Alejandro Rodriguez Luna
Expediente 10/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 10/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Alejandro Rodriguez Luna
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el proveído de diez de enero de dos mil diecinueve, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por Alejandro Rodríguez Luna; por lo tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de la materia, en términos de su artículo 2º, párrafo segundo, se declara que dicho proveído ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. De conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificadas las partes del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. De acuerdo a la fracción I del Acuerdo Vigésimo Primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa que este asunto es susceptible de destrucción, dado que por auto de diez de enero de dos mil diecinueve, se tuvo por no presentada la demanda de amparo; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales del mencionado Acuerdo General conjunto número 1/2009. Del análisis del presente asunto, se advierte que, no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental puesto que ingresó en este Juzgado Federal el tres de enero de dos mil diecinueve, por ello, no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado. Por conducto de la Actuaria Judicial adscrita a este Juzgado, se ordena notificar el presente auto al quejoso de mérito, quien se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número Ocho, "Nor-poniente", con residencia en Guasave, Sinaloa. Con fundamento en lo establecido por el artículo 156, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dese el aviso correspondiente al Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Vista la diligencia actuarial de siete de enero del presente año, en la cual se le notificó al quejoso Alejandro Rodríguez Luna, el proveído de cuatro de enero de dos mil diecinueve, de la que se advierte que se desiste del presente juicio de amparo. En ese contexto, de conformidad con el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de garantías, firmada por Alejandro Rodríguez Luna. Es aplicable, la Jurisprudencia 2a./J. 33/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 147 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2000, Materia Común, Novena Época, que dice: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia.". Por conducto de la Actuaria Judicial adscrita a este Juzgado, se ordena notificar el presente auto al quejoso de mérito, quien se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número Ocho, "Nor-poniente", con residencia en Guasave, Sinaloa. Con fundamento en lo establecido por el artículo 156, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dese el aviso correspondiente al Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Visto el escrito de cuenta, firmado por Alejandro Rodriguez Luna, con el cual, promueve por su propio derecho, demanda de garantías; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente a los juicios de amparo con el número 10/2019-3A, a fin de proveer sobre la posible admisión de la demanda. De los artículos 108 y 114 de la Ley de Amparo, se colige que este órgano jurisdiccional está facultado, para requerir al promovente para que aclare su demanda. Bajo ese contexto, para estar en posibilidad de proveer sobre el trámite de la demanda de garantías, requiérase al solicitante del amparo Alejandro Rodriguez Luna, para que dentro del término de cinco días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que se le haga del presente proveído, sin perjuicio de hacerlo al momento de ser notificado: Manifieste bajo protesta de decir verdad, exponga los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; lo anterior, implica que el promovente del amparo debe: Precise la norma general, acto u omisión que reclama de cada una de las autoridades responsables que señala, toda vez que resulta impreciso lo que señala en su demanda: "IV.- Actos reclamados: lo son lo siguientes. 1. El día dieciséis de diciembre de dos mil dieciocho, el hoy quejoso se lesiono, por el hecho de que me quitaron una parte del medicamento controlado que el psiquiatra del CEFEREPSI con sede en el Estado de Morelos me indicó, ya que fui valorado personalmente por el especialista el mes de septiembre del año en curso, ya mencionado. 2. El mismo día ya señalado se me lleva al Área Médica del Centro Federal en mención, y se me atiende lo cual el Director General y la Coordinadora del Área Médica, me tienen que decir que se me quito una parte del medicamento indicado por el especialista ya mencionado y se me amenaza de que si no me presento a una valoración en video medicina me van a quitar por completo el medicamento. 3. Igualmente el día ya señalado elementos de seguridad penitenciaria y policías federales ya estando en mi estancia donde me encuentro me quitan todas mis pertenencias en su totalidad y me dejan solo con el pantalón y playera, por lo cual hace mucho frio y así estoy pasando actualmente los días. 4. Yo son una persona con problemas mentales y trastornos pero no por eso se me tenga que torturar de esa manera o esos malos tratos, una cosa es que yo me haya lesionado y otra cosa es que se me trate a la actualidad con malos tratos, e incluso me darían más psiquicamente y físicamente y se me intimide o amenace de esa manera por parte del Director General, así como la coordinadora del Área Médica no vele por el paciente que está a su cargo. 