Alexander Mendoza Acosta

Expediente 327/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 30 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
327/2021
Año
2021
Actuaciones
30
Última actuación
05/07/2022

Partes del expediente

  • Alexander Mendoza Acosta

Actuaciones

Las 4 más recientes de 30.

  1. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, cinco de julio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en proveído de uno de junio de dos mil veintidós, se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo; consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. Ahora, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, este asunto es susceptible de depuración, dado que en sentencia dictada el nueve de septiembre de dos mil veintiuno, en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en el presente juicio de amparo; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido, no se trata de expediente con relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General, dado que se reclamó ataques a la libertad personal fuera del procedimiento e incomunicación; es decir no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni es relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni materia agraria. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en los artículos 18, 27, 28 y 29 ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, previa depuración que este órgano jurisdiccional lleve a cabo, transfiérase a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, lugar en el que se archivará a disposición de juzgado, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto, así como el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y demás documentos a consideración del titular de este órgano jurisdiccional, transferencia que habrá de efectuarse de acuerdo al calendario correspondiente y a petición escrita del titular de este juzgado.

  2. Principal

    Vistos los oficios de cuenta, signado por el Director Jurídico del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, actuando en representación del Jefe de Oficina de Recaudación de Los Mochis, Sinaloa, con residencia en Culiacán y Procurador Fiscal del Estado de Sinaloa, en representación del Secretario de Administración y Finanzas, con sede en Culiacán, Sinaloa, con el cual comunica el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda, toda vez que el uno de este mes, se tuvo por cumplida la misma.

  3. Principal

    Visto el escrito de cuenta, signado por la licenciada Jenny Elizabeth Medina Guzmán, en su carácter de autorizada de la parte quejosa, con el cual desahoga la vista que se le dio en proveído de veinticuatro de este mes y solicita se tenga por cumplida la ejecutoria de amparo; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales. En atención a lo anterior, este órgano de control constitucional, con fundamento en los documentos que obran en autos, procede a pronunciarse sobre el cumplimiento del fallo protector. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 243, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de marzo del 2000, Novena Época, bajo el rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia del nueve de septiembre de dos mil veintiuno, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Los Mochis, resolvió conceder el amparo solicitado. Ahora, en la misma forma en cómo se indicó en la sentencia de amparo, la autoridad responsable debió realizar, los siguientes actos: "Deje insubsistente el cobro de la multa, recargos, honorarios y gastos contenidos en los formularios preelaborados de pago números 0000331761, 0000331762 y 0000331763; en la inteligencia de que si el quejoso realizó el pago de dichos conceptos, se le deberá reintegrar. En cumplimiento a lo anterior, la autoridad responsable allegó al sumario de amparo, el oficio SATES-DJ-DAAP-463/2022 signado por el Director Jurídico del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, actuando en representación del Jefe de Oficina de Recaudación de Los Mochis, Sinaloa, con sede en Culiacán, al que adjuntó copia certificada del diverso oficio SATES-DR-ORAHOME-/2022 de veintidós de marzo del año en curso, por medio del cual con el fin de hacer entrega del cheque a favor del quejoso Alexander Mendoza Acosta. Del examen de la citada documental, la que de conformidad con el artículo 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º, tiene pleno valor probatorio, se desprende que la autoridad responsable, cumplió con la sentencia constitucional, pues dictó ordenó devolver y entregó el numerario correspondiente al quejoso de mérito. Por tanto, es evidente que con ello se colma la garantía seguridad jurídica por cuya infracción se concedió el amparo solicitado, motivo por el cual se debe declarar que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. Máxime que la autorizada legal de la parte quejosa manifestó su conformidad en el escrito de cuenta, donde incluso solicitó se tuviera por cumplida en sus términos la sentencia. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo sin exceso o defecto alguno. Hágase del conocimiento de la quejosa este proveído, para los efectos de la fracción I del artículo 201 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, treinta de mayo de dos mil veintidós. Vistos los oficios de cuenta, signado por el Director Jurídico del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, actuando en representación del Jefe de Oficina de Recaudación de Los Mochis, Sinaloa, con sede en Culiacán, con el cual comunica el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar. De conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo, para que en el término de tres días contando a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que de no hacerlo en el lapso indicado, este Juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable en comento.

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