Alejandro Mejía García
Expediente 859/2017 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 3 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 859/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 03/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Alejandro Mejía García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el comunicado del Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil de este distrito judicial, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del oficio 12910, por el cual se le notificó el proveído de veinticinco de junio del año en curso, de lo que este juzgado toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado de autos, de los que se obtiene que feneció el plazo de quince días, previsto en los ordinales 201, fracción I y 202 de la ley en la materia, para que las partes se inconformaran con el proveído de diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, mediante el cual se declaró cumplido el fallo protector en el presente juicio de amparo II-859/2017, promovido por Alejandro Mejía García, sin que lo hicieran; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme la citada determinación, para los efectos legales procedentes. En consecuencia, previas las anotaciones en el libro de gobierno, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto concluido, junto con los cuadernos incidentales relativos. Tómese nota que el presente expediente no es considerado de relevancia documental, razón por la que se determina que es susceptible de DEPURACIÓN, debiendo destruirse las constancias respectivas, con excepción de la demanda y sentencia constitucional. Y por lo que respecta al original del cuaderno de suspensión formado con motivo del juicio en que se actúa, de igual forma es DESTRUIBLE dado que en la especie se negó la suspensión provisional y definitiva solicitada por el quejoso. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo primero, fracciones II y III, segundo párrafo, del Acuerdo General 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, así como el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diciembre de dos mil doce; entonces, una vez que trascurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente. Se ordena agregar copia certificada de la presente determinación, dentro de los cuadernos incidentales derivados del expediente en que se actúa, sin mayor proveído, para los efectos legales a que haya lugar. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de documentos originales o garantía, toda vez que no se exhibieron. Como lo establece el punto DÉCIMO PRIMERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Dado que del sumario se aprecia que la autoridad responsable Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil de este distrito judicial allegó las constancias de las que deriva el acto reclamado, en razón de que este juicio de amparo ha concluido, siendo innecesaria su retención, se ordena su devolución, con la atenta solicitud del acuse de su recibo, dentro del plazo de tres días, ya que de no hacerlo se tendrán por recibidas a entera satisfacción. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, se advierte que mediante proveído de tres de mayo del año en curso, se dio vista a las partes con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte del Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil de este distrito judicial; mismo que fue notificado a las partes el cuatro y nueve siguientes (fojas 106, 107, 108 y 111). Antes de examinar, se advierte que mediante proveído de once de mayo de la anualidad en curso, se tuvo a la autorizada del tercero interesado J. Guadalupe Ávalos Ramírez, reservándose el derecho de realizar manifestaciones respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado, y este órgano jurisdiccional con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede a resolver si el fallo protector se encuentra cumplido de acuerdo a las constancias de autos; en apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (cuyo rubro se inserta): "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO". Al respecto, debe decirse que por sentencia terminada de engrosar el quince de enero de dos mil dieciocho (fojas 34 a 42), por el Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, en apoyo de este Juzgado de Distrito, y confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con domicilio en esta localidad, mediante ejecutoria correspondiente a la sesión de doce de abril de la presente anualidad (fojas 82 a 93), pronunciada en el toca en revisión 46/2018, en la cual se concedió la protección constitucional al quejoso Alejandro Mejía García, para los efectos que se reproducen: "[.] que el A quo: Deje insubsistente el auto de quince de agosto de dos mil diecisiete. En su lugar, dicte otro en el cual prescinda de considerar que el depositario judicial carece