5. Así como también no se debe tener que intervenir a los policías federales porque no es una revuelta en conjunto sino fue una sola persona cual es el hoy quejoso, ahí se hace un abuso de autoridad, intimidación y daño psíquico y moral al hoy quejoso, y no por el hecho de que yo me haya lesionado se me trate de esa manera."; de manera que, se requiere que el promovente precise que le reclama al Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 8 "Norponiente", y que le combate a la Coordinadora de Área Médica del Centro Federal de Readaptación Social Número 8 "Norponiente", ambos con residencia en Guasave, Sinaloa, para con ello, colmar la exigencia formal, establecida por el artículo 108, fracción IV, de la Ley de Amparo, consistente en indicar la norma general, acto u omisión que de cada autoridad reclama, de manera individual. Referir la fecha exacta en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados que finalmente combata o, de su ejecución; Exponer si previamente a la presentación de la demanda, solicitó a las autoridades responsables, que le proporcionen el medicamento controlado que requiere para el padecimiento de psiquiatría, de igual manera, si ha solicitado que se le entreguen sus pertenencias, asimismo si ha pedido que se le brinde atención médica por especialista en psiquiatría, la forma en que lo efectúo, esto es, por escrito o verbalmente, la determinación que haya recaído a dichas solicitudes y la fecha exacta en que haya tenido conocimiento de las mismas; En la inteligencia que de no cubrir la prevención que nos ocupa, en el plazo y términos precisados, de conformidad con los artículos 108 y 114, de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Se hace del conocimiento, del solicitante que deberá proporcionar la información que se le requiere sin faltar a la verdad, ya que de lo contrario, puede incurrir en responsabilidad en términos de lo que establece el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y.". Ahora bien, teniendo en consideración que el quejoso no cuenta con defensor y toda vez que la actuación de un defensor de oficio debe ser continua y sin condiciones que limiten su función, que comprende desde la averiguación previa hasta la ejecución de las penas, es decir, todas las actuaciones encaminadas a procurar la defensa del afectado, por tanto, téngase como autorizado del agraviado Alejandro Rodríguez Luna, al licenciado José Orozco Carrillo, y en su ausencia a la licenciada María Magdalena Guzmán Mexía, Defensores Públicos Federales de la adscripción, para efecto de que proporcionen el servicio de defensa pública al mismo. Con apoyo en el numeral 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º, párrafo segundo de la misma ley, se autoriza como domicilio de los impetrantes de garantías, para oír y recibir notificaciones, el ubicado en el Centro Federal de Readaptación Social número 8 Norponiente, con residencia en la ciudad de Guasave, Sinaloa. Se encomienda la realización de la diligencia a la Actuaria Judicial adscrita a este Juzgado de Distrito, lo que deberá llevar a cabo en cuanto a sus labores lo permitan, en el entendido de que deberá identificar plenamente al mismo, y en caso de que carezca de la documentación idónea, deberá requerir al funcionario competente del establecimiento penitenciario, en que se encuentra interno el encausado de mérito, para que proceda a la plena identificación de Alejandro Rodriguez Luna, quien se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social número 8 Norponiente, con domicilio en Guasave, Sinaloa; por lo que, con fundamento en lo establecido por el artículo 156, párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dese el aviso correspondiente al Consejo de la Judicatura Federal. Es orientadora, del criterio la Tesis VI.1o.P.209, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, visible en la página 1028 del Tomo XVII, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Junio de 2003, Materia Penal, Novena Época, que dice: "NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO A LOS QUEJOSOS PRIVADOS DE SU LIBERTAD. INVARIABLEMENTE DEBEN EFECTUARSE EN FORMA PERSONAL, CUANDO CAREZCAN DE REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO, O NO HUBIESEN DESIGNADO PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIRLAS. El artículo 28 de la Ley de Amparo, en su fracción II dispone: "... Las notificaciones en los juicios de amparo de la competencia de los Juzgados de Distrito, se harán: ... II. Personalmente, a los quejosos privados de su libertad, ya sea en el local del juzgado o en el establecimiento en que se hallen recluidos, si radican en el lugar del juicio; o por medio de exhorto o despacho si se encontraren fuera de él. Lo anterior se observará, salvo el caso de que los quejosos hubiesen designado persona para recibir notificaciones o tuviesen representante legal o apoderado. También deberán notificarse personalmente a los interesados los requerimientos o prevenciones que se les formulen.". De lo que se deduce que todos los acuerdos emitidos durante la sustanciación del juicio de garantías, entre otros, el de la admisión, aquellos por los que se difiere la audiencia constitucional y señala nueva fecha para su celebración, vista respecto de los informes previos y justificados, el que recae a la solicitud de admitir, desechar o preparar pruebas, etc., deben invariablemente notificarse en forma personal a los quejosos que están privados de su libertad y que no hubiesen designado a alguien para recibirlas.".
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