Alejandro Rodríguez Luna
Expediente 425/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 12 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 425/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 11/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Alejandro Rodríguez Luna
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Visto el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, San Luis Potosí, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto con número de orden 279/2020 y número de origen E-120/2020; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales; téngase por notificado del contenido del proveído de tres de noviembre de dos mil veinte (que ordena el archivo definitivo del presente expediente), al quejoso Alejandro Rodríguez Luna, en términos de la diligencia de doce de noviembre de dos mil veinte, practicada por la actuaria adscrita a dicho juzgado.
- Principal
Visto el oficio signado por el Actuario Judicial del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Segundo Circuito, con domicilio en Mazatlán, Sinaloa, mediante el cual solicita acuse de recibo del oficio 782 de su índice, por medio del cual remitió la resolución recaída en el toca en revisión 416/2019; asimismo solicita la constancia de notificación realizada al aquí quejoso; en consecuencia, remítase dicho acuse y notificación (realizada el siete de mayo de dos mil veinte) vía sise a la superioridad para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, considerando el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto a lo acordado en proveído de treinta de septiembre de dos mil veinte, (notificado el ocho de octubre de dos mil veinte, por conducto del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la citada cuidad) en cuanto a la declaración que hizo este Juzgado Federal en el sentido de que la ejecutoria de amparo quedó cumplida. Con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo una vez notificado del presente proveído sin necesidad de nuevo acuerdo previa anotación en el libro de gobierno correspondiente archívese el presente como asunto concluido. Con fundamento en el inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, este asunto es susceptible de depuración, dado que por resolución dictada por este juzgado el veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, se concedió el amparo y la protección de la justicia de la unión el presente juicio de amparo; motivo por el cual, deberá conservarse la demanda y resolución inherentes al presente juicio de amparo, y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; lo que deberá realizarse por el Centro de Documentación y Análisis, lugar a donde se transferirá, una vez que transcurran más de tres años de ordenado su archivo, quien deberá resguardarlos y al cumplirse la temporalidad de más de cinco años, procederá a ejecutar lo especificado en líneas precedentes; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General conjunto número 18/2020. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido, no se trata de expediente con relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General; es decir no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni es relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni materia agraria. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos 18 y 21 del Acuerdo General citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, acompañando copia digitalizada, debidamente certificada de la demanda y de la sentencia dictada en el presente juicio; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado. De conformidad con los preceptos 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos de su artículo 2º, gírese atento exhorto vía interconexión del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes al Juzgado de Distrito en turno, con residencia en San Luis Potosí, San Luis Potosí, para que en auxilio de la Justicia Federal y por comisión de las labores de este Juzgado, se sirva a ordenar a quien corresponda, notifique personalmente el contenido del presente acuerdo, al quejoso Alejandro Rodríguez Luna, quien se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social "La Pila", de ese Estado.
- Principal
Visto el oficio signado por la Juez Segundo de Distrito en el Estado, con domicilio en San Luis Potosí, San Luis Potosí, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto número 227/2020; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales; téngase por notificado en el centro de reclusión donde se encuentra al quejoso Alejandro Rodríguez Luna, del contenido del proveído de treinta de septiembre de dos mil veinte (acuerdo que tiene por cumplida la sentencia de amparo), en términos de la diligencia de ocho de octubre de dos mil veinte, practicada por el actuario adscrito al citada juzgado.
