Alejandro Navarro Sánchez

Expediente 251/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
251/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
17/03/2022

Partes del expediente

  • Alejandro Navarro Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    Reanudación de plazos. En atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Remite informe sobre suspensión de plano. Visto el oficio del Actuario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, a través del cual remite el diverso comunicado del Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS Michoacán", con residencia en Buena Vista, Tomatlán, mediante el cual rinde informe relativo a la suspensión de plano concedida a Alejandro Navarro Sánchez, en auto de ocho de los actuales. Sin que haya lugar a reenviarlo al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, quien conoce de la demanda de amparo que dio origen a este expediente, toda vez que ello se ordenó el once de los actuales. 2. Acusa recibo de demanda. Visto el diverso oficio de la secretaria del referido Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, a través del cual acusa recibo del comunicado al que se le adjuntó la demanda de amparo que dio origen a este expediente e informa que se aceptó conocer de la misma. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al área del edificio habilitada para esos efectos, se instruye a la secretaria encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. 2.2 De conformidad con el artículo 21, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación.

  2. Principal

    En atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por la enfermedad COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Se agrega escrito. Agréguese a los autos el escrito de Miguel Ángel Rojas Ángeles, autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual en atención al requerimiento hecho en acuerdo de dos de febrero de dos mil veintidós, se manifiesta conforme con las respuestas dadas por la autoridad responsable a sus solicitudes atendidas por ésta. 1.1. Copias. Como lo pide el promovente, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 278 y 279 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, expídase copia certificada de las constancias que indica -siempre y cuando obren en este juicio-. 1.1.1. Trámite de entrega. Ahora bien, a efecto de materializar la entrega de las documentales solicitadas, con fundamento en el artículo 3o, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por la enfermedad COVID 19, requiérase al promovente para que se ponga en contacto con la secretaria encargada del trámite de este asunto, al número telefónico oficial de este juzgado 4433226960, extensiones 1161 y 1162, a fin de coordinarse para tal efecto; asimismo, para que, una vez ocurrido lo anterior, agende cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio denominado "Servicios Jurisdiccionales", y genere el código QR a su nombre, debiendo confirmar, la autorización y QR brindados. 1.1.2. Se precisa que en la hora y fecha que se le programe deberá presentar electrónicamente en un dispositivo móvil o impreso, el mencionado código QR, a fin de que pueda ingresar al edificio sede del Poder Judicial de la Federación, para la recepción de los documentos. 2. Estado de autos. Del estado de autos se observa que el dos de febrero de dos mil veintidós, se tuvo al encargado de despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Michoacán, informando que esa Delegación agotó las instancias para localizar el trámite pendiente de cumplimentar y solicitó que por conducto de este juzgado se informara a la parte quejosa que esa dependencia requiere le sea proporcionado de nueva cuenta el ocurso recibido el diez de septiembre de dos mil dieciocho, a fin de darle el seguimiento correspondiente; asimismo, informó que generó cita a la parte quejosa para que se presentara en sus instalaciones el veinticinco de febrero de dos mil veintidós a las trece horas, a fin de que le fueran notificadas las calificaciones respectivas a las solicitudes presentadas por la quejosa inherentes a este juicio. 2.1. Requerimiento. Por tanto, requiérase a la autoridad responsable para que dentro del término de tres días, informe si la parte quejosa acudió a sus oficinas en la fecha indicada y el resultado de su visita; debiendo remitir las constancias en copia certificada que acrediten su dicho. 2.1.2. Apercibimiento. Apercibida que de no atender el citado requerimiento, se le harán efectivos los apercibimientos que se han decretado en este expediente, mismos que se encuentran vigentes para el caso de su incumplimiento. 2.2. Requerimiento a superior jerárquico. Dese cuenta del presente proveído al Director en Jefe del Registro Agrario Nacional, con residencia en la Ciudad de México en cuanto superior jerárquico de la autoridad responsable, para que en el término de tres días, manifieste las acciones realizadas para dar cumplimiento a la sentencia dictada en este sumario constitucional, lo que deberá acreditar en copia debidamente certificada; en la inteligencia de que es responsable solidario por la falta de cumplimiento, e igualmente le resultan aplicables los apercibimientos emitidos para lograr el eficaz cumplimiento de la sentencia de amparo.

