Alejandro Morales Espino
Expediente 342/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 342/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Alejandro Morales Espino y Otros.
- Alejandro Morales Espino
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el oficio que remite el Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil de este distrito judicial; en atención a su contenido, se le tiene cumpliendo con el requerimiento formulado en proveído de doce de mayo en curso, pues informa que en ese juzgado a su cargo no se han iniciado trámites correspondientes a la sucesión a bienes de la quejosa María Isabel León Pérez o María Isabel León de Dávalos; por tanto, estése en espera de la información que proporcionen las demás autoridades que se requirieron para ese fin. Por otra parte, vista la razón del actuario adscrito a este juzgado, de la que se aprecia la imposibilidad que tuvo para notificar en forma personal a la tercera interesada Ma. Luisa Dávalos León, el proveído de doce de mayo actual, dentro del presente juicio, por los motivos que indica; consecuentemente, de conformidad con lo establecido por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo vigente, se ordena practicarle la notificación de la referida determinación, por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, así como las subsecuentes, hasta en tanto señale domicilio para ello; lo anterior, para los efectos legales correspondientes. Aviso de cambio de titular Hágase del conocimiento de las partes que a partir del dieciséis de mayo de dos mil veintiuno, funge como titular de este órgano jurisdiccional el licenciado Alberto Roldán Olvera, en cumplimiento a lo ordenado en el oficio SEADS/304/2021, de veintidós de abril del año en curso, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 118 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3o. y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar una impresión de este proveído para agregarse al expediente físico.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA. Demanda y radicación. Con la demanda de amparo de cuenta, en la que aparentemente Alejandro Morales Espino y María Guadalupe Heredia Rocha, solicitan el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos que atribuye al Fiscal General de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad y otras autoridades, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno respectivo, bajo el número III-342/2021. Consideraciones previas. Ahora, cabe referir que conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia se desechará de plano. El dispositivo en consulta señala: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con ello, debe precisarse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, incluso, en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. A mayor abundamiento, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas ni reticencias, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Cobra aplicación al caso, la tesis XV.2o.2 K, de contenido siguiente DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS. La facultad contenida en el artículo 145, de la Ley de Amparo, está limitada a aquellos casos en los que exista una causa de improcedencia manifiesta e indudable, lo que significa que para que el juez de Distrito pueda desechar una demanda de amparo, no es suficiente que se actualice una causal de improcedencia, sino que es indispensable que, por una parte, se manifieste con tal notoriedad que sea imposible no advertirla y que, por otra, sea indudable a tal grado que se tenga la certeza absoluta de que no pueda sobrevenir elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación. En el caso, se actualiza de manera indudable y manifiesta, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 6, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. De la anterior transcripción se advierte que el juicio de amparo, con las salvedades a que alude el artículo 15 de la ley en consulta, sólo puede iniciarse a instancia de parte agraviada, es decir, mediante la promoción de la demanda correspondiente, con base en las formalidades previstas en el artículo 108 de la Ley de Amparo, esto es por escrito. Asimismo, el artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 204 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, establecen lo siguiente: Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica. No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley. Artículo 204. Se reputa autor de un documento privado al que lo suscribe, salva la excepción de que trata el artículo 206. Se entiende por suscripción la colocación al pie del escrito, de las palabras que, con respecto al destino del mismo, sean idóneas para identificar a la persona que suscribe. La suscripción hace plena fe de la formación del documento por cuenta del suscriptor, aun cuando el texto no haya sido escrito ni en todo ni en parte por él, excepto por lo que se refiere a agregados interlineales, marginales, cancelaciones o cualesquiera otras modificaciones contenidas en él, las cuales no se reputan provenientes del autor, sino están escritas por su mano, o no