de legitimación para interponer el recurso de revocación, por estimar que ello es una determinación facultativa de las partes y con plenitud de jurisdicción determine lo que conforme a derecho corresponda". Lo anterior según las consideraciones de la sentencia, en la cual la Juez auxiliar principalmente estableció que de conformidad con el artículos 1337, fracción IV, del Código de Comercio, la persona nombrada con el cargo de depositario tiene interés directo en el asunto, respecto de aquellos actos relativos a la depositaría y en su caso, con lo relacionado a la entrega de los bienes materia del depósito, pues ello está vinculado con las funciones inherentes al desempeño de ese cargo, por cuanto en su momento tendrá que responder por el bien puesto a su cuidado; de ahí que el depositario estuviera legitimado para interponer los medios ordinarios de defensa que la ley le concede cuando ve afectados los derechos relativos a las funciones anexas a su cargo; por tanto, podía recurrir la determinación en la cual se negó ponerlo en posesión material del inmueble embargado en el juicio de origen, lo cual en modo alguno lo realizaba al verse afectado con la negativa a un derecho vinculado con el cargo desempeñado. Lo cual, demostró la ilegalidad del auto de quince de agosto de dos mil diecisiete, donde el Juez Octavo de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán consideró que carecía de legitimación para interponer el recurso de revocación contra la determinación de cuatro de agosto de la anualidad en cita, al estimar se trata de un derecho propio de las partes en el juicio. Por auto de veintiséis de abril de dos mil dieciocho se requirió su cumplimiento (fojas 94-95). Ahora bien, en acatamiento a la sentencia de amparo, el Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil de este distrito judicial, mediante oficio 958/2018 (foja 103), acompañó copia certificada de la constancia siguiente: Auto de dos de mayo del año en curso (foja 104), en la cual realizó, en síntesis, lo que se enlista: Dejó sin efectos el auto de quince de agosto de dos mil diecisiete, emitido en el juicio ejecutivo mercantil 943/2015. Luego, al prescindir de considerar que el depositario judicial carece de legitimación para interponer el recurso de revocación, por estimar que ello es una determinación facultativa de las partes, con plenitud de jurisdicción determinó lo que conforme a derecho correspondía, a saber, tuvo en tiempo al depositario designado en autos del citado ejecutivo mercantil, promoviendo recurso de revocación contra el auto de cuatro de agosto de dos mil diecisiete, el cual admitió en la forma y términos propuestos. Del examen de la documental destacada con antelación, las que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2o., tiene pleno valor probatorio, hace patente que la responsable Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil de este distrito judicial, cumplió con el fallo protector, porque el dos de mayo de dos mil dieciocho, en el juicio ejecutivo mercantil 943/2015, dejó sin efectos el auto de quince de agosto de dos mil diecisiete. Después, en su lugar, emitió otro en el que prescindió de considerar que el depositario judicial carecía de legitimación para interponer el recurso de revocación, por estimar que ello era una determinación facultativa de las partes y con plenitud de jurisdicción determinó lo que conforme a derecho correspondía, a saber, admitió el recurso de revocación en la forma y términos en que lo interpuso el depositario designado en dicho controvertido contra el auto de cuatro de agosto de dos mil diecisiete. Por consiguiente, esta potestad federal considera que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales violados, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo; en tal virtud, se declara cumplida la sentencia de amparo. Es pertinente dejar establecido que no existió defecto o exceso en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, considerando que hay exceso cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la determinación y que, por el contrario, habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; por cuanto hace a lo afirmado en este párrafo, se cita la jurisprudencia cuyo título es: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO". Se estima que no hay defecto en el cumplimiento en razón de que la responsable acató lo establecido en la sentencia constitucional, conforme a lo que ya se dijo, pues el dos de mayo de dos mil dieciocho, en el juicio ejecutivo mercantil 943/2015, dejó sin efectos el auto de quince de agosto de dos mil diecisiete. Luego, en su lugar, con libertad de jurisdicción, prescindió de considerar que el depositario judicial carecía de legitimación para interponer el recurso de revocación, por estimar que ello era una determinación facultativa de las partes, para finalmente determinar