- Principal
Visto el estado procesal de los presentes autos y con el oficio número PRS/UALDH/02C.10/9217/2020, del veinticuatro de agosto de dos mil veinte, suscrito por el titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, al que adjunta diversos documentos con los que afirma cumple con la ejecutoria de amparo. Por tanto, este órgano de control constitucional, con fundamento en los documentos que obran en autos, procede a pronunciarse sobre el cumplimiento del fallo protector. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 243, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de marzo del 2000, Novena Época, bajo el rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia del veintisiete de septiembre del dos mil diecinueve, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Los Mochis, resolvió conceder el amparo solicitado. Inconforme con la anterior determinación judicial, la Subdirectora de Área adscrita a la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos de Previsión y Readaptación Social dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en su carácter de delegada de la autoridad responsable Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, interpuso recurso de revisión. Ahora, el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Segundo Circuito, resolvió el cinco de marzo de dos mil veinte, el recurso de revisión 416/2019, en el sentido de confirmar y conceder el amparo solicitado por Alejandro Rodríguez Luna; el diecisiete siguiente, se acordó la recepción del testimonio de la citada ejecutoria, y se requirió su cumplimiento. En la sentencia de amparo se fijaron los siguientes efectos: ". a). Deje sin efectos el oficio SEGOB/CNS/OADPRS/45836/2015 de veintidós de diciembre de dos mil quince, por medio del cual autorizó el traslado del quejoso Alejandro Rodríguez Luna del Centro Estatal de Reinserción Social "La Pila", en San Luis Potosí, al Centro Federal de Readaptación Social Número 9 "Norte", en Ciudad Juárez, Chihuahua, únicamente por lo que al peticionario se refiere; b). Deje sin efectos el oficio SEGOB/CNS/OADPRS/20756/2016 de doce de mayo de dos mil dieciséis, por el que autorizó el traslado del impetrante del Centro Federal de Readaptación Social Número 9 "Norte", de Ciudad Juárez, Chihuahua al Centro Federal de Readaptación Social Número 8 "Nor-Poniente", con sede en Guasave, Sinaloa, únicamente por lo que al peticionario se refiere; y c) Hecho lo anterior, emita un nuevo oficio en el que ordene el regreso de Alejandro Rodríguez Luna al centro penitenciario en el que se encontraban antes de la existencia de los actos reclamados, esto es, al Centro Estatal de Reinserción Social "La Pila", en San Luis Potosí, a fin de que se restituya al agraviado en el goce y disfrute de sus garantías individuales violadas, como lo ordena el numeral 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Finalmente, en el supuesto de que una vez cumplido lo anterior, si la autoridad responsable insiste en ordenar el traslado del quejoso Centro Federal de Readaptación Social Número 8 "Nor-Poniente", residente en Guasave, Sinaloa, deberá acudir ante el Juez competente para que esta autoridad judicial autorice la orden de traslado correspondiente. ." En cumplimiento a lo anterior, la autoridad responsable allegó al sumario de amparo, el oficio PRS/UALDH/02C.10/9217/2020, del veinticuatro de agosto de dos mil veinte, al que se adjuntaron tres oficios y el acta administrativa número 206/2020; ahora, de esos oficios se advierte que se dejaron sin efectos los diversos: SEGOB/CNS/OADPRS/20756/2016, del doce de mayo de dos mil dieciséis; SEGOB/CNS/OADPRS/45835/2015, del veintidós de diciembre de dos mil quince; SEGOB/CNS/OADPRS/45836/2015, del veintidós de diciembre de dos mil quince y; SEGOB/CNS/OAPDPRS/20755/2016, del doce de mayo de dos mil dieciséis. Ahora, del acta administrativa número 206/2020, del veinte de agosto de dos mil veinte, se advierte lo siguiente: ".EMITIDO POR LA OFICINA DEL C. COMISIONADO DEL ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL, MEDIANTE EL CUAL AUTORIZÓ EL EGRESO Y TRASLADO DE LA PERSONA PRIVADA DE LA LIBERTAD PARA SER TRASLADADA AL CENTRO ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL "LA PILA" EN SAN LUIS POTOSÍ. ." Finalmente, con los anteriores documentos se le dio vista al quejoso para que manifestara lo que a su derecho conviniese, determinación que se le notificó personalmente por conducto del actuario adscrito al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, quien se constituyó en el locutorio del Centro de Reinserción Social Número Uno en el Estado de San Luis Potosí "La Pila", el veintitrés de septiembre de dos mil veinte. Del examen de las citadas documentales, las que de conformidad con el artículo 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º, tienen pleno valor probatorio, se desprende que la autoridad responsable, cumplió con la sentencia constitucional, pues dejó insubsistentes los oficios señalados en la sentencia de amparo, y traslado al quejoso del Centro Federal de Readaptación Social Número 8 "Nor-Poniente" en Guasave, Sinaloa, al Centro Federal de Readaptación Social "La Pila", en San Luis Potosí, tan es así que en este último centro de reclusión se le notificó el auto del diecisiete de septiembre de dos mil veinte (vista con los oficios que cumplen con la sentencia de amparo). Por tanto, es evidente que con ello se colma la garantía seguridad jurídica por cuya infracción se concedió el amparo solicitado, motivo por el cual se debe declarar que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo. Hágase del conocimiento de la quejosa este proveído, para los efectos de la fracción I del artículo 201 de la Ley de Amparo. De conformidad con los preceptos 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos de su artículo 2º, gírese atento exhorto vía interconexión del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes al Juzgado de Distrito en turno, con residencia en San Luis Potosí, San Luis Potosí, para que en auxilio de la Justicia Federal y por comisión de las labores de este Juzgado, se sirva a ordenar a quien corresponda, notifique personalmente el contenido del presente acuerdo, al quejoso Alejandro Rodríguez Luna, quien se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social "La Pila", de ese Estado.
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