se ha hecho mención de ellas antes de la suscripción. Lo subrayado es propio. De lo anterior transcrito se debe entender, que la voluntad de cualquier persona, cuando ésta se realiza por escrito, se manifiesta a través del estampado de la firma, acto de voluntad que supone desde luego la imposición autógrafa del puño y con la letra del propio interesado. Y para el caso de que el escrito sea presentado electrónicamente a través de las tecnologías de información, la parte interesada deberá hacer uso de la firma electrónica, la cual, de conformidad con el numeral 3 antes transcrito, producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. En el caso concreto, el escrito de demanda que se atiende, se presentó de manera electrónica, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley de Amparo; sin embargo, el certificado criptográfico hace referencia a la firma electrónica con número de serie: 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.34.30.39.39.35.34.38.35.32, firma que fue expedida por la Unidad de Certificación Intermediaria del Consejo de la Judicatura Federal, en favor de Alfonso Garfías Mondragón, como se advierte de la certificación de cuenta, esto es, la demanda de amparo carece de la firma electrónica de los quejosos directos Alejandro Morales Espino y María Guadalupe Heredia Rocha. En efecto, al realizar un análisis del escrito de demanda, se advierte que ésta no se encuentra firmada electrónicamente por Alejandro Morales Espino y María Guadalupe Heredia Rocha, sino por Alfonso Garfías Mondragón, quien reviste la calidad de autorizado de la parte quejosa, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, tal como se advierte de la demanda de cuenta, esto es, una persona diversa a los peticionarios de amparo, lo que indica una falta de voluntad de la parte quejosa directo para promover dicho juicio de amparo; ello, atendiendo al principio de instancia de parte agraviada, pues, al no haberse firmado electrónicamente el escrito de demanda por el directo quejoso, sino por diversa persona, no puede considerarse que sea voluntad de la primera mencionada instar ante este órgano jurisdiccional para que conozca del juicio de amparo. Máxime que los actos reclamados no encuadran en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 de la ley en la materia o 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales se citan a continuación: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Articulo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilacion, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscacion de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena debera ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. Ley de Amparo. Articulo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradicio´n, desaparicio´n forzada de personas o alguno de los prohibidos por el arti´culo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asi´ como la incorporacio´n forzosa al Eje´rcito, Armada o Fuerza Ae´rea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podra´ hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En efecto, del análisis integran de la demanda se advierte que los actos reclamados son: La orden de aprehensión, presentación, localización, detención y su ejecución así como que se pretenda ingresar a su domicilio. Por tanto, se estima que los actos destacados en el presente juicio de derechos humanos no se encuentran establecidos en los numerales 15 de la Ley de Amparo o 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cabe precisar que no es inadvertido para este juzgador que los quejosos refieran lo siguiente: Que las responsables pretendan ingresar a su domicilio, pues indican que ello es con el fin de detenerlos. Y que, una vez detenidos, temen se les apliquen los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. Empero, lo así argumentado, no da pauta para establecer que se autorice la presentación de la demanda sin la firma correspondiente a los quejosos o por interpósita persona. Ello se explica, pues el artículo 3, último párrafo, de la Ley de Amparo establece que "No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley"; porción normativa que, a su vez, es congruente sistemáticamente con lo dispuesto por el numeral ulterior, esto es con el numeral 15 de la citada codificación que prevé: Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. Numerales de los que se desprende que sólo cuando se trate de los actos precisados en el numeral 15 citado (o del 22 constitucional), si la demanda se presenta de manera electrónica, no será exigible ese tipo de firma (electrónica) a los quejosos, y que cuando la demanda de amparo se promueva físicamente, podrá formularla por cualquier persona a nombre de los quejosos. Empero, lo trascendental de la presentación de una demanda de amparo en uno (electrónica) y en otro caso (físicamente), es que se trate de algunos de los actos previstos en los numerales 15 de la Ley de Amparo o 22 constitucional. Hipótesis anteriores que no se colman en el caso concreto, pues la eventual intromisión al domicilio al que aluden los quejosos como eventual circunstancia precedente