  3. Principal

    Reanudación de plazos. En atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE AMPARO. Estas son las que se toman enseguida: 1.1. Demanda y radicación. Vista la demanda e amparo promovida por Alejandro Navarro Sánchez, por propio derecho, contra actos del Director General del Centro Federal de Readaptación social Número 17 "CPS Michoacán", con residencia en Buena Vista, Tomatlán. En tales condiciones, por tratarse de un asunto urgente, con fundamento en los artículos 15, 17, fracción IV, 20 y demás relativos de la Ley de Amparo, fórmese expediente y regístrese tanto en el libro de gobierno de juicios de amparo con el número 251/2022, como en el sistema integral de seguimiento de expedientes. 2. Suspensión de plano. Con fundamento en el numeral 126, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano del acto reclamado consistente en la falta de atención médica por el padecimiento de dermatitis en el cuero cabelludo respecto del cual fue diagnosticado el quejoso. Por tanto, bajo la más estricta responsabilidad de la autoridad responsable, se concede la medida cautelar para el efecto de que se le proporcione la atención médica, medicamentos y tratamiento que requiere, además deberá realizar las gestiones necesarias en caso de no contar con los espacios necesarios e insumos que necesite. Lo anterior, atendiendo a que de los antecedentes narrados en la demanda de amparo, se observa que pese a haberlo solicitado con anterioridad, no ha recibido el respectivo tratamiento; lo que permite establecer, con base en una ponderación de la apariencia del derecho y el peligro en la demora, que la falta de atención médica reclamada compromete gravemente la integridad personal del quejoso. 2.1. Condiciones de la suspensión. Esta suspensión surtirá sus efectos desde luego, respecto de los actos que el promovente atribuye a la autoridad responsable señalada en el escrito de demanda o, en su caso, también contra aquellas autoridades que tengan a su disposición al quejoso. 2.2. Requerimiento de informe en relación a la suspensión de plano. Hágase saber lo anterior a la autoridad responsable que deberá informar dentro del término improrrogable de veinticuatro horas, de conformidad con el artículo 158, en relación con el diverso 236, ambos de la ley de la materia, sobre el cumplimiento de esta determinación; apercibida que de no cumplir con lo que aquí se ordena, se le impondrá multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización al momento en que no se atienda la encomienda, en los términos del artículo 237, fracción I, en relación al 259, de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento de la autoridad responsable que la violación de este mandato equivale a la comisión de un delito equiparable al abuso de autoridad según dispone el artículo 206, en relación con el 237, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, delito que si se llegara a consumar, de inmediato será consignada para el ejercicio de la acción penal en contra de los responsables. 3. Incompetencia para conocer del presente asunto. Conviene destacar que el quejoso hizo consistir el acto reclamado en lo siguiente: Falta de atención médica. En el caso, este juzgado estima carecer de competencia legal por razón de territorio, para conocer de la demanda en cuestión, atento a los siguientes razonamientos: El artículo 37 de la Ley de Amparo, prevé: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". De la anterior trascripción, se desprende que existen tres reglas fundamentales para fijar la competencia de los juicios de amparo: Será competente el juez de distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Dadas las características y naturaleza de los actos reclamados en este sumario constitucional, se actualiza la hipótesis prevista en el número uno, pues de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que el directo quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación social Número 17 "CPS Michoacán", con residencia en Buena Vista, Tomatlán, por lo que los actos combatidos tienen eminente ejecución en esa ciudad, por lo que el juez competente es aquel que tiene jurisdicción en donde se encuentra recluido el quejoso directo Alejandro Navarro Sánchez. Ahora, el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República, aprobado en sesión de veintitrés de enero de dos mil trece, establece que tratándose de la competencia de los Juzgados de Distrito del Decimoprimer Circuito, corresponde a los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, ejercer jurisdicción, entre otros, en Buenavista Tomatlán, lugar en el que se ejecutan los actos reclamados, ello atendiendo a que el quejoso directo se encuentra recluido en un centro penitenciario con domicilio en ese lugar. Luego, es incuestionable que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer del presente asunto, pues conforme a las reglas previstas por el artículo 37 de la ley invocada, es competente para conocer del juicio de amparo el juez de distrito en cuya jurisdicción deba ejecutarse, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; en esa virtud, atendiendo a que el acto impugnado se ejecuta en Buena Vista, Tomatlán, lugar donde ejercen jurisdicción los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan. Es aplicable sobre el particular, la tesis de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 12, tomo 199-204, cuarta parte, Séptima