lo que conforme a derecho correspondía, a saber, admitió en la forma y términos propuestos el recurso de revisión interpuesto por el depositario designado en autos del citado ejecutivo mercantil contra el auto de cuatro de agosto de dos mil diecisiete. En otras palabras, no dejó de hacer algo que se le haya impuesto en la resolución de amparo; tampoco existe exceso en el cumplimiento, ya que la responsable no fue más allá del alcance de la ejecutoria que concedió el amparo, pues su actuar fue dejar insubsistente una auto y emitir otro en el que prescindiera de una consideración, y con plenitud de jurisdicción determinar lo que conforme a derecho correspondiera. En otro orden de ideas, entérese a las partes que cuentan con el plazo de quince días para que en caso de no estar conformes con la presente determinación, hagan valer el recurso de inconformidad en términos de los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo. Por otra parte, una vez que transcurra el plazo establecido en el párrafo que antecede, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, provéase respecto al archivo del expediente en que se actúa, a la valoración de éste, al igual que los cuadernos incidentales, así como la devolución de las copias certificadas de donde emana el acto reclamado que remitió la responsable en apoyo al informe justificado, toda vez que será hasta ese momento en que este juzgado pueda determinar lo concerniente. Finalmente, conforme lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: ALEJANDRO MEJÍA GARCÍA. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que mediante proveído de tres de mayo del año en curso, se dio vista a las partes con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte del Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil de este distrito judicial; mismo que fue notificado a las partes el cuatro y nueve siguientes (fojas 106, 107, 108 y 111). Antes de examinar, se advierte que mediante proveído de once de mayo de la anualidad en curso, se tuvo a la autorizada del tercero interesado J. Guadalupe Ávalos Ramírez, reservándose el derecho de realizar manifestaciones respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado, y este órgano jurisdiccional con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede a resolver si el fallo protector se encuentra cumplido de acuerdo a las constancias de autos; en apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (cuyo rubro se inserta): "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO". Al respecto, debe decirse que por sentencia terminada de engrosar el quince de enero de dos mil dieciocho (fojas 34 a 42), por el Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, en apoyo de este Juzgado de Distrito, y confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con domicilio en esta localidad, mediante ejecutoria correspondiente a la sesión de doce de abril de la presente anualidad (fojas 82 a 93), pronunciada en el toca en revisión 46/2018, en la cual se concedió la protección constitucional al quejoso Alejandro Mejía García, para los efectos que se reproducen: "[.] que el A quo: Deje insubsistente el auto de quince de agosto de dos mil diecisiete. En su lugar, dicte otro en el cual prescinda de considerar que el depositario judicial carece de legitimación para interponer el recurso de revocación, por estimar que ello es una determinación facultativa de las partes y con plenitud de jurisdicción determine lo que conforme a derecho corresponda". Lo anterior según las consideraciones de la sentencia, en la cual la Juez auxiliar principalmente estableció que de conformidad con el artículos 1337, fracción IV, del Código de Comercio, la persona nombrada con el cargo de depositario tiene interés directo en el asunto, respecto de aquellos actos relativos a la depositaría y en su caso, con lo relacionado a la entrega de los bienes materia del depósito, pues ello está vinculado con las funciones inherentes al desempeño de ese cargo, por cuanto en su momento tendrá que responder por el bien puesto a su cuidado; de ahí que el depositario estuviera legitimado para interponer los medios ordinarios de defensa que la ley le concede cuando ve afectados los derechos relativos a las funciones anexas a su cargo; por tanto, podía recurrir la determinación en la cual se negó ponerlo en posesión material del inmueble embargado en el juicio de origen, lo cual en modo alguno lo realizaba al verse afectado con la negativa a un derecho vinculado con el cargo desempeñado. Lo cual, demostró la ilegalidad del auto de quince de agosto de dos mil diecisiete, donde el Juez Octavo de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán consideró que carecía de legitimación para interponer el recurso de revocación contra la determinación de cuatro de agosto de la anualidad en cita, al estimar se trata de un derecho