a su probable detención, no se encuentra prevista en los numerales citados en el párrafo precedente (15 de la Ley de Amparo o 22 constitucional) sino está protegida a través de un diverso derecho fundamental (artículo 16 constitucional) Y en cuanto al temor de que al ser detenidos se les aplique algunos actos previstos por el numeral 22 constitucional, cabe precisar que la parte quejosa no manifiesta de que en el momento de la presentación de la demanda de amparo se hayan o se estén ejecutando aquellos actos prohibidos sobre sus personas; por lo contrario, la eventual existencia de dichos actos se encuentran condicionados a que se concrete su probable detención con motivo de la orden que reclaman, pues al respecto indican: es evidente que los elementos de la policía ministerial pretenden detenernos, torturarnos, robarnos nuestras cosas personales, desaparecernos, incomunicarnos a mí o a mi esposa."; además de que solicitan la suspensión para que las cosas se mantengan en el estado en que actualmente se encuentran. Todo lo cual revela que, en el caso concreto, no son actuales los actos prohibidos por el numeral 22 constitucional y a los cuales alude el diverso 15 de la Ley de Amparo. En consecuencia, visto que los actos reclamados no encuadran en las hipótesis de los numerales 15 de la Ley de Amparo o 22 constitucional, entonces la presentación de la demanda debe ajustarse a las reglas generables; y con base en éstas, toda vez que el único elemento con el que cuenta este juzgado para verificar la voluntad de los promoventes del amparo mediante las tecnologías de la información, es la firma electrónica; y en este caso no se puede afirmar válidamente que exista la voluntad del solicitante para promover el presente juicio de amparo; por ende, con fundamento en el artículo 6 de la Ley de Amparo, es claro que no existe la voluntad manifiesta de la parte quejosa para instar la acción constitucional, en cuanto que, como se dijo, su demanda carece de firma electrónica del quejoso directo, por lo que siendo ésta la que da autenticidad a la demanda de amparo y en todas sus consecuencias legales, es claro que el juicio deviene improcedente. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 8/2019 de la Décima Época, que expresamente establece: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida. Lo que resulta de ese modo, porque aun cuando la demanda se presentó mediante la utilización de la firma electrónica correspondiente a quien se designa como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, ello es insuficiente para considerar expresada la voluntad de los peticionarios de amparo para instar el inicio del juicio de amparo, precisamente porque la presentación de la demanda es un acto personalísimo que la ley asigna al titular de un derecho subjetivo o legítimo a quien afecta el acto o norma general, por lo que no puede hacerse por conducto de otra persona. En efecto, no debe olvidarse que la actuación de los autorizados en términos amplios del numeral 12 de la ley de la materia, inicia a partir de que el juzgador le reconozca ese carácter y no antes de la presentación de la demanda, precisamente porque se trata de una autorización procesal limitada que sólo puede ser entendida una vez que el órgano jurisdiccional se pronuncie a ese respecto, por lo que no puede reconocérsele potestad para promover en representación de los justiciables, como se pretende en el caso particular. Luego, si la presentación de la demanda que ahora nos ocupa correspondía a los propios quejosos o, bien, a persona que contara con representación legal suficiente para actuar a su nombre, se presentó vía digital mediante la utilización de la firma electrónica perteneciente a quien propone como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, sin que previo a la presentación de tal ocurso tuviese reconocido tal carácter; es evidente que se actualiza la causa de improcedencia en estudio, sin que la aludida circunstancia pueda ser objeto de prevención, toda vez que la omisión en comento no constituye una mera irregularidad subsanable, sino que está ante la ausencia de un requisito fundamental para tener por expresada la voluntad del quejoso de acudir a la presente instancia constitucional. Con relación a dicho tópico, existe pronunciamiento expreso por parte del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 47/2018, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México, la cual dio origen a la jurisprudencia P./J. 32/2018 (10a.) que dice: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE. La implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hacen referencia el artículo 3o. de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implicaron soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso señala como su autorizado en el escrito de demanda, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano. No se soslaya que en la demanda de amparo, aparentemente, obra visible dos diversas firmas autógrafas escaneadas que corresponderían, aparentemente, a los quejosos referidos, sin embargo, ello no es motivo para considerar que la presentación de la demanda cumple