época, Semanario Judicial de la Federación, que dice: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE LA JURISDICCIÓN EN DONDE HAYAN DE EJECUTARSE LOS ACTOS RECLAMADOS. Si la autoridad responsable radica en un lugar situado bajo la jurisdicción de un Juez de Distrito; pero los actos reclamados deben ejecutarse en demarcación diferente, que está sujeta a jurisdicción de otro Juez de Distrito, este último es el competente para conocer del amparo indirecto, de acuerdo con el texto reformado del artículo 36 de la Ley de Amparo, en vigor desde el dieciséis de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, que dispone: "Cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado", y que suprimió la parte del último párrafo en que se daba competencia al Juez de la residencia de la autoridad ordenadora "siempre que (su acto) se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse". Así como la tesis número I.1, A. 44 A, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1299, tomo XIV, agosto de 2001, Novena época, materia común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y contenido siguientes: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora". Y la tesis número II.2o.P.16 K (10a.), del segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, localizable en la página 2093, libro 32, tomo III, julio de 2016, Décima época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece lo siguiente: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA NEGATIVA U OMISIÓN DE PROPORCIONAR ATENCIÓN MÉDICA A UN REO RECLUIDO EN UN CENTRO PENITENCIARIO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE ESE CENTRO. Del artículo 37 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) Es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora bien, la negativa u omisión de proporcionar atención médica a un reo recluido en un centro penitenciario es un acto de naturaleza negativa u omisiva, pero con efectos positivos sobre la salud de aquél, pues lo que pretende el quejoso al promover el amparo es recibir ese cuidado profesional, de manera que las consecuencias de la decisión que se efectúe, beneficiarán o perjudicarán su salud, lo que se producirá, invariablemente, en el lugar donde se encuentre interno. En esas condiciones, al tratarse de un acto que sí requiere ejecución, y conforme a la primera regla establecida en el precepto citado, la competencia por territorio para conocer del juicio de amparo indirecto promovido en su contra, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique ese centro de reclusión". En las relatadas condiciones, este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, considera carecer de competencia para conocer de la demanda en cuestión. En consecuencia, previo cuaderno de antecedentes que se forme, y en acatamiento a lo previsto por el numeral 48, primer párrafo, de la ley de la materia, procede declinar la competencia para conocer de la demanda de amparo en cuestión en favor del Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan; por tanto, remítasele la referida demanda, para los efectos legales correspondientes, solicitándose el acuse de recibo respectivo, toda vez que a consideración de este juzgador, debe atenderse a la naturaleza de los actos reclamados y a las autoridades responsables Háganse las anotaciones en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado y fórmese el cuaderno de antecedentes con copia de la demanda para los efectos legales procedentes. 4. Domicilio y autorizados. Se tiene al quejoso señalando como domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, asimismo, se tiene como autorizado a Dan Isaí Sánchez Ramírez, sin las amplias facultades a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que no cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos del Poder Judicial de la Federación. 5. Notificación al quejoso. Ahora, toda vez que el quejoso Alejandro Navarro Sánchez, se encuentra recluido en el Director General del Centro Federal de Readaptación social Número 17 "CPS Michoacán", con residencia en Buena Vista, Tomatlán, con fundamento en los artículos 27 fracción II y 116 de la Ley de Amparo, 158, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 298, 300, 303, 305, 306, y 314 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en materia de amparo; gírese exhorto a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, para que en auxilio y delegación de las labores de este juzgado, se sirva comisionar al actuario de su adscripción para que se constituya en el aludido centro de reclusión y notifique al quejoso este acuerdo. Asimismo, para que haga entrega del oficio a la autoridad señalada como responsable y remita el acuse de recibo respectivo. Se faculta al juez exhortado para que, en términos del numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, en caso de ser necesario habilite días y horas inhábiles a efecto de que el actuario de su adscripción esté en posibilidad de realizar la diligencia de notificación encomendada. Hecho lo anterior, se solicita al juez auxiliar que devuelva la comunicación oficial con las constancias que acrediten su diligenciación. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental consagrado en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Háganse las notaciones en el Libro de Gobierno, así como las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

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