Alejandro Leal Solís
Expediente 593/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 593/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Alejandro Leal Solís
Actuaciones
- Principal
En atención al contenido del Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Colegiado asume conocimiento. Agréguese a los autos para que surta los efectos legales conducentes, el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad; atento a su contenido, se le tiene informando que dicho tribunal asumió el conocimiento de la demanda de amparo promovida por Alejandro Leal Solís, la cual dio origen al expediente en que se actúa, en virtud de la incompetencia planteada por este juzgado. 2. Archivo. Por otro lado, como de autos se obtiene, que se trata de un asunto concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar; por tanto, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. 2.2. Valoración. Ahora, conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del artículo 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales publicado el veintiocho de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación pues se trata de un asunto en el que este juzgado se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo y debido a ello es susceptible de destrucción. En esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el plazo de conservación establecido en el referido ordenamiento, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del presente asunto, observándose lo dispuesto en los dispositivos 22, 23 y 24 del mencionado Acuerdo General, remitiéndose un tanto del acta de destrucción y del listado correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. En términos del artículo 35, segundo párrafo del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación.
- Principal
Intégrese el oficio del Secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad de Morelia, Michoacán, a través del cual acusa recibo del comunicado por el que se remitió el cuaderno de amparo III-B 593/2021, formado con motivo de la demanda promovida por Alejandro Leal Solís; relativo a la incompetencia planteada por este juzgado, e informa que en proveído de siete de julio de dos mil veintiuno, reservó acordar lo procedente respecto de la demanda de cuenta, hasta en tanto la responsable integre dicho asunto; de lo que se toma conocimiento.
- Principal
Intégrese la impresión del correo electrónico enviado por sise@cjf.gob.mx, a través del cual remite la papeleta de turno que anexa al comunicado de cuenta; de lo que este órgano jurisdiccional queda enterado para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
REGISTRO Vista la demanda de amparo promovida por Roberto Melgarejo Ortíz apoderado del quejoso Alejandro Leal Solís, carácter que acredita en términos de poder que exhibe; de conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 593/2021-III-B. ACTO RECLAMADO Del escrito de demanda se advierte que el promovente señala como acto reclamado y autoridad responsable, los siguientes Así del análisis integral de la demanda se advierte que se reclama el auto de veintidós de junio de dos mil veintiuno, que negó admitir el recurso de revocación interpuesto contra el proveído de catorce de mayo anterior, en el que se decretó la caducidad en el juicio ordinario civil 466/2018 del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia en Materia Civil de este distrito judicial, promovido por el hoy quejoso; esto es, una determinación que tiene como consecuencia jurídica inmediata, que subsista una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo da por terminado -caducidad-. Ahora, atento a las consecuencias del acto reclamado, este juzgado federal estima carecer de competencia legal para conocer y resolver el presente asunto, por razón de vía, en atención a los razonamientos siguientes. El artículo 170 de la Ley de Amparo, determina sustancialmente lo que a continuación se transcribe: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito". Además, el artículo 171 de la Ley de Amparo, dispone que las violaciones a las leyes del procedimiento deberán hacerse valer al reclamarse la sentencia definitiva, a saber: "Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo". Por tanto, toda vez que lo reclamado se trata de una resolución que puso fin a un juicio, este juzgado de distrito carece de competencia legal para conocer y resolver el presente asunto, con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo, remítase a la oficialía común de partes de los Tribunales Colegiados de este Circuito, pues se estima que la Competencia surte a favor del Tribunal Colegiado en Materia Civil. Lo anterior, con base en lo dispuesto en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 34 de la Ley de Amparo. Orienta la anterior consideración, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostenido en la tesis con registro 2008791, cuyo rubro y contenido establecen lo siguiente: TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor. Háganse las anotaciones respectivas y con copia de las constancias necesarias fórmese el cuaderno de antecedentes relativo. DOMICILIO De igual forma, como lo pide el promovente se autoriza al actuario adscrito para que habilite el usurario "MAXIRICO69" y por ese medio se le hagan las notificaciones derivadas de este expediente. AUTORIZADOS En relación a la autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígase que se avala en términos amplios, siempre y cuando tenga cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. CONSULTA FÍSICA DEL EXPEDIENTE Por otra parte, en caso de que la quejosa opte por revisar el presente asunto físicamente, indíquese que para ello, deberá cumplir con lo establecido en los artículos 3, 4, 5, 6 y 7, del capítulo II, del acuerdo general 21/2020; preceptos que en síntesis hacen referencia a la forma en que los justiciables, podrá acudir a los órganos jurisdiccionales a fin de desahogar cualquier clase de diligencias (desahogo de audiencias, comparecencias o revisión de expedientes etc.); sin embargo, para tal fin deberá generar su código QR y agendar la cita respectiva conforme a los lineamientos allí establecidos. EMISIÓN DE OFICIOS Y AGENDA Se instruye al oficial administrativo encargado del trámite de este expediente, así como al secretario de acuerdos y en su momento al proyectista, para que vigile la emisión de los oficios respectivos a las autoridades responsables o cualquier otra autoridad que tenga intervención en este asunto, así como los anexos respectivos que deriven de esa determinación. De igual forma, se requiere al Secretario y Oficial Administrativo, para que agenden los plazos y términos que surjan en la tramitación de este expediente, a fin de que los acuerdos respectivos se propongan a tiempo y, con ello, no se afecte el desarrollo de pronta impartición de justicia. Consecuentemente, se ordena formar el cuaderno de antecedentes correspondiente, que se integrará con copia simple de la demanda y del presente acuerdo.
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