con el principio de instancia de parte agraviada para ejercer la acción de amparo. Esto se explica, toda vez que el Pleno del Alto Tribunal de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 45/2018, consideró que si el gobernado opta por presentar la demanda de amparo o cualquier otro escrito en el proceso de derechos humanos a través del empleo de las tecnologías de la información, debe seguir las reglas establecidas en el artículo 3 de la Ley de Amparo, esto es a través de la firma electrónica FIREL. Lo anterior, toda vez que la firma electrónica FIREL es el equivalente electrónico al de la firma autógrafa y se trata de un conjunto de datos que se adjuntan a un mensaje electrónico, cuyo propósito es identificar al emisor del mensaje como autor legítimo de éste, como si se tratara de su firma autógrafa, produciendo los mismos efectos de ésta, de conformidad con los artículos 3, 10, 12, inciso f) y 13, inciso d), del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico. De tal manera que al haber optado los solicitantes del amparo por presentar su demanda de derechos humanos a través del portal electrónico, la misma debió ajustarse a las reglas establecidas para el empleo de dicha tecnología de la información; de ahí que la aparente firma -de cada quejoso- que aparece en los documentos escaneados no es apta para considerar que se cumple el principio de agravio personal y directo. De igual forma, por las razones que en ella se informan, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 128/2005 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 11, tomo XXII, noviembre de 2005, Novena época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que expresa: "DEMANDA DE AMPARO. PARA TENER POR MANIFIESTA LA VOLUNTAD DE PROMOVERLA, LA FIRMA O FIRMAS PUEDEN ESTAMPARSE EN HOJAS ANEXAS. El artículo 204 del Código Federal de Procedimientos Civiles establece que por suscripción de un documento, se entiende la colocación, al pie del escrito, de las palabras que con respecto a su destino sean idóneas para identificar a la persona que suscribe; sin embargo, tratándose de la demanda de garantías, la firma correspondiente puede ser plasmada en hojas anexas, pues el hecho de que la misma no se imprima al pie de la última hoja con la que termina el texto de la demanda sino en una o varias anexas, no significa que no existe el propósito de promover tal demanda, ya que al haberse acompañado al escrito relativo forma parte de ella y constituye el signo expreso e inequívoco de su voluntad, máxime si se toma en cuenta que el documento que contiene la demanda constituye un todo integral, salvo prueba en contrario, esto es, mientras no se demuestre que la firma de que se trata no fue puesta del puño y letra del titular de la demanda o de su representante. Además, en el caso de que el Juez o el tribunal del conocimiento tengan dudas respecto a la identidad y voluntad del quejoso para promover la demanda de garantías, podrá prevenirlo para que ratifique o haga la aclaración correspondiente, de acuerdo con los artículos 146 y 178 de la Ley de Amparo, respectivamente. También la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 315, tomo X, octubre de 1992, Octava época, Semanario Judicial de la Federación, del texto siguiente: DEMANDA DE AMPARO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO CUANDO CARECE DE FIRMA AUTÓGRAFA. Si un escrito de demanda carece de firma autógrafa del quejoso procede su desechamiento, pues sin ella no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a lo dispuesto en los artículos 4º y 166 de la Ley de Amparo, por ser la firma una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada. Asimismo, es aplicable al caso, la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, visible en la página 3485, Tomo XIX, 10.A.C.2 K, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo IV de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. SI SE PRESENTA MEDIANTE EL USO DE UNA FIRMA ELECTRÓNICA DISTINTA DE LA REGULADA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL (FIREL), AQUÉLLA NO PUEDE TENER EL EFECTO DE SER EQUIVALENTE A LA AUTÓGRAFA, PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO. De los artículos 2o., 3o. y 175 de la Ley de Amparo se advierte que en el juicio de amparo es posible presentar la demanda correspondiente con el uso de las tecnologías de la información, mediante la firma electrónica regulada por el Consejo de la Judicatura Federal a través de acuerdos generales. Así, dicho órgano administrativo y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitieron la normativa aplicable para la implementación y uso de esa herramienta en los Acuerdos Generales Conjuntos Números 1/2013 y 1/2014, en los que establecieron la posibilidad de que las demandas de amparo directo se recibieran por medio de la firma electrónica implementada en los tribunales ordinarios; sin embargo, la condicionaron a la suscripción de un convenio entre el Poder Judicial de la Federación y los tribunales judiciales, administrativos y del trabajo locales y a que: a) Aquél proporcione al órgano respectivo los programas informáticos necesarios; b) Los