propio de las partes en el juicio. Por auto de veintiséis de abril de dos mil dieciocho se requirió su cumplimiento (fojas 94-95). Ahora bien, en acatamiento a la sentencia de amparo, el Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil de este distrito judicial, mediante oficio 958/2018 (foja 103), acompañó copia certificada de la constancia siguiente: Auto de dos de mayo del año en curso (foja 104), en la cual realizó, en síntesis, lo que se enlista: Dejó sin efectos el auto de quince de agosto de dos mil diecisiete, emitido en el juicio ejecutivo mercantil 943/2015. Luego, al prescindir de considerar que el depositario judicial carece de legitimación para interponer el recurso de revocación, por estimar que ello es una determinación facultativa de las partes, con plenitud de jurisdicción determinó lo que conforme a derecho correspondía, a saber, tuvo en tiempo al depositario designado en autos del citado ejecutivo mercantil, promoviendo recurso de revocación contra el auto de cuatro de agosto de dos mil diecisiete, el cual admitió en la forma y términos propuestos. Del examen de la documental destacada con antelación, las que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2o., tiene pleno valor probatorio, hace patente que la responsable Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil de este distrito judicial, cumplió con el fallo protector, porque el dos de mayo de dos mil dieciocho, en el juicio ejecutivo mercantil 943/2015, dejó sin efectos el auto de quince de agosto de dos mil diecisiete. Después, en su lugar, emitió otro en el que prescindió de considerar que el depositario judicial carecía de legitimación para interponer el recurso de revocación, por estimar que ello era una determinación facultativa de las partes y con plenitud de jurisdicción determinó lo que conforme a derecho correspondía, a saber, admitió el recurso de revocación en la forma y términos en que lo interpuso el depositario designado en dicho controvertido contra el auto de cuatro de agosto de dos mil diecisiete. Por consiguiente, esta potestad federal considera que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales violados, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo; en tal virtud, se declara cumplida la sentencia de amparo. Es pertinente dejar establecido que no existió defecto o exceso en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, considerando que hay exceso cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la determinación y que, por el contrario, habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; por cuanto hace a lo afirmado en este párrafo, se cita la jurisprudencia cuyo título es: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO". Se estima que no hay defecto en el cumplimiento en razón de que la responsable acató lo establecido en la sentencia constitucional, conforme a lo que ya se dijo, pues el dos de mayo de dos mil dieciocho, en el juicio ejecutivo mercantil 943/2015, dejó sin efectos el auto de quince de agosto de dos mil diecisiete. Luego, en su lugar, con libertad de jurisdicción, prescindió de considerar que el depositario judicial carecía de legitimación para interponer el recurso de revocación, por estimar que ello era una determinación facultativa de las partes, para finalmente determinar lo que conforme a derecho correspondía, a saber, admitió en la forma y términos propuestos el recurso de revisión interpuesto por el depositario designado en autos del citado ejecutivo mercantil contra el auto de cuatro de agosto de dos mil diecisiete. En otras palabras, no dejó de hacer algo que se le haya impuesto en la resolución de amparo; tampoco existe exceso en el cumplimiento, ya que la responsable no fue más allá del alcance de la ejecutoria que concedió el amparo, pues su actuar fue dejar insubsistente una auto y emitir otro en el que prescindiera de una consideración, y con plenitud de jurisdicción determinar lo que conforme a derecho correspondiera. En otro orden de ideas, entérese a las partes que cuentan con el plazo de quince días para que en caso de no estar conformes con la presente determinación, hagan valer el recurso de inconformidad en términos de los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo. Por otra parte, una vez que transcurra el plazo establecido en el párrafo que antecede, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, provéase respecto al archivo del expediente en que se actúa, a la valoración de éste, al igual que los cuadernos incidentales, así como la devolución de las copias certificadas de donde emana el acto reclamado que remitió la responsable en apoyo al informe justificado, toda vez que será hasta ese momento en que este juzgado pueda determinar lo concerniente. Finalmente, conforme lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
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