaba la primera de las hipótesis previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, esto es, que el acto reclamado tiene ejecución en este municipio de Guasave. Como se ve, las razones por las que el Juez Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa declinó la competencia para conocer del asunto en favor de un Juez de Distrito con residencia en esta ciudad, se relacionan con su estimación que en la especie se actualiza el supuesto previsto en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. Sin embargo, respetuosamente, este Juzgador estima que no se surte la competencia para conocer de este asunto en favor de éste órgano jurisdiccional, por lo que en seguida se expone. En primer término, el quejoso en su escrito inicial de demanda no precisa cual es el lugar donde presta sus servicios como maestro activo, donde recibe su salario por dicho servicio; por lo tanto, el lugar donde debe considerarse que es el lugar del trabajo, es el que expresó el quejoso en la demanda, bajo protesta de decir verdad, que su domicilio se ubica (al menos en ese momento) en Calle Mariano Escobedo 361 oriente, colonia centro, planta alta, en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, por lo que es en función de ese señalamiento que debe determinarse la competencia en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo. Sin que sea determinante lo que asienta el Juez declinante donde indicó que los descuentos reclamados se podían ejecutar en Guasave, Sinaloa, lo que se observaba de las documentales que habían aportado las autoridades responsables Subdirectora y el Coordinador de Sistemas de Informática de los Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, consistentes en las solicitudes de créditos solicitadas a diversas entidades financieras, credencial de elector expedida a favor del quejoso, así como estado de cuenta 1524578756, de la institución bancaria BBVA de la que es titular el quejoso Alejandro Valle Sánchez, por tanto, que las consecuencias materiales de los descuentos se daban en esa ciudad; empero, en el presente caso no hay un elemento que diga que su centro de trabajo o domicilio sea en la Ciudad de Guasave, Sinaloa, pues ese dato no lo expone el quejoso en su escrito de demanda, ya que, de considerar el razonamiento del juez declinante (que lo llevó a concluir que la competencia para conocer de dicha demanda se surtía en favor de un Juez de Distrito residente en esta Ciudad de Los Mochis, Sinaloa), basado en esos elementos, tendría que valerse de otros de los que se derivara que al momento de presentación de la demanda, su centro de trabajo o domicilio se ubicaba en Guasave, Sinaloa, para estar en aptitud de estimar que ese era su domicilio donde recibía su salario y no en Culiacán y que fue por un error que señaló como domicilio el localizado en tal ciudad capital; para efecto de establecer la competencia por razón de territorio. Por lo que a juicio de este Juzgador el lugar donde se debe considerar que es el lugar del trabajo donde percibe su salario para el efecto del juicio de amparo, es donde presta su servicio, el que expresó bajo protesta de decir verdad el peticionario en su escrito inicial y no lo que se desprende de las documentales allegadas por la autoridad responsable al rendir su informe justificado, lo determinante en ese sentido, dada la preeminencia que debe otorgarse a lo manifestado en la demanda, máxime que reflejan que el peticionario estimó más asequible incoar este juicio en aquella ciudad, lo que es acorde con el interés del legislador al establecer las reglas concernientes a la competencia de los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo. Precisándose finalmente, que este criterio es acorde con la voluntad del Constituyente Permanente y del legislador ordinario federal, en la medida de que, como se expuso, la intención de éstos fue privilegiar el principio de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, y la indicada regla de competencia es la que permite tener mayor certeza en cuanto al cumplimiento de dicho principio, toda vez que, al atribuir competencia al Juez de Distrito que ejerce jurisdicción en el domicilio del quejoso, existe seguridad jurídica de que éste tendrá la facilidad de acudir al órgano jurisdiccional a desahogar las diligencias necesarias, a fin de que se dilucide de manera expedita sobre la violación de sus derechos fundamentales. Se insiste, al haber señalado el quejoso en su escrito inicial, bajo protesta de decir verdad, que su domicilio es el que señaló en la demanda -en la parte superior precedente, esto es, en Calle Mariano Escobedo 361 oriente colonia centro, planta alta-- el cual se ubica en la Ciudad de Culiacán, lugar que corresponde a la jurisdicción del Juez declinante, es claro que es quien debe conocer del presente asunto; pues ese hecho (como los demás que se manifiestan por la parte quejosa en la demanda de amparo) debe considerarse como una confesión expresa, lo cual se traduce en una prueba plena del mismo, según lo disponen los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; y acorde a lo que se establece en la tesis sustentada por la Segunda Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 294 y 295 del Tomo LXXXIX, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 321664, cuyo rubro y texto son: "AMPARO, CONFESIÓN EN EL. Es indudable que en el juicio de amparo no se admite la prueba de confesión, porque el artículo que la prohíbe, quiere vedar la que se provoca por medio de posiciones; pero esto no quiere decir que no tenga eficacia probatoria la confesión que, de manera espontánea, hagan las partes en sus memoriales y sólo pueda dejarse de considerar eficaz, si hay prueba de mayor fuerza que la desvirtúe.". Invocándose asimismo, como sustento de la anterior consideración, por analogía, la tesis publicada en la página 652, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, sección segunda, precedentes del Tribunal Pleno, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 21 DE LA LEY DE AMPARO.- El artículo 21 de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías es de quince días que se computarán desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día, como esa confesión hace plena prueba de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación realiza el cómputo del término de presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado.". En efecto, el peticionario del amparo, manifestó bajo protesta de decir verdad, en el apartado de ''nombre y domicilio del quejoso'' que se ubica en la Ciudad de Culiacán. Además, ese es el único dato objetivo respecto al domicilio que correspondía al quejoso en el momento de presentación de su demanda de derechos fundamentales, pues los datos derivados de las constancias que refirió el juez declinante, se estiman de índole subjetiva, dado que de los mismos no se obtiene la certeza de que al presentar la demanda, la peticionaria de amparo haya tenido su domicilio dentro de la jurisdicción de los juzgados de distrito residentes en esta ciudad y no en lo que se localizan en la Ciudad de Culiacán, ya que cabe la posibilidad de que hubiese cambiado de residencia o domicilio en cualquier momento. En todo caso, no debe perderse de vista que al momento de presentarse la demanda de amparo, el quejoso manifestó que su domicilio se encontraba Culiacán, lo que se traduce en la actualización de la hipótesis prevista en el segundo párrafo del numeral 37, pues aun considerando que el quejoso también tuvo su domicilio en Guasave, Sinaloa, derivado de las constancias a que alude el homólogo, primero --conforme al contenido de la demanda-- el acto reclamado se ejecutó en un lugar (Culiacán) y --en todo caso-- con posterioridad se ejecutó o ejecutará en otro diverso (Guasave), lo que evidentemente, no es motivo de actualización del supuesto invocado por dicho Juez Federal declinante. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 37 de le Ley de Amparo, este Juzgado Federal, no acepta la competencia planteada por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, Sinaloa, para conocer de la demanda de amparo promovida por Alejandro Valle Sánchez, por las razones vertidas en párrafos precedentes, y se ordena devolver los autos, para los efectos a que alude el artículo 48 de la Ley de Amparo. En tanto, se ordena formar con copia certificada de la papeleta de turno, demanda de amparo y el presente proveído, el cuaderno de antecedentes respectivo para constancia legal.

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