tribunales referidos reconozcan a la FIREL como el principal mecanismo de ingreso y consulta a los expedientes electrónicos; y, c) La Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas y el tribunal respectivo, emitan una declaratoria al respecto, la que se publicará en el Diario Oficial de la Federación y, en su caso, en el Periódico Oficial de la entidad política correspondiente. Por tanto, si quien se considere agraviado con alguna sentencia que admita amparo directo, presenta su demanda mediante una firma electrónica distinta de la denominada FIREL, aquélla no puede tener el efecto de ser equivalente a la autógrafa para la procedencia del juicio, aun cuando la autoridad responsable certifique su recepción, ya que aceptar ese acto como válido, implicaría analizar los requisitos de admisibilidad de un juicio federal a la luz de normas y mecanismos locales inaplicables. Esta circunstancia no limita el derecho fundamental de acceso a la justicia, pues nada impide a los particulares presentar su demanda por escrito, ante la imposibilidad jurídica y material de hacerlo electrónicamente. Desechamiento de la demanda de amparo. Consecuentemente, al actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 6, ambos de la Ley de Amparo, se DESECHA de plano, por notoria e indudable improcedencia, la demanda de que se trata. Sin que la anterior determinación, lesione el derecho de acceso a la justicia de los promoventes del amparo que por ello sea contraria al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por este juzgador y, en el caso, la examinada es procedente de manera manifiesta e indudable. Apoya lo anterior, la tesis número III.4o.(III región) 14 K (10a.), consultable en la página 1641, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, libro XXIII, agosto de 2013, tomo 3, materia constitucional, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época, que dice: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación fue reformado, además de otros, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de precisar, entre otras cuestiones, que en este País todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Ahora bien, los artículos 17 constitucional y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen el derecho de las personas a que se les administre justicia, el acceso a ésta y a contar con un recurso sencillo y rápido, o efectivo, de ninguna manera pueden ser interpretados en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de amparo sean inaplicables, ni que el sobreseimiento en él, por sí, viola esos derechos. Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y decidir sobre la cuestión debatida. Por tanto, las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo. Domicilio procesal y autorizado. En otro aspecto, se tiene que en el caso particular es improcedente proveer respecto del domicilio para oír y recibir notificaciones y la autorización que para tal efecto se concede, pues como ya se precisó, el documento que se acuerda carece de firma electrónica; por tanto, no puede tenerse por hecha la manifestación de la voluntad, ni siquiera para el aspecto relativo al señalamiento de domicilio y autorizados para oír y recibir notificaciones. No obstante lo anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estipuló que, cuando se trata del auto que ordena aclarar la demanda, es necesario notificar dicho proveído de manera personal, aun cuando el domicilio señalado quede fuera de la residencia del tribunal de amparo; ello a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa. Por tanto, si en el presente acuerdo se determinó desechar la demanda, inconcuso es que deba notificarse esta resolución de manera personal. Orienta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 24/2004, visible en la página 321, tomo XIX, marzo de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE ORDENA ACLARARLA DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE, AUN CUANDO EL DOMICILIO SEÑALADO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES SE ENCUENTRE FUERA DEL LUGAR DE RESIDENCIA DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEL CONOCIMIENTO. De lo dispuesto en los artículos 146 y 178, en relación con los numerales 28, fracción II, último párrafo y 29, fracción III, todos de la Ley de Amparo, se advierte que el proveído por el que se manda aclarar la demanda de garantías debe notificarse en forma personal, a fin de que pueda subsanar las irregularidades de su escrito, aun cuando haya señalado un domicilio para recibir notificaciones fuera del lugar de residencia del órgano jurisdiccional del conocimiento. Lo anterior es así, toda vez que la obligación de señalar domicilio convencional en el lugar del juicio constituye un requisito de la demanda, cuya omisión no puede originar su sanción inmediata, sino el requerimiento previo en el sentido de que, en caso de no cumplir con dicha obligación procesal, las subsecuentes notificaciones, aun las personales, se harán por medio de lista. Además, el auto por el que se manda aclarar una demanda de amparo es de tal trascendencia, que su falta de conocimiento oportuno puede llevar a tenerla por no interpuesta, por lo que debe garantizarse plenamente al quejoso la posibilidad material, no sólo formal, de subsanar las irregularidades de su escrito inicial, pues de lo contrario carecerían de toda eficacia jurídica los requerimientos y apercibimientos contenidos en la prevención, y se atentaría contra el derecho de acción de quien acude al amparo. Por tanto, dada la trascendencia del presente proveído y a fin de no dejar en estado de indefensión a los aludidos quejosos, hágase la notificación de este acuerdo de manera personal en el domicilio que se señaló para tal efecto en el escrito de cuenta, el cual se encuentra ubicado en: Avenida Héroes de Nocupétaro número 47 cuarenta y siete, de la colonia centro, en esta ciudad. En el entendido de que las notificaciones referentes a los acuerdos subsecuentes incluso los de carácter personal, se practicarán por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado federal, pues como se dijo, resulta improcedente proveer respecto del domicilio para oír y recibir notificaciones señalado en la demanda. Providencias generales con relación al nuevo esquema de reanudación de labores en los órganos del Poder Judicial de la Federación. Consulta en línea del expediente y presentación de promociones en la misma vía. Se exhorta a las partes intervinientes en este asunto (contendientes, terceros y auxiliares), a que las consultas y promociones se realicen vía electrónica en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, en el cual podrán actuar a través de la firma electrónica avanzada certificada por el Consejo de la Judicatura Federal, o por el Servicio de Administración Tributaria (e.Sat o e.Firma), que es la que se utiliza para rendir la declaración anual de impuestos y otros servicios en materia de obligaciones tributarias. En caso de no contar con ninguna de ellas, podrán tramitarla en la página www.firel.pjf.gob.mx, siguiendo los pasos que ahí se describen. Una vez obtenida cualquiera de las firmas electrónicas avanzadas, las personas (los contendientes, terceros y auxiliares) tendrán acceso al portal de servicios en línea en donde podrán realizar un registro como "usuario", asignándole la nomenclatura que sea de su agrado, y una contraseña personalísima vinculada a la firma electrónica, con dicho usuario podrán ser habilitados por el órgano jurisdiccional para que tengan acceso al expediente electrónico correspondiente en el cual podrán: Consultar constancias. Presentar demandas, escritos, recursos, ampliación de demanda, cumplir con prevenciones y requerimientos, formular alegatos, acceder a los que formule su contraparte. Notificarse. Descargar las constancias que constituyen el expediente digital, la que tendrán el valor de copias certificadas por estar firmadas electrónicamente por los servidores públicos integrantes del órganos jurisdiccional. Al respecto, el artículo 16 del Acuerdo General 12/2020 señala lo siguiente: Artículo 16. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el PJF a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema. Para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (i) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (ii) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (iii) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo. El registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Consulta física del expediente y presentación de promociones en la misma vía. Para el caso que las partes no les sea posible acceder a las tecnologías precisadas en el punto inmediato anterior, y requieran consultar físicamente el expediente o presentar promociones físicamente, se les informa lo siguiente. Consulta física del expediente. Toda vez que para garantizar la continuidad de las medidas para evitar la concentración de personas y la propagación de virus Covid-19, subsiste la situación de emergencia sanitaria, si cualquiera de las partes considera necesario consultar físicamente el expediente, a efecto de estar en posibilidad de formular los alegatos correspondientes u ofrecer prueba, con base en el artículo 6 del acuerdo general en cita deberá generar una cita en el portal de internet de servicios informáticos en línea del Poder Judicial de la Federación, dentro del micrositio "Agenda OJ", en el entendido de que el acceso al órgano jurisdiccional y, consecuentemente al expediente respectivo, conforme a los artículos 3, 4, 6 y 7 del Acuerdo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se encuentra sujeto a las limitaciones siguientes: El acceso al órgano jurisdiccional y, por consecuencia al expediente, sólo verificará en la fecha y hora de la cita. Estará limitado a dos personas por cita, una de las cuales deberá ser quien agendó la cita. Si requiere de atención especial por padecer de alguna discapacidad, deberá informarlo al momento de agendar la cita, indicando con toda precisión qué tipo de discapacidad posee, a efecto de se realicen los ajustes necesarios para su comparecencia. Deberá someterse a los controles sanitarios establecidos en el inmueble del Poder Judicial de la Federación, en el entendido que de no cumplir con lineamientos establecidos para tal efecto, no se permitirá el acceso. Deberá respetar las medidas de "sana distancia" conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Para presentar físicamente promociones. Dado que la reanudación de los plazos y términos procesales implica la de las actividades administrativas de los órganos jurisdiccionales, los escritos, promociones u oficios dirigidos a este expediente podrán presentarse en la oficialía de partes común (OPC), las cuales quedarán instaladas en los edificios sedes de los órganos jurisdiccionales a partir del tres de agosto de dos mil veinte, y funcionará en dos turnos; a saber: (i) turno matutino prestará servicios de las nueve a las catorce horas, exclusivamente para órganos que laboren por las mañanas, y la del turno vespertino lo hará de las quince a las diecinueve, sólo para los órganos que laboren por las tardes. Para tal efecto, indíquese a las partes que este órgano fue designado para desempeñar labores en el turno vespertino. Procedimiento ante las oficialías de partes comunes (OPC) Con base en la circular SECNO/14/2020 de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en la medida de lo posible, se seguirá de acuerdo a la mecánica esencial que se detalla: (i) Toda persona justiciable debe portar cubrebocas de forma obligatoria. (ii) La persona justiciable debe ser dirigida al espacio de presentación de documentación correspondiente, dependiendo de si se pretende depositar en el buzón o presentar ante la OPC. (iii) Una vez en el espacio correspondiente a la OPC, deberá hacer fila, siempre respetando los espacios personales de sana distancia señalizados previamente. (iv) En caso de advertirse que están agotados los espacios personales, alguna o alguno de los funcionarios designados para proporcionar información o canalizar el flujo de personas les entregará comprobantes o contraseñas a las personas que acudan hasta el término del turno, con el objeto de puedan retirarse y regresar posteriormente para ser atendidas y que se reciban sus promociones, justificando su recepción fuera del horario establecido para el turno. (v) Una vez atendida, la persona justiciable debe retirarse de inmediato; en el entendido de que las citas para consulta de expedientes en los órganos jurisdiccionales tienen un trámite autónomo y automatizado. Comuníquese a las partes que fuera del horario establecido para la atención de las OPC, en caso de asuntos en los que se venza un término podrán presentar los escritos y oficios de los expedientes en trámite ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán con residencia en Morelia, o el buzón judicial. Disposiciones finales en relación a la observancia de las medidas imperantes en la asistencia a las instalaciones de los tribunales federales. Para el caso de que las partes decidan continuar tramitando físicamente este expediente y en consecuencia tengan la necesidad de acudir al edificio sede de este órgano, se les hace del conocimiento que, conforme a los lineamientos trazados en el acuerdo general 21 del Consejo de la Judicatura Federal y circular SECNO/14/2020 citadas con antelación, deben acatar los lineamientos trazados en dicho cuerpo normativo, pues de lo contrario les será negado el acceso a los recintos destinados para brindarles la atención debida con la consecuente preclusión del derecho procesal correspondiente, ya que los plazos y términos no serán suspendidos de manera particular. También se les comunica que: El incumplimiento de las medidas sanitarias generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. El ingreso al edificio y al órgano jurisdiccional sólo se permitirá en la hora y fecha establecida en la cita, no se permitirá en hora y fecha diversa, en caso de incomparecencia deberá agendar. Anotaciones y capturas. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Integración. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3o. y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar una impresión de este proveído para agregarse al expediente físico.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el comunicado que remite el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del distrito judicial de Zamora, Michoacán; en atención a su contenido, téngasele informando el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo al remitir copia certificada del auto de veintiuno de abril de dos mil veintiuno, emitido en acatamiento de la ejecutoria de amparo, lo que acredita con las documentales que acompaña. Con lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes por el plazo de tres días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, para lo cual deberá correrse traslado con copia simple del oficio y anexo en mención; en el entendido que este Juzgado, en su oportunidad, resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, de acuerdo a las constancias de autos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)" Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3o. y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar una impresión de este proveído para agregarse al expediente físico.
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